Una red de mujeres que transporta estupefacientes en genitales y un ingenioso método para catapultar droga a la cárcel, quedaron expuestos en una investigación judicial que lleva dos años.
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Las trampas para meter la droga a las cárceles del Valle de Aburrá
Esta es la historia detrás del arresto de 29 personas, incluyendo cinco funcionarios, que trafican en prisión.
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La cárcel El Pedregal, inaugurada en 2010. FOTO Julio C. Herrera -
Desde este bosque aledaño a la casona, arrojaron los paquetes de droga a la cárcel El Pedregal. Foto Cortesía -
El empaque, denominado “bebé”, pesa una libra y lleva varios tipos de drogas. Fotos Cortesía -
Estos son los envoltorios conocidos como “chitos” o “confites”, que las transportadoras llevan. FOTO: CORTESÍA. -
Estos fueron los paquetes de droga que los traficantes lanzaron a El Pedregal en 2020, y que fueron recuperados en el sitio por algunos vigilantes. FOTO: CORTESÍA.
“¿Te duele mucho? ¿Cuánto puede durar eso ahí metido?”, le preguntó por teléfono el expatrullero Luis Polo Rojano a su novia Carolina Montes, con quien se había confabulado para llevar estupefacientes de contrabando a la cárcel de Bellavista. Ella, con media libra de droga en sus partes íntimas, confirmó que le dolía, pero que se aguantaba hasta llegar a la prisión.
“Con el favor de Dios todo va a salir bien”, le dijo el reo, sin saber que estaba siendo monitoreado por la sala Zeus de la Fiscalía. Esta fue una de las cerca de 2.000 conversaciones interceptadas por las autoridades en el marco de una investigación contra las mafias que inundan de narcóticos los centros carcelarios del Valle de Aburrá y el país.
EL COLOMBIANO tuvo acceso exclusivo al expediente, que en los últimos dos años ha judicializado a 29 personas, en las que hay cinco funcionarios del Inpec, dos expolicías, cuatro internos y 18 mujeres visitadoras.
Las pesquisas comenzaron en 2019, a partir de una operación contra “la Roja”, una banda dedicada al hurto de automotores, que delinque en el oriente de Medellín. Algunos miembros del grupo necesitaban que les llevaran alucinógenos al penal y consultaron quién podría hacerlo.
Esas llamadas condujeron a los investigadores a una red que recluta mujeres y las entrena para burlar la vigilancia carcelaria y transportar los alijos al interior de las prisiones.
Al frente de la organización estarían Orlando Padilla Sarmiento (“Comandante”), un exmiembro de la Sijín Antioquia, destituido en 2014 y condenado por concierto para delinquir agravado; y el expatrullero Luis Polo Rojano (“Locomía”), quien laboró en la Policía de Urabá, fue expulsado en 2017 y sentenciado por hurto y secuestro extorsivo. Según la Fiscalía, ambos coordinaban la distribución de los narcóticos en las prisiones de Bellavista, El Pedregal e Itagüí, e inmiscuyeron en el negocio a sus compañeras sentimentales.
La manera en que ellas y otras mujeres les llevaban la droga, usando sus cuerpos como bodegas, es una expresión de la más cruda degradación humana.
Desde este bosque aledaño a la casona, arrojaron los paquetes de droga a la cárcel El Pedregal. Foto Cortesía
Bodegas humanas
Las elegidas para camuflar la droga suelen ser mujeres que padecen difíciles condiciones socioeconómicas, en este caso de la zona Norte de Medellín y el municipio de Bello. Según sus capacidades, se dividen en tres grupos: las reclutadoras seleccionan al personal entre sus allegadas del barrio o perfilando candidatas en las filas de visita a los penales.
Otras se encargan de empacar la mercancía en sus casas. De acuerdo con la evidencia, fabrican envoltorios de plástico, látex y papel adhesivo, similar al que se usa para el embalaje de maletas en los aeropuertos. Cada envoltura tiene una denominación: los “chitos” o “confites” son de aspecto pequeño y redondo; las “torres” o “chorizos”, de forma cilíndrica; y los “bebés”, grandes y ovalados.
Un solo envoltorio contiene varios de subempaques, unos con cocaína, otros con marihuana, rivotril y tusibí, enrollados con cintas de colores, según el cliente, porque una “mula” puede surtir a varios jíbaros.
“Los 12 de Leiner llevan una cinta verde atravesada en la mitad; los 40 de Nilson, amarillos como siempre; y los de Santa Fe, rojos todos los 20”, explicó la empacadora Olga Echeverri Arias, en otra interceptación.
Los paquetes son examinados en grameras, para verificar que no pesen más de 500 gr., y luego embadurnados con ungüentos, lociones y suavizante de ropa para confundir el olfato de los perros antinarcóticos.
Las transportadoras se introducen estos objetos en la cavidad vaginal y el recto. Las más osadas agregan pequeñas navajas o celulares, y las “nalgonas” guardan tarjetas SIM entre sus glúteos.
Cada una puede hacer entre uno y dos ingresos semanales a distintas cárceles, y es tanta la demanda que a veces no dan abasto. Así quedó claro en un diálogo entre Gloria Márquez (“la Gorda”), una de las reclutadoras más veteranas, y un interno que le pidió “una muchacha para encomienda cada ocho días”.
“Para está semana ya no hay, todas están comprometidas desde el martes o miércoles”, le contestó.
Este trajín genera afectaciones emocionales y físicas para las mujeres. En sus conversaciones son constantes las quejas por dolores de riñón y cabeza, estomacales, lumbares, inflaciones vaginales y escoriaciones, que tratan de mitigar con lidocaína y cremas caseras.
Finalmente, está el rol de las financieras, que prestan sus cuentas de ahorros para recibir los pagos. Las familias de los consumidores les consignan o hacen giros por empresas de encomiendas.
En los registros bancarios de Carolina Montes, la cónyuge del expatrullero Polo, se encontró que recibía en promedio tres consignaciones diarias, por montos entre $10.000 y $1’300.000, al parecer producto de estos pagos.
El empaque, denominado “bebé”, pesa una libra y lleva varios tipos de drogas. Fotos Cortesía
La trama conyugal
Para ingresar el estupefaciente a las prisiones, la red tiene montada una trama alrededor de las visitas conyugales. En una de las conversaciones, “la Gorda” dialoga con un recluso, el cual le pide un encargo, porque su habitual transportadora no está disponible.
- “Yo la anoto a usted en la conyugal, y sacamos un papel extrajuicio en una notaría, con dos testigos que digan que somos pareja hace seis meses”.
- “Yo saco eso con unas amigas”, le respondió “la Gorda”.
En estos trámites, la banda se cuida de escoger bien los perfiles, para hacer más creíble la farsa y “no ir a emparejar una vieja con un muchacho”, tal cual dijo Olga en un audio.
Uno de los récords más impresionantes lo tiene la transportadora Biuti Hernández Llorente. Según el Inpec, entre 2011 y 2020 hizo 831 visitas conyugales, a 33 internos distintos y en cuatro cárceles diferentes. Eso equivale a ocho ingresos mensuales en promedio.
Le sigue Edilma Palacios Palacios, con 202 visitas entre 2015 y 2020, a 11 presos de dos establecimientos, para un promedio de tres jornadas conyugales al mes.
El perfeccionamiento de los métodos impulsó a la estructura a expandir su campo de acción por fuera de Antioquia, y las autoridades le detectaron “vueltas” en penales de Meta, San Andrés, Caldas, Boyacá, Cundinamarca y Magdalena Medio. También viajan como correos humanos a España.
Estos son los envoltorios conocidos como “chitos” o “confites”, que las transportadoras llevan. FOTO: CORTESÍA.
Corrupción
Para la Fiscalía, convertir las prisiones en plazas de vicio no sería posible sin corrupción estatal. El primero en ser descubierto fue el dragoneante Jeisson Baquero, quien prestaba su servicio en Bellavista desde 2013.
En la sala Zeus le descubrieron negocios con el expatrullero Polo y su novia, a quien el funcionario al parecer le recibía paquetes de droga en las afueras de la cárcel. En algunos casos hicieron llamadas tripartitas para coordinar ese asunto.
En una conversación del 26 de marzo de 2019, Baquero y Polo acordaron el precio de “los choricitos”: “Yo le voy a sacar pal’ fresquito a eso, quedamos en 9 de lo anterior, más 750, más 40 luquitas. ¿De los choricitos me dan plata?”, indagó el custodio, y Polo le contestó que sí, que “de una”.
Los otros cuatro funcionarios arrestados en esta investigación trabajaban en la cárcel El Pedregal: el inspector John Carlos Ruiz Parra, los dragoneantes Víctor Román Reyes y Dany Cano Ibarra, y el auxiliar bachiller Sergio Cadavid Muñoz. Sus actuaciones destaparon una insólita modalidad para introducir estupefacientes al lugar, en la madrugada del 13 de junio de 2020.
En ese entonces las visitas carcelarias estaban restringidas, debido a la pandemia, por lo que los narcos idearon nuevos métodos. “A las 2:00 a.m. comienza la fiesta”, le dijo Román a un subalterno, al tiempo que sus cómplices se ubicaron en puntos estratégicos.
Aprovechando la lluvia y la neblina, un puñado de traficantes llegó a un bosque aledaño al presidio, en zona rural del corregimiento San Cristóbal, de Medellín. Desde allí, usando una especie de cauchera gigante como catapulta, lanzaron durante 10 minutos cerca de 30 paquetes de marihuana y cocaína.
Los envoltorios pasaron por encima de la malla exterior, de 5 metros de altura, y cayeron a la grama de la guayana interna, junto a una casona.
Según el relato de testigos, los procesados recogieron los paquetes y los llevaron hasta el pabellón de mediana seguridad. Los internos para los cuales iba la mercancía estaban en pisos superiores, y desde allí lanzaron cuerdas, simulando cañas de pescar. En las cámaras de vigilancia se vio cómo subieron los alijos de esa forma.
Horas después, cuando el día se aclaró, el canino antinarcóticos Kepcha descubrió nueve paquetes olvidados en la maleza, lo que desató una investigación interna. Dos auxiliares que atestiguaron en el caso y fueron amenazados de muerte, contaron lo ocurrido, y el 23 de junio siguiente fue allanado el pabellón de mediana seguridad, encontrando bajo una cama una tula con el resto del cargamento (17 envoltorios). En total fueron 37 kilos de marihuana y 1.7 kilos de cocaína.
Las 29 personas han sido capturadas en tres fases (diciembre de 2019, noviembre de 2020 y marzo de 2021), pero las autoridades no han cerrado la investigación, sospechando que hay más involucrados.
De todos ellos, las que más se exponen son las transportadoras, pues siete cayeron en flagrancias, tras ser descubiertas por los perros en las requisas de la entrada. Lo paradójico es que, a pesar de tanto trabajo, a veces no les pagan o reciben “miserables” 60.000 pesos por cada incursión.
Así quedó establecido en las conversaciones, en las que muchas se quejan porque ni siquiera tienen plata para los pasajes. “La Gorda”, con 11 años en el oficio, lo expresó en una de sus llamadas, después de ser detenida: “A los que les trabajé duro todos estos años ya no se acuerdan de mí, estoy mal, y hasta me van a cortar el celular por falta de pago”.
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