En una decisión del 20 de mayo, la Sala Segunda de Decisión concluyó que el municipio incumplió las medidas cautelares ordenadas para proteger los derechos ambientales de los habitantes de Sabaneta y sancionó al alcalde Alder Cruz Ocampo con una multa equivalente a diez salarios mínimos legales mensuales —alrededor de $17,5 millones— pagadera al Fondo para la Defensa de Derechos e Intereses Colectivos.
La decisión cierra, al menos provisionalmente, un capítulo de inconformidades de un libro que lleva años en los estrados: las posibles irregularidades en el desarrollo urbanístico del Plan Parcial Caminos de la Romera.
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Qué ordenó el Tribunal y qué hizo la Alcaldía
En medio de un proceso de acción popular en el que ciudadanos y organizaciones ambientales solicitaron la protección de sus derechos ambientales y el cumplimiento de los requisitos legales en la ejecución del Plan Parcial, se ordenaron las medidas cautelares, las cuales eran dos. Primera: suspender de forma inmediata el otorgamiento de nuevas licencias de construcción en el Plan Parcial Caminos de La Romera. Segunda: evaluar si las obras en curso cumplían con las medidas ambientales y, si no, adoptar medidas policivas concretas — suspensión de obras, sellamientos, multas, demoliciones.
Frente a la primera orden, el Tribunal dio por cumplido el punto: la Secretaría de Planeación dejó de expedir licencias en el sector desde que se decretó la cautelar.
El problema fue la segunda. La Alcaldía argumentó que las competencias ambientales no eran suyas, sino de Corantioquia y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, y que trasladarle esas funciones sería “una flagrante extralimitación”. El Tribunal no aceptó ese argumento: la orden le pedía al municipio ejercer sus propias facultades policivas en materia urbanística — suspender obras, sellar proyectos, imponer sanciones —, potestades que sí le corresponden al alcalde bajo la Ley 1801 de 2016.
El informe clave
El elemento fundamental del fallo fue el Informe Técnico 160AS-IT2511-10535 de Corantioquia, elaborado tras una visita realizada el 17 de septiembre de 2025 a las 50 hectáreas del plan parcial. La autoridad ambiental identificó aproximadamente 27 proyectos urbanísticos con posibles infracciones, documentó pérdida significativa de cobertura vegetal, intervención en áreas de protección y ocupación de cauces, y llegó a una conclusión contundente: el Plan Parcial Caminos de La Romera fue adoptado y ejecutado sin haber surtido el proceso de concertación ambiental obligatorio ante Corantioquia — una omisión que la entidad había advertido desde 2018 sin que el municipio la subsanara.
El informe también reveló que varios proyectos continuaron con actividades constructivas incluso después de recibir actos administrativos de negación o inadmisión de permisos ambientales. Entre ellos, el proyecto Dublín seguía en fase activa de construcción en septiembre de 2025, pese a los antecedentes ambientales en su contra:
“Se verificó que los proyectos indicados en el presente informe continuaron actividades constructivas aún después de recibir actos administrativos de negación o inadmisión de permisos. Algunos incluso ejecutaron talas o intervenciones sobre cauces, generando procesos sancionatorios en curso” dice el informe citado en el fallo.
Al comparar las actuaciones reportadas por el municipio con lo que encontró Corantioquia en terreno, el Tribunal fue claro: “Las medidas reportadas por el ente territorial resultan insuficientes frente a la gravedad y persistencia de las afectaciones advertidas.” Las acciones municipales, dijo la Sala, reflejan “una respuesta administrativa fragmentaria” que permite inferir “una actuación negligente” en el cumplimiento de las órdenes cautelares.
Además, el Tribunal requirió al municipio y a su apoderado para que en adelante cumplan “de manera irrestricta” con la obligación de notificar y correr traslado simultáneo de todos los documentos, memoriales, informes, respuestas y recursos, a las demás partes del proceso de acción popular.
EL COLOMBIANO consultó a la Alcaldía de Sabaneta para conocer su posición frente a este nuevo fallo sancionatorio, pero al cierre de esta edición no ha recibido respuesta.
Qué sigue
La decisión no es definitiva: por mandato del artículo 41 de la Ley 472 de 1998, el expediente debe ser remitido al Consejo de Estado para el grado de consulta, que revisará si la sanción debe mantenerse o revocarse. Mientras tanto, la situación estructural de fondo sigue sin resolverse: Corantioquia concluyó que el problema supera la esfera de cada proyecto individual y que se requiere una actualización del Plan Básico de Ordenamiento Territorial de Sabaneta que incorpore los determinantes ambientales que el municipio nunca concertó con la autoridad ambiental.
El Plan Parcial Caminos de La Romera, a los pies de la reserva forestal y corredor ecológico más importante del sur del Valle de Aburrá, sigue siendo el centro de uno de los debates urbanísticos: cómo, el municipio más pequeño y uno de los más densamente poblados del país, debe ordenar su crecimiento para que la expansión urbana no cueste más de lo que vale.
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