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¿Qué fue lo que pasó con la tutela que favoreció a Quintero en la revocatoria?

Un error de digitación despertó una encendida confrontación política. La jueza aclaró la situación.

  • Este domingo, una jueza le permitió a la defensa de Quintero acceder a las firmas originales y elevar nuevas pruebas en un plazo de cinco días. FOTO CAMILO SUÁREZ ECHEVERRY
    Este domingo, una jueza le permitió a la defensa de Quintero acceder a las firmas originales y elevar nuevas pruebas en un plazo de cinco días. FOTO CAMILO SUÁREZ ECHEVERRY
Jacobo Betancur Peláez | Publicado el 24 de enero de 2022

La decisión de una jueza de Bogotá que terminó dándole una segunda oportunidad a la defensa del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, para que revise las firmas del proceso revocatorio despertó una cadena de reacciones divididas durante la noche del pasado domingo 23 de enero.

Minutos después de que, a través de su cuenta de Twitter, el Movimiento Independientes publicara apartes del fallo, a la ya encendida discusión por los alcances e implicaciones de la decisión se sumó una serie de cuestionamientos que pusieron en duda su autenticidad.

Como muestra del cada vez más polarizado ambiente político de la ciudad, a través de las redes sociales tuvo lugar un debate en torno a si las imágenes del documento habían sido producto de un montaje o eran reales.

Las dudas arrancaron hacia las ocho de la noche del pasado domingo, luego de que varios tuiteros le pusieran la lupa al fallo e identificaran inconsistencias en su información.

Cotejando el número de radicado que aparecía en la parte superior de la resolución, desde políticos hasta juristas llamaron la atención de que dicho proceso no aparecía en el sistema de información de la rama judicial.

Dentro de los expertos que resaltaron ese punto estuvo, por ejemplo, el docente del departamento de Derecho de la Universidad Eafit, David Suárez Tamayo, quien mostró cómo, luego de buscar el radicado de la imagen, el sistema arrojaba un juzgado y un accionante diferente.

Mientras en el fallo se leía que el despacho a cargo del proceso era el Juzgado Noveno de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, la radicación remitía al Juzgado Segundo.

“El radicado que aparece en las imágenes no concuerda, no corresponde con lo que aparece en la página de la Rama Judicial. Dicho radicado correspondería a una tutela en contra de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos”, alertó el académico.

De igual forma, en este caso desde la orilla del movimiento de la revocatoria, el abogado Hollman Ibáñez Parra cuestionó que ninguno de los líderes de ese comité hubiese sido notificado de la apertura de ese proceso, pese a ser una parte directamente implicada.

“¿Por qué al consultar el número del radicado del proceso en la página de la rama judicial aparece como accionado la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y como juzgado de la causa el 02 y no el 09?”, cuestionó el litigante.

No obstante, producto del caldeado ambiente político por el que atraviesa la ciudad, también hubo quienes comenzaron a hilar más delgado y cuestionar la existencia misma del documento.

A esas voces, por ejemplo, se sumaron publicaciones del comité revocatorio, que a través de sus redes sociales señaló que el fallo que circulaba podría tratarse de una estrategia de desinformación.

Aunque hacia altas horas de la noche comenzó a resolverse la controversia, luego de que abogados como Suárez rastrearan el número correcto del proceso, las dudas se terminaron de disipar durante la mañana de este lunes, cuando el propio Juzgado Noveno de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá publicó una aclaración, confirmado que en el fallo hubo un error de digitación involuntario.

“Aclárese el fallo proferido del 20 de enero de 2022, en el sentido de señalar que el número de radicación del proceso de tutela de Salomé Restrepo Muñoz y otros en contra de la Registraduría Nacional del Estado Civil es 11001318700920210011900 y no 11001318700220210009600 como por error involuntario se registró”, escribió la jueza a cargo de ese despacho, Diana Esperanza Díaz.

¿Y qué dice el fallo de fondo?

Tal como lo registró este diario el pasado domingo 23 de enero, más allá de esta controversia, el fallo emitido por dicha juez cambia el panorama del proceso revocatorio, ya que le dará un segundo chance a la administración municipal de acceder a las planillas originales presentadas por el comité ante la Registraduría.

Bajo ese contexto, la defensa del alcalde podrá hacer un nuevo cotejo de esa información en un plazo de cinco días. Cumplido ese paso, la Registraduría tendría que volver a pronunciarse y decidir si deja en firme su determinación original.

La controversia por este fallo se convierte en el último capítulo de la confrontación política que se vive en Medellín por el proceso de revocatoria, que desde diciembre pasado ya ha estado marcada por cuestionamientos por parte de la administración municipal a la recolección de firmas y a la financiación.

Mientras desde la orilla de la Alcaldía se insiste en que el proceso cargaría con irregularidades, desde la orilla de la revocatoria sus líderes plantean que dichos procesos hacen parte de una estrategia de hostigamiento por parte del gobierno local con el que se busca enredar la cita en las urnas.

Aunque tras el fallo de este domingo se espera que la controversia por las firmas empiece a dirimirse, las dudas por la financiación deberán esperar al menos hasta el próximo 2 de febrero, día en que el Consejo Nacional Electoral (CNE) realizará una audiencia en donde el alcalde y el comité revocador se verán las caras.

Jacobo Betancur Peláez

Comunicador social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, especializado en la investigación de temáticas locales. También cubro temas relacionados con salud, historia y ciencia.


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