La Superintendencia de Puertos y Transporte ordenó este viernes, tras detectar una banda que en ocho departamentos falsificaba licencias de conducción, la cancelación de 3.940 licencias en diferentes organismos de tránsito expedidas entre junio de 2014 y junio de 2015.
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Según la entidad de control en varios de los centros de conductores se detectaron irregularidades en el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt), certificados sin validación y previamente rechazados por el sistema, suplantación de especialistas médicos para validar exámenes, tramitación desde sitios no autorizados o usar software malicioso para vulnerar el sistema.
El superintendente Javier Jaramillo reveló que el 75 por ciento de estos certificados fraudulentos fueron expedidos con el fin de solicitar licencias de conducción para vehículos de servicio público, mientras el 25 por ciento restante se tramitaron para servicio particular.
Una vez se detectaron estas irregularidades, la Supertransporte abrió investigaciones administrativas en contra de los presuntos infractores, al tiempo que le ordenó al operador del Sistema de Control y Vigilancia, no solo el bloqueó de los software maliciosos para evitar más fraudes, sino también la denuncia de estas irregularidades ante la Policía Nacional y la Fiscalía, para que determinaran las responsabilidades judiciales frente a este delito.
“El Sicov nos permitió identificar Centros en los que se expidieron certificados médicos sin la presencia de los usuarios, e incluso, varios en los que se aprobaron certificados a personas no aptas”, agregó Jaramillo.
Actualmente, la Supertransporte adelanta más de 170 investigaciones administrativas en contra de CRC’s que presentan irregularidades y en las próximas semanas dará a conocer las primeras sanciones, que consisten en la suspensión de la habilitación hasta por 2 años o en la cancelación de la misma.
En los trámites que se detectaron irregularidades, la Superintendencia ordenará a los Organismos de Tránsito que expidieron las licencias de conducción que, previo al cumplimiento del debido proceso y el respeto al derecho de defensa, se ejecute la cancelación y revocatoria de dichas licencias.
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