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Juez declaró ilegal el embargo de bienes a José Piedrahíta

  • José Byron Piedrahíta sostiene el fallo de un juzgado de Antioquia, que ordena el desembargo de sus propiedades. FOTO: Donaldo Zuluaga Velilla.
    José Byron Piedrahíta sostiene el fallo de un juzgado de Antioquia, que ordena el desembargo de sus propiedades. FOTO: Donaldo Zuluaga Velilla.
  • La casa de José Byron Piedrahíta en el sector el Atravesado, de Envigado, está valorada en 5.000 millones de pesos, y actualmente la hipoteca es de $3.000 millones. FOTO: Donaldo Zuluaga.
    La casa de José Byron Piedrahíta en el sector el Atravesado, de Envigado, está valorada en 5.000 millones de pesos, y actualmente la hipoteca es de $3.000 millones. FOTO: Donaldo Zuluaga.
  • Al incluirlo en la Lista Clinton en mayo de 2016, el Departamento del Tesoro de EE.UU. presentó este organigrama de José Piedrahíta, sus socios y núcleo familiar. FOTO: Cortesía del Departamento del Tesoro.
    Al incluirlo en la Lista Clinton en mayo de 2016, el Departamento del Tesoro de EE.UU. presentó este organigrama de José Piedrahíta, sus socios y núcleo familiar. FOTO: Cortesía del Departamento del Tesoro.
Por: Nelson Matta Colorado | Publicado el 10 de abril de 2017

Un juzgado de Extinción de Dominio declaró ilegales las medidas cautelares de embargo y secuestro que la Fiscalía había impuesto en contra de varios bienes de José Byron Piedrahíta Ceballos, un empresario antioqueño que las autoridades colombianas y estadounidenses catalogaron como presunto socio del cartel de Cali y de la banda “la Oficina”.

Los señalamientos en contra del ciudadano de 58 años, oriundo de Bello, comenzaron el 03/5/16, cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de EE.UU. lo incluyó en la Lista Clinton, aplicándole sanciones financieras a él, su núcleo familiar y cuatro empleados, al igual que a once empresas que posee en Colombia, Panamá, Argentina y Guatemala.

La Ofac reveló en ese entonces que en su contra también había un expediente en la Corte del Distrito Oeste de Virginia, desde 1997, por el supuesto delito de lavado de activos.

LEA AQUÍ LA NOTA: En la mira de E.U. presunto patrocinador de “la Oficina”.

La decisión causó sorpresa en la subregión del Bajo Cauca, donde las compañías de Piedrahíta generan cerca de 600 empleos directos, por medio de las firmas Subasta Ganadera de Caucasia, Frigorífico del Cauca y Arrocera Contadora, entre otras.

Aunque el propietario siempre ha defendido su inocencia, la sanción impuesta por EE.UU. derivó en la apertura de un proceso judicial en Colombia. Así lo explicó el 18/10/16 Andrea del Pilar Malagón, directora de la Fiscalía Especializada de Extinción de Dominio: “dentro de las investigaciones que se adelantaron a partir de esa inclusión (en la Lista Clinton), la Fiscalía detectó incrementos patrimoniales injustificados desde 1997, que trajeron como consecuencia la imposición de medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo con fines de extinción de dominio, en contra de 18 bienes (incluyendo una sociedad)”, que fueron ocupados entre el 12 y el 14 de octubre pasados en Antioquia, Córdoba y Bogotá, los cuales tendrían un valor cercano a los 13 millones de dólares, según el ente judicial.

LEA AQUÍ LA NOTA: Fiscalía ocupó bienes de presunto patrocinador de “la Oficina”.

El fallo del juzgado

Las medidas en contra de las propiedades de José Piedrahíta y su familia fueron aplicadas por la Fiscalía 10 Especializada de la Unidad de Extinción de Dominio (05/9/16), que basó varias de sus argumentaciones en los informes de la Ofac y la DEA.

La defensa del empresario, liderada por la exfiscal Fanny Leal Granados, interpuso ante el juzgado un recurso de control de legalidad, logrando demostrar que el organismo acusador se excedió en sus determinaciones, según el fallo del Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado en Extinción de Dominio de Antioquia (radicado 0500 3120 002 2016 0002800), proferido el pasado 28 de marzo.

En el proceso, la defensa explicó que la Fiscalía incurrió en varias anomalías: dijo que los afectados no declaraban renta, cuando su cliente posee la documentación que certifica dichos pagos; que los informes de la Ofac y la DEA – autoridades extranjeras- no se pueden constituir en prueba judicial de un ilícito, tal cual lo señala la Corte Constitucional en la Sentencia T-468 de 2003; que no existía la urgencia para decretar tales medidas, porque no había riesgo de que Piedrahíta comercializara los bienes, pues están hipotecados con el banco, sometidos a la Ley de Reorganización Empresarial (producto de afectaciones económicas por un paro camionero) y porque la misma sanción en Lista Clinton impide su venta.

“La fiscal señaló que la familia Piedrahíta no declaraba renta y que era sospechoso que hubiera adquirido bienes costosos sin dichas declaraciones, algo que no solo constituye una falta de prueba sino una falsedad, porque se probó que él y su familia declaran renta desde hace 30 años”, indicó Wilton Hernández, investigador privado al servicio de la defensa.

La argumentación de los abogados del empresario también cuestionó el hecho de que la Fiscalía hubiese tomado un artículo de prensa sobre el cartel de Cali para anexarlo entre las pruebas, sin la documentación de soporte, y que en la diligencia de embargo hubiera participado un agente de la DEA, quien personalmente registró la habitación de Piedrahíta, sin tener orden para ello y configurando una posible intromisión en la soberanía judicial de Colombia.

Estas situaciones llevaron a la Procuraduría a contemplar la constitución de una Agencia Especial para estudiar el caso, ante una posible afectación de la independencia de la administración de justicia y las garantías procesales (informe de la Procuraduría 114 Judicial II Penal del 12/12/16).

Así las cosas, el Juzgado resolvió “declarar la ilegalidad de las medidas cautelares de embargo y secuestro impuestas por la Fiscalía” y ordenó a la Sociedad de Activos Especiales la entrega inmediata de los bienes, pero validó la legalidad de la medida de suspensión del poder dispositivo de Piedrahíta sobre los mismos, mientras continúa el proceso.

Ahora le corresponde a la Fiscalía decidir si prosigue con la investigación de extinción de dominio (fijar las pretensiones), o si archiva las diligencias. Sobre la decisión del Juzgado, la entidad no formuló apelación.

“Comercialmente estoy destruido”

José Byron Piedrahíta Ceballos es subteniente retirado del Ejército (1983). Estudió Economía en la Escuela Militar de Cadetes y llegó a ser director del colegio militar José María Córdova.

Según él, comenzó a crear su fortuna en los años 80, cuando compró un par de ferreterías en el centro de Medellín; luego las vendió y se mudó al Valle del Cauca, donde con un socio invirtió en la tecnificación de plantas de sacrificio, con la empresa FrigoYumbo.

En la década del noventa, con la bonanza cafetera, ingresó a la Federación de Cafeteros, adquirió fincas en Sevilla (Valle) y Anserma (Caldas), donde llegó a sembrar más de un millón de matas. Al llegar el siglo XXI, montó empresas en el Bajo Cauca y se especializó en el sector de la ganadería.

Con su compañía DistriPanamá (sucursales en Ciudad de Panamá y Argentina), se convirtió en el segundo exportador de pieles de ganado más grande de Colombia, llevando la mercancía hasta China.

Ahora Piedrahíta dice que, tras la inclusión en la Lista Clinton y el proceso de extinción de dominio iniciado por la Fiscalía, está “comercialmente destruido”.

Se reitera en su inocencia y afirma que sus abogados están aportando las pruebas para demostrarla en los estrados de Estados Unidos. EL COLOMBIANO lo entrevistó en su residencia, en Envigado.

¿Cuáles eran los bienes afectados con las medidas cautelares y cuánto valen?

“La Subasta Ganadera de Caucasia, la casa donde vivo (Envigado), una finca en Barbosa (Antioquia), unas bodegas en Bogotá y unas fincas en Arboletes. No tengo exactamente el avalúo comercial, pero tenían hipotecas con Bancolombia de alrededor de 18 mil millones de pesos”.

Como empresario, ¿qué perjuicio le han generado las investigaciones en su contra?

“Me afectó en todos los aspectos, porque yo comercialmente estoy destruido, mis bienes quedaron con el INRI en sus certificados de libertad, donde aparece que fueron afectados por un proceso de extinción de dominio, y así queden desafectados nadie va a comprarlos. Yo genero unos 600 empleos directos en Bajo Cauca y Antioquia. La empresa DistriPanamá la tuvimos que cerrar, era exportadora de cueros para Asia, ya no podemos exportar, no tenemos cuenta corriente ni vínculos comerciales con nadie. Teníamos unas 25 personas, que fueron despedidas, y en las otras empresas en Colombia tuvimos que despedir otras cien”.

¿Qué salidas ve desde lo empresarial?

“Es complicado, ya en la parte empresarial es muy difícil recuperar el prestigio que tenía antes, hay que volver a empezar con empresas nuevas, sociedades diferentes, porque las de antes ya están prácticamente acabadas”.

Teniendo en cuenta el fallo del juzgado, ¿por qué cree que la Fiscalía le embargó los bienes sin tener pruebas suficientes?

“Considero que hay muchos factores externos y que la Fiscalía se apresuró a hacerlo por la intromisión de entes del gobierno americano”.

Pero adicional a este proceso, hay otros dos en EE.UU., uno penal de 1997 y otro administrativo por la Lista Clinton de 2016, ¿esos en qué van?

“Yo me presenté a la Embajada americana y estoy en el proceso de demostrar mi inocencia con mi abogado, el doctor Luis Guerra”.

El proceso en la justicia colombiana se deriva de las investigaciones en EE.UU., donde afirman que usted financió a “la Oficina” y al cartel de Cali. ¿Eso es verdad?

“Falso”.

¿Y entonces de dónde salió una acusación tan grave?

“Eso viene de una infinidad de denuncias que vengo colocando hace más de 12 años contra estos grupos al margen de la ley, tanto a ‘la Oficina de Envigado’ como a ‘los Urabeños’ y otros grupos armados, por encontrarme yo en esta región del país tan vulnerable a todo esto (Bajo Cauca). Una forma de ellos afectarme ha sido que han hablado algo de mí, diciendo que los he financiado. La Fiscalía no se ha tomado ni siquiera el tiempo para llamarme a que les explique las denuncias que tengo contra esos grupos. No hay ningún detenido. Hay denuncias por extorsión, desplazamiento forzado y asesinato de mis empleados”.

¿Cómo fue ese asesinato?

“Llegaron a una finca mía en San Pedro de Urabá, se apoderaron de la casa, entre ellos alias ‘Mi Sangre’, Henry López Londoño. Entró a beber con unas mujeres y puso a atender al casero de la finca. Dijo que el muchacho miró a una de las mujeres de él y lo mataron. Yo denuncié eso en su momento y ni siquiera se hizo una investigación”.

¿Usted ha recibido amenazas?

“No he recibido amenazas, pero sí siento temor, porque veo que en el sector donde yo me muevo las cosas no están bien, en Caucasia estos grupos todos los días cogen más fuerza y el mando lo tienen todavía las personas que están recluidas en cárceles de Estados Unidos y Colombia, entonces mi vida va a estar en peligro. Temo que haya una conspiración en contra mía en cárceles de Estados Unidos”.

Contexto de la Noticia

Egresado de la U.P.B. Periodista del Área de Investigaciones, especializado en temas de seguridad, crimen organizado y delincuencia local y transnacional.

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