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“La Oficina” le ofreció a la Fiscalía bajar los homicidios a cambio de beneficios

  • FOTO ROBINSON SÁENZ VARGAS
    FOTO ROBINSON SÁENZ VARGAS
Por Germán Jiménez Morales | Publicado el 10 de julio de 2017

La “Oficina”, a través de los condenados capos alias “Barny”, “Pichi” y “Peluco”, ofreció a la Fiscalía General de la Nación la obtención de beneficios, a cambio de la reducción de extorsiones, asesinatos y hasta la pacificación de tres barrios de Medellín.

Así lo revela la Fiscalía, en el acta de una reunión realizada en el búnker de la entidad en Medellín, el 16 de febrero de 2016, y cuyo título es “presentación negociaciones con miras a beneficios jurídicos con miembros de la organización “La Oficina”.

Según el ente acusador, sus promesas las cumplían. Dice el acta que: “el 10 de diciembre de 2015 ofrece una intermediación para el cese de homicidios en el barrio San Cristóbal sector La Loma, los cuales efectivamente se detienen a partir de ese momento”.

En el punto 3, la doctora Alexandra Vélez Rincón, coordinadora en Medellín de la Unidad de Delitos contra la Vida, relató “los avances del proceso negocial adelantado con integrantes de la estructura delincuencial “La Oficina”. Ella ilustró a su jefe, Germán Darío Giraldo, director Seccional de Fiscalía, y a funcionarios de alto rango, como Danny Julián Quintana, director Nacional del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y, entre otros, a Luis González León, director Nacional de Seccionales y de Seguridad Ciudadana.

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Vélez Rincón habló de la estructura piramidal de la organización criminal y anotó que de la misma formaban parte Julián Andrey González Vásquez, Edinson Rodolfo Rojas y Juan Camilo Rendón Castro. En su orden, ellos son conocidos en el mundo delincuencial como alias “Barny”, Pichi” y “Peluco”.

La funcionaria de la Fiscalía “señala cada uno de los acercamientos que se han venido teniendo con algunos de ellos, quienes a través de sus apoderados han manifestado su voluntad de colaborar con la justicia en pro de beneficios jurídicos, a fin de que se dé un tratamiento más benéfico respecto de su vinculación con 2 homicidios que se adelantan en la Unidad de Vida”.

Vélez Rincón dejó plasmada en el acta ejemplos del poder que tenían los interlocutores de la Fiscalía con los que se estaba negociando. En esos encuentros, los cabecillas aportaron información “que se considera de relevancia para la seguridad ciudadana”. He aquí los ejemplos al respecto:

29 de septiembre de 2015: “aportan información relevante para contextualizar 7 homicidios ocurridos en el sector de la paralela de la ciudad de Medellín”.

4 de noviembre de 2015: “Entrega a los funcionarios de la policía judicial (CTI), información que permitió el hallazgo de 80 armas de fuego en zona rural del corregimiento de Santa Elena, Parque Arví”.

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13 de noviembre de 2015: “colaboran con la entrega del señor John Arley Londoño Patiño, alias “La Pecosa”, quien tenía en su contra orden de captura por el delito de concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado y extorsión”.

1 de enero de 2016: “aportan información de importancia sobre el tema de “Convivir” en el centro de Medellín y las vacunas que se presentan en el sector, así como información para la contextualización de 4 homicidios en el sector de Barrio Antioquia”.

Según la misma directora de la Unidad de Vida de la Fiscalía en Medellín, la colaboración de los tres cabecillas de “La Oficina” se traduciría en beneficios para la seguridad ciudadana. Entre ellos destacó:

“Colaborar en la pacificación de algunos barrios de la ciudad de Medellín que están siendo bastante golpeados por el fenómenos (sic) del homicidio, la extorsión y el desplazamiento, entre ellos Castilla”.

“Entrega de material bélico, intendencia e inmuebles relacionados con organizaciones delictivas”.

“Aportar información de importancia para el esclarecimiento de algunos homicidios ocurridos en la ciudad de Medellín”.

Como se indicó, era el 16 de febrero de 2016. Los registros de homicidios en la capital antioqueña hablaban de 63, con un incremento del 51 por ciento frente a igual fecha del 2015. Del total de homicidios, precisó la funcionaria de la Fiscalía, “32 se atribuyen al crimen organizado, esta negociación permitirá rebajar gradualmente este índice y delitos conexos buscando un ambiente de tranquilidad”.

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La misma fiscal Segunda Seccional comentó en la reunión que la habían trasladado. “Ello -según afirmó- entorpece el proceso de las negociaciones al punto que los señores González Vásquez y Rendón Cuartas han manifestado a través de sus apoderados no continuar con otro funcionario, por cuanto no les ofrecen confiabilidad, dada toda la información que sobre corrupción interna poseen”.

Tenían dudas sobre los capos

Luis González León, de quien se afirma en el mundo judicial que tiene un poder que lo convierte en el número tres de la Fiscalía General, pidió que le informaran de todos los pormenores de los ofrecimientos que el ente acusador le había hecho a “Barny”, “Pichi” y “Peluco”.

El funcionario preguntó “cuál es el interés de cada uno de ellos para colaborar con las autoridades y hace énfasis en que es muy importante contar con esta información antes de seguir adelantando tareas, ya que muchas veces estas personas pueden buscar únicamente beneficios personales con datos que ellos mismos pueden venir montando con el ánimo de hacer creer a la fiscalía (sic) su buen propósito”.

Al respecto, Danny Julián Quintana, director Nacional del CTI, preguntó si se tenía una matriz, “donde se establece un cronograma de la colaboración que prestarán”.

A lo anterior, Juan David Bazzani, asesor de la Dirección Nacional del Sistema Penal Acusatorio, preguntó “si se ha establecido cuáles son los casos por los cuales estas personas se encuentran interesadas en colaborar, igualmente qué se les ha prometido y si su colaboración únicamente versaría sobre los homicidios donde se encuentran relacionados o también sobre otros casos y temáticas distintas, ya que para una eventual negociación es indispensable contar con toda esta información, pues la ley para estos casos limita en gran parte dicha figura con las cabezas de las organizaciones criminales por esta razón hay que prestar total atención a las figuras jurídicas que puedan ser aplicables”.

En el acta, conocida por EL COLOMBIANO, consta a que a esas preguntas se respondió que “Barny”, “Pichi” y “Peluco”, “todos integrantes de la estructura criminal “Oficina de Envigado” han solicitado es poder acceder a beneficios punitivos en las investigaciones que aún se encuentran activas y que se adelantan en su contra; que tienen claro la gama de las posibilidades negociables y que toda comunicación con la Fiscalía ha contado con la asesoría de sus apoderados; que conocen los requisitos para que puedan acceder a figuras como el principio de oportunidad, colaboración eficaz y, en últimas, una negociación vía preacuerdo y que están dispuestos a asumir esta última como una posibilidad negocial”.

Sobre el cronograma o matrices con los datos de colaboración, se respondió que no se habían elaborado, “pues la misma ha surgido de manera espontánea”.

Los funcionarios de la Fiscalía que adelantaban esas negociaciones tenían claro que podía ser cierto que “Barny”, “Pichi” y “Peluco” “están entregando o montando entregas para beneficios, pero lo cierto es que todos están condenados por otras conductas y sobre esas sentencias no hay ningún tipo de negociación o beneficio, pues lo que se viene discutiendo es su vinculación con los homicidios, donde existen elementos materiales probatorios (prueba técnica-interceptación telefónica) que los hace presuntamente responsables”.

Paren la negociación: Giraldo

Por su parte, Germán Darío Giraldo comentó que a través de un fiscal de la unidad de Bacrim (bandas criminales) tuvo conocimiento sobre rumores “acerca de que “Barny”, “Pichi” y “Peluco” “están aprovechando sus traslados desde otras cárceles hacia la ciudad de Medellín para adelantar dichas diligencias y buscar reorganizarse delincuencialmente”.

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Acto seguido, el mismo funcionario “pide la suspensión de la negociación hasta tanto los Directores Nacionales y asesores del Vicefiscal, analicen la situación, propuesta a los (sic) que el Dr. González responde que no es posible tomar esa decisión. Así mismo se dispone que la Fiscal Alexandra Vélez no haga presencia en el Gaula Metropolitana, sitio donde se realizó el traslado y espere 10 días hasta tanto se toman las decisiones en este asunto”.

Antes de las conclusiones de esa reunión, se deja en el acta la siguiente constancia:

“Se aclara en este punto que, el Doctor Luis González León se enteró de manera verbal por parte de la suscrita fiscal, el día 4 de febrero de 2016, de las conversaciones con integrantes de la estructura criminal “Oficina de Envigado” sin ahondar en mayores pormenores del asunto. Y el señor Vicefiscal General de la Nación fue enterado igualmente de forma verbal en su reciente visita a la ciudad de Medellín”.

Luego de esa salvedad, los asistentes llegaron a las siguientes conclusiones:

a. Determinar cuál es el marco jurídico completo que se aplica para estas personas.

b. Debe establecerse la gama de posibilidades de negociación real.

c. Debe establecerse qué es lo que puede ofrecerse con el propósito de valorar los mecanismos de negociación.

d. Debe establecerse exactamente los términos de los beneficios y las personas que merecerían tales prerrogativas.

e. Se acordó no trasladar más a los indiciados a la ciudad de Medellín”.

El acta termina con espacios en blanco para la convocatoria a una próxima reunión y con los nombres de quienes transcribieron lo que allí fue tratado: Alexandra Vélez Rincón y Óscar Iván Rincón Ortiz.

EL COLOMBIANO confirmó la autenticidad del acta de esa reunión que publicamos.

Contexto de la Noticia

Germán Jiménez Morales

Periodista y escritor. Diplomado en información económica y financiera, Geopolítica y finanzas para no financistas.

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