Los antioqueños a los que la guerra entre grupos ilegales los está encerrando en sus territorios se cuentan por miles y están aumentando. Así se desprende del más reciente informe de calidad de vida publicado por el programa Antioquia Cómo Vamos, en el que se denunció cómo el flagelo del confinamiento se disparó un preocupante 557% entre 2023 y 2024.
Las señales no son buenas. Al tiempo que en múltiples subregiones y departamentos vecinos la disputa territorial entre armados se intensifica, dichas estructuras se muestran cada vez más fortalecidas y empoderadas para imponer restricciones a la movilidad, apretar con extorsiones y hasta imponer códigos de vestimenta a la población civil.
Le puede interesar: 7 de cada 10 homicidios en Antioquia están relacionados con el Clan del Golfo, ELN y disidencias
La naturaleza del problema hace que tener una cifra sea difícil. Según señaló el programa, los datos del Registro Único de Víctimas daban cuenta por ejemplo de que durante 2024, los confinamientos en Antioquia –que se definen como los casos en los que habitantes o comunidades enteras se quedan aisladas por culpa de la guerra– ascendieron a los 4.281 casos, un incremento del 237% en comparación con 2023 (cuando se contabilizaron 1.271 casos).
Las dos subregiones más críticas eran el Bajo Cauca y el Norte, cada una con 2.491 y 1.799 casos respectivamente, según datos cruzados entre la JEP y el Ministerio de Defensa.
Sin embargo, el número real es mucho más grande, debido a que el grueso de las víctimas no puede acercarse a las instituciones del Estado para pedir ayuda.
De acuerdo con los cálculos del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), el número de víctimas de confinamiento en Antioquia el año pasado fue de 8.043, un incremento del 557% en comparación con 2023, cuando se contaron 1.224 casos.
Lea también: Víctimas por minas antipersona y explosivos se dispararon un 89% en Antioquia
Con base en esta medición, Antioquia es el segundo departamento del país con más casos, solo superado por Chocó —de lejos el más grave, con 36.288 víctimas— y por encima de otros departamentos también con graves condiciones de orden público, como Arauca, Bolívar, Caquetá, Putumayo y Cauca.
Es precisamente del departamento vecino de Chocó desde donde esta semana arribó a Medellín un éxodo de 650 indígenas Embera, que desbordó las capacidades humanitarias del distrito y fue considerado como uno de los casos de desplazamiento forzado masivo más grave de los últimos años.
Bajo el fuego cruzado
La escalada violenta que tiene a varias regiones de Antioquia bajo el fuego cruzado la protagonizan el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las Farc, que de acuerdo con los estimativos de entidades como la Secretaría de Seguridad de Antioquia ampliaron su presencia en el departamento.
Mientras el Clan del Golfo el año pasado abarcó 90 de los 125 municipios del departamento, el ELN llegó a 33 y las disidencias de las Farc a por lo menos 22.
Siga leyendo: “Disidencias han crecido 70% y el Clan del Golfo 60% en Antioquia”: alerta gobernador Rendón
Una de las zonas de disputa más críticas es el área limítrofe entre Antioquia y Bolívar, en donde la expansión de los cultivos de coca y el control por yacimientos mineros ilegales han desatado la codicia de esos grupos.
Es precisamente en las subregiones del Nordeste, el Norte y el Bajo Cauca en donde los enfrentamientos entre grupos crecieron un 55%, según alertó Antioquia Cómo Vamos.
El listado de municipios más delicados está integrado por Cáceres, Tarazá, Valdivia, Briceño, Toledo, Yarumal, Anorí, Segovia y Remedios. El Suroeste, que comparte límites con Chocó, tampoco se queda atrás y preocupa en municipios como Betulia.
En su informe, si bien Antioquia Cómo Vamos aclaró que las cifras de desplazamiento al cierre de 2024 mostraron una tendencia a la baja –pasando de 28.807 casos en 2023 a 17.879 en 2024– formuló que las dinámicas de este problema y el confinamiento están mostrando no obstante una tendencia a agravarse.
En su análisis, el programa señaló con consternación que sobre todo en las zonas rurales del Bajo Cauca, Norte y Nordeste cada vez son más frecuentes los reportes de grupos que imponen restricciones a la movilidad, sobre todo en la noche.
En el Occidente, se advirtió además la existencia de denuncias de grupos que estarían incluso imponiendo cortes de cabello determinados o colores de uñas, sumado a otras prácticas de control social como la imposición de multas y hasta de trabajos forzados.
En las conclusiones de su análisis, Antioquia Cómo Vamos advirtió que el grueso de estas problemáticas se están concentrando en las zonas rurales del departamento, un factor que vuelve a poner sobre la mesa la importancia de que el Estado y la Fuerza Pública hagan presencia en esos territorios.
“Es imprescindible desarticular las finanzas y la capacidad operativa del crimen organizado, atacando las rentas ilícitas que sostienen su poder”, señaló el programa, añadiendo que se hace crítico fortalecer la capacidad operativa del Estado y recuperar el control territorial de las zonas más delicadas.
Regístrate al newsletter