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La historia del asesor de la secretaria privada
Hace varios meses se denunció que Camilo Valencia era juez y parte en licitación para llevar internet rural.
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Abogado Camilo Ernesto Valencia. FOTO cortesía -
En diciembre de 2020, varios medios de comunicación registraron la denuncia sobre el doble rol que estaba cumpliendo el abogado Valencia en la polémica licitación. -
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La historia del abogado Camilo Ernesto Valencia que participó en la polémica licitación de Mintic para llevar internet a escuelas rurales, y que la secretaria privada de la Alcaldía, María Camila Villamizar, contrató en marzo pasado, tiene todavía mucha tela para cortar.
Luego de que EL COLOMBIANO publicó que varios personajes del llamado escándalo Mintic habían aterrizado en Medellín, el abogado Valencia se puso en contacto con este diario y dijo que se había vulnerado su buen nombre.
Dice en su carta: “No tengo y jamás he tenido vínculo alguno con la Unión Temporal Centros Poblados ni con las empresas que la conformaron”. En efecto, en el artículo nunca se dijo que él fuera parte de esa Unión Temporal.
En ese informe se contó que Emilio Tapia estaba buscando una casa con pesebrera en Llanogrande, que Otomar Lascarro se había trasteado de Montería a Medellín y que Camilo Valencia había firmado un contrato con María Camila Villamizar, secretaria Privada del alcalde Daniel Quintero.
Tapia era el que movía los hilos de las empresas de Centros Poblados, Otomar Lascarro tenía relación con dos de las empresas que conformaban esa unión temporal y Camilo Valencia fue gran protagonista de la polémica licitación. La nuez: tres hombres que rodeaban en el negocio confluían en Medellín.
Su rol en la licitación
Valencia era asesor de la ministra Karen Abudinen justo cuando estaban en pleno proceso licitatorio y de manera simultánea era el representante legal de uno de los consorcios que concursaron por el negocio para llevar internet a las escuelas rurales.
Fue tan protagonista de esa licitación que el proceso se frenó durante varios días precisamente por él.
La Red de Veedurías Ciudadanas Bien Común denunció que Camilo Valencia no podía ser al mismo tiempo juez (asesor de la ministra) y parte (representante legal de una de las empresas que competían).
Aunque en un primer momento la ministra Abudinen se negó a sacarlo con el argumento de que él no la asesoraba en temas relacionados con la licitación, pronto tuvo que dar su brazo a torcer y el contrato de asesoría fue liquidado de manera anticipada cuando comenzó a hacer carrera una recusación en contra de la ministra.
Un nombre muy sonado
De tal suerte que el nombre de Camilo Valencia apareció en distintos medios de comunicación entre el 4 y el 7 de diciembre de 2020, justo en el momento en que se estaba definiendo el polémico contrato.
Las noticias en ese momento informaban que se había suspendido por unos días el proceso de licitación y que la Procuraduría General había abierto una investigación preliminar en la que, entre otras cosas, había pedido el contrato de Camilo Ernesto Valencia con el MinTic.
En ese momento —y debido a las supuestas irregularidades que ponían en riesgo la licitación— fue cuando la ministra Abudinen terminó de manera anticipada el contrato de Valencia.
En febrero de 2021 volvió a ser noticia porque la veeduría denunció que Camilo Valencia tenía contrato también con la Comisión de Regulación de las Comunicaciones, el organismo “que tendrá que ver con la vigilancia y regulación precisamente de esa licitación pública en un futuro”, resaltó la Veeduría.
Por eso llama la atención que ahora Camilo Valencia, cuyo nombre fue mencionado varias veces en el caso de MinTic, fuera contratado, en marzo de 2021, por la secretaria privada del alcalde Daniel Quintero. Y que a su llegada a Medellín se sumaran también otros protagonistas del escándalo que tiene embolatados 70.000 millones de pesos que debieron invertirse en la conexión de internet rural que iba a beneficiar a miles de niños
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