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Pese a padecer de insuficiencia renal y de atravesar un calvario cada dos días para llegar a la clínica donde le hacen sus diálisis, la tía de Lediz Andrea García Muñoz recibió un portazo de su EPS a la hora de pedir apoyo para transportarse.
A pesar de su avanzada edad y vivir en el Playón de los Comuneros, barrio ubicado en el noroccidente de Medellín, la mujer obtuvo un rotundo no como respuesta al solicitar transporte médico para llegar a la Clínica Medellín sede Occidente, a donde una sola carrera de taxi puede costar más de $25.000 por trayecto.
“Aunque por su condición no puede moverse por la ciudad, la EPS se niega a darle el transporte, argumentando que ese beneficio solo está reservado para las personas que tienen que desplazarse de un pueblo a otro”, cuenta García, sosteniendo en su manos un papel recién impreso en el que quedó redactada una acción de tutela con la que busca que su tía no quede desprotegida.
El recurso que pende de sus manos, agregó García ayer, había sido formulado un par de minutos atrás en las instalaciones de la Personería de Medellín, a donde todos los días llegan casos como el suyo y de todo tipo de población vulnerable, como migrantes, desplazados, víctimas del conflicto armado, entre muchos otros.
Crisis a tres bandas
Desde comienzos de este mes, la atención de casos como el de García quedaron bajo riesgo por causa de una mezcla de problemas que tienen en jaque a ese organismo de control, que van desde falencias de infraestructura en sus sedes hasta líos que han menguado el número de funcionarios disponibles para atender los casos.
Frente a este último punto, el personero William Yeffer Vivas Lloreda señala que el problema más apremiante se desató a comienzos de este mes, cuando a raíz de un problema contractual la entidad se quedó sin más de 100 funcionarios de su Unidad Permanente para los Derechos Humanos, encargados de tareas tan críticas como el acompañamiento de protestas ciudadanas, atención de población migrante, entre otros.
Operado a través de un convenio interadministrativo con la Secretaría de Inclusión Social desde hace más de 15 años, los problemas aparecieron cuando esta última dependencia se quedó sin un operador que vinculara a los contratistas de la Personería.
Aunque hasta el año pasado esa última función la desempeñaba el Colegio Mayor de Antioquia, este año la operación quedaría en manos de la Universidad Pontificia Bolivariana, pero dicho cambio nunca se concretó.
“La administración municipal nos manifestó que hubo un problema en la plataforma de contratación que impidió que se firmara el contrato”, señaló el personero. “Ese es un déficit grande que tiene la ciudad para atender los derechos humanos”, dijo.
Aunado a esos dos puntos, Vivas Lloreda alertó que luego de los daños que se produjeron el año pasado en la sede El Bosque, ese ente sigue sin poder usar ese edificio. Así mismo, los problemas de infraestructura en su sede principal continúan profundizándose.
Mientras en la primera sede, dijo el personero, la Alcaldía de Medellín se comprometió a acelerar los trabajos, en la sede principal el panorama es menos claro, ya que el grueso de la entidad debería trasladarse a otro edificio mientras el Municipio busca una solución definitiva (Leer ¿Qué sigue?).
Al ser consultada por el futuro de la unidad permanente, la Secretaría de Inclusión remitió un pronunciamiento escrito en donde aseguró que en marzo quedaría lista la nueva contratación. Frente al tema de la sede, este diario también consultó a la Alcaldía pero no obtuvo respuesta.