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Pleito jurídico por cerramiento de urbanización

  • La unidad, ubicada en el barrio Trinidad, es la más cercana al aeropuerto Olaya Herrera. Además, un muro fue ubicado en el lindero para aislar el ruido de la pista. FOTO Edwin bustamante
    La unidad, ubicada en el barrio Trinidad, es la más cercana al aeropuerto Olaya Herrera. Además, un muro fue ubicado en el lindero para aislar el ruido de la pista. FOTO Edwin bustamante
Por mateo robledo yepes | Publicado el 23 de mayo de 2019
Infografía
Pleito jurídico por cerramiento de urbanización
en definitiva

Mientras algunos vecinos defienden el cerramiento por temas de seguridad otros lo catalogan como injusto porque, aún no estando de acuerdo, pueden perder sus casas por no pagar por ello.

“Era como un pueblito hermoso con casas pintadas de tres colores: verdes, azules y rojas, siete por cada tono”. Así describe Gloria Fernández el lugar donde se asentó hace más de 20 años.

La casa de Gloria, que ahora pertenece a su hijo, hace parte de la unidad Parques de Santa Fe, un conjunto residencial ubicado en la comuna 15 de Medellín, contiguo al aeropuerto Olaya Herrera. El vecindario ahora es foco de discusiones entre vecinos por un cerramiento con el que algunos no están de acuerdo.

Resulta que, según Fernández, en 1999 cerca de 25 vecinos instalaron mallas en los alrededores de la zona para no permitir el paso de vehículos o de personas. Dentro del perímetro quedaron 198 propiedades. “Obstaculizaron el espacio público y nos dijeron que de ese momento en adelante nos tocaría pagar una cuota de 20.000 pesos cada mes”, contó Fernández.

Ella, quien en principio no estuvo de acuerdo, por poco pierde su casa debido a que decidió no hacer el pago de las cuotas mensuales y, aunque tuvo que recurrir a ayuda de familiares para que no remataran su vivienda, ahora destaca que sí ha sido un hecho positivo para la comunidad.

“Por la cercanía que tenemos con el Barrio Antioquia empezamos a tener muchos problemas con el tema de la drogadicción. Las mallas han mejorado la tranquilidad de los vecinos”, destacó.

Sin embargo, no todos los propietarios saldaron su deuda y aún están inconformes con el cerramiento al que consideran ilegal. 30 personas están en mora y en algunos casos el monto a pagar llega a $31 millones, cifra por la que han empezado a tener que afrontar procesos con la administración para que sus casas no sean embargadas.

“Queremos que nos quiten la denominación de unidad y la puerta. Nunca estuvimos de acuerdo con el cerramiento porque nosotros compramos nuestras casas en una unidad abierta y ahora, por el capricho de algunos, nos van a quitar lo que nos pertenece”, señaló Teresa Bedoya, habitante de la unidad.

Han presentado quejas

Los vecinos tienen documentos en los que certifican que desde hace más de 20 años han intentado que las autoridades se pronuncien sobre el asunto. En estos se puede leer la confirmación del cerramiento sin permiso que invadió el espacio público y las vías que pasan por la zona.

Uno de los más recientes es de 2016. En la carta, dirigida a la Inspección de Policía, la subsecretaría de Control Urbano verificó que el espacio público fue privatizado irregularmente y le pidieron a algunas secretarías como la de Planeación, Movilidad y Espacio Público que analizaran la situación para hacer, si era el caso, la correspondiente restitución.

“Eso no ha tenido efecto, se lo rotan de dependencia en dependencia sin que nadie tome cartas”, reprochó Jaime Muñoz Peláez, propietario.

Por su parte, Ana María Montoya, actual administradora de la unidad, debatió argumentando que los vecinos se acogieron a la figura de propiedad horizontal y que cumplen con todos los requisitos para el cerramiento.

“Los únicos que molestan por este caso son las personas morosas que son minoría. Se escudan para no pagar pero tenemos todo al día para responder a demandas, si es el caso”, puntualizó.

La normativa que regula las unidades residenciales es la Ley 675 de 2001 y, según la administradora, la unidad cumple con todos los requisitos para funcionar como tal.

Los inconformes comentaron que en el sector han vivido situaciones como una vez que un helicóptero casi se estrella contra las casas, intentos de atentados, comercio dentro de las viviendas e incluso expendio de drogas por el cual a una de las propiedades la Fiscalía le aplicó extinción de dominio en noviembre pasado.

“Aún así, con esta manera de vivir, nos quieren hacer pagar administración”, se quejó Muñoz, quien pide a las autoridades que tomen cartas en el asunto y definan el futuro de Parques de Santa Fe: si sigue o no cerrada .

Contexto de la Noticia

¿qué sigue? 21 procesos ante la inspección de policía

Lina Calle, subsecretaría de Gobierno Local y Convivencia, señaló que a la fecha en la dirección correspondiente a la unidad se han cursado 21 procesos ante la inspección de Policía por infracciones urbanísticas, comercio al interior de las viviendas y convivencia entre vecinos. “Están actualmente vigentes seis: dos por establecimientos no autorizados y cuatro por infracciones de personas que adelantaron procesos constructivos en sus viviendas sin cumplir los permisos que deben ser tramitados”, afirmó.

Mateo Robledo Yepes

Una vez me dijeron que era un buen conversador y me lo creí (para bien o para mal). Me gusta hablar de política, astronomía, teatro y superhéroes.

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