Salir sola a la calle o caminar en la oscuridad se ha vuelto un tormento para Camila*, una joven lesbiana víctima de agresión sexual en el municipio de Santa Rosa de Osos.
“De repente me dan ganas de llorar, cada vez que me viene esa imagen a la cabeza”, relata la mujer de 22 años, quien trabaja haciendo aseo en la citada localidad del Norte antioqueño.
El hecho que la entristece ocurrió en la madrugada del pasado 8 de octubre, en pleno casco urbano. Narra que a eso de la 1:30 a.m. salió de la discoteca Las Palmas, en el parque principal, en donde estuvo bebiendo licor con algunas amigas. La muchacha cuenta que estaba en alto grado de embriaguez, por lo que se disponía a marcharse a su casa.
En ese momento apareció un vecino, quien al parecer se ofreció a acompañarla. Aunque los recuerdos de aquella madrugada son todavía difusos, Camila cuenta que el tipo, de 32 años y apodado “Pitufo”, trató de abrazarla en varias oportunidades, insistiendo en que le dijera por qué no le gustaban los hombres.
Al pasar por un sector conocido como El Pinal, de acuerdo con la denuncia instaurada en la Fiscalía, la empujó hacia una manga desolada y con escasa iluminación, donde cometió el ultraje.
Un familiar de Camila narra que ella llegó a la casa a eso de las 3:00 a.m. “Entró tirando la puerta, estaba llorando y toda empantanada, pero no quiso decirnos nada y se encerró en el cuarto”.
La joven fue al baño a las 8:20 a.m. y se observó un profuso sangrado. Notó también que su ropa interior estaba llena de pantano y manchas de sangre, y fue ahí cuando su mente se aclaró.
Recordó que una semana antes, “Pitufo” había comenzado una serie de ofensas e insinuaciones. “Me decía que yo tenía que probar un macho, para que dejara la bobada de estar ‘arepiando’”, señala la perjudicada, quien desde la infancia se ha identificado como homosexual y hace dos años tiene novia.
Tras contarle lo ocurrido a los familiares, fue a la sede local del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), donde los agentes la guiaron en la diligencia. Un diagnóstico médico legal confirmó la violación y se instauró la denuncia formal por el delito de acceso carnal abusivo con incapaz de resistir (artículo 210 del Código Penal).
Con la denuncia formulada, los allegados a Camila esperaban una pronta actuación de las autoridades, pero eso no ocurrió. Por tal motivo, agredieron al sospechoso, quien se hospedaba frente a la vivienda de la víctima. La Policía intervino y lo rescató.
Después de las diligencias de individualización en la estación policial, el hombre huyó del pueblo.
Esperando a la justicia
Han pasado dos semanas desde el crimen, y a la fecha Camila no ha recibido ninguna clase de acompañamiento de las autoridades. La Fiscalía Local no la ha remitido a la unidad especial de delitos sexuales, no le han asignado tratamiento psicológico y el sospechoso está libre, sin siquiera una orden de captura expedida.
El secretario de Gobierno de Santa Rosa de Osos, Diego Pérez Jaramillo, comenta que “el CTI hizo todos los actos urgentes, la individualización, tomó testimonios, enviaron la carpeta con el plan metodológico al fiscal para que hiciera la solicitud de orden de captura al juzgado, pero él tomó la decisión de no iniciar el proceso, y seguir la investigación en el plan metodológico. Tampoco ha solicitado ninguna otra actuación en el marco de este proceso. Es un tema que tanto al CTI como a la Administración Municipal se nos sale de las manos, porque fue decisión del fiscal”.
Alejandro Gamboa, activista por los derechos de la comunidad Lgtbi y coordinador de los proyectos de Diversidad de la Secretaría de Cultura de la Alcaldía de Medellín, precisa que este tipo de situaciones son comunes en Antioquia.
“Según el último informe de Colombia Diversa y otras organizaciones, los casos de violencia contra los Lgbti no se están investigando con la debida celeridad”, indica, y añade que en 2015 hubo 110 homicidios contra miembros de esta comunidad en el país. El departamento que aportó la mayor cantidad de víctimas fue Antioquia, con 22 asesinados por su condición de género.
Gamboa critica que mientras desde la Dirección Nacional de la Fiscalía se están expidiendo resoluciones para abordar estos casos de manera diferenciada, esas medidas no se estén aplicando en el ámbito local. “En lo penal, estos hechos tienen agravantes punitivos por tratarse de un acto específico de discriminación, pero los fiscales no lo están ratificando en sus imputaciones”, dice.
El secretario Pérez señala que dentro del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana tienen herramientas dispuestas para prevenir más casos como este, y que “se está revisando la política pública que tenemos de juventudes para incluir a la población diversa, y así establecer una política especial para la comunidad Lgbti”.
Añade que buscará que por medio de la Comisaría de Familia y la Casa de la Juventud municipal se le ayude a la joven, buscando mitigar las consecuencias de lo sucedido.
“Para la Administración Municipal es lamentable que desde los mismos órganos de justicia no se tomen las medidas necesarias para prevenir la situación, porque con todo el trabajo metodológico que hizo el CTI se tenían todas las herramientas para solicitar la orden de captura, y no sabemos por qué el fiscal no lo ha hecho”.
Este diario se comunicó con la Fiscalía y está a la espera de una respuesta frente a la situación.
Días después del ataque, el sospechoso llamó al celular de Camila, instigándola para que retirara la denuncia y dijera que había accedido voluntariamente. “Eso es mentiras, a mí nunca me han gustado los hombres”, ratifica la víctima.
*Identidad reservada por seguridad.
