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¿Podrían aplicarle la expropiación al consorcio que construye Hidroituango?

  • La construcción llegó a un avance de 85,8% en sus obras principales. Los trabajos se concentran en la casa de máquinas para terminar la adecuación de las primeras unidades que deben encenderse en el segundo semestre de 2022. FOTO Juan Antonio Sánchez
    La construcción llegó a un avance de 85,8% en sus obras principales. Los trabajos se concentran en la casa de máquinas para terminar la adecuación de las primeras unidades que deben encenderse en el segundo semestre de 2022. FOTO Juan Antonio Sánchez
Publicado el 01 de diciembre de 2021

Planteará la necesidad de mitigar los riesgos aguas abajo ante la Ungrd.

Cinco días después de la confirmación del fallo de la Contraloría, todo es incertidumbre en Hidroituango. Mientras EPM se refirió al riesgo que tienen las comunidades aguas abajo de la presa en caso de que la obra quede abandonada, desde la Alcaldía volvieron a mencionar que pretenden que el Consorcio CCCI firme la prórroga de las obras hasta que la sanción quede en firme.

La insistencia de la Alcaldía dista del discurso de hace unas semanas, cuando insistía en el cambio de contratistas y en la necesidad de poner en marcha un plan B, pero parece que el plan B no ha cuajado. El problema es que no hay ninguna determinación que garantice la continuidad de las obras más allá del 31 de diciembre, fecha en la que termina el actual contrato, por lo que el escenario más crítico sigue siendo la posibilidad de parálisis en la obra, lo que traería retrasos en la generación de energía y riesgos para las comunidades.

Algunas fuentes han asegurado que en EPM han barajado la posibilidad de expropiar de alguna manera la maquinaria que hay en el lugar de obras para de esa manera hacerle frente a los trabajos desde el primero de enero.

Justo el mismo EPM informó ayer que en un Puesto de Mando Unificado, convocado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), presentará esta semana los planes para asegurar la continuidad de la construcción. Uno de los puntos que llevará a la reunión será la necesidad de mitigar los riesgos de las comunidades.

El factor que plantea interrogantes es el vertedero, único sistema de descarga de las aguas del río Cauca y que ha funcionado sin pausa desde febrero de 2019, operación para la que no fue creado y que tiene temerosos a los ingenieros .

Este sería el paso previo para solicitarle a la Ungrd que eleve el nivel del riesgo, declare la urgencia manifiesta y le otorgue a EPM facultades para ocupar temporalmente los campamentos del consorcio, posibilidad ya mencionada por el alcalde Quintero. No se trata de un detalle menor: el campamento del consorcio es una microciudad en la que viven 4.500 personas (es más que la población de cuatro municipios de Antioquia).

El procedimiento para la ocupación temporal de inmuebles procede dentro de una declaratoria de desastre o calamidad pública para facilitar su mitigación y atención (Ley 1523 de 2012). Esa ocupación debe limitarse al espacio y tiempo indispensables para causar el menor daño, dice la ley. La entidad pública debe comunicar las edificaciones que ocupará y el tiempo probable que dure, que en ningún caso puede ser superior a un año.

También debe hacer una estimación del valor de los perjuicios que pueden causarse y que ofrece pagar. Por eso antes de adelantar una eventual expropiación, debe agotar la posibilidad de negociación directa, es decir que EPM debe negociar la infraestructura con CCCI. Hoy no hay ninguna comunicación al respecto en la mesa del consorcio.

Pero si ese es el procedimiento para inmuebles, no hay un protocolo para bienes muebles, cuyo inventario en Hidroituango alcanza las 335 máquinas pesadas especializadas, entre ellas, 14 perforadoras, 13 martillos excavadores y 7 grúas. Será otra arista a tener en cuenta.

En síntesis, esta serían las minucias del camino para activar el denominado Plan Mirella, anunciado hace algunos días por el alcalde Quintero como estrategia de contingencia para que el proyecto continúe su operación con las capacidades internas de EPM hasta que llegue un nuevo contratista. Sin embargo, es difícil saber cómo EPM responderá con sus capacidades en Hidroituango. Solo en el frente de obra hay en este momento más de 5.000 personas (sumando otros contratistas), quienes se han encargado de sortear la crisis y que conocen su trabajo como nadie.

Doble jugada

A la par de la reunión con la Ungrd y del riesgo manifiesto que representa el vertedero, la alcaldía ha mencionado que los contratistas deben seguir cumpliendo con las obras y las obligaciones adquiridas. Esa posibilidad plantea que el preacuerdo por otra prórroga se materialice y tanto EPM como el consorcio jueguen con los tiempos jurídicos que puso a andar el fallo de la Contraloría para no dejar la obra sin constructor el 1 de enero. Según abogados cercanos al proceso en Contraloría, la prórroga del contrato puede ejecutarse hasta los primeros meses de 2022, cuando se espera que el Consejo de Estado devuelva el expediente inaplicando el control legal.

Es que pese a la severidad que ha tenido con CCCI, Quintero fue insistente el viernes en que los contratistas “no pueden abandonar la obra ni dejarla tirada”. El secretario de Gobierno, Esteban Restrepo, reiteró ayer esa posibilidad, al indicar que se sigue revisando si se puede hacer la prórroga, y que para ello se está indagando con Contraloría y Procuraduría.

El consorcio indicó, por lo tanto, que continúa analizando la situación y normatividad frente a la nueva realidad que impone el fallo de la Contraloría y las acciones en curso contra la firmeza del mismo, para entender que se puede hacer respetando la ley y la inminente inhabilidad

Contexto de la Noticia

Paréntesis Radicaron tutela y acción popular

Dos acciones en curso buscan frenar los efectos del fallo de la Contraloría. La primera es una tutela presentada por las constructoras Conconcreto y Coninsa Ramón H. para solicitar la suspensión inmediata y temporal del proceso de responsabilidad fiscal de la Contraloría hasta que la aseguradora Mapfre concluya el ajuste y pago de las sumas que viene pagando. La segunda es una acción popular presentada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la que se solicitaron medidas cautelares para que se suspenda la segunda instancia hasta que entre en operación el megaproyecto.

Juan Diego Ortiz Jiménez

Redactor del Área Metro. Interesado en problemáticas sociales y transformaciones urbanas. Estudié derecho pero mi pasión es contar historias.


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Egresado de la U.P.B. Periodista del Área de Investigaciones, especializado en temas de seguridad, crimen organizado y delincuencia local y transnacional.

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Jacobo Betancur Peláez | Publicado hace 14 horas
Jacobo Betancur Peláez

Comunicador social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, especializado en la investigación de temáticas locales. También cubro temas relacionados con salud, historia y ciencia.

Notas de la sección