El Consorcio CCC Ituango, constructor de las obras principales de Hidroituango, informó este miércoles que ni este ni las compañías que lo integran (Camargo Correa, Conconcreto y Coninsa-Ramón H) han recibido comunicación por parte de la Contraloría General de la República ni de sus proveedores financieros, sobre imposición de embargos a sus cuentas.
Todo porque el ente de control decretó medidas cautelares en contra de la empresa Integral S.A., integrante del consorcio diseñador y asesor del proyecto Hidroituango.
La determinación contempla el embargo de 13 cuentas bancarias (dineros depositados o que lleguen a depositarse hasta por $4,2 billones) y 12 predios de Integral localizados en Fredonia y Santa Bárbara, ordenada por el Despacho de la contralora Delegada Intersectorial No. 9 de la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción. Contra dicha decisión Integral podrá interponer los recursos de reposición y apelación.
“Somos respetuosos de la ley y los pronunciamientos de los entes de control. Durante el trámite del proceso de responsabilidad fiscal hemos aportado toda la información necesaria para aclarar las imputaciones planteadas por la Contraloría y demostrar que en la ejecución de las obras civiles a nuestro cargo, siempre hemos actuado de buena fe, de forma diligente y acorde con las buenas prácticas de la ingeniería, cumpliendo con los diseños e instrucciones suministrados por Empresas Públicas de Medellín (EPM)”, indicó el consorcio en un comunicado.
Añadió que con más de 5.000 colaboradores, mantiene el compromiso con EPM de aportar el conocimiento y experiencia para contribuir a la finalización del proyecto y lograr que EPM ponga en operación la hidroeléctrica Ituango.
Conconcreto, integrante del consorcio CCC Ituango, también informó que no ha recibido una comunicación de embargo de la Contraloría. Añadió que respeta los compromisos contractuales con todos sus clientes y que tiene el reto de culminar el proyecto Hidroituango, en equipo con EPM y los demás contratistas.
La actuación más reciente dentro del proceso de responsabilidad fiscal adelantado por la Contraloría General tuvo lugar el 2 de diciembre de 2020 cuando se imputó responsabilidad fiscal a 28 personas naturales y jurídicas, entre ellos a 10 miembros de la junta directiva de Hidroituango, dos exgerentes de EPM, dos exgerentes de Hidroituango, un exgerente de la filial EPM Ituango, dos exalcaldes de Medellín y dos exgobernadores de Antioquia.
La composición del presunto detrimento patrimonial se compone así: $2,9 billones a raíz de las mayores inversiones realizadas no justificadas, que llevaron a que se diera una pérdida o destrucción del valor del proyecto; y $1,1 billones por concepto de los recursos dejados de percibir por el Estado como consecuencia de la no entrada en operación de la hidroeléctrica en las fechas planeadas originalmente.
