Una comisión liderada por el Ministerio de Defensa investigará si mineros ilegales están operando en un predio del batallón Rifles del Ejército en el municipio de Cáceres, subregión del Bajo Cauca antioqueño.
El anuncio fue realizado por el ministro Pedro Sánchez, quien en diálogo con la emisora Caracol Radio se refirió a las denuncias publicadas por el periódico The New York Times, que este fin de semana denunció que dicha operación ya se había tomado predios oficiales.
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Según señaló el alto funcionario, la comisión buscará confirmar la situación y tomar las medidas que sean necesarias.
“La minería ilegal es una cruda realidad que tenemos aquí en Colombia y que nos preocupa enormemente cómo está aumentando”, dijo. “Se desplegó hoy una comisión para confirmar de primera mano lo que dijo el periodista del New York Times. Cero tolerancia si encontramos algo de connivencia o falta de acción de parte de los militares que están en la zona y que son responsables de atacar este crimen”, agregó.
La controversia estalló el pasado domingo 26 de abril, luego de que el periódico estadounidense publicara una crónica en la que se denunció la existencia de una mina del Clan del Golfo en las narices del Ejército.
El medio sostuvo que los mismos mineros de la zona ya eran conscientes desde hace largo tiempo de que la extracción ilegal de oro muy probablemente había sobrepasado el perímetro de un predio propiedad de la Fuerza Pública en donde funciona el Batallón de Infantería Aerotransportado N°31 Rifles.
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En el reportaje se identificó el predio como La Mandinga y se reseñó que, a raíz del avanzado estado deterioro del suelo, ya no era claro si los mineros habían sobrepasado una cerca o un lindero que rodeara la zona.
En la nota también se narró un operativo en flagrancia realizado por el Ejército, ordenado por un coronel que fue interrogado por su presunta inacción ante la actividad minera y que prometió medidas “más enérgicas” para expulsar a los mineros ilegales.
Luego de que se publicara la historia, el Ejército publicó un comunicado de prensa, asegurando que el predio en cuestión tiene una extensión aproximada de 2.000 hectáreas y sosteniendo que estaría en control de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) en el marco de un proceso de extinción de dominio.
“Entre 2.000 y 2.500 mineros informales han ocupado ilegalmente el área para adelantar explotación ilícita de yacimientos mineros sin ningún título ni amparo legal, causando un deterioro ambiental severo e irreversible en la región”, señalaron las Fuerzas Militares, sosteniendo que desde 2022 ya habían reportado a la Fiscalía y la Procuraduría la situación.
Entre tanto, la SAE se pronunció también este lunes, pero contradiciendo la versión del Ejército y asegurando que el predio no está bajo su jurisdicción.
“El predio conocido como ‘La Mandinga’, ubicado en el municipio de Cáceres, Antioquia, no hace parte de los bienes administrados por la entidad. Según el historial judicial del inmueble, el bien fue objeto de medidas cautelares desde 2013, cuando el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá decretó su embargo en el marco de un proceso de Justicia y Paz”, expresó la entidad.
La institución aseguró que en febrero de 2020 un juez declaró la extinción de dominio y ordenó transferir el terreno a un fondo de la Unidad de Víctimas, sin que en ningún momento la propiedad quedara bajo su tutela.
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