Antioquia regresó a sus días oscuros. Durante el último año, las zonas en el departamento que son disputadas a sangre y fuego por los grupos armados volvieron a infestarse de minas antipersona y artefactos explosivos.
En un capítulo que hace ocho años se pensaba comenzaría a cerrarse, las víctimas por estos artefactos se incrementaron un 89% solamente entre 2023 y 2024, en un repunte que afecta sin distinción a soldados, policías, a la población civil y hasta a los propios integrantes de los grupos armados ilegales que los están utilizando.
Uno de los puntos más críticos es la subregión del Nordeste antioqueño, en donde a comienzos de este mes dos jóvenes de 15 y 18 años murieron tras pisar una mina mientras trabajaban. Según informó el alcalde de Anorí, Gustavo Silva, los hechos ocurrieron en la vereda Tacamocho, ubicada a seis horas del casco urbano de ese municipio, hasta donde los jóvenes fueron a trabajar en una mina.
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Se presume que las víctimas caminaban por un sector conocido como Alto del Zapatillo y, hacia el mediodía del miércoles 4 de junio, pisaron una mina escondida bajo tierra. En la zona ya se habían producido incidentes similares: en febrero otro campesino de 64 años también perdió una pierna al pisar un artefacto similar. El caso generó nuevamente consternación, ya que el lugar es punto de paso obligado para seis comunidades campesinas, dos comunidades indígenas y una afro.
“Dejaron dos familias sumidas en el dolor, están destrozadas, eran dos muchachos apenas empezando a vivir, buenas personas, humildes, que trabajaban para conseguir el sustento del hogar”, lamentó entonces el alcalde. “De parte del gobierno departamental se ha solicitado ayuda al Gobierno Nacional, solicitando apoyo con más personal, más unidades, porque estas son zonas bastante difíciles con presencia de todos los grupos armados (ELN, Clan del Golfo y disidencias de las Farc), pero la respuesta ha sido mínima”, reprochó.
Este mismo reclamo ha sido planteado insistentemente desde la administración departamental. Por ese mismo caso, y en medio de una visita a Anorí, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, señaló no solo a los grupos armados con presencia en la zona de estar violando el derecho internacional humanitario, sino que cuestionó la estrategia de seguridad que viene siendo implementada desde el Gobierno Nacional, atribuyéndole la responsabilidad del fortalecimiento de los ilegales y el resurgimiento de esas problemáticas.
“Hemos venido desde hace mucho rato pidiéndole a la Fuerza Pública, con capacidades desde el orden nacional, que intervenga estos sitios. Que llegue a esos sitios, consolide esa zona, para que haya un desminado humanitario, porque estos criminales están dedicados a un enfrentamiento constante”, expresó por su parte el secretario de Seguridad de Antioquia, general (r) Luis Eduardo Martínez.
Un drama que renace
Aunque tanto en Antioquia como en el país el uso de minas antipersona y artefactos explosivos nunca ha desaparecido, los datos de la Acción Integral Contra Minas Antipersonal (AICMA) muestran que el número de víctimas venía reduciéndose durante la última década en todo el país.
En 2016, año en el que se firmó el acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc, el país alcanzó la cifra de víctimas más baja desde 1999. Sin embargo, a partir de 2018, año en el que se registraron 244 personas heridas y fallecidas por explosivos, las víctimas comenzaron a aumentar.
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Según datos del CICR, este consolidado nacional subió a 353 en 2019, luego a 390 en 2020, a 489 en 2021, a 523 en 2022, se contrajo a 380 en 2023, pero cerró con 719 víctimas en 2024. En ese último año, el dato completo más reciente disponible, Antioquia fue el cuarto departamento con más víctimas, con 91.
Si bien en los registros históricos de AICMA Antioquia carga con el lastre de ser la región con más víctimas –su acumulado desde 1990 es de 2.677– el consolidado de 2024 generó especial consternación entre las autoridades y varias organizaciones que le hacen seguimiento al tema. Los 91 casos registrados el año pasado significaron un incremento del 89%; es decir, 43 casos más de los 48 casos ocurridos en 2023. Para el cierre del año pasado, los datos daban cuenta de que de las 91 víctimas, 45 correspondían a integrantes de la Fuerza Pública, 34 a integrantes de grupos armados y 12 a civiles.
Las zonas rojas
Para comprender la crisis actual, Carlos Zapata Cardona, presidente del Instituto Popular de Capacitación (IPC), señala que el problema debe mirarse por dos lados: los territorios minados antes de 2016, cuando se firmó el acuerdo de paz con las Farc, y los territorios que están siendo minados otra vez.
Mientras en los primeros están las minas de más vieja data del departamento —y que estaban siendo objeto de programas piloto de desminado —, en los territorios recientes son los nuevos actores de la guerra los que están ensombreciendo el panorama.
“Esta tragedia reciente con estos adolescentes en Anorí nos está mostrando que ese territorio de control de economías ilegales es el que está siendo minado para proteger estos intereses. Antes era más el cocalero, ahora es más el minero, porque el oro está disparado en el precio, entonces la disputa está ahí”, señala.
Uno de los puntos más críticos en Antioquia es precisamente la zona limítrofe con los departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar, en donde hoy están confluyendo los tres principales actores armados del país: el Clan del Golfo o EGC (Ejército Gaitanista de Colombia), el ELN y las disidencias de las Farc.
Según explica Luis Guillermo Pardo, director del Observatorio de Paz del Politécnico Jaime Isaza Cadavid y presidente de la Corporación C3, el auge en el empleo de estos artefactos radica principalmente en que los mismos cumplen un papel crucial en la lucha por el control del territorio.
“La mejor defensa para evitar el ingreso a un territorio controlado por un ilegal siempre ha sido la mina antipersonal, combinada con estrategias como el uso de francotiradores. Esto es una estrategia utilizada por todos los actores de la guerra en Colombia”, advierte Pardo.
El analista recuerda además que es muy poco el margen de acción que tienen las autoridades para controlar el fenómeno, sobre todo porque estos artefactos ni siquiera dependen del tráfico de armas para regarse por el territorio, ya que en su mayoría se trata de dispositivos artesanales improvisados y de materiales de muy fácil acceso.
Sobre este mismo punto, Uber Albeiro Atehortúa Zapata, del equipo contaminación por armas del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Medellín, advierte que las minas artesanales son las que mayor número de víctimas siguen cobrando en Antioquia.
“Este tipo de minas que se encuentran en el país no son de fabricación industrial, como las que se suelen ver en las películas. En Colombia las minas son fabricadas con elementos propios del contexto, como madera, metal, vidrio, plástico, cualquier elemento u objeto propio de los territorios”, explica el experto, señalando que, además de las minas, los otros dos tipos de explosivos a los que se les hace seguimiento son las municiones sin explosionar y las trampas explosivas.
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En este último renglón, principalmente el más usado cuando un actor armado quiere ejecutar ataques sorpresa contra un adversario, suelen consistir en objetos de uso común como radios, morrales, balones, celulares, entre muchos otros, que a simple vista pasan desapercibidos y se detonan de forma planificada.
“Para el caso de Antioquia, el mayor número de víctimas obedece justamente a artefactos explosivos improvisados detonados por la propia víctima, acá entonces claramente encontramos que son esas minas antipersonal las que vienen generando esas consecuencias humanitarias”, señala.
Desminado en crisis
Uno de los elementos sobre el que llaman la atención varios expertos y organizaciones es la preocupación por el proceso de desminado en el departamento, que afronta problemas a varios frentes.
Y que además del largo tiempo que suelen implicar estos procesos de descontaminación, requieren de condiciones de seguridad estables para que los equipos de desminado puedan recorrer el territorio.
A raíz del reciente recrudecimiento de la violencia, muchos de esos procesos se han tenido que suspender.
Sobre este punto, Pardo señala que desde 2016, cuando se firmó el acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc, uno de los principales llamados que se emitieron desde el departamento era la urgencia de que los organismos de seguridad del Estado coparan los espacios que estaban quedando, con miras que el vacío que iban a dejar las Farc en Antioquia no fuera llenado ni por nuevas estructuras, ni por otras con proyectos de expansión.
Transcurridos más de ocho años después de eso, son precisamente esos espacios los escenarios de una nueva confrontación.
A diferencia de los años previos a 2016, Carlos Zapata agrega que ahora el problema es que ya son todos los grupos armados los que están recurriendo a la siembra de minas y al uso de explosivos.
“Si antes los grupos guerrilleros tenían esta posibilidad, ahora los grupos paramilitares han reclutado exguerrilleros que pertenecieron a las extintas Farc y les pagan bien; hace más de dos años eran más de $5 millones, con el entendido de que sembrar una mina es una actividad de poco costo, son menos de 5 dólares. Y el desminado de cada mina es muy riesgoso y puede costar más de 300 dólares por mina, según el territorio”, señala.
En una suma de males, conocedores de esos procesos advierten que el recorte presupuestal que en meses recientes tuvo la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) dejó además en cuidados intensivos muchos de esos procesos en todo el país y en Antioquia, que requieren de recursos y personal para sostenerse en el tiempo.
Entre tanto, ya en el plano político, otra tensión que se suma al panorama es la que sostiene el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, con el Gobierno Nacional, en la que se ha pedido que la Fuerza Pública redoble su presencia en el departamento buscando precisamente menguar el poder de todos estos actores criminales que se disputan centímetro a centímetro las zonas estratégicas del territorio.
Para conocer su versión de este tema, el periódico EL COLOMBIANO consultó con el Ejército Nacional desde el pasado miércoles 4 de junio, pero hasta el cierre de esta edición no había obtenido respuesta.
