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El pacto de unidad que selló la minga en Medellín

  • En estos cuatro días, los pueblos indígenas del departamento realizaron un intercambio cultural y pusieron en común los retos y preocupaciones que los unen como comunidad, explicó Tascón . FOTO Carlos Velásquez
    En estos cuatro días, los pueblos indígenas del departamento realizaron un intercambio cultural y pusieron en común los retos y preocupaciones que los unen como comunidad, explicó Tascón . FOTO Carlos Velásquez
Por Jacobo Betancur Peláez | Publicado el 22 de mayo de 2021

Representantes indígenas de 32 municipios dialogaron con la gobernación. Esto lograron.

Para llegar a la comunidad Río Alto San Juan, ubicada en el municipio de San Pedro de Urabá, hay que transitar por cerca de cinco horas un camino que solo puede recorrerse a pie o en burro.

Situada a una distancia de al menos 240 kilómetros de Medellín, esta es una de las comunidades del Pueblo Senú. Algunos de sus miembros viajaron por más de un día y medio para hacer parte de la minga indígena que llegó a la capital antioqueña esta semana.

Según los registros del gobierno local, Río Alto San Juan es una de las cinco comunidades que están asentadas en ese territorio. El Polvillo, Naranjales, Paraíso y Ébano son las otras cuatro que, según cifras de 2015, representaban cerca del 2,06 % de la población municipal.

Misleny Hernández, una de sus líderes, explicó que la falta de oportunidades laborales y educativas para los jóvenes, problemas de seguridad y el deseo de reclamar que su tradición ancestral sea respetada fueron algunos de los motivos para esta travesía.

“No tenemos territorio para trabajar. Muchos jóvenes, a medida que van creciendo, se han marchado al tener problemas para conseguir ingresos”, explicó Hernández y agregó que el reclamo por mejores oportunidades educativas y laborales los motivaron a protagonizar una minga en ese municipio, que posteriormente se integró a la departamental que llegó a Medellín.

Amanda Tascón Panchí, representante legal de la Organización Indígena de Antioquia (OIA), señaló que entre el pasado martes 18 de mayo y ayer, al menos 750 líderes de todos los rincones del departamento decidieron sumarse a un pedido pacífico y unánime de concertación con el gobierno regional.

En total, según explicó, representantes de al menos cinco pueblos indígenas antioqueños se sumaron a las manifestaciones.

“Tuvimos que venir para que nos escuchen, porque en nuestros territorios tenemos muchos problemas, muchos enfrentamientos de grupos armados, desplazamientos, amenazas y comunidades confinadas”, denunció Tascón Panchí, enfatizando que en subregiones como el Bajo Cauca, el Suroeste, el Urabá y el Occidente se presentan los escenarios más complejos.

“La minga es un encuentro cultural y pacífico. Como movimiento indígena siempre hemos dicho que cuenten con nosotros para la paz y no para la guerra”, agregó Tascón, quien detalló que en la jornada de esta semana participaron representantes de todos los pueblos del departamento.

Una voz multicolor

Según datos de la OIA, en Antioquia los cinco pueblos indígenas están distribuidos en 32 municipios. El pueblo Senú, en el norte de Urabá y el Bajo Cauca; el pueblo Gunadule, en el Golfo de Urabá; el Eyabida, en el Occidente y Urabá; el Emberá Dóbida, en el Atrato Medio y Alto; y el Emberá Chamí, en el Suroeste, Nordeste y Bajo Cauca, hacen parte de un conjunto que agrupa a 37.628 personas, según censo del Dane de 2018.

A través de un encuentro multicolor, que se compuso de actividades recreativas y de integración cultural, la minga unificó necesidades y preocupaciones de cada uno de esos territorios y alzó una voz unánime para entablar un diálogo social, explicó la OIA.

Según detalló Tascón Panchí, uno de los temas que más preocuparon a la comunidad fue la falta de garantías para los maestros y la carencia de promotores en los servicios de salud.

“Hay comunidades que les toca recorrer 2 y 3 días de camino para ser atendidos. Incluso han fallecido mujeres embarazadas”, explicó Tascón, añadiendo que ese fue uno de los ejes centrales en los diálogos con la Gobernación.

Luz Dary Bailarín Carupia, del resguardo Nucidó, ubicado en el municipio de Frontino y compuesto por aproximadamente 550 personas, fue otra de las lideresas que participó de la minga.

Según advirtió, en materia de salud, uno de los reclamos en los que insiste este resguardo es el de ser tratados con un enfoque diferencial a la hora de acudir en busca de atención médica.

“En cada municipio en donde hay indígenas necesitamos promotores que puedan entender las dos lenguas; es decir, el español y la nuestra”, señaló Bailarín Carupia, denunciando que bajo ese contexto los indígenas son vulnerables y no pueden participar de las decisiones médicas.

Los acuerdos alcanzados

En el marco de estas reclamaciones, los líderes de la OIA y la Gobernación de Antioquia instalaron una mesa de diálogo para discutir medidas para mitigar algunos de los problemas y buscar soluciones de fondo.

Luis Fernando Suárez, gobernador de Antioquia, detalló el pasado jueves que dentro de los puntos acordados se plantearon temas relacionados con salud, educación, vivienda, desarrollo sostenible y seguridad.

En materia educativa, el gobierno se comprometió a nombrar en propiedad a 148 maestros provisionales de la comunidad indígena, destinar 50 estímulos en educación superior del fondo Guillermo Gaviria Echeverri e invertir en al menos 40 mejoramientos de infraestructura entre 2022 y 2023 en escuelas del departamento.

En salud, uno de los puntos consistió en el nombramiento de 34 promotores rurales en los distintos cabildos, para hacer posible una atención médica con enfoque diferencial. De igual forma se prometió levantar un diagnóstico en los centros de atención de las comunidades.

En materia de desarrollo sostenible, el Departamento prometió incluir a representantes indígenas en el Comité Científico de la Emergencia Climática. Y en seguridad, apoyar a 200 guardias con dotación para el desarrollo de su labor e intensificar los esfuerzos en los procesos de desminado humanitario.

Junto a los cerca de 750 integrantes de la minga, estas y otras propuestas fueron consignadas en un documento conjunto, que fue firmado por líderes del movimiento y la Gobernación.

“Los acuerdos que logramos están en el marco del respeto, el cuidado y la dignificación de la vida”, dijo Suárez Vélez, resaltando la concertación como un precedente de entendimiento entre ambas partes.

Tascón Panchí dijo que los diálogos fueron un avance de construcción de paz y dignidad para los territorios.

Luego de la firma del acuerdo del pasado jueves, los líderes indígenas abandonaron ayer el coliseo Carlos Mauro Hoyos, ubicado junto al aeroparque Juan Pablo Segundo, y regresaron a sus regiones.

Tras cuatro días de concentración y diálogos, para lideresas como Bailarín Carupia y Hernández queda la expectativa de que lo alcanzado sea un paso definitivo para encontrar soluciones a sus problemas históricos.

Según expresó Hernández, cuando regrese a su comunidad, en el municipio de San Juan de Apartadó, su esperanza será la de que estos acuerdos no se queden en el papel y las condiciones de vida, oportunidades y dignidad para los senúes más jóvenes sean mejores.

Además de la educación, agregó, aguarda que este ejercicio se convierta en un primer paso para que su condición indígena sea respetada y visibilizada en la sociedad colombiana.

“Nosotros llegamos aquí porque queremos ser tenidos en cuenta. La minga es una forma de decir que aquí estamos, en son de paz”, concluyó Hernández

750
líderes indígenas de todo el departamento participaron de la minga aproximadamente.

Contexto de la Noticia

radiografía Acuerdos en seguridad alimentaria

Otro de los puntos acordados durante los diálogos departamentales fue el de impulsar el desarrollo y la venta de productos indígenas, con el objetivo de mejorar las oportunidades de ingresos y empleo. Según detalló la Gobernación, uno de los puntos acordados consistió en apoyar la siembra de 50 hectáreas de arroz con subsidios departamentales.

Así mismo, en materia productiva, la Secretaría de Agricultura se comprometió a asesorar e impulsar la estructuración de al menos cinco proyectos productivos, uno por cada resguardo, relacionados con la producción y comercialización de sus productos. Este punto contemplaría una inversión de hasta $1.000 millones y 300 becas educativas para jóvenes.

Jacobo Betancur Peláez

Comunicador social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, especializado en la investigación de temáticas locales. También cubro temas relacionados con salud, historia y ciencia.


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