La academia antioqueña y nacional lanzó este jueves un llamado urgente al próximo Gobierno para adoptar medidas que atiendan la crisis del sistema de salud y eviten un mayor deterioro. “El sistema se encuentra en un punto crítico que exige decisiones urgentes y técnicamente fundamentadas”, dice el comunicado.
El pronunciamiento fue firmado por la Escuela de Ciencias de la Vida y Medicina y el Tech Business School de la Universidad EIA, la Escuela de Finanzas, Economía y Gobierno de la Universidad Eafit, el Grupo de Economía de la Salud de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia y la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario.
Los académicos señalan que lo que durante décadas fue reconocido como un modelo de aseguramiento con avances en cobertura y equidad “hoy muestra signos evidentes de deterioro en su gobernanza, en su sostenibilidad financiera y, sobre todo, en la capacidad real de garantizar el acceso oportuno a los servicios de salud para millones de ciudadanos”.
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El documento advierte que la insuficiencia de recursos, el retraso en los flujos financieros y el aumento de la siniestralidad del aseguramiento han afectado la estabilidad en la prestación de servicios y el suministro de medicamentos. “Las barreras de acceso a consultas especializadas y procedimientos quirúrgicos se han incrementado, el suministro de medicamentos esenciales presenta fallas recurrentes y el gasto de bolsillo de los hogares va en aumento”, advierten.
El comunicado también señala como factor agravante la incertidumbre institucional. Los firmantes critican la idea —“afortunadamente abandonada”, dicen— de trasladar masivamente afiliados a entidades con limitaciones operativas, y citan el caso de la Nueva EPS, cuyos afiliados iban a ser trasladados masiva y forzosamente por medio de una orden del Gobierno nacional hasta que el Consejo de Estado suspendió provisionalmente el proceso. Al de 2025, Nueva EPS concentraba más del 22% del total de afiliados al sistema en medio de una profunda crisis financiera. “Los riesgos de mayor daño como resultado de la intervención errática en varias de las EPS que la rama jurisdiccional ha dado marcha atrás por considerar vulnerado el debido proceso” agravan el panorama, señalan.
El diagnóstico coincide con otras alertas
El llamado de las universidades coincide con alertas recientes de la Procuraduría General de la Nación. En diciembre de 2025, el Ministerio Público concluyó que el sistema registra un “deterioro progresivo” que pone en riesgo la vida de millones de usuarios, reportó un aumento “exponencial” de quejas, tutelas y desacatos relacionados con la atención en salud durante los últimos dos años y anunció nuevas investigaciones contra funcionarios por presuntas omisiones.
La crisis también ha golpeado con fuerza a Medellín y Antioquia. En abril, el alcalde Federico Gutiérrez declaró la emergencia hospitalaria en la ciudad tras advertir una sobreocupación crítica en clínicas y hospitales y una deuda acumulada de $2,157 billones por parte de EPS intervenidas. Servicios de urgencias como los del Hospital La María alcanzaron ocupaciones del 191%, mientras que instituciones como el Pablo Tobón Uribe y San Vicente Fundación superaron el 150%. El 86% de la deuda corresponde a EPS bajo intervención del Gobierno Nacional, entre ellas Nueva EPS y Savia Salud.
¿Qué le piden al próximo gobierno?
Las universidades dirigieron su pronunciamiento al gobierno que asumirá funciones el 7 de agosto de 2026 y le piden actuar desde el primer día con un conjunto de medidas concretas.
El primer punto es un plan de choque financiero para sanear la cartera hospitalaria, ajustar técnicamente la Unidad de Pago por Capitación y fortalecer la administración de recursos desde la Adres. “Sin este primer paso, cualquier reforma estructural será inviable”, advierten.
El segundo es garantizar la continuidad de los tratamientos durante procesos de intervención o liquidación de EPS, y preservar las entidades con experiencia en coordinación de servicios. “La prioridad debe ser el restablecimiento de la confianza de los ciudadanos en el sistema”, dicen los firmantes.
El tercero es el uso efectivo de la información. Colombia cuenta con herramientas como SISPRO, RIPS y la Cuenta de Alto Costo, pero su potencial “sigue subutilizado”, señalan. Piden consolidar un sistema integrado y público que facilite decisiones basadas en evidencia.
El cuarto es el fortalecimiento de la red hospitalaria mediante incentivos concretos para la reapertura de servicios cerrados. “Sin prestadores fuertes, no hay sistema que funcione”, concluyen.
El quinto es avanzar en salud digital, con inteligencia artificial, interoperabilidad de la historia clínica y analítica de datos para mejorar la eficiencia y la calidad de la atención.
El sexto apunta a la sostenibilidad de largo plazo, que consiste en reducir el gasto de bolsillo de los hogares más vulnerables y avanzar en formalización laboral, dado que “la alta informalidad limita el alcance del aseguramiento y debilita sus fuentes de financiamiento.”
Los firmantes concluyeron que Colombia “aún está a tiempo” de enfrentar la crisis, siempre que se reconozca su gravedad y se actúe “con rapidez, en el marco de una gobernanza que permita recuperar la responsabilidad y el rigor técnico en la gestión de la salud. Este es un llamado urgente a poner nuevamente al paciente en el centro del sistema.”
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