El representante de la Procuraduría, José Luis Ochoa, apoyó la petición de que Miguel Quintero (hermano del exalcalde Daniel Quintero) y Sebastián Ortega vayan a la cárcel mientras avanza el proceso que se sigue en su contra por presunta corrupción.
Este delegado del Ministerio Público abrió este lunes la audiencia en la que el Juez 27 Penal de Medellín con funciones de control de garantías deberá decidir a ese respecto.
Hecha esta intervención, le corresponde el turno a los abogados de Quintero y Ortega para presentar sus argumentos con el fin de oponerse a las peticiones que hicieron la delegada de al Fiscalía y el abogado de las víctimas en el caso de presunta corrupción en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) para que estos vayan a la cárcel mientras que avanza el proceso judicial que los compromete.
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Estos fueron imputados por presunto interés indebido en celebración de contratos y peculado por apropiación, ambos delitos relacionados con la contratación por 17.656 millones de pesos que hicieron el AMVA y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí entre 2020 y 2022. Según la Fiscalía, ellos dos, más el ex subdirector administrativo y financiero del Área, Álvaro Villada, se habrían apropiado de $2.481 millones obtenidos de coimas.
En este caso judicial hay en total once personas comprometidas, entre ellos el exdirector de la entidad, Juan David Palacio.
La semana pasada la fiscal 40 anticorrupción y el abogado del Área, Mayer Abushihab, presentaron su argumentación acerca de por qué Quintero y Ortega deben estar entre rejas . Es más Abushihab llegó a decir que “ni la cárcel sería suficiente, pero sí es urgente”.
Estos dos penalistas hicieron cada uno largas disertaciones defendiendo su hipótesis de que Miguel Quintero y Ortega cumplen varios de los patrones para pedir el aseguramiento, pues, en su concepto, representan un riesgo para la sociedad, existe la posibilidad de que obstruyan la justicia y ostentan condiciones económicas y de movilidad como para temer que se evada de sus compromisos con la justicia.
Según ellos, existiría una campaña orquestada por ambos indiciados para amedrentar a los testigos, la cual se ha puesto de manifiesto específicamente con Misael Cadavid (exgerente de los bomberos) y otra testigo que se han convertido en piezas claves por la información que han suministrado sobre la forma como operó el presunto tinglado corrupto que controló no solo el AMVA sino entidades como Metroparques, el Instituto de Recreación y Deportes (Inder) y la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), pero que también se habría aplicado en otras instancias del Distrito durante el periodo de Daniel Quintero.
Citaron que con Cadavid habían usado una estratagema para disuadirlo de colaborar con la investigación mediante visitas de abogados a la cárcel y que cuando vieron que esta no surtió efecto, la habrían combinado con una estrategia para desvirtuar sus declaraciones.
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Se espera que también las disertaciones de los abogados defensores sean largas y pormenorizadas. Después, el juez 27 Penal de Medellín con función de control de garantías se tomaría un tiempo y después emitir un concepto que será definitivo para saber si Quintero y Ortega van a la cárcel o siguen en libertad.
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En su corta exposición, Ochoa hizo un repaso por los argumentos que expusieron la delegada de la Fiscalía y Abushihab y finalmente concluyó en su solicitud de que “se acoja la solicitud del representante de las víctimas”, reiterando que este está facultado para hacer esa petición. Lo mismo, en resumidas palabras, había conceptuado también con relación a la delegada del organismo acusador.
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