La muerte de Jeisson Javier Pinzón Sandoval, un joven de 20 años con leucemia linfoblástica aguda que esperaba un medicamento desde octubre de 2025, no solo vuelve a evidenciar las fallas del sistema de salud, sino que también se cruza con un momento crítico en el que el Gobierno plantea decisiones que impactan directamente a millones de pacientes. Su caso, como el del menor Kevin Acosta, refleja una realidad en la que los tiempos del sistema siguen siendo más lentos que los de la enfermedad.
En medio de este panorama, el presidente Gustavo Petro lanzó una de las propuestas más radicales sobre el futuro del sistema, la liquidación de todas las EPS que estén en quiebra. “Todas las que estén en quiebra se liquidan, dentro o fuera. Ya no tenemos alternativas”, afirmó durante un Consejo de Ministros, marcando un punto de quiebre en la discusión sobre la reforma a la salud.
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El anuncio abre un escenario crítico para el sistema de salud colombiano. Estas son las EPS que han sido intervenidas y están en riesgo de ser liquidadas debido a su alto nivel de endeudamiento, deterioro financiero y dificultades operativas, lo que las convierte en el foco de la medida planteada por el Gobierno, entidades que concentran una porción significativa de los afiliados y cuya situación económica ha encendido las alertas sobre la sostenibilidad del sistema:
• Nueva EPS: 10,8 millones de usuarios
• Coosalud: 3,2 millones
• Famisanar: 2,9 millones
• Asmet Salud: 1,8 millones
• Emssanar: 1,7 millones
• Savia Salud: 1,6 millones
• Servicio Occidental de Salud: 750.000
• Capresoca: 170.000
En conjunto, suman aproximadamente 23 millones de colombianos afiliados. Es decir, una eventual liquidación implicaría reubicar a casi la mitad de los usuarios del sistema de salud en el país, en un proceso que no tiene aún una hoja de ruta clara.
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Desde el Gobierno, la decisión se sustenta en la crisis financiera del modelo. El mandatario ha sido enfático en que el Estado no asumirá las deudas de las EPS, que superan los 16 billones de pesos. “Nosotros no tenemos por qué pagar las deudas privadas de los dueños privados de las EPS; el pueblo colombiano no tiene por qué pagar”, aseguró. Incluso advirtió: “Iríamos a la inestabilidad total de las finanzas públicas”.
Sin embargo, el impacto operativo de una decisión de este calibre abre interrogantes de fondo. Con millones de usuarios concentrados en estas EPS, una liquidación simultánea supone un riesgo directo sobre la continuidad de tratamientos, la entrega de medicamentos y la estabilidad de la red hospitalaria.
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A este panorama se suma lo que muestran las cifras más recientes del sector. Un análisis del Observatorio Financiero de Así Vamos en Salud, con corte a septiembre de 2025, evidencia que varias de estas EPS ya operan bajo una presión financiera crítica.
Entidades como Savia Salud, Emssanar, Famisanar y Capresoca presentan niveles de endeudamiento en los que sus pasivos superan ampliamente sus activos, lo que confirma el deterioro estructural del sistema. Con casos como el de Famisanar, que registra $3,1 billones en patrimonio negativo y concentra la mayor parte de las pérdidas operacionales del sistema en 2025.
Incluso, el diagnóstico podría ser más grave de lo que reflejan los datos disponibles, ya que Nueva EPS no reporta información financiera desde 2024 y Coosalud no entregó cifras al último corte, lo que limita una visión completa del riesgo real del sistema.
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En términos prácticos, esto se traduciría en que millones de pacientes podrían enfrentar interrupciones en sus terapias, retrasos en la dispensación de fármacos esenciales y mayores barreras de acceso a servicios. A su vez, clínicas y hospitales, que dependen de los pagos de estas entidades, podrían ver comprometido su flujo de recursos, afectando la atención e incluso el empleo en el sector salud.
En paralelo, el mandatario anunció que volverá a presentar la reforma a la salud el próximo 20 de julio, aprovechando la renovación del Congreso de la República. La calificó como “una nueva oportunidad”, aunque insistió en tramitarla junto con una nueva reforma tributaria. Según dijo, el país deberá definir si continúa o no con esa transformación.
En ese mismo frente, el presidente dio instrucciones directas sobre el futuro de Nueva EPS, dejando claro que su manejo pasará por decisiones del alto Gobierno. Ordenó gestionar recursos que, según afirmó, el Estado le adeuda a la entidad, con el argumento de evitar que entre en causal de liquidación. Además, planteó como medida inmediata la implementación de subastas de medicamentos para reducir costos, al tiempo que cuestionó la gestión de algunos interventores.
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Mientras tanto, la discusión avanza entre cifras, reformas y posturas políticas. Pero en el terreno real, donde están los pacientes, el margen de error es mínimo. Porque en medio de este pulso, lo que está en juego no es solo el modelo de salud, sino la vida de quienes dependen de él día a día.
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