Pico y Placa Medellín
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La controversia será analizada por el Ministerio Público. En juego hay 100.000 millones de pesos.
Dentro de 15 días, ante la Personería de Medellín, se escenificará un nuevo round entre la administración municipal y la oposición, esta vez por los procesos de contratación en la Empresa de Seguridad Urbana (ESU).
Se trata de una audiencia relacionada con una investigación que abrió el Área de Averiguaciones Disciplinarias de la entidad el pasado 12 de enero (caso N° 859063612 -2021), la cual pretende esclarecer si hubo “presuntas irregularidades en el proceso de selección del contrato de vigilancia privada de las entidades que conforman el conglomerado de la Alcaldía de Medellín”, según el Ministerio Público.
Esta historia tiene dos protagonistas. De un lado está el gerente de la ESU, Edwin Muñoz Aristizábal, sobre quien recae la investigación disciplinaria; y del otro, el concejal Alfredo Ramos, excandidato a la Alcaldía y uno de los principales opositores del mandatario local Daniel Quintero, y cuyas denuncias originaron las indagaciones.
Para comprender este asunto, EL COLOMBIANO conversó...