El Metro de Medellín publicó el borrador de condiciones para ofertar al proyecto Metro de la 80, documento que base de la guía general para la participación de oferentes en el proceso licitatorio y establece las condiciones habilitantes y de evaluación de las propuestas.
Para el Metro, la publicación del borrador se configura en el quinto hito en favor del inicio de obras, para cumplir con la meta propuesta de tener a mediados de 2022 el constructor seleccionado y que en 2027 el Metro de la 80 esté operando.
“Abrimos el prepliego, el borrador de lo que va a ser la licitación pública, donde vamos a tener todo lo relacionado a material rodante, obra civil y diseños fase 3. El 25 de noviembre vamos a tener la minuta definitiva del contrato para que los equipos que vayan a ofertar estén listos para la fecha definitiva, que va a ser el 17 de enero”, expresó el director del Departamento Administrativo de Planeación de Medellín y gerente del proyecto Metro de la 80, Sergio López Muñoz.
Tras este paso, se espera que en noviembre próximo se publiquen los documentos técnicos con todas las especificaciones, minuta del contrato y demás anexos.
El siguiente paso será la publicación de financiadores, que permitirá continuar el proceso de contratación tanto de obra como de estudios fase 3, al tener asegurados los recursos de vigencias futuras, que por parte del Municipio de Medellín ascienden a $ 800.000 millones entre 2024 y 2032 y para la Nación $2,4 billones, entre 2024 y 2029.
Después de estas fases se espera abrir la licitación a comienzos de 2022. Así iniciará en firme el proceso de contratación que duraría unos cuatro meses. Además del desarrollo de la licitación se adjudicará la interventoría, que deberá acompañar la ejecución de la obra desde la etapa preoperativa.
En simultáneo con el proceso de adjudicación de obras, la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) adelantará el proceso de adquisición de predios y en el que se estrenará la Política Pública de Protección a Moradores, Actividades Económicas y Productivas, como instrumento de mediación en transacciones entre el organismo territorial y los ciudadanos, cuyas viviendas, negocios o actividades sean afectadas por la obra pública.
