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Fugas de estaciones levantan sospechas de corrupción

  • Por esta salida, que da al parqueadero de motos de la estación de Belén, se fugó alias “Roger” hace dos meses. FOTO jaime pérez
    Por esta salida, que da al parqueadero de motos de la estación de Belén, se fugó alias “Roger” hace dos meses. FOTO jaime pérez
Publicado el 25 de febrero de 2020
16

años es la pena máxima por favorecimiento de fuga agravado; la mínima, 6,6.

12

años es la máxima condena por el delito de cohecho propio; la mínima, 6,6 años.

490%

es el índice de sobrecupo en calabozos de las estaciones del Aburrá, según la Policía.

en definitiva

La investigación de la Fiscalía apunta a que habría más implicados en los sobornos para dejar salir internos de la estación de Belén. También investigan hechos en otras estaciones.

Estar preso en la estación de Policía de Belén no era tan malo para “Marlon”, un delincuente detenido por atraco a mano armada. Después de todo, tal cual le narró a la Fiscalía, bastaba con pagar un soborno para que los uniformados lo dejaran escabullirse en las noches.

Su confesión, revelada el mes pasado, levantó el velo de la fuga de un tenebroso cabecilla y presuntos actos de corrupción que ya dejan dos policías judicializados y otros más con investigación disciplinaria, en medio de una crisis de hacinamiento del 490% en los calabozos de Medellín.

La historia comenzó en junio de 2019, cuando “Marlon” y un compinche asaltaron una papelería de la ciudad. La pareja que la atendía no se dejó intimidar por el revólver y los enfrentó a golpes. Volaron cartulinas, lapiceros y rollos de papel regalo por todo el local, los ladrones emprendieron la huida sin un peso en el bolsillo y, con la intervención de la comunidad, “Marlon” fue apresado.

Así llegó a la estación de Belén, en el barrio San Bernardo, después de que la Fiscalía le imputara cargos por hurto y porte ilegal de armas. Se convirtió en uno de los 2.200 detenidos que el sistema penitenciario arrojó a las celdas policiales el año pasado, debido al hacinamiento del 50% en las cárceles del país, con una sobrepoblación cercana a los 42.000 reos, según el Inpec.

La sala de reflexión de Belén tiene capacidad para 50 personas, que no deberían permanecer más de cinco días, pero la crisis le embutió 134, algunos de los cuales permanecen hace ocho meses en condiciones no aptas para la salud.

En ese panal de avispas, compartiendo hedores, sudor y virus con sentenciados y sindicados de todas las pelambres, conoció a “Mordo”, un condenado por extorsión. “Era un recluso alto, flaco y peludo, me dijo que si quería salir le dijera, que él cuadraba con los custodios. Yo estando aquí veía que ‘Mordo’ salía casi todos los días de noche y regresaba en la madrugada”, relató “Marlon”.

Su testimonio fue presentado por la Fiscalía 61 Seccional de Medellín, en las audiencias de control de garantías realizadas entre el 11 y el 13 del pasado enero, contra los dos primeros policías implicados en esta trama.

Según el testigo, los detenidos pagaban sobornos de $500.000 a $5’000.000, para que los dejaran salir a visitar a su familia o en fechas especiales. El compromiso era que se evadieran en la noche y regresaran antes del alba, es decir, durante el turno cuarto-primero de la guardia (de 9:00 p.m. a 7:00 a.m.).

“He salido cuatro veces. Una de ellas fue a prender velitas, el 7 de diciembre. Me valió $500.000, la entrega del dinero es en efectivo, apenas uno esté de regreso”, dijo “Marlon”.

El fugado

En esos ires y venires hizo amistad con Roger Stiven Jiménez Flórez (“Roger” o “el Ruso”), otro de los beneficiarios del club de los evadidos, con un pasado más truculento en su hoja de vida.

Los pecados de “Roger” están reseñados en el expediente N° 05212 6000201 2012 03927, del Tribunal Superior de Medellín. Ahí consta que es el segundo al mando de “la Camila”, una banda criminal que delinque en la comuna Fontidueño del municipio de Bello, dedicada al sicariato, tráfico de drogas, extorsiones, construcciones ilegales y desplazamientos forzados.

En 2014 fue condenado a siete años y tres meses de prisión por concierto para delinquir, y en 2019 a 16 años por tentativa de homicidio agravada (ver el recuadro).

A pesar de que los custodios conocían ese prontuario, según la Fiscalía, aceptaron que él y “Marlon” se evadieran a las 11:30 p.m. del pasado 19 de diciembre. Les abrieron la reja y se fueron caminando, con la promesa de volver con $1’500.000 como pago.

Se destapó el caso

El acuerdo era que se encontraban en la casa de “Marlon” para regresar juntos a la estación, pero el reloj ya marcaba las 4:00 a.m. de diciembre 20 y “Roger” no aparecía. Era evidente que se había fugado.

A “Marlon” se le cruzó la misma idea por la cabeza, pero su madre le advirtió: “¿Cómo te va a dañar la vida así?”, por lo que a las 6:00 a.m. llegó puntual a la celda. La ausencia del otro no fue reportada por el custodio a sus superiores, ni consignada esa novedad en el libro de población.

Cuando llegó otro policía a recibirle el turno de vigilancia, “Marlon” le susurró: “Haga el conteo de presos, que falta uno”. El escándalo fue trepando hasta llegar a oídos del comandante de la base, quien puso el hecho en conocimiento de la Fiscalía.

Según las cuentas de la Policía, en 2019 hubo siete eventos de fuga en total, con 33 escapados de las 22 estaciones del Valle de Aburrá, específicamente en Castilla, Candelaria, Doce de Octubre, Belén y la sede de la Sijín en el barrio Caribe. “De esos, ya recapturamos 10, la mayoría procesados por tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas”, contó el mayor Luis Rincón, enlace de la Policía Metropolitana para el manejo de los privados de la libertad (ver entrevista).

Por su presunta participación en el episodio de Belén, el pasado 10 de febrero fueron capturados el patrullero Leonardo Flórez Mercado, de 48 años y oriundo de Sincelejo (Sucre), quien fungía como custodio; y el intendente Juan Carlos Taité Carvajal, de 47 y nacido en Ciénaga (Magdalena), jefe de Vigilancia de la estación. La Institución los separó de sus funciones.

La Fiscalía les imputó cargos por favorecimiento de fuga agravado y cohecho propio. Ante el Juzgado 42 Penal Municipal de Medellín, los uniformados se declararon inocentes.

Tras la exposición del caso, en la que el ente acusador sumó otros testimonios distintos al de “Marlon”, los abogados de Flórez y Taité desestimaron las pruebas.

A su parecer, había contradicciones en la evidencia. Resaltaron la intachable hoja de vida de sus prohijados y defendieron su presunción de inocencia.

La juez decidió otorgarles la detención domiciliaria, argumentando que llevarlos a la cárcel no era una medida urgente ni necesaria, pues ya estaban separados de sus cargos y no podrían interferir en el caso. La Fiscalía apeló ese fallo.

Fugas bajo la lupa

Más allá de estas dos capturas, las únicas producidas hasta ahora por los 33 fugados del año anterior, la investigación judicial puso el dedo en la llaga sobre los supuestos sobornos en estaciones policiales.

En la madrugada del 27 de diciembre de 2019 se fugaron 16 internos del calabozo de la estación del Doce de Octubre. De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, rompieron unos barrotes y parte del techo del lugar, sin que los custodios, al parecer, se percataran de la situación. En ese momento había 90 presos, en un recinto con capacidad para 20.

Entre los escapados estuvo Wilson Ríos López, alias “Monopepe” (foto), presunto cabecilla de la banda “la Raya”, una de las más peligrosas de Medellín e Itagüí, dedicada al sicariato, narcotráfico y extorsiones. Un juez le había dictado medida de aseguramiento en la cárcel dos meses antes, por tráfico de armas.

El 12 de septiembre de 2019 se evadió Héctor Emilio Palacios Tapia (“Chavo” u “Ocho”), quien estaba detenido en la sede de la Sijín, en el barrio Caribe de Medellín. Según la Fiscalía, este hombre es cabecilla del Clan del Golfo en el municipio de Turbo y era investigado por cinco asesinatos, atentados contra policías y cobro de extorsiones.

El día anterior a la huida, fingió sufrir de diarrea, por lo que varias veces pedía que lo escoltaran al baño. A la 1:30 a.m. se desató una pelea, al parecer simulada, entre varios de los 160 presos que estaban dentro de un corral improvisado, en el parqueadero de la Sijín. Mientras los custodios trataban de controlar la reyerta, “Chavo” salió del inodoro y huyó trepándose por un muro que da a la calle. No ha sido recapturado.

Por estos incidentes hay investigaciones internas de carácter disciplinario contra otros policías, para determinar si tuvieron responsabilidad, afirmó el mayor Rincón.

Jorge Carmona, presidente de la Veeduría Penitenciaria Nacional, comentó que “la crisis carcelaria se volvió un negocio de todo tipo”.

Añadió que “el panorama de los derechos humanos es desolador, hay maltratos de las autoridades hacia los internos, y de los internos hacia los internos. Hace dos semanas hirieron a machete a un preso en Candelaria, ¿cómo entraron esa arma a la estación? Por esas armas se paga dinero, eso se llama corrupción”.

Indicó que ni la Policía ni el Inpec tienen los recursos suficientes para impedir que se conformen bandas que sometan a los otros presidiarios, “es un problema social gravísimo”.

En 2019 fueron asesinados dos presos en la estación Candelaria (centro de Medellín) y otro más quedó gravemente herido por unas puñaladas en la de Castilla, al parecer por negarse a pagar la vacuna carcelaria.

“Hay una empresa criminal, una estructura montada”, ratificó la fiscal, enfatizando en que hay otros policías investigados en el expediente y más adelante serán imputados.

La funcionaria expuso que la noche de la fuga, “Marlon” y “Roger” salieron a pie por el parqueadero de las motos incautadas. Según el primero, dos policías les apuntaron con fusiles desde lejos.

- “¡Quietos, quietos!”, gritaron los centinelas.

- “No, ya cuadramos”, respondió “Marlon”.

- “Ah listo, hágale”, oyeron los presos, después de lo cual abordaron un taxi que los esperaba afuera.

Contexto de la Noticia

PARA SABER MÁS el proyecto de una nueva cárcel

En septiembre de 2019, la Alcaldía de Medellín presentó el boceto para construir una cárcel Municipal en un terreno aledaño a la penitenciaría de El Pedregal, en el corregimiento San Cristóbal. El proyecto, elaborado en conjunto con la Agencia de Alianzas Público Privadas (APP), contempla la construcción de cuatro pabellones para 1.300 reclusos, la mayoría de ellos sindicados (1.260).

El valor de esta obra fue calculado inicialmente en $106.000 millones.

Sobre esta idea, la actual Alcaldía no ha emitido un pronunciamiento oficial. En un próximo artículo analizaremos el estado de este proyecto.

Son 450 policías para 1.830 presos Mayor Luis Rincón Monsalve,
enlace de la Policía Metropolitana para el manejo de los privados de la libertad.

¿Cuál es la situación en los calabozos?

“Contamos con una sobrepoblación del 490% con relación a la capacidad de las 22 estaciones del Valle de Aburrá. Hoy tenemos 1.830 internos, cuando la capacidad de estas salas de reflexión es de 350 personas. Tenemos unas salas de detención transitoria, pero debido al hacinamiento en las cárceles, a la Policía le cayó esa responsabilidad. El máximo pico que tuvimos fue de 2.200 presos, y gracias a un fallo de tutela y la orden de un juez, el Inpec nos ha ido ayudando a evacuarlos”.

¿Qué delitos cometieron esas personas?

“La mayoría están por concierto para delinquir, porte ilegal de armas y tráfico de estupefacientes. De los 1.830 internos, 14 son mujeres, que están en la subestación de San Cristóbal. Tenemos 1.681 sindicados y 149 condenados, de los cuales 85 están para cumplir la sentencia en cárceles y otros 64 en detención domiciliaria”.


¿Cuántos policías hay para ese servicio?

“Hay 450 policías para cubrir el tema de los retenidos. Según la cantidad de detenidos, se asignan los custodios: a veces hay un policía por 15 presos, o siete para 250. En la estación Candelaria, la capacidad es para 100 detenidos y hay 273. Además de la custodia, hay que destinar policías para los desplazamientos a centros médicos, llevarlos al juzgado o a trámites administrativos. Se destinan hasta tres patrullas de cuadrantes por cada estación para eso, lo que afecta el servicio de cara a la ciudadanía”.

¿Las celdas si están acondicionadas?

“No son instalaciones adecuadas para mantener capturados por tiempo postergado. No hay condiciones de salubridad suficientes”.

¿Cómo se han fugado los internos?

“Aprovechan sus remisiones a citas médicas, y cuando el doctor se descuida, se evaden. Hay otros que dañan las rejas o hacen rotos en las celdas, como pasó en la estación del Doce de Octubre (2019), cuando rompieron los barrotes de la parte superior”.

La Fiscalía afirma que hay corrupción, ¿cuántos policías han sido detenidos?

“Solo dos, por la fuga de la estación Belén. Otros policías tienen investigaciones disciplinarias en curso”.

¿Qué medidas han tomado para evitar estas fugas?

“Si somos alertados de algún plan de fuga, se traslada a los internos a otras estaciones. Hacemos intervenciones semanales con el Esmad y la Personería, para incautar celulares, armas y estupefacientes. En enero incautamos 227 gramos de marihuana y 25 celulares. Si hay internos amenazados por otros, también los trasladamos para garantizarles su tranquilidad”.

el prontuario de alias “roger” o “el ruso”

Al cumplir la mayoría de la pena por concierto para delinquir (siete años y tres meses), y gracias a las rebajas por buena conducta, “Roger” regresó a la ilegalidad en las calles, por lo que la Fiscalía y el Gaula le abrieron un nuevo proceso por extorsión, concierto para delinquir y desplazamiento forzado.

La condena más alta en su contra es por tentativa de homicidio agravada, en una investigación de más de siete años. En 2016 fue absuelto por Armando Vásquez García, el Juez Primero Penal del Circuito de Bello, quien hace dos meses fue detenido por supuestos actos de corrupción, sospechoso de emitir fallos contrarios a la evidencia para favorecer a integrantes de las bandas.

El fallo del juez Vásquez fue revocado en segunda instancia por el Tribunal Superior de Medellín, que condenó al cabecilla el 24 de mayo de 2019, a pagar 16 años y ocho meses por su participación en la tentativa de homicidio.

La víctima de ese delito fue un adolescente de 17 años, que urgido de plata suplantó a los cobradores de vacunas de “la Camila” para sacarle dinero a la comunidad. Aunque el popular refrán diga “ladrón que roba a ladrón tiene cien años de perdón”, en el bajo mundo de Bello las cosas son a otro precio, y “Roger” ordenó aniquilarlo.

Con tres secuaces atrapó al joven el 1 de junio de 2012, en el sector El Tapón, y en un taxi lo llevaron a La Carrilera, una enramada deshabitada que bordea a Niquía. Sin piedad de sus ruegos, le clavaron nueve cuchilladas en la espalda y la nuca, frente a la mirada impávida de “Roger”. Creyéndolo muerto, lo tiraron a una zanja y se desvanecieron, pero aquel día no estaba escrito el final del muchacho, por lo que fue rescatado por milagrosos transeúntes y salvado en una clínica. El 29 de mayo de 2019, cinco días después de emitida la condena en segunda instancia, el Gaula capturó al cabecilla, por lo que terminó en la mazmorra de Belén.

Egresado de la U.P.B. Periodista del Área de Investigaciones, especializado en temas de seguridad, crimen organizado y delincuencia local y transnacional.

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