El mismo día en que la Alcaldía de Itagüí anunciaba la implementación de la estrategia de ubicar perros antidrogas en colegios públicos, la concejal de Bogotá Andrea Padilla celebraba que, en la capital, por el contrario, esa medida se suspende a partir del primero de abril.
Esto último quiere decir que en 389 instituciones públicas de la capital, los caninos dejarán de ejercer funciones de vigilancia para el control de ingreso de estupefacientes.
“Los defensores de animales celebramos la decisión de la Secretaria de Educación. Hay que desmontar el uso de perros en seguridad y vigilancia, y reemplazarlos por cultura ciudadana, confianza y tecnología”, indicó la concejal en su página web.
El debate sobre la medida se expresó ayer cuando, consultada nuestra audiencia vía Facebook, hubo voces a favor y en contra sobre la conveniencia de este tipo de control.
Hay quienes opinan que “sería un control efectivo para que los menores que porten estas sustancias se identifiquen, al igual que el expendedor que se hace afuera para vender”, como lo expresó Marco Altahona Piñeres.
Pero también, algunos piensan, como Kate Lance, que “el asunto es que educamos para el castigo y no para la prevención. Considero que deben implementarse estrategias diferentes a la intimidación, eso no elimina la acción”.
El cuidado de los animales también es motivo de preocupación en esta estrategia.
Álvaro Múnera, diputado de Antioquia, quien apoya la postura de Padilla, explica que “para que un perro identifique narcóticos tiene que pasar por entrenamientos que utilizan estas sustancias”. Además, agrega el diputado, más allá de esto, el trabajo animal en general no es propio de una vida digna.
“Nosotros los domesticamos para ser animales de compañía desde hace miles de años. No es digno que su vida sea salir de un canil a cumplir esa labor y volver al canil”.
