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Firma que hará el metro de la 80 tiene denuncias internacionales
Además del escándalo de los megacolegios, Mota Engil arrastra denuncias en más países.
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La empresa que hace parte del consorcio que construirá el metro de la 80 ha encabezado titulares de prensa en otros países por sus polémicas. FOTO: CORTESÍA METRO
20 de octubre de 2022
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A pesar de las dudas que generó el proceso de licitación, el Metro de Medellín formalizó la adjudicación del contrato del metro ligero de la 80 al único consorcio que se quedó compitiendo por la megaobra, avaluada en cerca de $3,5 billones.
En la noche del martes, la empresa hizo oficial la adjudicación de las obras civiles a la unión temporal chino - portuguesa conformada por las empresas CRRC Co. Limited, Mota – Engil Sucursal Colombia y Mota – Engil Colombia S.A.S.
Pese a que la multinacional portuguesa Mota Engil se vio recientemente involucrada en el escándalo por el incumplimiento en la construcción de 53 megacolegios en el país, el Metro insistió en que el consorcio está plenamente habilitado para contratar con el Estado.
“El Metro verificó en todas las instancias legales necesarias para determinar que no existieran inhabilidades, incompatibilidades u obstáculo legal de parte de la Unión Temporal, sin encontrar razones que impidan la selección de la oferta presentada”, expresó en un boletín.
Aunque el caso de los megacolegios ha sido el que mayor ruido ha generado, en países como México, Perú y Paraguay Mota Engil ha dejado una estela de graves denuncias y hasta obras inconclusas.
Desde una cuestionada participación en una empresa generadora de energía (hoy involucrada en un escándalo), su mención en el caso del “Club de la Construcción” en Perú y hasta una línea de buses abandonada en Asunción hacen parte de sus antecedentes más problemáticos.
Una región estratégica
Con más de siete décadas en el mercado, la llegada de Mota Engil a la región se produjo en 1998, cuando incursionó en varios proyectos en Perú. Según reseña la misma empresa en su sitio web, en la actualidad su presencia se concentra principalmente en los países de México, Perú, Brasil, Colombia, República Dominicana y Panamá, a través de 77 subsidiarias y proyectos por más de 1.448 millones de euros con corte a 2019.
Aunque a raíz de ese volumen de proyectos la empresa es uno de los pesos pesados en la construcción, también la cobijan varias polémicas.
Una de las más recientes se desencadenó en México, luego de que la revista Proceso publicara una investigación que reveló la entrega por 30 años de 14 centrales hidroeléctricas y una termoeléctrica a una empresa identificada como Generadora Fénix, en la que esa multinacional tiene participación junto al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
Según documentó ese medio, la transacción se habría cocinado desde el gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando dicho sindicato firmó un memorándum de entendimiento en el que se comprometió a desistir de un reclamo de pasivos de cerca de 44.000 trabajadores del sector eléctrico.
En contraprestación, aseguró Proceso, el gobierno decidió otorgarles esas 15 centrales de generación eléctrica.
Aunque el intercambio se formalizó hace pocos meses, contando con el visto bueno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el mismo fue visto con suspicacia por derivar en jugosas liquidaciones para los líderes del SME y por terminar beneficiando a Mota Engil, cuyo líder en ese país, José Miguel Bejos, ha sido identificado como muy cercano al expresidente Peña Nieto.
Tan solo la semana pasada, al menos 15.390 electricistas firmaron una petición colectiva en la que le solicitaron a López Obrador reversar la transacción y la calificaron como un negocio “ilegal”.
Además de este negocio, en México la empresa también ha llegado a los titulares por haber sido escogida para millonarios proyectos, que van desde la construcción del primer tramo del Tren Maya en 2020 (avaluado en cerca de 637 millones de dólares), así como la construcción de tres nuevas líneas de metro (4, 5 y 6) en el estado de Nuevo León.
Curiosamente, en este último proyecto, Mota Engil se presentó con el mismo consorcio chino que aterrizó en Medellín (CRRC) y las autoridades de ese país esgrimieron una explicación similar a la entregada por el Metro de Medellín: que la empresa estaba habilitada para participar.
“Qué le puedo decir, la empresa concursante cumplió todos los requisitos que exige la ley. Nosotros en la licitación investigamos todo a fondo, que no haya ningún impedimento”, expresó Hernán Villarreal, secretario de Movilidad y Planeación Urbana de Nuevo León, a la revista Proceso.
En Perú también ha estado envuelta en escándalos. Resulta que la filial de Mota Engil en ese país se vio salpicada en el caso del Club de la Construcción, que salió a la luz en 2017 cuando la Fiscalía peruana empezó a escarbar las denuncias que apuntaban a que un grupo de constructoras estarían ofreciendo prebendas a cambio de quedarse con grandes proyectos de infraestructura.
Según reveló ese ente investigador, durante el gobierno de Ollanta Humala (incluso podría remontarse a la década de 1990), más de 20 firmas estaban implicadas en un entramado con funcionarios del Ministerio de Transportes en el que se escogía a dedo las empresas para otorgar obras públicas.
Además de firmas como Odebrecht, Camargo Correa, Andrade Gutiérrez (incluidas también en el caso Lava Jato en Brasil), Mota Engil quedó vinculada a esa investigación y su líder, Norma Graciela Zeppilli del Mar, fue cobijada con una medida que le impidió salir del país en 2018.
En Paraguay, la multinacional está metida en otro lío por la construcción del Metrobús en los distritos de Asunción, Fernando de la Mora y San Lorenzo. Tras iniciar trabajos en noviembre de 2016, a finales de 2018 la multinacional abandonó la construcción de los dos tramos que tenía asignados y el contrato terminó suspendiéndose con un avance de solo el 30%.
Además de las obras inconclusas, el caso terminó convertido en un complejo lío, ya que mientras el gobierno paraguayo argumenta que la multinacional incumplió con sus obligaciones, esta entabló dos demandas alegando perjuicios que hoy ascienden a los 35 millones de dólares.
Lo que sigue en Medellín
Según explicó el Metro, luego de la adjudicación de la licitación, durante los próximos días el siguiente paso consistirá en la firma del contrato y luego el acta de inicio.
A partir de entonces, el proyecto tendrá 78 meses de plazo de ejecución.
“Se proyecta que para el primer trimestre de 2023 empiecen las primeras obras relacionadas con la relocalización de las redes de servicios públicos en el tramo priorizado entre las estaciones Caribe y Floresta, que ya cuenta con los diseños de redes aprobados por Empresas Públicas de Medellín”, informó el Metro en su comunicado.
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