La Federación Colombiana de Municipios calculó que el recaudo tributario de los municipios del país cayó el año pasado un 12 % en comparación con 2019. De las 22 principales fuentes de ingresos por ese concepto, tan solo seis registraron variaciones positivas y 16 cerraron en cifras negativas.
De acuerdo con esa medición, el desplome en materia de impuestos como el de industria y comercio (-16,6 %), la sobretasa a la gasolina (-22,9 %) y estampillas (-26,6%), entre otros, les propinó un duro golpe a las finanzas locales.
Aunque a nivel territorial aún no se conocen los consolidados de cada subregión publicados en un informe anual por la Contraloría de Antioquia, varios alcaldes y expertos coincidieron en que el impacto fiscal que trajo la pandemia ya comienza a sentirse en varios municipios del departamento.
Jorge Luis Montero Mestre, economista y experto en finanzas públicas territoriales, explicó que la afectación de las arcas de los municipios está estrechamente ligada a la crisis económica que se desató en el país durante el último año.
Según los cálculos del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane), el Producto Interno Bruto (PIB) del país decreció el año pasado en 6,8 % en comparación con 2019, siendo el comercio, el transporte, la construcción, el alojamiento y los servicios de comida las actividades más afectadas.
“La covid limitó que muchas actividades se llevaran a cabo, principalmente asociadas al núcleo de los servicios, la construcción y el comercio. De una u otra forma estas actividades son las que generan mayor dinamismo en la economía”, advirtió Montero, señalando que el resultado de ese decrecimiento recayó en los contribuyentes y, por lo tanto, en lo que recauda el Estado.
Según planteó el economista, uno de los factores que explica el fenómeno es que mientras la capacidad de pago de los contribuyentes se vio afectada, los gastos gubernamentales para atender los problemas que trajo la pandemia incrementaron.
Aunque en términos generales este problema es transversal a todos los niveles (es decir, nacional, departamental y municipal), la reducción del recaudo se volvió una situación especialmente difícil para los municipios de menor categoría, que vieron incrementada su dependencia del gobierno central.
De mayor a menor
De acuerdo con la Ley 617 de 2000, en la que se regulan las normas para racionalizar el gasto público, los municipios se clasifican en siete grandes grupos.
La categoría más importante la constituye la especial, que agrupa a las ciudades con más de medio millón de habitantes e ingresos corrientes de libre destinación (ICLD) superiores a los 400.000 salarios mínimos.
A nivel nacional, en ese grupo, solo aparecen cinco urbes: Bogotá, Cali, Barranquilla, Cartagena y Medellín.
Por su parte, en la categoría uno aparecen los municipios con una población entre 100.000 y 500.000 habitantes y cuyos ICLD estén entre los 100.000 y 400.000 salarios mínimos.
De esta manera, a menor población e ingresos, las categorías van disminuyendo hasta llegar a la sexta, que agrupa a los municipios con menos de 10.000 habitantes e ingresos corrientes que no superan los 15.000 salarios mínimos.
Según detalló la Contaduría General de la Nación, de los 125 municipios de Antioquia, 99 aparecen como de sexta categoría, lo que equivale al 79,2 %.
La capacidad financiera de estos municipios es tan baja que, de acuerdo con los consolidados de la Contaduría en 2019, sumaban un total de $75.513 millones en activos. Una cifra muy por debajo de los $13 billones que reportó la Gobernación de Antioquia o los $21 billones de la Alcaldía de Medellín durante ese mismo año.
En cuanto a las demás categorías, el 4 % de los municipios antioqueños pertenece a la uno; el 0,8 % a la dos; el 6,4 % a la tres; el 2,4 % a la cuatro y el 6,4 % restante a la 5 (ver infografía).
“De acuerdo a la categoría los municipios tienen mayor o menor dependencia a las transferencias. Aún no conocemos que efecto neto puede haber, pero esa menor autonomía sí los expone a tener sus fianzas más comprometidas y a niveles mayores de endeudamiento”, agregó Montero Mestre.
Lo que dicen los alcaldes
En el Valle de Aburrá, Itagüí fue uno de los municipios que vio afectado el recaudo de sus impuestos durante el año pasado.
Según datos de la Secretaría de Hacienda, el impuesto de Industria y Comercio, la sobretasa a la gasolina y el impuesto de delineación urbana fueron los que registraron las variaciones negativas más altas.
En materia de Industria y Comercio, que representa la entrada más robusta, Itagüí pasó de recaudar $134.627 millones en 2019 a $105.348 millones en 2020, una reducción del 27,79 %, que equivale a $29.278 millones menos.
“Nosotros tenemos unas 13.500 unidades productivas en el municipio, de las cuales alrededor de 1.200 están asociadas a actividades como bares, cantinas, restaurantes y centros de eventos. Durante la pandemia, calculamos que la mitad cerró”, detalló José Fernando Escobar, alcalde de Itagüí, explicando las razones detrás de la caída del recaudo en Industria y Comercio.
Según agregó el mandatario, como para 2021 los cálculos apuntan a que ese y otros rubros seguirán contrayéndose, la alcaldía decidió reducir su presupuesto, pasando de $485.989 millones en 2020 a $450.527 este año.
Junto con esa reducción, advirtió, otra de las estrategias fue implementar un plan de austeridad y mantener a raya los gastos de funcionamiento.
En la subregión del Magdalena Medio, otro municipio que tuvo que apretarse el cinturón fue Puerto Berrío, según explicó su alcalde Gustavo Medina Zapata.
A diferencia de Itagüí, clasificado en la primera categoría, Puerto Berrío hace parte de los 99 municipios agrupados en la sexta. Así mismo, en 2019, apareció en una lista de otros 12 que incumplieron el indicador de la Ley 617 de 2000, que establece un límite en los gastos de funcionamiento.
“En términos de gastos hicimos una reducción importante. En vista de que muchas actividades colectivas no se pudieron desarrollar se hizo un plan de austeridad que nos permitió pagar un parte de la deuda que la entidad tenía contraída desde años anteriores”, dijo Medina Zapata, señalando que a causa de la pandemia el municipio solo alcanzó el 70 % de las metas del Plan de Desarrollo previstas para 2021.
No obstante, aseguró el mandatario, pese a la reducción de algunas rentas, el municipio logró aumentar el recaudo en 2020, lo que le permitió cumplir el indicador de la Ley 617.
De acuerdo con los datos del sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública de la Contaduría General (Chip), los gastos de esa alcaldía pasaron de $50.284 millones en 2019 a $48.782 millones en 2020.
Por su parte, los ingresos pasaron de $56.863 millones en 2019 a $59.140 millones en 2020.
En la subregión del norte del departamento, Santa Rosa de Osos, de categoría cinco, también registró una reducción en el recaudo de los impuestos de Industria y Comercio y la sobretasa a la gasolina.
Según los datos de la Secretaría de Hacienda, los ingresos pasaron de $59.388 millones en 2019 a $51.073 millones en 2020, es decir, $8.315 millones menos.
Carlos Alberto Posada, alcalde de ese municipio, explicó que la estrategia para afrontar esa reducción fue priorizar los gastos esenciales y recortar otros rubros. Gracias a ello los gastos totales pasaron de $50.890 millones en 2019 a $37.416 millones en 2020.
Frente a la pregunta sobre la ejecución del Plan de Desarrollo, Posada agregó que buscará la cofinanciación para los proyectos más importantes, principalmente con la Gobernación.
El año que viene
Al ser consultados por sus planes en el corto y largo plazo, los alcaldes advirtieron que los cálculos apuntan a que la reducción de los ingresos se mantendrá este año, un contexto en el que los recursos que provengan del orden nacional y departamental cada vez cobran más relevancia.
El economista Montero Mestre planteó que, pese a los esfuerzos del país por avanzar en su descentralización, los golpes en los presupuestos municipales harán que la dependencia del gobierno central sea cada vez mayor.
“Las perspectivas no han sido muy alentadoras. En varias investigaciones ya se habla de que el golpe que genera la pandemia, en términos de desarrollo social, es volver a niveles de hace 20 años”, advirtió el economista.
Bajo esa lógica, planteó, mientras la situación general de la economía no mejore, los contribuyentes continuarán con problemas para pagar sus impuestos.
No obstante, propuso, esta situación podría servir para que los municipios mejoren sus procesos de recaudo, que en muchos territorios se mantienen rezagados.
Según recogió un informe de la Subgerencia de Estudios Económicos del Banco de República, muchos municipios tenían recaudos por debajo de su potencial por culpa, entre otros factores, de rezagos en la actualización de sus avalúos catastrales.
“Siempre hay espacio para mejorar. Muchos municipios no están el tope de lo que pueden recaudar. Esta situación podría ser un incentivo para que los gobiernos puedan tener mayor crecimiento”, agregó Montero
