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Polémica por proyecto del Gobierno para delimitar zona de protección en el suroeste antioqueño

La iniciativa cobijaría más de 90.000 hectáreas y cuestionan que podría poner punto final a minería y algunos proyectos agrícolas.

  • El proyecto se enfocaría en Caramanta, Jardín, Valparaíso, Andes, Támesis, La Pintada, Jericó, Pueblorrico, Tarso, Fredonia y Santa Bárbara, por el lado de Antioquia. FOTO ARCHIVO
    El proyecto se enfocaría en Caramanta, Jardín, Valparaíso, Andes, Támesis, La Pintada, Jericó, Pueblorrico, Tarso, Fredonia y Santa Bárbara, por el lado de Antioquia. FOTO ARCHIVO
  • Polémica por proyecto del Gobierno para delimitar zona de protección en el suroeste antioqueño
05 de febrero de 2023
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En su más reciente visita a Jericó, suroeste antioqueño, el presidente Gustavo Petro dejó clara su visión sobre esta subregión; dijo que su Gobierno “detiene los proyectos mineros” que ponen en riesgo el agua y que su anhelo es que ese municipio “sea un distrito agrario y ecológico”.

No pasó un mes de esa visita y ya se conoció un Proyecto de Resolución encabezado por el Ministerio de Ambiente que busca declarar y delimitar “temporalmente una zona de protección y desarrollo de los recursos naturales renovables y del medio ambiente” en un área de 92.701 hectáreas.

Según se lee en el borrador, la estrategia estaría focalizada en el Suroeste antioqueño, en tanto los municipios de cobertura serían Caramanta, Jardín, Valparaíso, Andes, Támesis, La Pintada, Jericó, Pueblorrico, Tarso, Fredonia y Santa Bárbara.

Puede leer: “El gobierno detiene los proyectos mineros” en Jericó: el polémico anuncio de Petro

Eso sí, también cobijaría a Riosucio y Aguadas, en el departamento de Caldas, y a Mistrató, Risaralda.

Polémica por proyecto del Gobierno para delimitar zona de protección en el suroeste antioqueño

Los efectos

Sobre los efectos que tendría esta declaratoria, el proyecto especifica: “Las autoridades ambientales deberán tener en cuenta las determinaciones que se adoptan en el presente acto administrativo y adoptar las medidas a que haya lugar, dentro de las cuales se encuentra no otorgar permisos, autorizaciones, concesiones, licencias, planes de manejo ambiental y demás instrumentos de manejo y control ambiental para el desarrollo de actividades de alto impacto ambiental”.

Además, uno de sus apartados recuerda que según el Código de Minas no pueden ejecutarse trabajos y obras de exploración y explotación mineras en zonas declaradas y delimitadas como de protección y desarrollo de los recursos naturales renovables o del ambiente.

En la exposición de motivos el Minambiente menciona que para la iniciativa se elaboró previamente un documento técnico basado en diversas fuentes en el que encontró, entre otras cosas, “que en la zona hay presencia de sistemas acuíferos que son aprovechados en la actualidad por cerca de 10.000 pobladores para uso doméstico o abastecimiento público, cuyas zonas de recarga directa de alta importancia fueron identificadas”.

E insiste en que estos acuíferos deben ser protegidos de actividades de alto impacto.

Las reacciones

Aunque apenas se conoció esta semana, la idea ya generó polémica.

“Gran daño causaría esta decisión autoritaria del @MinAmbienteCo en el suroeste de Antioquia. Hasta actividades agrícolas se verán acabadas”, escribió en su cuenta de Twitter el representante a la Cámara por Antioquia, Hernán Cadavid.

Entre varios cuestionamientos dirigidos a la ministra de Medio Ambiente, Susana Muhamad, Cadavid pregunta por qué no se realiza una delimitación similar en el Bajo Cauca, teniendo en cuenta que esta subregión está afectada por la minería ilegal.

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También cuestiona cuál sería el futuro de otros proyectos productivos en el Suroeste como los del sector cafetero y el aguacatero.

Por su lado, el senador Nicolás Echeverry, consideró que aunque en Colombia es necesario priorizar las áreas de reserva, “la resolución, evidentemente improvisada, es violatoria de principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, cuyo desconocimiento afecta la integralidad del territorio y el medio ambiente, la calidad de vida de las personas y su economía, generando pobreza e inequidad”.

La polémica está servida en lo que algunos consideran una medida unilateral del Gobierno, y de ver luz, la delimitación tendría vigencia de un año, aunque podría prorrogarse.

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