Todas las entidades públicas de Colombia deben garantizar el acceso a sus espacios y servicios a cualquier persona con algún tipo de discapacidad. Así lo ordenan la Constitución y varias normas expedidas desde la década de los 90 del siglo pasado.
Y aunque el metro de Medellín trabaja desde 1995 en adaptar su infraestructura -construida en los años 80- para que estos usuarios encuentren cada vez menos barreras para usarlo, aún falta mucho por hacer.
“Actualmente se aplican los lineamientos de accesibilidad universal para continuar con la adecuación de las estaciones del sistema”, explicó Vanessa Muñoz, de la Gerencia de Planeación del Metro.
Esa directrices están fijadas en la Ley 1618 de 2013 y sus decretos reglamentarios. Hoy, cinco años después, la empresa de transporte masivo tiene diseñado un plan de intervención, que apenas empieza a ser implementado.
Según lo proyectado, se debe realizar en cuatro años y, en ese lapso, se intervendrán ocho estaciones (ver gráfico) de las 27 del metro y no hay un presupuesto para todo el proyecto, pues se hará de manera gradual por cada una de las intervenciones.
Lo que se sabe es que el diseño del plan, que tuvo asesoría del Consejo Iberoamericano de Diseño, Ciudad y Construcción Accesible (Cidcca), costó $1.040 millones.
Federico Cardona, presidente de Cidcca, explicó que, según lo proyectado, las estaciones tendrán nuevas rampas, ascensores con audio, caminos diseñados específicamente para personas con discapacidad visual, taquillas con diferentes tamaños para personas de talla baja, entre otros cambios estructurales.
En este proceso también participa la Secretaría de Inclusión Social de Medellín, no solo en capacitación de funcionarios, sino en la identificación de barreras.
Las cifras de la empresa indican que a diario, en promedio, 1.150.000 viajeros se movilizan en los trenes y, de ellos, 68.555 son adultos mayores o con movilidad reducida, en todo el Valle de Aburrá.
Solo de Medellín, según la Secretaría de Inclusión Social, 23.737 personas en situación de discapacidad utilizan el metro de manera habitual, pero en la ciudad hay 77.679 habitantes en esa condición.
Diego Mauricio Echeverry González, arquitecto de la universidad Nacional, destacó que esto demuestra que el sistema de transporte masivo deja por fuera a muchas personas.
“Las barreras existentes dan cuenta de cómo no se orienta a las personas desde sus capacidades sensoriales, específicamente a las que tienen alguna limitación visual, cognitiva o auditiva. El entorno no está dado para ellos”, dijo.
Vanessa Muñoz reconoció los problemas, pero aseguró que la empresa trabaja para “definir pautas en torno a las características y condiciones necesarias para la circulación, permanencia y accesibilidad de las personas con discapacidad a los espacios, edificios y vehículos del metro”.
Pero hay otras dificultades. Según Juan Carlos Pineda, arquitecto especializado en proyectos sobre discapacidad, “hay ascensores que para poder usarlos hay que tener una tarjeta cívica con un perfil especial, causando restricciones para personas con discapacidades de otras ciudades, adultos mayores, o personas con discapacidades temporales”.
Según Vanessa Muñoz, solo 13 de los 40 ascensores que hay en las estaciones necesitan la tarjeta Cívica para ingresar a la plataforma.
A mediano plazo, agregó la funcionaria, el acceso a todos los elevadores se manejarán a través de la tarjeta Cívica PMR (Personas con Movilidad Reducida). Explicó que esto se hace debido al mal uso de estos equipos por algunos usuarios diferentes a los que tienen algún tipo de discapacidad.
