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Los tres puntos que soportan el caso penal por Hidroituango
La Fiscalía imputará a nueve personas por presuntas irregularidades en la contratación y el manejo del proyecto, entre 2011 y 2015. Sigue otra imputación más, anticipó Barbosa.
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Imagen aérea de las obras principales de Hidroituango: la presa, el embalse y el vertedero. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
20 de julio de 2022
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Doce años después de la firma del acuerdo que destrabó la construcción de Hidroituango y luego de siete años de iniciar la ejecución del túnel que colapsó en 2018 y que originó la emergencia en el proyecto, la Fiscalía anunció tener evidencias suficientes para imputar a nueve personas por presuntas irregularidades cometidas entre 2011 y 2015.
Entre los procesados están el exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero; el exgerente del Idea, Álvaro Vásquez Osorio; el exalcalde de Medellín, Alfonso Salazar Jaramillo; el exgerente de EPM, Federico Restrepo Posada, que serán imputados por el delito de interés indebido en la celebración de contratos.
El anuncio lo hizo el fiscal general Francisco Barbosa en su visita ayer a Medellín, en la que explicó que la investigación se desenredó gracias a que se concentró en una fiscalía delegada ante la Corte Suprema con el fin de unificar criterios.
En diálogo con EL COLOMBIANO, Barbosa dijo que la decisión de citar a audiencia de imputación a los nueve procesados llega más de una década después porque “la Fiscalía interviene cuando hay un hecho que es constitutivo de delito, no tenemos función preventiva”. Anticipó, a su vez, que habrá una cuarta imputación por manejos ambientales adicionales que tiene en carpeta. Estas son las tres líneas que sustentan la investigación.
Por contratar de forma directa con EPM
La ruta de contratación del proyecto hace 12 años siempre ha sido un evento que se ha llevado todos los focos porque se frenó una licitación en curso para contratar de forma directa con EPM.
Hay que remontarse a 2008, cuando el Idea se hizo a la mayoría de la Sociedad Hidroituango, con el 52,88% de las acciones, por $100.000 millones. EPM perdió el pulso y se quedó con el 46,5% de participación accionaria.
En enero de 2010 se convocó a una subasta para entregarle al mejor postor el megaproyecto. A la etapa de preclasificación pasaron cuatro firmas brasileñas, una surcoreana, una china y EPM que, a su vez, era socio. Pero cuatro meses después, se firmó un primer acuerdo de voluntades entre EPM y la Sociedad para que la primera se encargara del megaproyecto.
Finalmente, el 30 de marzo de 2011 se firmó el famoso contrato Boomt (Build, Own Operate, Maintain and Transfer, por sus siglas en inglés), mediante el cual EPM Ituango, en ese entonces filial de EPM, se obligaba a efectuar las inversiones necesarias para la financiación, construcción, operación, mantenimiento y entrada en operación.
Es esta actuación, según las voces de la Fiscalía, la que habría vulnerado principios esenciales de la contratación pública, por lo que imputará el delito de interés indebido en la celebración de contratos al exgobernador Ramos Botero, al exgerente del Idea Vásquez Osorio, al exalcalde Salazar y al exgerente de EPM, Federico Restrepo.
Por construir un túnel sin licencia
La segunda punta del expediente de la Fiscalía tiene que ver con la construcción del tercer túnel sin tener licencia ambiental para hacerlo. Resulta que el diseño original del proyecto contempló el desvío del río Cauca con dos túneles, previsto para principios de 2013. Sin embargo, se presentaron múltiples problemas. Finalmente, el río se desvió en febrero de 2014. Entonces, se analizaron alternativas para recuperar el atraso de un año. La conclusión fue construir un tercer túnel, conocido como Galería Auxiliar de Desviación (GAD), que permitiría el cierre futuro de los dos primeros túneles y el llenado del embalse.
Y aquí viene el reproche que abrió esta segunda línea. En una auditoría realizada al licenciamiento de Hidroituango de 2018, la Contraloría General advirtió el comienzo de las obras de la GAD sin el permiso ambiental, hecho que ahora retoma la Fiscalía.
El informe evidenció que las obras en el sistema auxiliar de desviación comenzaron en agosto de 2015, 13 meses antes de que se aprobara la modificación de la licencia ambiental en la Anla.
Según la Fiscalía, el material de prueba da cuenta de que, con información presuntamente falsa, fue radicada el 22 de diciembre de 2015 una primera petición de ampliación ante la Anla, la cual fue negada. Luego se presentó una segunda solicitud, el 5 de julio de 2016, que finalmente fue aprobada en septiembre. La Fiscalía estableció que, supuestamente, “se presentaron documentos que contenían afirmaciones y hechos contrarios a la verdad porque, al parecer, se quería ocultar que las obras estaban en marcha sin el aval ambiental”.
Por este hecho imputará los delitos de falsedad ideológica en documento público y fraude procesal al abogado de EPM y apoderado de Hidroituango ante la Anla, Jesús Ignacio Echavarría Mejía; y al profesional de la Dirección Ambiental Social y Sostenibilidad Proyecto Ituango, Hernán Sánchez Cruz.
Por la contratación del túnel colapsado
La contratación del tercer túnel es el tercer reparo de la Fiscalía. Según el expediente, el costo de esta galería ascendió a más de $127.000 millones y se hizo en diciembre de 2015 mediante modificaciones bilaterales al contrato original.
“Este proceso contractual, al parecer, no tuvo estudios geológicos suficientes y adecuados; además, no estaba definido el diseño ni se tenía la modificación de la licencia ambiental, entre otras posibles omisiones”, afirmó la Fiscalía.
Por estos hechos, la Fiscalía imputará los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros agravado al vicepresidente de Proyectos de Generación de Energía de EPM, Luis Javier Vélez Duque; al vicepresidente ejecutivo de Proyectos de Desviación de EPM, Wilson Chinchilla Herrera; y al director de desarrollo del proyecto Hidroituango, Álvaro León Ospina Montoya.
Sobre el manejo ambiental, anunció la Fiscalía, vendrá una nueva imputación.
Hablan los implicados
El exgerente de EPM y hoy rector de la Universidad de Medellín, Federico Restrepo Posada, dijo que tiene la conciencia tranquila porque el proceso de suscripción del contrato Boomt se llevó a cabo con ajuste a la ley y a la normatividad vigente. “Me asiste la convicción y la tranquilidad de que el proceso estuvo sometido al más riguroso control y transparencia en su desarrollo”, escribió el exfuncionario.
Restrepo alegó que sus actuaciones en las etapas de precontratación, adjudicación y contratación de Hidroituango están documentadas y sustentadas.
“Si la Fiscalía hubiese revisado, sin premura, todo el complejo proceso en su línea de tiempo, no habría sido necesario este combate jurídico que plantea ahora con una imputación que nos llevará a la misma conclusión sobre mi inocencia”, apuntó.
El hoy rector aseveró que podrá haber diferencias de enfoque, según él, susceptibles de discusión, pero a su juicio “jamás delitos”.
El exgobernador Luis Alfredo Ramos señaló que ha estado en plena disposición para entregar toda la información solicitada por los órganos de control sobre el proyecto, “y listo para responder con la absoluta tranquilidad y transparencia ante los requerimientos de la Fiscalía General de la Nación”
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billones es el valor actual del proyecto de generación.
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