La Policía lo capturó en un apartamento de la urbanización residencial Cacique Niquía, en el municipio de Bello, para que empezara a cumplir esa pena pendiente. ¿Pero cuál es la historia detrás de esa severa sentencia?

Ricardo Abel Palacio Herrera, alias “Richard” o “Rayo”, capturado en Bello el 9 de julio de 2025. Foto cortesía de Policía.

Los hechos datan del 10 de noviembre de 2014 en Medellín, cuando fue secuestrado el narcotraficante Eladio de Jesús Correa Villegas, alias “Ramón”.

De acuerdo con el expediente, conocido por Revelaciones del Bajo Mundo, la banda “la Terraza” lo citó a una reunión para que presentara sus descargos por dos acusaciones: vender drogas en su territorio del Centro sin su autorización, y por el homicidio de un hombre en un bar conocido como El Borrachito, ubicado en inmediaciones de la Placita de Flórez.

Según el testimonio de “Ramón”, tal cual consta en el documento: “En noviembre de 2014 me llevaron para la zona de Manrique parte alta, allá me tuvieron retenido y me quitaron unas cosas, a mí me llevaron a una casa de tres pisos y allá había un señor que le decían ‘Rayo‘. A mí me llaman a Manrique, voy subiendo en un Clío y ahí me abordan y me llevan a una parte más alta, y allá me retuvieron, porque me estaban hablando como de un homicidio, yo no tenía nada que ver en ese homicidio; y sobre el trabajo, porque yo trabajaba sin permiso”.

Y continuó: “En la casa habían tres personas, estaba el señor ‘Rayo’ o ‘Richard’, y los otros dos que no sé quiénes eran, nunca los volví a ver. Yo no conocía a ‘Richard’ o ‘Rayo’, primera vez que lo veía, así le decían. Esa retención duró como de dos a tres horas”.

En aquel entonces, “Ramón” trabajaba para William Andrés Moscoso Monsalve (“el Chivo”), otro cabecilla de “la Terraza”, que a su vez es sobrino del máximo jefe de la banda, José Leonardo Muñoz Martínez (“Douglas”). El hecho de que sus colegas hubieran secuestrado a su traficante de confianza, es el reflejo de cómo está conformada esa organización: como una especie de cartel, en la cual hay varias líneas de mando confederadas, que a veces riñen entre sí por los negocios.

NOTA RELACIONADA: Las mafias detrás de la ruta de la cripa entre Cauca y Medellín.

“El Chivo” intercedió con los secuestradores para que no mataran a Correa. Explicó que este era útil a la organización por sus contactos en el departamento del Cauca, de donde traía marihuana de variedad cripa para las plazas de vicio de Medellín.

A las tres horas lo liberaron, pero antes le exigieron el pago de $300 millones de pesos. El cobro se prolongó por 11 días, hasta que el 21 de noviembre de 2024 “Ramón” terminó de entregar $200 millones, un taxi de marca Kia Picanto y una camioneta Toyota Fortuner.

Eladio Correa Villegas, alias “Ramón”. Cortesía.

La persona que le hizo el favor de entregar este último vehículo, su amigo Wilmar Arboleda, fue víctima de un atentado sicarial posteriormente, que lo dejó cuadripléjico.

Por el secuestro extorsivo, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Medellín condenó a “Richard” a 37 años de cárcel, el 4 de octubre de 2024. La defensa del sentenciado apeló la decisión, alegando que a su representado le violaron los derechos durante el juicio.

Tal cual ha reportado Revelaciones del Bajo Mundo anteriormente, una de las estrategias que utiliza este cabecilla para evadir la justicia es el uso de múltiples identidades. Su nombre original es Jhon Ricardo Palacio Adarve (con el cual figura en la Lista Clinton del Departamento del Tesoro de Estados Unidos), pero se lo cambió a Ricardo Abel Palacio Herrera; también ha usado la identidad de Ricardo Escobar Botero, para confundir a los enemigos y los investigadores judiciales.

Aunque siempre le han dicho “Richard” en el bajo mundo, también adoptó el apoyo de “Rayo”. Este alias es usado al mismo tiempo por otro líder de la banda, Óscar Eduardo Vásquez Pulgarín (capturado recientemente), lo que creaba un embrollo que le permitía subsistir con impunidad.

NOTA RELACIONADA: “Rayo” fue capturado al terminar una reunión de narcos en Envigado.

Por esas irregularidades, el personaje fue capturado en 2018 y condenado en 2020 a dos años de cárcel por falsedad material en documento público (tres cédulas originales con distintos nombres). El expediente por el secuestro extorsivo se alargó, por lo que obtuvo su libertad por vencimiento de términos, mientras se producía el veredicto.

Fue precisamente en el proceso de apelación de este cargo, que su defensa trató de argumentar que la Fiscalía no logró demostrar la plena identidad del acusado. Sin embargo, el Tribunal Superior de Medellín dejó al desnudo este truco en su fallo, indicando:

“Desde la audiencia de legalización de captura, el procesado, al momento de presentarse, se identificó como RICARDO ABEL PALACIO HERRERA, no obstante, fue clara su intención de confundir a la Fiscalía y a la Judicatura desde aquella oportunidad, pues informó dos nombres diferentes al momento de su presentación, y no aclaró cuál era el correcto, cuando se le solicitó presentarse con su identificación. Al respecto indicó en la audiencia:

- Juez: El indiciado tan amable, por favor me da nombres completos y número de documento de identificación”.

- Procesado: Mi nombre es Jhon Ricardo Palacio Adarve, cédula 70.697.538.

- Juez: ¿Jhon Ricardo qué? Nombre completo.

- Procesado: RICARDO ABEL PALACIO HERRERA, cédula 71.671.115.

Y aunque la defensa, desde la audiencia de legalización de captura le informó a la Judicatura que el procesado en la entrevista manifestó que se llamaba RICARDO ABEL PALACIO HERRERA, con cédula 71.671.115, no desplegó mayores actos para que se aclarara el error, porque, incluso, al momento de su captura se identificó como Ricardo Escobar Botero”.

El Tribunal Superior de Medellín ratificó la condena el 8 de abril de 2025, con lo que se reactivó la orden de captura contra “Richard”, la cual se materializó en Bello el siguiente 9 de julio.

En el allanamiento, la Policía le encontró una pistola traumática y “un libro con registros contables por más de 1.000 millones de pesos”, informó el director de la Institución, general Carlos Triana Beltrán.

Ahora “Richard” quedó en poder del Juzgado 11 de Ejecución de Penas de Medellín, para comenzar a purgar sus más de tres décadas de prisión.

En cuanto a alias “Ramón”, fuentes judiciales recordaron que está pagando una pena de 20 años de cárcel por concierto para delinquir, homicidio y tráfico de drogas. En varias oportunidades han tratado de matarlo en los pabellones y seis de sus trabajadores más cercanos han sido desaparecidos.

NOTA RELACIONADA: Arrestaron a “Rayo”, el cabecilla de las múltiples identidades.

El Inspector.

La acción judicial fue ejecutada este lunes 9 de junio por parte de la Fiscalía Sexta de la Unidad Nacional de Lavado de Activos y la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) de la Policía.

José Leonardo Muñoz Martínez (“Douglas”), y en el recuadro Juan Pablo Taborda (“Yordi”). Fotos de cortesía.

De acuerdo con fuentes cercanas al caso, la investigación comenzó en 2021, con el rastreo de dinero, los testaferros y bienes inmuebles asociados a la banda delincuencial.

La captura de “Yordi” se produjo en una vivienda de la ciudad de Armenia, donde le encontraron varios artículos de santería, una práctica pagana a la que se entregó hace varios años.

En el Valle de Aburrá fue detenida Diana Olaya, exesposa de “Douglas”; su hijo Daniel Muñoz Olaya, quien también tiene orden de captura, no estaba en su residencia al momento del allanamiento y las autoridades están en su búsqueda.

En el mismo procedimiento fueron apresadas Vilma Cecilia Granados Avendaño y Luisa María Rojas Granados, la viuda y una hija de Édinson Rodolfo Rojas (“Pichi Gordo”), otro líder de la organización, quien fue asesinado en Medellín el 7 de marzo de 2024.

NOTA RELACIONADA: “Don Berna” y “Douglas” aterrizan en la mesa de “paz total”.

En la cárcel de Itagüí, donde está recluido, la Fiscalía le notificó a “Douglas” que le imputará el cargo de lavado de activos, al igual que a los demás capturados.

Vale la pena recordar que Muñoz Martínez está pagando una condena de 32 años por secuestro extorsivo y concierto para delinquir.

La apertura de un nuevo expediente en su contra genera expectativas de cara a la mesa de paz entre el Gobierno Nacional y las bandas urbanas del Valle de Aburrá, de las cuales “Douglas” es uno de sus princpiales voceros en la actualidad.

Esta no es la primera vez que sus familiares resultan inmersos en causas penales por lavado de activos. Por ese delito también fueron procesados en el pasado su segunda esposa, Diana Marcela Olaya Galeano, y su hermano Gerardo Muñoz Martínez.

A este golpe contra “la Terraza” se suma la reciente captura de Matías Álvarez Tabares (“Keiler”), otro de los cabecillas, quien precisamente está investigado por el asesinato de su exsocio “Pichi Gordo”.

La Policía lo arrestó el pasado mes de marzo en una casa de lujo en la vereda Llano Grande, en el municipio antioqueño de Rionegro. Esa captura fue por concierto para delinquir agravado con fines de narcotráfico, debido a su coordinación del combo “el Faraón”, que administra plazas de vicio en el nororiente de Medellín.

NOTA RELACIONADA: Sicarios asesinaron a “Pichi Gordo”, antiguo cabecilla de “la Terraza”.

El Inspector.

El crimen ocurrió a eso de las 7:30 p.m. de este martes 20 de agosto, en la calle 79 con la carrera 50 del barrio Brasilia, según el reporte preliminar de la Policía.

Ómar Mazo Monsalve había sido capturado en 2018 en una finca de Copacabana, Antioquia. Foto cortesía de la Policía.

Por esa vía se transportaba “don Ómar”, de 49 años, a bordo de una camioneta Toyota Hilux gris, cuando fue interceptado por desconocidos en motocicleta. Los delincuentes dispararon a través de la ventanilla del piloto, impactándolo en el pecho y en un brazo.

Varios ciudadanos auxiliaron a la víctima y la subieron a un taxi, que lo llevó a un centro médico, donde murió por la gravedad de la lesiones.

NOTA RELACIONADA: Capturan a “don Ómar”, el zar de las drogas en el Centro.

En esta camioneta iba alias “don Ómar” cuando fue atacado por los sicarios, en el barrio Brasilia de Medellín. Foto cortesía de Denuncias Antioquia.

Mazo Monsalve había sido capturado el 29 de agosto de 2018, por concierto para delinquir, desplazamiento forzado y porte ilegal de armas. Estuvo menos seis años en la cárcel y regresó a las calles, donde encontró su sangriento final.

Fue cabecilla de la “Convivir del Bronx”, una banda delincuencial asociada a “la Terraza”, que controlaba el sector del Bronx en pleno centro de Medellín. Así se conoce un cuadrante ubicado en la avenida De Greiff (calle 53), entre las carreras 52 y 57, cerca de la Plaza de Botero y el Museo de Antioquia.

Su banda administra una lucrativa plaza de vicio, con cerca de 700 mendigos adictos que consumen a diario. También cobran extorsiones a los establecimientos comerciales y ejercían una brutal vigilancia ilegal que incluía golpizas y asesinatos de ladronzuelos.

NOTA RELACIONADA: El expediente de los horrores del “Bronx”.

En compañía de su esposa, “don Ómar” compró varias de las propiedades que rodeaban el territorio de la banda, lo que le permitía tener un mayor control; entre ellas estaba el parqueadero El Bodegón, donde según el expediente solían secuestrar y torturar a jíbaros acusados de robarles la droga o las ganancias del negocio.

Aún es muy pronto para saber por qué mataron a Mazo Monsalve, pero en el bajo mundo es sabido que dentro de “la Terraza” hay una disputa desde hace varios años, en la cual unos cabecillas mandan a matar a otros para usurparles su poder. Antes de “don Ómar” fueron Édinson Rodolfo Rojas (“Pichi Gordo”) y Julián Alexánder Suárez Giraldo, apodado “el Enano”, el pasado 7 de marzo.

¿Quién controlará ahora la plaza de vicio de El Bronx, una de las más peligrosas y lucrativas de la ciudad?

NOTA RELACIONADA: Sicarios asesinaron a “Pichi Gordo”, antiguo cabecilla de “la Terraza”.

El Inspector.

De acuerdo con fuentes judiciales, el detenido fue Keiler Álvarez Tabares (también llamado Matías Álvarez Tabares, luego de un cambio de nombre), quien departía con su familia en el municipio de Montenegro, Quindío. Esta es la reseña del caso de El Colombiano, elaborada con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Así fue la detención de Matías Álvarez Tabares (“Keiler”), en un hotel de Montenegro, Quindío. Foto cortesía de la Policía.

Este hombre, apodado “Keiler” o “el Faraón”, tiene entre sus antecedentes penales haber sido jefe de sicarios de la banda “la Terraza”, razón por la cual fue capturado en abril de 2019 por concierto para delinquir agravado.

NOTA RELACIONADA: Cayó “Keiler”, presunto jefe de sicarios de “la Terraza”.

Esta vez la orden de arresto era por homicidio agravado y tráfico de armas. Así se lo hicieron saber los policías que lo arrestaron este viernes 28 de junio en el parqueadero de un hotel turístico de Montenegro.

El crimen que le endilgan ocurrió el 7 de marzo de 2024 en el barrio Los Balsos, del suroriente de Medellín. Allí un grupo de sicarios asesinó a tiros a “Pichi Gordo” y a su acompañante Julián Alexánder Suárez Giraldo (“el Enano”); también resultó herido por una bala perdida el exfutbolista John Gerver Lovert Córdoba.

Édinson Rodolfo Rojas, alias “Pichi Gordo”. Cortesía.

Según las fuentes cercanas al caso, “Keiler” fue trasladado a Medellín el fin de semana, para la audiencia de control de garantías, en la cual el juzgado estimó que en la captura hubo un procedimiento irregular, pues al parecer los policías habrían registrado el hotel en el cual se albergaba sin la respectiva orden de allanamiento y registro.

En consecuencia, decretó la libertad de Álvarez, aunque sigue vinculado al proceso.

“Pichi Gordo” fue jefe militar de “la Oficina” y miembro de la cúpula de “la Terraza” por mucho tiempo. Fue capturado en 2013 en Panamá y condenado a 16 años de cárcel por homicidio, concierto para delinquir y porte ilegal de armas.

Por los beneficios jurídicos que contempla la ley, apenas estuvo siete años tras las rejas y recobró la libertad en 2020.

El Gobierno Nacional lo nombró gestor de paz en 2023, en el marco de la mesa de diálogos sociojurídicos con los voceros de las bandas del Valle de Aburrá, reunidos en la cárcel de Itagüí.

De hecho, su muerte fue rechazada por el propio presidente Gustavo Petro, quien trinó en ese momento: “La muerte de Édinson Rodolfo Rojas en Medellín es un atentado contra el proceso de paz que el gobierno nacional adelantaba con las bandas locales en el valle de Aburrá”.

De acuerdo con la investigación judicial, “Keiler” fungía como presunto jefe de sicarios al servicio de Mauricio Zapata Orozco (“Chicho”), otro de los líderes de “la Terraza”, quien al parecer busca controlar a esa organización, lo cual da pistas sobre los móviles del homicidio de “Pichi Gordo”.

Así se expresó el presidente de Colombia, un día después del homicidio de “Pichi Gordo”.

“La Terraza” opera como una confederación de bandas, las cuales tienen injerencia en las comunas de Manrique, Aranjuez, La Candelaria, Castilla y Doce de Octubre, en Medellín; y también redes delictivas en el Oriente y el Suroeste antioqueño.

Su cúpula está conformada por varios cabecillas, entre los cuales se destacaban alias “Douglas”, “Chicho”, “Yordi”, “Barny”, “Rayo”, “el Compa” y el finado “Pichi Gordo”.

NOTA RELACIONADA: Sicarios asesinaron a “Pichi Gordo”, antiguo cabecilla de “la Terraza”.

El Inspector.

De acuerdo con el director de la Policía Nacional, general William Salamanca, la operación se realizó en la tarde de este lunes 27 de mayo, en el sector Camino Verde de la vía a la loma de El Escobero.

Óscar Eduardo Vásquez Pulgarín, alias “Rayo”, fue capturado en un apartamento de Envigado. Foto cortesía de la Policía.

Los Comandos de Operaciones Especiales llegaron hasta la urbanización Castelli, en la carrera 25A #38Dsur-111, y allanaron un apartamento localizado en el piso 15 de una de las torres. Allí encontraron al citado cabecilla, quien no opuso resistencia al arresto.

Fuentes cercanas a la operación le contaron a Revelaciones del Bajo Mundo que, en realidad, “Rayo” no era el objetivo que buscaban, sino que su detención fue puramente circunstancial y hasta inesperada.

Los investigadores ya tenían referenciado aquel apartamento, usado como centro de reuniones por narcotraficantes del Clan del Golfo y sus socios de Medellín. La orden de allanamiento pretendía arrestar a los delegados del cartel, los cuales ya habían salido de la urbanización cuando entraron los policías; el único que quedaba era Vásquez Pulgarín.

“Capturamos a alias ‘Rayo’, uno de los presuntos cabecillas de ‘la Terraza’, que utilizaba condominios de lujo para negociar con el Clan del Golfo el envío de cargamentos de cocaína hacia Estado Unidos y Europa”, informó el general Salamanca.

Dentro de “la Terraza”, “Rayo” al parecer tenía la función de administrar los negocios ilícitos en el Oriente antioqueño, en especial la venta de drogas. Una de sus bases de operaciones era el municipio de Guatapé, donde permanecía en fincas alquiladas.

“La operación, coordinada con la @FiscaliaCol, libera a las comunas 3 y 4 de Medellín y a los municipios de El Peñol, Guatapé, Marinilla, Guarne y San Rafael de uno de los delincuentes más buscados por tráfico de estupefacientes, incluido 2CB“, publicó en la red social X el director de la Policía.

NOTA RELACIONADA: Sicarios asesinaron a “Pichi Gordo”, antiguo cabecilla de “la Terraza”.

En “la Terraza” es relativamente común que haya integrantes con apodos repetidos entre sí, lo cual les permite permanecer a la sombra de otros y confundir a los investigadores. Durante varios años, Vásquez estuvo en un segundo plano, mientras las autoridades perseguían a otro líder de la estructura, John Ricardo Palacio Adarve, alias “Rayo” o “Richard”, quien fue detenido en 2018.

En las próximas horas, Vásquez será presentado ante un juez de control de garantías, donde se definirá qué cargos le imputará la Fiscalía.

NOTA RELACIONADA: Arrestaron a “Rayo”, el cabecilla de las múltiples identidades.

El Inspector. 

El ataque ocurrió en la noche de este 7 de marzo en el barrio Los Balsos, en la comuna de El Poblado, suroriente de Medellín.

Édinson Rodolfo Rojas, alias “Pichi Gordo”, luego de su captura en 2013 en Panamá. Foto de archivo El Colombiano.

Según la información preliminar de las autoridades, Rojas andaba en un automóvil BMW con uno de sus hombres de confianza, Julián Alexánder Suárez Giraldo, apodado “el Enano”.

Estaban conversando en la vía, cuando un hombre se les acercó y les disparó, para luego huir en una moto. “Pichi Gordo” recibió impactos en el rostro y la cabeza; mientras que “el Enano” en la espalda y el pecho. Este último al parecer portaba una pistola Smith and Wesson calibre 9 milímetros, con salvoconducto legal, la cual quedó a pocos centímetros de su cuerpo.

Ambos fallecieron a un costado del parque La Provincia, donde al parecer acudieron para jugar un partido de fútbol.

En el ataque resultó herida una tercera persona, el exfutbolista John Gerver Lovert Córdoba, de 49 años, quien se retiró del fútbol profesional en 2004 y se dedicó al entrenar jóvenes talentos en escuelas y clubes aficionados. Fue hospitalizado con un balazo en una pierna.

El asesino fue descrito como “un hombre bajito y trigueño, que vestía gorra, camiseta oscura y bluyín”, quien fue visto merodeando el parque momentos antes del ataque.

Según la evidencia inicial obtenida en las cámaras de seguridad del sector, al parecer se trató de un operativo sicarial coordinado con dos motos, un automóvil Renault Sandero y una camioneta Koleos.

UNA VIDA EN EL CRIMEN

“Pichi Gordo” había salido de la cárcel el 21 de enero de 2o2o, con el beneficio de libertad condicional dentro de una pena de 16 años de prisión por homicidio, concierto para delinquir y porte ilegal de armas.

Su salida generó roces con otros jefes de “la Terraza”, pues trató de imponerles su antigüedad para tratar de recuperar varios de los negocios que tenía antes de ser encarcelado en 2013, pero no lo logró. Esto creó fricciones con “Chicho”, “Yordi”, “Barny”, “Tombolín” y otros líderes de la facción.

NOTA RELACIONADA: Ofensiva judicial de E.U. contra “la Oficina”.

El reacomodo provocó varios asesinatos de integrantes rasos de la organización, aunque el conflicto se enfrió en un principio por la intervención de José Leonardo Muñoz Martínez (“Douglas”), máximo jefe del grupo, quien está preso desde 2009.

La escena del crimen en el sector de Los Balsos, en El Poblado. Foto de cortesía.

“Pichi Gordo”, también apodado “Pavarotti”, “Carmen” o “Plancha”, estuvo durante los últimos años trabajando a la sombra para “Douglas”, involucrándose en algunas gestiones de pacificación de conflictos entre combos a nombre de su jefe, y ocasionalmente se dejaba ver en eventos y partidos de fútbol entre muchachos de las bandas.

De momento se desconoce quién ordenó su muerte. Fuentes judiciales le contaron a Revelaciones del Bajo Mundo que en los corrillos criminales comenzó a correr un rumor hace algunas semanas, que señalaba a “Pichi Gordo” de conspirar con funcionarios corruptos de la Fuerza Pública para orquestar expedientes y operativos contra sus enemigos. Esta información, aún no confirmada, al parecer lo puso en la mira de la mafia.

NOTA RELACIONADA: El espionaje policíaco destapó la trampa de “Yordi”.

Del hombre que murió a su lado son pocas las referencias por ahora. “El Enano”, cuya base de operaciones era Guayabal, se había convertido en su mano derecha, cumpliendo funciones de secretario, vocero y escolta.

Los dos hombres fueron acribillados por sicarios a bordo de una motocicleta. Cortesía.

“Pichi Gordo”, de 50 años, era fanático de la santería y la magia negra. Durante la guerra interna de “la Oficina” (2008-11), entre los capos Maximiliano Bonilla (“Valenciano”) y Ericson Vargas (“Sebastián”), se destacó como uno de los principales jefes de sicarios al servicio de este último.

Estaba incluido en la Lista Clinton del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (2014), por su relación con “la Oficina”, y se cree que participó en más de 100 asesinatos, aunque solo fue condenado por uno: el del empleado bancario Elkin Rivera González (2008), abaleado por un error de sus sicarios en el barrio Campo Valdés.

Después del doble homicidio se escucharon estallidos de pólvora en varios vecindarios de Medellín y Envigado, al parecer celebrando la muerte de “Pichi Gordo”.

NOTA RELACIONADA: “Pichi Gordo” fue beneficiado con libertad condicional.

El Inspector.

Aunque la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (Oacp) atribuye esa oleada de homicidios a un intento por desprestigiar la mesa de conversaciones con los cabecillas que participan en la mesa de paz con el Gobierno Nacional, lo cierto es que se trata de una disputa interna en la banda “la Terraza”.

Estos son los personajes más buscados de Manrique, señalados de participar en la oleada de homicidios que inició en julio. Foto cortesía de la Policía.

De acuerdo con fuentes de inteligencia, el primer muerto de la racha violenta fue Johan Daniel Mira Taborda, en la tarde del 25 de julio de 2023. Conducía una motocicleta BWS por las vías del barrio Manrique Central N°2, cuando fue interceptado por sicarios en una moto de alto cilindraje.

Mira Taborda, de 36 años, murió en medio de una lluvia de balas. Su historia era bastante particular: según habitantes del vecindario, vestía atuendos similares al uniforme de la Policía e incluso portaba un carné falso de esa Institución, con el cual simulaba ser policía en algunas situaciones.

El finado prestó su servicio militar en la Policía, entre los años 2006 y 2007, pero una vez terminado no continuó la carrera. “Este sujeto en diferentes actividades que desarrollaba manifestaba ser miembro activo de la Policía Nacional. Manifestamos que no ha sido parte de la institución como policía profesional en el servicio”, advirtió el coronel José Cristóbal Fonseca, subcomandante (e) encargado de la Policía Metropolitana.

NOTA RELACIONADA: Suben muertes en nororiente de Medellín por crisis en “la Terraza” y un asesino en serie.

A partir de este suceso, se registraron múltiples ataques sicariales que afectaron el orden público en Manrique, entre los meses de julio y agosto. Las autoridades documentaron ocho asesinatos en las últimas semanas, al parecer todos relacionados con la misma situación, y Manrique, que en 2022 solo registró siete homicidios entre enero y el 26 de agosto de 2022, en idéntico lapso de 2023 ya ajusta 19 (un incremento superior al 150%).

Asesinato de Johan Mira Taborda, quien portaba un carné falso de la Policía. Foto cortesía de Denuncias Antioquia.

Entre los crímenes más graves está también un brutal ataque ejecutado el 31 de julio, en el que hubo dos muertos y dos heridos. Sucedió en la carrera 43A con la calle 67 del barrio Manrique Oriental, adonde llegaron los asesinos en una moto de alto cilindraje y acribillaron a los presentes. Murieron  Yeison Alberto Gaviria Aguirre y Milton Alexis González García, de 34 y de 43 años, respectivamente.

Entre el 4 y el 9 de agosto circularon panfletos en varios vecindarios del área, anunciando una supuesta “limpieza social”, con imágenes de calaveras y fusiles, y mensajes como: “Llegó el momento de hacer una nueva limpieza para todos los vendedores y fumadores de drogas, foqueros, mariguaneros, ladrones callejeros, violadores, patinadores de carro, motos y fanfarrones”.

El 11 de agosto se produjo una balacera entre matones en moto, en el barrio Las Granjas, y las balas perdidas dejaron una persona muerta y tres heridas, que nada tenían que ver en la confrontación. El fallecido fue Jhon Jairo Muñoz, de 44 años, un trabajador de una empresa de telecomunicaciones, quien al momento del tiroteo estaba instalando unas redes de comunicaciones.

La situación de inseguridad generó dificultades de movilidad en la comuna, pues muchos taxistas se niegan a hacer carreras a Manrique. La Policía tuvo que reforzar sus patrullajes con 80 uniformados y creó un equipo de agentes judiciales y de Inteligencia para atender la problemática.

Este es el panfleto distribuido en agosto de 2023 en varios barrios de Manrique. Cortesía.

La Alcaldía ofrece hasta $100 millones de recompensa por información que conduzca a los responsables y se están repartiendo volantes con los alias de los más buscados de la zona, sospechosos de participar en la confrontación. Allí figuran 12 personajes: “Don Mármol”, “So”, “Tajada”, “Cerezo”, “Maquiud”, “Rayo”, “Beto”, “Camilito”, “Ochoa”, “Cabe”, “Juanjo” y “Coco”.

El incremento de la violencia generó cuestionamientos de la sociedad hacia la mesa de paz de la cárcel de Itagüí, instalada formalmente el pasado 2 de junio, entre el gobierno de Gustavo Petro y 17 voceros de las principales bandas del Valle de Aburrá. ¿Por qué se disparó la inseguridad, si se supone que todos los peces gordos están participando en el proyecto de paz?, se preguntaron los medellinenses en redes sociales y ante la prensa.

En respuesta, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (Oacp) emitió un comunicado el 12 de agosto, indicando que estas acciones “buscan enrarecer el ambiente y sabotear el proceso de paz urbana en Medellín y el Valle de Aburrá”.

Pero lo que en verdad parece ocurrir es una disputa interna en la organización criminal “la Terraza”, la cual agrupa a todas las bandas que delinquen en Manrique.

Las razones exactas no se han revelado, más allá de las clásicas rencillas territoriales por las plazas de vicio y las cuadras para extorsionar. Sin embargo, los investigadores temen que esto sea el inicio de un relevo en el mando de “la Terraza”, aprovechando que varios de sus jefes tradicionales planean “jubilarse” pactando un acuerdo con el Gobierno, que les permita retirarse conservando parte de la fortuna que cosecharon martirizando a la sociedad.

NOTA RELACIONADA: Los voceros de las bandas del Valle de Aburrá en la mesa de “paz total”.

El Inspector.

Así lo informó la Fiscalía este 26 de marzo, anunciando que intervino la mina a cielo abierto conocida como Cañada Negra, en el sector del mismo nombre, a la cual se puede acceder desde el barrio Santo Domingo Savio N°2 de Medellín, o por la vereda Granizal de Bello. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

La Fiscalía inició otra investigación paralela con fines de extinción de dominio contra la cantera y las máquinas incautadas. Foto cortesía de Fiscalía.

Deicy Jaramillo, directora contra las Violaciones a los DD.HH. en el ente acusador, explicó que la banda delincuencial tenía maquinaria pesada en el sitio, para explotar directamente el yacimiento, pero que también extorsionaba a terceros que lo usaban.

A cada conductor de volqueta le cobraban $40.000 para autorizarle la entrada a la cantera, y una vez este vehículo era llenado de material (arena, gravilla, roca u otros elementos), le cobraban de $400.000 a $500.000 a la persona que contrató ese viaje, para permitirle sacar los minerales.

Durante el operativo, en el que participaron miembros del CTI, el Ejército y la Policía, fueron capturados el administrador de la cantera y dos trabajadores, que registran antecedentes judiciales por terrorismo, acceso carnal abusivo con menor de 14 años, lesiones personales culposas, falsedad material en documento público y porte ilegal de armas de fuego.

“Serán imputados por los delitos de daño a los recursos naturales, contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero o hidrocarburos, y explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales”, indicó la fiscal.

La montaña ha sido tan socavada, que hay peligro de deslizamiento y de afectaciones a los vecindarios cercanos. Foto cortesía de Fiscalía.

NOTA RELACIONADA: El embargo de la flotilla de taxis de “la Terraza”.

También fueron incautadas tres máquinas, una volqueta y un automóvil, y fueron destruidas tres retroexcavadoras, cuyo valor aproximado era de $3.000 millones.

Según el informe del caso, “la agresiva labor de remoción que se realiza en el sitio ha incidido en la contaminación de la quebrada Cañada Negra y produjo un acelerado debilitamiento del suelo, al punto de que la montaña está en inminente riesgo de deslizamiento sobre varios asentamientos ubicados entre Medellín y Bello”.

Esta investigación comenzó luego de que el pasado 22 de febrero se presentara un enfrentamiento armado entre integrantes del combo “la Silla” y de “la Terraza”, al parecer por el control de las rentas derivadas de la mina. En su momento también se especuló que en el pleito participaron los combos de “el Pinar” y “la Torre”, apoyando a esos dos bandos.

Varios ciudadanos grabaron con sus celulares el tiroteo, lo que puso en la lupa de las autoridades a este sector. Incluso algunos padres de familia decidieron no enviar a sus hijos al colegio durante esa semana, por temor al fuego cruzado.

La Policía inició una serie de operativos para contener la inseguridad, los cuales dejan a la fecha, incluyendo la intervención en la mina, 24 capturas por diferentes delitos, 12 allanamientos, 8.8 kilos de marihuana incautada y el decomiso de siete armas de fuego, una granada y municiones.

NOTA RELACIONADA: Banda “la Terraza” extendió su red en la comuna de Laureles.

El Inspector.

Se trata de un antiguo integrante de la cúpula de “la Oficina”, la organización criminal que regenta el bajo mundo en el Valle de Aburrá; además, llegó a ser el máximo líder de “la Terraza”, uno de los principales tentáculos de “la Oficina”, con redes delincuenciales en cinco comunas de la ciudad y el Suroeste antioqueño.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

José Leonardo Muñoz Martínez (“Douglas”) ha pagado 12 de los 32 años de cárcel de su condena. Foto de cortesía.

“Douglas” estaba en la cárcel La Picota, de Bogotá, y fue incluido en la lista de seis personajes que serán trasladados a otros establecimientos por orden del nuevo director (e) del Inpec, el coronel Joaquín Medrano Muñoz.

Los demás reseñados son el excomandante paramilitar y narcotraficante Carlos Mario Jiménez (“Macaco”); Juan José Valencia Zuluaga (“Falcon”, “Babalao” o “Andrea”), procesado por ser un presunto narco y lavador de activos asociado con el Clan del Golfo en Antioquia y la Costa Caribe; y José Facundo Castillo, exgobernador de Arauca, señalado de tener nexos con la guerrilla del ELN.

El listado lo complementan Emilio Tapia Aldana, condenado por el célebre cartel de la contratación en la Alcaldía de Bogotá e implicado en el escándalo de corrupción de Centros Poblados; y el excongresista Eduardo Enrique Pulgar Daza, condenado por tráfico de influencias en la rama judicial.

Según la Resolución 001497 del 3 de marzo de 2022, la primera orden firmada por Medrano, “Douglas” y los otros cinco presos serán trasladados “a otro pabellón o centro de reclusión que ofrezca mayores condiciones de seguridad”.

Como justificación para la medida, el documento señaló que “por su perfil y situación de seguridad se hace necesario ordenar sus traslados, a fin de proteger el derecho a la vida de la población privada de la libertad y el personal del Cuerpo de Custodia y Vigilancia”.

El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, añadió que la decisión también se tomó “luego de investigaciones que permiten concluir que algunas personas privadas de la libertad pueden ejercer influencia en los establecimientos en los que permanecen recluidos”.

En el caso de Muñoz Martínez, el traslado será para el pabellón 34 de la cárcel Picaleña, de Ibagué, una penitenciaría en la que ya había estado preso en 2013. En ese entonces fue llevado allá junto a otro jefe de “la Oficina”, Ericson Vargas Cardona (“Sebastián”).

El director del Inpec del momento, general Gustavo Ricaurte, dijo en aquella oportunidad que la remisión de los dos cabecillas se originó “porque es necesario impedir que los detenidos de alto perfil delincuencial afecten el orden, la disciplina en los centros de reclusión o continúen o inicien estructuras delictivas que puedan afectar la seguridad ciudadana“.

Sobre “Douglas”, las agencias de seguridad han manifestado en varias oportunidades que, presuntamente, continuó dando órdenes desde las celdas. Por este motivo ha sido rotado por varias prisiones, que incluyen El Pedregal (Medellín), Cómbita (Boyacá), La Paz (Itagüí), La Picota (Bogotá) y de nuevo Picaleña.

Muñoz fue capturado en abril de 2009, en un apartamento de El Poblado. Luego de cinco años de audiencias y juicio oral, fue condenado a 32 años de cárcel por secuestro extorsivo y concierto para delinquir.

La víctima del caso fue la empleada de una agencia de aduanas de Barranquilla, a quien “la Oficina” secuestró durante un mes en Medellín para cobrarle el dinero que perdió por la incautación de un cargamento de cocaína en el puerto.

Hay que recordar que el cuerpo de custodios de La Picota quedó en entredicho esta semana, cuando se descubrió que el empresario Carlos Mattos, procesado por cargos de corrupción, salía de la celda “como Pedro por su casa”, escoltado por funcionarios del Inpec, para atender diligencias personales en su oficina privada en Bogotá.

Como consecuencia de eso, fueron despedidos de sus cargos los directores del Inpec y de La Picota, en el inicio de una pugna que promete relevar a más funcionarios. La prisión será intervenida, según el ministro de Justicia.

NOTA RELACIONADA: Una condena será el futuro de “Douglas”.

El Inspector.

La acción policial, que incluyó ocho meses de investigaciones, terminó con la judicialización de 20 presuntos integrantes de ese grupo, que delinquían en los barrios Naranjal, San Joaquín y Laureles, en el sector Arrabal y el corredor turístico de la carrera 70.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Estos fueron los capturados en la Operación Maremoto del Gaula de la Policía. Son señalados de trabajar para “la Terraza”. Foto cortesía del Gaula.

El comandante de la Policía Metropolitana, general Javier Martín, explicó que en ese tiempo se conocieron 70 víctimas, de las cuales 18 denunciaron las extorsiones y la venta de drogas promovida por los delincuentes.

Los cobros por la supuesta “vigilancia” se hacían de manera semanal, afectando “a 40 locales comerciales, entre discotecas, fondas, colchonerías y restaurantes”, según el informe oficial del caso. Los delincuentes “realizaban un estudio de la productividad del establecimiento, exigiendo sumas semanales que oscilaban entre $80.000 y $200.000, dando un ingreso al grupo delincuencial aproximado de $288.000.000 anuales”.

El general Martín detalló que también extorsionaban a 30 vendedores ambulantes, pidiéndoles $20.000 semanales, recaudando por este concepto $28’800.000 anuales.

NOTA RELACIONADA: Suben muertes en nororiente de Medellín por crisis en “la Terraza” y un asesino en serie.

HABLAN LAS VÍCTIMAS
La información fue confirmada por varios comerciantes de la comuna, que conversaron con El Colombiano bajo reserva de identidad. “Antes de la pandemia había extorsiones esporádicas. A partir del 2020 esto se volvió una cosa impresionante, nos inundamos de extorsionistas, sobre todo en el primer y segundo parque de Laureles, y en el corredor de La 70, entre la U.P.B. y la estación Estadio del metro”, relató un afectado.

Otro de los perjudicados explicó que los delincuentes llegaron ofreciendo un servicio de “vigilancia privada”. “Desde el año pasado se dispararon los robos en Laureles, en parte por causa de migrantes venezolanos y por el desempleo que dejaron las cuarentenas. Entonces aparecieron estos muchachos, diciendo que ellos iban a cuidar la zona de todos esos ladrones. Algunos comerciantes les pagaron porque ya estaban mamados de tantos robos, y otros lo hicieron por miedo”, señaló.

Para “ganarse” la confianza de algunos empresarios, “la banda hacía rebajas en las extorsiones. En los meses más difíciles de la pandemia, pedían $40.000 semanales de ‘vacuna’, en vez de los $80.000 de siempre”, narró otro comerciante.

La supuesta vigilancia de “la Terraza” no redujo los hurtos, sino que aumentaron y, para rematar, varios fueron cometidos por sus integrantes, según la investigación. La estadística del Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia de la Alcaldía (Sisc) señala que en 2020 se registraron 1.318 hurtos a personas en esa comuna (con corte al 22 de octubre), mientras que en ese lapso de tiempo de 2021 sucedieron 1.825.

“Ellos eran los mismos campaneros para los robos. Se paraban afuera de los restaurantes u hoteles, seleccionaban a las víctimas, y después llegaban otros en moto a atracarlas”, precisó un trabajador.

Los criminales también se dedicaron a la venta de droga, sobre todo en Naranjal, donde emplearon a menores de edad para la distribución.

Todos estos problemas cansaron a la comunidad y a los comerciantes. “Decidimos unirnos, hablamos con el Gaula, invertimos en cámaras de seguridad y luego nos llenamos de paciencia, mientras los policías hacían su trabajo de inteligencia. Esa operación Maremoto fue un esfuerzo de todos”, concluyó una víctima.

NOTA RELACIONADA: El embargo de la flotilla de taxis de “la Terraza”.

REDES CRIMINALES
El fortín histórico de “la Terraza” está en las comunas de Manrique y Aranjuez, donde surgió en los 80, recluta a la mayoría de sus integrantes y viven sus familiares.

Desde 2013 inició una paulatina expansión en otras comunas, como Castilla, Doce de Octubre, Villa Hermosa y La Candelaria, por medio de sociedades con combos de esas zonas, como “Toscana”, “la Matecaña”, “13 de Noviembre” y los “convivires” del Centro.

La extensión de sus redes en Laureles fue detectada en 2017 por la Dijín y la Fiscalía. “La Terraza” estableció una alianza con un grupo denominado “la Oficina de Laureles”, dedicado al sicariato, la extorsión y el tráfico de drogas en los barrios Lorena y Laureles.

En 2018 y 2019 fueron detenidos más de 10 de sus integrantes, incluyendo a los cabecillas, lo que diezmó su participación en el mercado criminal. Sin embargo, los intereses de “la Terraza” en la segunda comuna con más ingresos per cápita de Medellín continuaron y, tal cual informaron los comerciantes, se consolidaron durante la pandemia.

Fuentes de Inteligencia relataron que la organización ya tenía control de la frontera de La Candelaria con Laureles, gracias a sus alianzas con los “convivires” de los barrios El Chagualo, San Benito y Corazón de Jesús. “Para ellos fue tan simple como cruzar el río Medellín, porque Naranjal les queda al frente, y ahí no había otra banda que se les opusiera”, dijo un agente judicial.

Según el Gaula, las actividades ilícitas en Laureles eran coordinadas desde Manrique por alias “el Gordo”, un mando medio de “la Terraza”, quien también fue detenido en la operación “Maremoto”. Con él cayeron sus dos hombres de confianza, “el Mono” y “el Oso”, además de cinco coordinadores de barrio y 12 cobradores de “vacunas” y jíbaros.

“Después de esas capturas se redujo la extorsión. La esperanza que tenemos es que el juez los mande a la cárcel un buen tiempo, y que ojalá no los reemplacen otros extorsionistas”, rogó un comerciante.

 –  – – – – – – – – – –  – – – – – –  — –  – – – – – – – – – – – – – – – – -

ANEXO: YA SE FUGÓ UNO DE LOS IMPLICADOS
Dentro de las 20 personas judicializadas en la operación Maremoto había un presunto cobrador de extorsiones, apodado “Cala”. Este hombre fue llevado al Centro de Traslado por Protección (CTP) de la Minorista, en el centro de Medellín, y junto a otros dos internos se fugó el pasado 2 de noviembre. Según la información preliminar, usaron un cuchillo para romper algunos ladrillos durante varios días, hasta que lograron abrir un hueco. La fuga de “Cala” generó inquietud en los comerciantes de Naranjal, a quienes atormentaba con sus cobros.

NOTA RELACIONADA: Mataron a “Hache”, presunto disidente de “la Terraza”.

El Inspector.

El crimen sucedió a las 10:45 a.m. del jueves 30 de septiembre, después de que la jurista de 51 años saliera de la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, tras realizar unas diligencias en compañía de su sobrino Ricardo Rojas Becerra.

Este es el seguimiento del caso elaborado por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

En este carro viajaban las víctimas, cuando se produjo el ataque sicarial en el municipio de La Estrella. Foto de cortesía.

Abordaron un automóvil Chevrolet Sonic, sin percatarse de que los seguían cuatro sicarios en dos motocicletas. Videos de cámaras de vigilancia, conocidos por este diario, muestran la persecución de los homicidas durante dos cuadras, haciendo disparos a las ventanillas delanteras.

Rojas, quien estaba al volante, perdió el control del vehículo en el barrio Villa Mira de La Estrella. Se salió del carril en la calle 77sur con la carrera 57, y terminó estrellado contra un kiosko.

El informe preliminar de la Policía señaló que el conductor, quien estudiaba Derecho en la Universidad Autónoma Latinoamericana, falleció dentro del carro por 35 impactos de bala en diferentes partes del cuerpo. El domingo 3 de octubre cumplía 23 años de edad.

Su tía, contra quien se presume que iba dirigido el atentado, según las autoridades, sobrevivió con cuatro heridas en el tórax, la escápula derecha, el antebrazo izquierdo y el muslo derecho, atravesado por un proyectil.

CASOS DE RELEVANCIA
La noticia del ataque se esparció por los pasillos de la Fiscalía y los despachos judiciales de Medellín, en donde la penalista es reconocida por representar jurídicamente a varios de los principales cabecillas del crimen organizado del Valle de Aburrá. Entre sus clientes están Julián Andrey González Vásquez (“Barny”), Édinson Rodolfo Rojas (“Pichi Gordo”) y Camilo Rendón Castro (“el Saya”), líderes de “la Terraza” y “la Oficina”; los primeros dos están actualmente en libertad condicional, mientras terminan de pagar sendas condenas por homicidio.

Precisamente, la abogada los estuvo asesorando – junto a otros colegas – en un sonado caso de cooperación con la justicia entre noviembre de 2015 y febrero de 2016. A cambio de beneficios legales, los cabecillas (que estaban presos en ese momento) se acercaron a la Unidad de Vida de la Fiscalía de Medellín, y prometieron suministrar información para esclarecer varios asesinatos y ayudar a disminuir los conflictos entre combos.

Para demostrar su compromiso, le entregaron a las autoridades una caleta con 80 armas de fuego en una finca del corregimiento Santa Elena y facilitaron el sometimiento de alias “la Pecosa”, un mando medio de su organización que tenía orden de captura pendiente.

El proceso no llegó a buen término, pues suscitó enfrentamientos dentro de la misma Fiscalía, por la forma en que se estaba llevando a cabo la negociación, y fue cancelado desde la Dirección Central del organismo. Los cabecillas no obtuvieron las rebajas de pena que buscaban.

NOTA RELACIONADA: Alianza ilegal crece mientras las autoridades discuten.

Becerra también ha sido defensora de Mauricio Asprilla, un líder comunitario del sector Zafra, arrestado en 2017 por supuestos nexos con la banda “los Pájaros”, de Belén. Durante el juicio, este hombre se declaró inocente y hoy está pendiente del fallo del juez.

La misma litigante ha sido investigada por la Fiscalía por algunas de sus actuaciones. En mayo de 2016 le imputaron el cargo de extorsión, por su presunta participación en el cobro de una vacuna al alcalde de Carepa, Antioquia, Agapito Murillo (2012-15).

De acuerdo con el ente acusador, en 2012 a este mandatario le pidieron $50 millones a cambio de archivarle una investigación por homicidio, la cual se demostró luego que era falsa; Murillo alcanzó a entregar $19 millones. Becerra no aceptó la imputación y está a la espera de la lectura del fallo.

HIPÓTESIS DEL ATAQUE
Sobre las causas del atentado, fuentes judiciales manifestaron que se estudian dos hipótesis. La primera está relacionada con una disputa interna en “la Terraza”, que hoy tiene enfrentados a varios de sus cabecillas por el poder.

Este pleito es el principal causante del incremento en el índice de homicidios del 157% en Manrique y del 45% en Aranjuez (al comparar 2021 con el año anterior), las dos comunas de Medellín con más injerencia de esta organización.

La otra teoría de los investigadores tiene que ver con un presunto desacuerdo entre la litigante y la banda “los Triana”, por el pago de los honorarios de una gestión judicial.

La clave para esclarecer lo ocurrido está en el supuesto sicario capturado en La Estrella, momentos después del ataque. En los videos se ve que una patrulla policial llegó a los pocos segundos de que el carro de las víctimas se estrellara contra el kiosko, y persiguió a los sospechosos.

Tres hombres fueron detenidos de manera preventiva, y uno de ellos presentado ante la Fiscalía. Según la Policía, se trata de Milton Andrés Gómez Ochoa alias “Milton”, de 19 años, quien en su intento de escape dejó tirada una moto NKD negra, un casco y un bolso que contenía una pistola con silenciador.

En la audiencia de control de garantías no aceptó los cargos en contra, por homicidio agravado, tentativa de homicidio y porte ilegal de armas, y fue enviado a la cárcel por un juez,

NOTA RELACIONADA: Suben muertes en nororiente de Medellín por crisis en “la Terraza” y un asesino en serie.

– – – – – – – —  – – —  — – – – –  —  —  — – –  —  – – – – – – – – – –  – –

ANEXO: OTROS ATAQUES CONTRA ABOGADOS
- Óscar Iván Gómez Zuluaga: muerto por asfixia mecánica en su oficina del centro de Medellín, el 18 de julio de 2021. Fue fiscal, juez y al momento de su muerte era litigante.
- Jaime Alfredo Bustamante Valencia: asesinado por sicarios en el centro de Bello, el 12 de febrero de 2016. Defendía en estrados a miembros de bandas de ese municipio.
- Fabio Edilberto Orozco Atehortúa: decapitado en su apartamento del barrio Florida Nueva, de Medellín, el 16 de marzo de 2012. Fue defensor público y luego litigante.
- Edquir José López Londoño: asesinado por sicarios el 5 de mayo de 2011, en un restaurante del barrio Las Cabañas, en Bello. Representó a varios excomandantes de las Auc y las Farc en audiencias de Justicia y Paz.

El Inspector.

En Manrique (comuna 3) el aumento es de 160% en el índice de asesinatos, al pasar de cinco casos en 2020 a 13 en lo que va del presente año (con corte a junio 30), según el Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia (Sisc) de la Alcaldía. En Aranjuez (comuna 4) el incremento es del 91%, con 21 casos, mientras que en el mismo lapso de la anterior anualidad iban 11.

Este es el análisis de la situación elaborado por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Los patrullajes de la Policía en Manrique y Aranjuez no han sido suficientes para mermar el índice de homicidios en 2021. Foto de Manuel Saldarriaga.

Los hechos se dan en el marco de un leve crecimiento de este indicador negativo en la ciudad. En 2020, a esta fecha, ocurrieron 190 muertes violentas, que subieron a 210 este año, es decir, 10.5% más.

El secretario de Seguridad, José Acevedo, comentó que era de esperarse un incremento de este tipo, teniendo en cuenta que en 2020 se dieron los confinamientos más severos de la pandemia, mientras que ahora la ciudadanía está retomando su cotidianidad.

Sin embargo, que esta situación se presente en Aranjuez y Manrique es sorpresiva, porque en estas dos comunas hay una hegemonía ilegal de la banda “la Terraza”, que desde hace cuatro décadas ha impuesto una suerte de gobernanza criminal. Esto incluye la regulación de los homicidios, con el propósito de no atraer la atención de las autoridades. ¿Qué está pasando ahora?

GOBERNANZA CRIMINAL
“La Terraza” se dedica al narcotráfico, el sicariato, extorsiones, desplazamientos forzados, desapariciones, secuestros, lavado de activos, pagadiario y cobro de deudas mafiosas, entre otros delitos. La primera generación se formó en Manrique en los 80, y bajo la comandancia de la banda “los Priscos” (de Aranjuez) hizo parte de la coalición del cartel de Medellín.

En 1993, con la desintegración del cartel y de “los Priscos”, se convirtió en la estructura más poderosa de Manrique y Aranjuez, al servicio del capo paramilitar Diego Murillo (“don Berna”) y como mercenaria de las Autodefensas.

En 1999 la ambición por escalar en el mundo del narcotráfico la llevó a una guerra interna con las huestes de “don Berna”, de la cual salió derrotada en 2002. Su cúpula fue aniquilada, dando origen a una segunda generación de cabecillas, asociados a “la Oficina”, la confederación mafiosa que agrupa hoy a la mayoría de combos del Valle de Aburrá.

NOTA RELACIONADA: Así exterminaron a la temible banda “La Terraza”.

“La Terraza” tiene redes clandestinas en Villa Hermosa, La Candelaria y Castilla, pero su base de operaciones sigue estando en Manrique y Aranjuez. En total, hay 65 combos a su servicio (sin contar los de fuera de Medellín).

En la última década el índice de homicidios de estas dos comunas venía por debajo del promedio de la ciudad, pues la organización mantenía bajo control los conflictos entre combos, lo que no ocurría en otros sitios como Altavista, San Javier, Robledo o Bello.

Los académicos llaman a esa conducta “gobernanza criminal”. El estudio titulado “La ley de las bandas: entendiendo y contrarrestando la gobernanza criminal” (Gang rule: understanding and countering criminal governance), publicado en febrero de 2021 por las universidades de Chicago y Eafit, toca ese aspecto.

Chris Blattman, uno de los investigadores, le contó a El Colombiano el 22 de febrero que hay tres razones por las que las bandas hacen ese control social y delictivo: “Como una línea de negocios (ingresos por multas, por ejemplo); porque les gusta el estatus y respeto que eso genera en algunos barrios; y porque eso los protege de la acción del Estado, ya que promover esa especie de orden evita que la Policía esté yendo al vecindario a arreglar problemas”.

¿DEBILIDAD ESTRUCTURAL?
El aumento de homicidios en su principal área de influencia implicaría que esta gobernanza criminal se ha debilitado. La teoría de Acevedo es que dicha inestabilidad se relaciona con los golpes de la Fuerza Pública. “A ‘la Terraza’ se le han dado golpes duros, eso genera fricciones al interior de la organización, comienzan a culparse entre ellos, y esas culpas las arreglan asesinándose”, dijo.

Entre los operativos más destacados de los últimos tres años están las capturas de cabecillas, como “Keiler”, “Chicho”, “Guasón”, “Tréllez”, “Mocho Vives”, “Gallina” y “Cheto”.

Las detenciones se han extendido a los combos asociados: 19 miembros de “los de la Plaza de Campo Valdés”, 14 de “los Calvos” y siete de “la convivir de San Benito”; este último caso incluyó el embargo de bienes por $10.000 millones, entre ellos 14 taxis.

Claudia Carrasquilla, exdirectora de Crimen Organizado de la Fiscalía, expuso que la fragilidad en la línea de mando también se relaciona con la reciente salida de la cárcel de algunos jefes tradicionales de la banda, como “Pichi Gordo”, “Barny”, “Richard” y “Yordi”.

NOTA RELACIONADA: ¿Qué hacer con los cabecillas que salen de la cárcel?

“De algún modo quieren retomar el control absoluto de las rentas criminales y eso ha generado una confrontación interna”, advirtió la penalista.

En ese escenario murieron socios e integrantes de la coalición de “la Terraza”. El 21 de agosto de 2020 los sicarios mataron al “Negro Andrés” en el barrio Córdoba, y al “Gomelo” en el barrio Aranjuez; y el 4 de enero de 2021 acribillaron a “Hache” en Bello.

Todo indica que en la organización no hay un único jefe que aglutine a los demás, lo que se está traduciendo en la aparición de contrapoderes al interior de la jerarquía.

NOTA RELACIONADA: Mataron a “Hache”, presunto disidente de “la Terraza”.

ASESINO EN SERIE
Acevedo señaló que hubo hechos de intolerancia que aportaron a la estadística negativa. De los 13 crímenes cometidos en Manrique, ocho fueron con arma cortopunzante y objeto contundente; y en Aranjuez, de esa misma manera mataron a 13 de las 21 víctimas.

Las autoridades no asocian esas modalidades con el sicariato, sino con riñas y delincuencia común, lo que implicaría que “la Terraza” ya no tiene control de esas dinámicas mediante intimidación y vigilancia ilegal, o que simplemente ya no le interesan.

En este punto resalta la macabra historia de un presunto asesino en serie, quien habría matado a cuatro personas en 10 días, tres de ellas en la comuna 4. Se trata de Johany Acuña Hernández, un habitante de calle, que según la Fiscalía atacaba a otros mendigos cuando dormían en las aceras, aplastándoles la cabeza con algún objeto pesado.

Natalia Rendón, directora de Fiscalías de Medellín, narró que la primera víctima fue César Tobón Álvarez, a quien le descargaron un bloque de cemento en el rostro, el pasado 15 de abril, cuando pernoctaba en una calle del barrio Sevilla.

El 19 de abril mataron con un ladrillo a Luis Miguel Osuna, en el barrio San Pedro; y el 24 de abril, en El Chagualo, con una roca le quitaron la vida a Sandro Echavarría Gallego. Al día siguiente, cerca del cementerio de San Pedro, otra piedra fue usada para asesinar a Jhon González Calle y dejar herido a otro mendigo NN que estaba con él.

Sobre la problemática en Manrique y Aranjuez, el secretario de Seguridad manifestó que “la institucionalidad está haciendo un esfuerzo puntual, las investigaciones prosiguen y hay unos hechos que han ocurrido últimamente por los que habrá más capturas”.

Según las autoridades, de los crímenes perpetrados en Manrique en 2021 se han esclarecido ocho, y cinco de los acaecidos en Aranjuez, incluyendo la captura de Acuña por la sistemática muerte de los habitantes de calle.

NOTA RELACIONADA: Castilla perdió el año en homicidios.

El Inspector.

El hallazgo ocurrió en el marco de la Operación Argenta, desarrollada por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y la Fiscalía, y sus resultados fueron presentados el 9 de marzo por el fiscal General de la Nación.

Estos son algunos de los taxis decomisados por las autoridades a la red de lavado de activos de “la Terraza”. Foto: cortesía de la Policía.

“Incautamos $10.000 millones a ‘la Terraza’, estamos quitándoles la fuente de financiamiento a estas organizaciones y golpeando las economías ilegales que afectan a la ciudad”, declaró el fiscal Francisco Barbosa.

“La Terraza” es una de las bandas más antiguas, surgió en los años 80 y está en la segunda generación de su cúpula. Obtiene ingresos de múltiples negocios, como narcotráfico, administración de plazas de vicio, cobro de deudas mafiosas, sicariato, extorsiones, pagadiario y venta ilegal de lotes, entre otros.

Bajo su estructura confederada tiene 55 combos a su disposición, que actúan en las comunas de Aranjuez, Manrique, Popular, La Candelaria, Castilla y El Poblado; en el Suroeste y Oriente de Antioquia.

La Operación Argenta golpeó a una de estas subestructuras, “la convivir de San Benito”, la cual tiene influencia en los barrios Estación Villa, San Benito, Candelaria y Villa Nueva, del centro del Medellín.

Según Ángela Bahamón, delegada de la Fiscalía para las Finanzas Criminales, este grupo integra el ala financiera de “la Terraza”, “encargado de ocultar los recursos obtenidos por la venta de estupefacientes, mediante la compra de inmuebles y taxis, desarrollando también otras maniobras de ocultamiento para ingresar dinero al sistema financiero”.

En allanamientos realizados en Medellín y el municipio de San Roque, fueron capturados siete presuntos integrantes de “la convivir de San Benito”, todos de la misma familia: el presunto cabecilla Hernán Monsalve García (“el Viejo”), Cristian Monsalve Hincapié, Darwin Monsalve Cortés, Caroline Monsalve Hincapié, Luz Monsalve Jaramillo, Estefanía Monsalve Cuartas y Yeny Guzmán Monsalve.

En la audiencia de control de garantías, la Fiscalía les imputó el lavado de activos y enriquecimiento ilícito, que ellos negaron en el estrado. El juzgado les dictó medida de aseguramiento en la cárcel.

Las autoridades embargaron dos casas, siete apartamentos con sus parqueaderos, dos locales comerciales, dos edificios en etapa de construcción y los 14 taxis, entre otras propiedades, por un valor de $10.000 millones. Sobre estos bienes inició un proceso de extinción de dominio.

También investigan varios hoteles y residencias del Centro, que al parecer eran usados para el acopio y venta de droga, según la fiscal Bahamón.

¿PARA QUÉ LOS TAXIS?
De estos embargos, lo que más sorprende es la “flotilla amarilla”. ¿Para qué le interesa a “la Terraza” invertir su plata en taxis? Para resolver la inquietud, consultamos a investigadores de la Dijín y la Fiscalía que han combatido a esta banda.

“A ellos les sirve para movilizar a sus integrantes de forma desapercibida, y para el transporte de armas y drogas”, indicó uno de ellos. Esta situación quedó ejemplificada con una sentencia del Juzgado 1° Penal del Circuito Especializado de Medellín, proferida el 15 de diciembre de 2014 contra el taxista Pedro Peña Pérez, alias “Pedrito”.

La justicia lo condenó a 12 años y medio de cárcel por concierto para delinquir agravado, tráfico de armas y uso de menores para delinquir, al comprobar que transportaba drogas para las plazas de vicio de “la Terraza” y pistolas para las “vueltas” de sus sicarios. En sus desplazamientos llevaba a un niño vecino, para no levantar sospechas.

El vehículo estaba a nombre de su mamá, a quien le liquidada $60.000 diarios, y adscrito a una empresa legal de taxis de Medellín.

Otro uso que le dan a los “amarillos” es en labores de seguimiento de futuras víctimas de secuestro y asesinato. Un episodio asociado a esto ocurrió el 12 de julio de 2012, en la entrada del Jardín Botánico, donde la banda acribilló a dos policías dentro de una camioneta: los subintendentes Franklin Moreno y Sergio Castro, de la Dirección Antinarcóticos, quienes hacían un trabajo encubierto para capturar a “Pichi Gordo” y “Barny”, dos jefes de “la Terraza”.

Aquel día esperaban a un informante que los llevaría a la finca en la que supuestamente estarían los cabecillas, pero este los traicionó y a la cita solo llegaron los asesinos.

NOTA RELACIONADA: El espionaje policíaco destapó la trampa de “Yordi”.

La investigación demostró que antes del ataque, un taxi hizo rondas para vigilar la zona, y que ahí se transportaron las armas de los sicarios. El taxista Juan Pablo Álvarez Quintero (“el Gordo”) fue condenado a 14 años por su participación en el crimen.

“A ellos también les sirven los taxis para blanquear el dinero que consiguen de forma ilegal, por medio de testaferros. A la DIAN le reportan unas ganancias mensuales, que en realidad son infladas para ocultar los ingresos de las plazas de vicio, ¿porque quién puede confirmar exactamente cuánta plata hace un taxi con sus carreras?”, señaló otro de los investigadores.

“La Terraza” –al igual que otras bandas del Valle de Aburrá– usa estos automotores como inversión “legal”. “En este caso les encontraron 14 taxis, todos afiliados a empresas, y supongamos que cada uno liquidaba $80.000 diarios. Eso da $33’600.000 al mes, no es un mal negocio”, concluyó la fuente.

ANTECEDENTES CERCANOS
Esta es el segundo golpe con fines de extinción de dominio que le hacen a “la Terraza” en menos de dos años. El 30 de octubre de 2019 se ejecutó la Operación Amonet, en la cual fueron embargados 378 bienes valorados en $400.000 millones, los cuales estaban a nombre de supuestos testaferros y familiares de “Pichi Gordo”, “Barny”, “Chicho”, “Guasón”, “Saya”, “Keiler”, “el Cerdo” y otros miembros de la facción.

Entre los bienes hubo 340 inmuebles, 17 vehículos, 14 establecimientos comerciales y siete sociedades. Esto incluyó cuatro edificios en el sector El Hueco, del centro de Medellín.

Ya pasaron 17 meses desde aquella medida y, según fuentes judiciales, el proceso avanza muy lento. El juzgado está a la espera de que la Fiscalía 65 Especializada de Extinción de Dominio presente la demanda de extinción, la cual le ha devuelto dos veces para que le haga ajustes. Se presume que resolver este caso podría tardar otros tres años.

En la resolución de medidas cautelares expedida por la Fiscalía 65 (radicado N°1100 16099 068201 701074) fueron expuestas algunas de las modalidades con las que “la Terraza” adquiere estos bienes.

“Es tal su poder que se dedica a tomar la ley por su cuenta, se subrogan funciones de ‘conciliadores’ o ‘notarios’, para realizar partición de herencias, bajo la intimidación a sus víctimas, que se ven obligadas a firmar documentos y aceptar las condiciones por ellos impuestas”, indicó la Fiscalía, y aseveró: “Aunado a ello, se establece la participación de personas que prestan su nombre para efectuar negociaciones para ellos, pretendiendo ocultarse en el perfil de comerciantes”.

Las propiedades y bienes embargados en las dos operaciones están bajo la custodia de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), incluyendo los taxis con los que al parecer ejecutaban sus fechorías.

NOTA RELACIONADA: Fortuna de “la Terraza” fue embargada y futbolista salió salpicado.

En diciembre, de acuerdo con el reporte del Inpec, la justicia le concedió la detención domiciliara a Juan Carlos Castro, alias “Pichi Belén”, señalado por las autoridades de ser uno de los máximos cabecillas de la organización criminal “la Oficina” y a su vez líder de la banda “San Bernardo”, que delinque en la comuna 16 de Medellín (Belén).

Este es el análisis realizado por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Carlos Mauricio Soto Isaza (“Soto”) tiene una condena de nueve años de cárcel por concierto para delinquir agravado. Foto cortesía de la Policía.

Castro fue capturado el 19 de agosto de 2018 en una cabaña de Tolú (Sucre), hecho que fue ampliamente celebrado por la Alcaldía de Medellín y la Policía, al considerarlo un golpe demoledor contra la mafia. Hicieron énfasis en sus antecedentes, que incluyen una condena de 1997 a 18 años por homicidio, tentativa de homicidio, porte ilegal de armas y falsedad material en documento público (radicado 0500131040131997-04077).

Al terminar de pagar esa pena en 2017, volvió a sus andanzas y lo detuvieron al año siguiente, tal cual se indicó. El 15 de marzo de 2019 fue condenado –otra vez– por concierto para delinquir agravado, en un fallo emitido por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Medellín.

La nueva pena fue de seis años, tras haber hecho un preacuerdo con la Fiscalía. Sin embargo, solo estuvo dos años y cuatro meses tras las rejas, obtuvo beneficios por buen comportamiento y estudio y ahora disfruta de la detención domiciliaria.

NOTA RELACIONADA: “Pichi Belén” cayó sin llegar a ser el capo que pretendía.

La misma circunstancia favoreció a otro jefe de “la Oficina” y de la banda “Picacho”: Carlos Mauricio Soto Isaza, alias “Soto”. La Policía lo capturó el 22 de marzo de 2017 en el barrio La Colina, de Medellín, luego de que en un consejo de seguridad el entonces alcalde, Federico Gutiérrez, solicitara la priorización de este arresto a la Fuerza Pública.

El Ministerio de Defensa publicó en su cuenta de Twitter que era “el segundo cabecilla de la autodenominada ‘Oficina de Envigado’, es uno de los principales responsables del microtráfico y la extorsión en el Valle de Aburrá”.

Su defensa firmó un preacuerdo con la Fiscalía y el 1 de agosto de 2017 fue condenado a nueve años por concierto para delinquir agravado, por parte del Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Medellín. No obstante, solo pasó encerrado tres años y cuatro meses, y el pasado diciembre también le otorgaron la domiciliaria.

“Soto” y “Pichi Belén” se suman a una lista de cabecillas de alto perfil condenados que, en tiempo de pandemia, salieron de la penitenciaría por diferentes circunstancias procesales, obteniendo la libertad condicional o la llamada casa por cárcel: Julián González Vásquez (“Barny”), John Ricardo Palacio Adarve (“Richard” o “Rayo”) y Juan Pablo Taborda Zamora (“Yordi”), de “la Terraza”; así como Elkin Triana Bustos (“el Patrón”), de “los Triana”; entre otros.

NOTA RELACIONADA: “Soto” pidió perdón y pagará 9 años de cárcel.

Juan Carlos Castro (“Pichi Belén”) tiene una condena por concierto para delinquir y otra por homicidio, tentativa de homicidio, porte ilegal de armas y falsedad en documento. Foto de Carlos Velásquez.

REINCIDENCIA
Uno de los temores con la excarcelación de estos personajes, es que se reactiven las disputas entre combos delincuenciales, tal cual ocurrió en Bello entre 2019 y 2020, cuando el índice de homicidios se incrementó hasta en 145%.

Los protagonistas de esa guerra ya habían cumplido penas carcelarias, y al salir, presuntamente, trataron de reclamar antiguos negocios y cobrar venganzas pendientes: Luis Rodríguez Rodriguez (“el Montañero”), de la banda “el Mesa”; Francisco Mazo Pulgarín (“Pocho”) y Albert Henao Acevedo (“Alber”), de “Pachelly”; y Édgar Pérez Hernández (“el Oso”), de “Niquía Camacol”. Hoy todos están encarcelados de nuevo, con excepción de este último, quien murió por un ataque cardiaco en la cárcel Picaleña de Ibagué (abril 6 de 2020).

Un fenómeno parecido se registra actualmente en Castilla, la comuna del noroccidente de Medellín que tuvo un aumento del 24% en los asesinatos en 2020 (comparado con 2019), según la Administración municipal.

Allá la Policía ha reportado una disputa entre “los Mondongueros” y “los Machacos”, dos estructuras aliadas anteriormente; como presunto líder de la primera está Frank Salazar (“Chichón”), y de la segunda Wilmar Mejía (“Dólar”), ambos en libertad después de pagar sendas condenas por concierto para delinquir, y quienes de nuevo aparecen en los carteles de los más buscados de la ciudad.

Según la estadística del Inpec, de los 97.728 internos del país, 22.627 son reincidentes, es decir, el 23.15%.

En el top 5 de delitos con mayor reincidencia, de acuerdo con esa institución, están el hurto, tráfico o porte de estupefacientes, homicidio, concierto para delinquir y tráfico o porte ilegal de armas.

NOTA RELACIONADA: Las conclusiones del pacto de bandas en Bello.

EL DEBATE
La ley colombiana señala que una de las funciones de la cárcel es resocializar a los detenidos, aunque casos como los mencionados, en los que un cabecilla regresa a la delincuencia provocando oleadas de violencia, generan inquietud en Medellín. ¿Qué estrategia debería asumir el Estado para evitar esa situación? ¿Es necesario diseñar un plan especial para ellos?

El abogado Michel Pineda, presidente de la corporación Compromiso Colombia, enfatizó en que la ley no establece ninguna diferencia entre un excarcelado convencional y los llamados “capos”: “Se asume que cuando cumplan ciertos requisitos, pueden obtener la libertad y la oportunidad de reincorporarse a la sociedad”.

Desde su perspectiva, el Estado debe asumir un cuestionamiento de fondo sobre las causas que llevan a las personas a delinquir.

“Desde el punto de vista de las políticas oficiales, valdría la pena que se revisara la actuación de algunos funcionarios, que les suben el perfil a algunos delincuentes solamente para acceder a las recompensas”, aseveró.

En lo que tiene que ver con la resocialización, Pineda comentó que el Estado debería hacer una mayor inversión en programas de formación y creación de empresas para los pospenados, de modo que puedan hallar más fácilmente un trabajo legal, “porque estas son las cosas que generan la paz”.

Una visión diferente expuso Claudia Carrasquilla, exdirectora de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada y asesora en temas de seguridad. “Lo más posible es que estos cabecillas nunca dejen de delinquir. El Estado debe diseñar un programa de seguimiento especial para estas personas, a través de los organismos de Inteligencia”.

Ampliando su idea, propuso que lo ideal es que las agencias de seguridad tengan un canal de comunicación más activo con el Inpec, que genere alertas cuando alguno de estos personajes esté por salir de la cárcel. Esto ya se aplica en algunas ciudades en las que hay un fuerte trabajo interinstitucional, como Medellín.

“Lo otro es establecer una norma que permita a las autoridades hacer un monitoreo de las finanzas, actividades comerciales y movimientos de esos cabecillas recién salidos de prisión, y de sus familias. Si bien es cierto que se debe garantizar esa libertad, ha habido muchos casos de gente que vuelve a delinquir”, precisó.

El académico Andrés Rico, docente de la facultad de Ciencias Políticas de la U.P.B., propuso una estrategia intermedia, que incluya programas sociales, pero también vigilancia gubernamental.

“El problema con los cabecillas es el factor económico, muchos de ellos siguen percibiendo rentas ilícitas durante su estancia en la cárcel, y al salir simplemente continúan el negocio”, acotó.

Agregó que “el Estado debe brindarles herramientas para ayudarles en la resocialización, porque el sistema penitenciario no tiene esa capacidad por sí solo. Esa estrategia debe tener un fuerte componente psicosocial, pero eso sí, estos programas no pueden ser voluntarios, sino de carácter obligatorio, para garantizar que sí cumplan los pasos de la reintegración. Esto debe acompañarse de un Estado vigilante, que aunque para muchos ciudadanos es algo indebido, en estos casos se requiere saber qué están haciendo los cabecillas”.

NOTA RELACIONADA: “El Patrón” y los cabecillas excarcelados sin pagar ni media condena.

- – – – – – – – — – – – – – – – – – — – – – – – – – – – – — – – – –  —  – – — -

ANEXO: UNA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
El Departamento de Policía de Kansas City, en el estado de Missouri (EE.UU.), participa en un proyecto especial denominado KC NoVa (Kansas City No Violence Alliance), una alianza entre varias instituciones (gubernamentales, civiles y agencias de seguridad) para reducir la violencia en el área urbana de esa ciudad.
Entre las estrategias de KC NoVa, hay una lista de delincuentes peligrosos que están en libertad condicional o a punto de salir de la prisión. Un integrante de este programa, el cual conversó con El Colombiano, detalló que “un funcionario le hace una visita a esa persona de la lista, y nos aseguramos que tenga un plan de vida para después de la cárcel. Si no lo tiene, buscamos brindarle apoyo con las instituciones que hacen parte de la alianza”.

El Inspector.

Fuentes judiciales confirmaron que el ataque sucedió el pasado 4 de enero, en el barrio El Trapiche. Héctor Fabio Zapata Gil (“Hache”), de 42 años, quien residía en una urbanización del vecindario, salió en compañía de su esposa hacia un local de comidas, ubicado en la calle 56 con la carrera 67B.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

En esta esquina del barrio El Trapiche, en Bello, sucedió el ataque sicarial que terminó con la vida de alias “Hache”. Foto cortesía de Guardianes Antioquia.

Cuando estaban en la entrada del establecimiento, a las 7:30 p.m., aparecieron dos hombres en motocicleta, quienes dispararon con pistola en contra de Zapata. De acuerdo con el reporte inicial de la Policía, la víctima recibió ocho impactos en el pecho, los brazos, la pierna derecha y el mentón.

Los agresores lograron escapar y al poco tiempo llegó una patrulla policial, que se encontraba cerca del sitio y escuchó los gritos de angustia. Los uniformados ayudaron a transportar al herido hacia el hospital Marco Fidel Suárez, de Bello; posteriormente fue remitido de urgencia al hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín, donde falleció al mediodía del 7 de enero.

La noche que ocurrió el ataque, su cónyuge, aún en estado de shock, les dijo a los investigadores que no sabía nada de posibles enemigos o amenazas en contra de su pareja. Sin embargo, en el bajo mundo al parecer había un precio por su cabeza.

En 2018 ocurrió una ruptura en la línea de mando de “la Terraza”, una de las bandas más antiguas del Valle de Aburrá. Tras la captura de varios de los cabecillas principales, los líderes que quedaron en las calles se fueron a la guerra por el poder.

Las investigaciones de la Fiscalía indicaron que de un lado estaba Mauricio Zapata Orozco (“Chicho”) y del otro Andrés Fernando Bustamante Osorno (“Tréllez”), quien era secundado por su socio “Hache”. Estos dos últimos lideraron, presuntamente, una disidencia de “la Terraza”, que se enfrentó a sus antiguos compañeros por el control de plazas de vicio, territorios para la extorsión y contratos para el cobro de deudas mafiosas.

NOTA RELACIONADA: Medellín, Envigado y Sabaneta padecen la rebelión en “la Terraza”.

En esta contienda, los disidentes pidieron apoyo a la banda “los Chatas”, de Bello, que rivaliza desde hace años con “la Terraza”, lo que añadió más leña al fuego.

“Hache” era uno de los objetivos pendientes de capturar por la Policía Metropolitana, los cuales aparecen en este organigrama. Cortesía de la Policía.

Tal cual informaron El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo en su momento, los atentados selectivos dejaron 14 muertos y ocho heridos de bando y bando, en Medellín, Sabaneta y Envigado, entre mayo de 2018 y enero de 2019. Algunas de las víctimas fueron ciudadanos inocentes, que recibieron balas perdidas en medio de los ataques.

“Chicho” fue capturado por la Policía el 3 de abril de 2019, en una urbanización de El Poblado. A “Tréllez” lo arrestaron el 11 de febrero de 2020, cuando acababa de salir de una reunión entre criminales, en el barrio bellanita El Porvenir.

La única pieza que quedaba pendiente de aquel conflicto era “Hache”. En los reportes judiciales figuraba sin antecedentes penales y carecía de orden de captura, aunque su rostro aparecía en los organigramas de los objetivos de alto valor estratégico de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. El propósito era detenerlo este año, pero los criminales se adelantaron.

NOTA RELACIONADA: Jefe disidente de “la Terraza” será enviado a La Picota.

El Inspector.

Luego de nueve meses de persecución, policías de la Dijín y del Grupo de Operaciones Especiales (Goes) lo capturaron en la mañana de este domingo 25 de octubre, en una urbanización del barrio Las Palmas, en el oriente de Medellín. Esta es la reseña del caso realizada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Así fue presentado “Mocho Vives” por las autoridades, tras su captura en un apartamento de Las Palmas. Foto cortesía de la Policía.

La ubicación exacta del apartamento la suministró un informante, que podría recibir la recompensa de $50 millones de pesos que había en contra del personaje, según el general Óscar Atehortúa, director nacional de la Policía.

“Mocho Vives” o “el Mocho”, de 35 años, es señalado de ser uno de los supuestos cabecillas de “la Terraza”, organización criminal que delinque en la capital antioqueña desde los años 80. Su base de operaciones está en las comunas de Aranjuez, Manrique y La Candelaria, aunque en la actualidad tiene tentáculos de narcotráfico y extorsión transnacionales, en Estados Unidos, China, Chile y Argentina, entre otros países.

El Juzgado Segundo Penal Municipal Ambulante de Antioquia había emitido una orden de captura por concierto para delinquir agravado, en contra de Palacio Hernández. Su detención fue anunciada este lunes 26 de octubre por el propio presidente de la República, Iván Duque, en una declaración pública en la cual participaron el general Atehortúa y el alcalde de Medellín, Daniel Quintero.

“Es un criminal que llevaba más de 16 años en esta estructura, participando en sicariato, amenazas, secuestro y extorsión. Es uno de los golpes más duros que se le ha dado a ‘la Terraza’ y permite seguir avanzando en su desmantelamiento. Los delincuentes se tienen que someter a la justicia o correrán la misma suerte”, expresó el Jefe de Estado.

NOTA RELACIONADA:  “Chicho” vuelve a prisión y “la Terraza” sigue activa.

EL PRONTUARIO Y LOS HECHIZOS

De acuerdo con el relato de Atehortúa, Palacio habría ingresado a la banda a los 19 años de edad, realizando acciones de sicariato y hurtos. En 2001, cuando escoltaba a un cabecilla apodado “Chicho”, fue víctima de un atentado, en el cual perdió parte de su pierna derecha.

Tras sobrevivir, fue apadrinado por Édinson Rodolfo Rojas (“Pichi Gordo”), quien actualmente es uno de los principales líderes de “la Terraza”. Con este patrocinio, “Mocho Vives” no solo ascendió en la jerarquía de la banda, sino que fue introducido en el culto de la santería y la magia negra, que practican “Pichi Gordo” y otros secuaces de la organización.

“El ‘Mocho’ habría adquirido licoreras, discotecas y viviendas para invertir su capital criminal. Calculamos que mensualmente recibía $500 millones de pesos por extorsión a los comerciantes”, reiteró el general.

Los investigadores averiguaron que el sospechoso cambiaba de vehículos de alta gama con frecuencia, gracias a contactos que tenía en compraventas de carros. El anterior 13 de octubre, cuando fue publicado el nuevo cartel de los más buscados con las recompensas, se aceleraron las indagaciones para dar con su paradero.

El allanamiento de Las Palmas fue el segundo que le hicieron a este hombre en menos de un mes. El pasado 10 de octubre, los agentes de la Dijín entraron a una vivienda del barrio Manrique, donde solía pernoctar en compañía de varias familiares.

En el rincón derecho de la sala, los uniformados encontraron un extraño altar, con un velón encendido. A su lado había una vasija roja, con lo que en brujería se conoce como “una cabeza reducida”, es decir, un pedazo de tronco de árbol o una pepa, a la cual le tallan la forma de un rostro humano. En el recipiente había distintas frutas, dulces y arroz, entre otras cosas.

“Mocho Vives” ya no estaba en el lugar, pero mientras los investigadores hacían la diligencia, una de las inquilinas puso una copa de aguardiente junto al altar. Los agentes entraron a una habitación, en la que encontraron ropa del perseguido y la estatuilla de una Virgen.

“Las ventanas estaban cerradas, no había viento y nadie la tocó, pero en ese momento se cayó sola esa virgen. Eso nos causó curiosidad y nos dio vaina”, relató uno de los investigadores. Las inquilinas justificaron el altar diciendo que “eso era de una religión que ellas practicaban”.

Este fue el altar de santería que encontraron los investigadores en el allanamiento a la casa de Manrique. Foto de cortesía.

DISPUTA INTERNA

Fuentes de Inteligencia señalaron a El Colombiano que hoy en día hay una disputa interna en “la Terraza”, luego de la salida de la cárcel de algunos cabecillas, que llegaron reclamando su antiguo poder.

La situación ha generado asesinatos de socios y presuntos integrantes de la estructura, como Carlos Andrés de los Ríos (“Negro Andrés”), de 45 años, abaleado por sicarios motorizados el pasado 21 de agosto, en el barrio Córdoba; y Pablo Nicolás Serna García (“Gomelo”), de 36 años, a quien también le dispararon ese mismo día, en el barrio Aranjuez.

Debido a estos problemas internos fue que, presuntamente, un informante “muy cercano a la banda”, según Atehortúa, entregó la ubicación de “Mocho Vives”.

El oficial añadió que “bajo su tutela existían grupos criminales dedicados al fleteo en los semáforos. Instrumentalizaba menores de edad, tratando de incorporarlos a la banda, como hicieron con él en el pasado”.

Sobre esto último se pronunció el alcalde Daniel Quintero, opinando que su Administración se ha concentrado en atacar ese delito. “Si les quitamos los menores de edad a las organizaciones criminales, vamos a construir un mejor futuro para Medellín. Llevamos 22 cabecillas de bandas capturados”, precisó.

En estos momentos, “Mocho Vives” está siendo presentado ante un juez de control de garantías de Medellín, donde podrá defenderse de las imputaciones de la Dirección de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada. La audiencia se desarrolla de manera virtual.

La Fuerza Pública ahora está a la caza de su patrón “Pichi Gordo”, quien también fue recientemente incluido en la lista de los más buscados, después de recibir el beneficio de la libertad condicional el pasado 21 de enero.

Según los investigadores que lo conocen de hace años, ya debió haber prendido las velas negras y empacado los amuletos “para tratar de hacerse invisible”.

NOTA RELACIONADA: “Pichi Gordo” fue beneficiado con libertad condicional.

El Inspector.

Fuentes cercanas al caso contaron que la captura se presentó a las 5:00 p.m. de este martes 11 de febrero, en una vía pública del barrio El Porvenir de Bello, cuando Andrés Fernando Bustamante Osorno (“Tréllez”), de 37 años, salía de una reunión con otros presuntos delincuentes de la localidad.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Alias “Tréllez” fue capturado por la Dijín en el municipio de Bello y será trasladado a la cárcel La Picota de Bogotá. Foto de cortesía.

La detención de este hombre se convirtió en un objetivo para las autoridades debido a una oleada de homicidios que sacudió al nororiente de Medellín, Envigado y Sabaneta entre 2018 y 2019. La razón fue una división interna en la banda “la Terraza”, una de las más antiguas del Valle de Aburrá.

De acuerdo con información de Inteligencia, se presentó una disputa por el poder de la organización, entre los cabecillas Mauricio Zapata Orozco (“Chicho”) y su exsocio “Tréllez”, quien junto a otros integrantes decidió formar una disidencia.

NOTA RELACIONADA: Medellín, Envigado y Sabaneta padecen la rebelión en “la Terraza”.

La disputa se tornó violenta el 22 de mayo de 2018, cuando unos sicarios, al parecer recibiendo órdenes de “Tréllez” y con la promesa de cobrar $100 millones, atentaron contra “Chicho” afuera del establecimiento de polígono El Viejo Oeste, en el barrio Los Colores de Medellín.

“Chicho” sobrevivió con heridas en las piernas, y uno de los mercenarios que participó en el ataque fue acribillado el 16 de septiembre siguiente en el municipio de San Jerónimo, Antioquia.

NOTA RELACIONADA: Ataque sicarial de San Jerónimo habría sido retaliación por atentado.

La confrontación se desplazó hasta Envigado y Sabaneta, donde la disidencia de “Tréllez” controlaba algunos sectores para el cobro de extorsión y el tráfico de estupefacientes. Según una investigación de El Colombiano, hubo 14 muertos y ocho heridos entre mayo de 2018 y enero de 2019.

La disputa se recrudeció cuando las fuerzas de “Chicho” (hoy capturado) recibieron apoyo de la banda “Trianón”, la más fuerte de Envigado, mientras que las huestes de “Tréllez” lograron patrocinio de “los Chatas” de Bello.

La audiencia de control de garantías se realizó en la tarde de este miércoles 12 de febrero en el Palacio de Justicia de Medellín, donde un fiscal de la Dirección de Fiscalías contra el Crimen Organizado le imputó a Bustamante cargos por concierto para delinquir agravado (por su calidad de cabecilla) y tentativa de homicidio agravada (por el caso de “Chicho”).

El afectado no aceptó los cargos y el juez Tercero Penal Ambulante de Antioquia le dictó medida de aseguramiento en la cárcel, por lo que en los próximos días será trasladado a La Picota en Bogotá.

Durante su visita a Medellín, el presidente Iván Duque Márquez felicitó a la Fuerza Pública por este caso.

“Es un golpe contundente contra la criminalidad organizada, contra una de las estructuras más peligrosas que ha tenido el área metropolitana. Este es un mensaje de tranquilidad para los antioqueños”, señaló el Jefe de Estado, agregando que “Tréllez” llevaba más de 20 años de carrera delincuencial.

Reiteró que, según la información que le entregó la Policía, “Tréllez” venía trabajando de la mano de Juan Carlos Mesa Vallejo (“Tom”), líder de “los Chatas”, quien actualmente paga una sentencia de 16 años de cárcel. “A esta estructura la queremos llevar a su mínima expresión”, acotó.

NOTA RELACIONADA: “Chicho” vuelve a prisión y “la Terraza” sigue activa.

El Inspector.

Al analizar la estadística oficial confirmamos que, comparando los registros de enero de 2020 con los de enero de 2019, hay un aumento en los delitos contra el patrimonio en esta área, donde las bandas ejercen un control de las actividades ilícitas. Esta es la reseña del tema elaborada por El Colombiano, con el apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

En el centro de Medellín, los barrios en los que confluye la influencia de varias bandas a la vez son: La Candelaria, Guayaquil, Colón y Villanueva. Foto de Julio César Herrera.

Según el Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia (Sisc) de la Alcaldía, el mes pasado se denunciaron 827 robos, mientras que en el mismo lapso del año anterior hubo 710, lo que implica un incremento del 16,5%.

El aumento se observó en todas las modalidades de hurto (a personas, residencias y vehículos), con excepción de los atracos a establecimientos comerciales (ver infografía).

Algunos guías turísticos se quejaron por la mala impresión que se estaban llevando los extranjeros, debido a los frecuentes robos y hasta agresiones por parte de mendigos en los recorridos por los sitios más representativos de la comuna 10 (La Candelaria).

No todos los asaltos están relacionados con habitantes de calle, pero la mayoría están insertados en las dinámicas del crimen organizado que controla, somete y explota la economía del Centro, tanto la legal como la ilícita.

¿Cuáles son las bandas que regentan el poder delincuencial en el territorio? Este diario consultó a investigadores e informes de Inteligencia policial para resolver la pregunta.

A CONTROL REMOTO

La delincuencia tiene varias facetas en el Centro: 1). Lavado de activos, contrabando y piratería, que se ocultan en su febril actividad comercial y financiera; 2). Las bandas de crimen organizado, que pilotean el narcotráfico, la extorsión, la vigilancia ilegal, el pagadiario y la prostitución; 3). La delincuencia común, enfatizada en los robos de menor cuantía y la violencia sexual; 4). Los fenómenos de intolerancia, mala convivencia y violencia intrafamiliar, que provocan riñas y ataques por discriminación de género.

En el campo de las bandas, hay que decir que la criminalidad del Centro se maneja desde afuera de la comuna, es decir, a control remoto.

De acuerdo con investigaciones policiales, ese control lo disputan “la Terraza”, una estructura con base de operaciones en Manrique (comuna 3); y “Caicedo”, originaria de Buenos Aires (comuna 9).

En La Candelaria actúan 16 grupos locales, autodenominados “convivires”, que se encargan de las tareas operativas: intimidaciones, vigilancia clandestina y recaudo de rentas ilícitas. Algunos están asociados con “la Terraza” y otros con “Caicedo”, lo que ha producido confrontaciones por las plazas de vicio desde 2017.

Entre los más conocidos están “la convivir del Bronx”, en el barrio San Benito; “la convivir de Boston”, en Boston y Bomboná; y “la convivir de la Aurora” o “los Caravanudos”, en los sectores El Hueco y Los Puentes.

El botín es bastante lucrativo en términos de drogas: según datos de la Sijín, hay cerca de 220 plazas en el Valle de Aburrá, de las cuales 180 se concentran en el Centro de Medellín. De esas, las principales están en los alrededores de la Plaza Minorista, el antiguo Bazar de los Puentes, el sector El Bronx (Av. De Greiff), el Parque del Periodista y Niquitao.

Al resaltar estos puntos en un mapa, se ve que coinciden con las concentraciones de habitantes de calle, que en varios casos son instrumentalizados para el transporte y expendio de las dosis (ver la infografía).

Otra banda que las autoridades consideran importante en el escenario es “los Cocuelos” o “los Intocables”, conformada principalmente por migrantes de Urabá y especializada en robos a personas. Aunque es independiente, debe rendir cuentas de sus ganancias a los grupos de “convivir” que operan alrededor de los parques de Berrío y San Antonio.

Según los investigadores, los vecindarios en los cuales confluyen las operaciones ilícitas de “la Terraza”, “Caicedo” y “los Cocuelos”, suelen ser los más complejos en materia de atracos, extorsiones y venta de droga. Estos son: Guayaquil, Colón, La Candelaria y Villanueva.

ENFRENTANDO EL DELITO

La Fuerza Pública está haciendo su trabajo. El Sisc detalló que en enero fueron capturados 465 presuntos delincuentes en el Centro, 102 más que en enero de 2019 (363). También decomisaron siete armas de fuego y 52.971 gramos de estupefacientes.

Los resultados, sin embargo, no alcanzan todavía para transmitirle una sensación de plena seguridad a la población flotante de 1,2 millones de personas que a diario visitan el Centro, un área vital que concentra 19.911 empresas con 265.000 empleados formales, y 58 instituciones educativas con 200.000 estudiantes, según datos de Proantioquia.

El coronel Ómar Rodríguez, subcomandante de la Policía Metropolitana, contó que este año comenzaron a implementarse unas mesas de trabajo interinstitucionales, con delegados de Espacio Público, la Personería, Secretaría de Seguridad y demás entidades involucradas en las dinámicas de la comuna 10.

“La idea es hacer un trabajo microgerencial y entre todos diseñar operaciones semanales de prevención del delito. Y no solo para temas de seguridad, sino para atender mejor las problemáticas que se vayan presentando en relación con el espacio público y demás”, dijo el oficial.

Y añadió: “De forma periódica vamos a evaluar la estrategia, para focalizarla en los puntos en los que esté ocurriendo el problema, por si se traslada de sector, y así brindar un mejor servicio”.

NOTA RELACIONADA: Capturaron y liberaron a “Pedro Pistolas”, el presunto cabecilla del Centro.

El Inspector.

En el operativo, con fines de extinción de dominio, resultó salpicado un futbolista profesional. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Estos dos edificios, ubicados en el centro de Medellín, fueron embargados en el operativo contra los bienes de “la Terraza”. Foto de Esteban Vanegas.

“Estamos ante la extinción de dominio más grande en la historia de Medellín contra una banda criminal”. Así lo aseguró este miércoles 30 de octubre el alcalde Federico Gutiérrez, cuando informó acerca de los 378 bienes y propiedades embargados por el Estado por estar presuntamente vinculadas con “la Terraza”.

Los bienes fueron avaluados en más de $400.000 millones y estaban a nombre de los cabecillas “Chicho”, “Pichi Gordo”, “Guasón”, “Andrés el Cerdo” y “Keiler”, familiares suyos y testaferros. El operativo que permitió dar este golpe fue bautizado como Amonet y fue desplegado tras seis meses de investigación por parte de la Fiscalía y la Dijín (NOTA RELACIONADA: “Chicho” vuelve a prisión y “la Terraza” sigue activa).

Las rentas criminales, producto de homicidios, extorsiones, desplazamientos, narcotráfico y otras actividades delictivas, permitieron a estructura la adquisición de 340 inmuebles, 17 vehículos, 14 establecimientos comerciales y siete sociedades.

“No se trata solo de capturas, sino ir detrás de la plata de las estructuras. Esto sí que les duele”, expresó el mandatario y agregó que el operativo puede animar a las víctimas para que denuncien contando cómo les fueron arrebatadas sus propiedades, que al final pasan a pertenecer a los jefes de las estructuras, en algunos casos con procedimientos ilegales en notarías.

Entre bienes embargados destacan cuatro edificios en el sector El Hueco del centro de Medellín, dos de ellos de 16 pisos y uno a una cuadra de la estación de Policía de La Candelaria. Estos inmuebles, que fueron sellados este miércoles, pasarán a ser administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

Los demás son 127 bodegas, 91 parqueaderos, 82 locales comerciales, 17 apartamentos, 14 lotes, 6 casas, 2 chalets y una finca. En locales comerciales hay 4 empresas de inversiones de bienes inmuebles, 3 boutiques, 2 peluquerías, una ferretería, una comercializadora de belleza, una empresa textil, una droguería y un polígono de tiro deportivo, este último propiedad del futbolista antioqueño Andrés Felipe Cadavid Cardona.

Fachada del establecimiento El Viejo Oeste, en el barrio Los Colores, occidente de Medellín. Foto de cortesía.

En sociedades se ocuparon 6 compañías de servicios inmobiliarios y de construcción y una comercializadora de cosméticos; 375 de los bienes están en Antioquia (Envigado, Copacabana, Bello y San Jerónimo), otros dos en Magdalena y uno más en Atlántico.

El primer paso fue el embargo, luego sigue interponer la demanda de extinción de dominio ante el juez (la Fiscalía tiene un plazo de seis meses para hacerlo). El veredicto podría durar hasta cinco años, según los antecedentes.

“Los golpes los vamos a seguir dando hasta el último día de gobierno. Espero que el próximo alcalde no pare esta lucha contra las bandas criminales, porque hay que liberar a Medellín de estas mafias”, sentenció el alcalde Gutiérrez.

UN FUTBOLISTA SALPICADO CON LOS EMBARGOS

“Andrés Cadavid no tiene nada que ver con la banda ‘la Terraza’”, aseveró Mauricio Beltrán, abogado de ese futbolista, en respuesta a esta operación con fines de extinción de dominio, en la que las autoridades incluyeron tres bienes del jugador.

El informe de la Fiscalía indicó que “los bienes eran usados por ‘la Terraza’ como estrategia para evadir la acción de las autoridades y dar apariencia de legalidad a los recursos producto de sus crímenes”.

Y en la lista de posesiones afectadas aparecen un carro, una camioneta Ford Edge y el establecimiento El Viejo Oeste, en el cual se ofrece el servicio de polígono, cursos para el manejo de armas de fuego y venta de accesorios de tiro y caza deportiva. Estos tres bienes pertenecen a Cadavid, futbolista profesional vinculado actualmente al club Deportivo Independiente Medellín.

La camioneta embargada a Cadavid fue presentada por las autoridades, en el marco de la operación contra los bienes de “la Terraza”. Foto de Esteban Vanegas.

El abogado Beltrán criticó la manera en que las autoridades presentaron el caso ante los medios de comunicación, pues a su juicio mezclaron expedientes diferentes.

“El embargo (de los dos vehículos y la compañía) fue la semana pasada, y la Alcaldía revolvió una cosa con la otra. Ese embargo, que es una medida administrativa, fue solicitado por la Fiscalía en el marco de la investigación sobre presuntas irregularidades en el Ejército con el tema de los salvoconductos; en esa investigación se menciona a El Viejo Oeste, y por eso tomaron esta medida cautelar. Pero no tiene nada que ver con ‘la Terraza’”, declaró el jurista.

A mediados del presente año estalló un escándalo sobre presunta corrupción en el Ejército, relacionado con irregularidades en la contratación y la supuesta existencia de una red de militares corruptos que manipulaban la venta de armas y la expedición de permisos especiales para el porte, con el propósito de favorecer a las bandas criminales, entre ellas “la Terraza” (ver la NOTA RELACIONADA: Jefes de bandas, con permisos para portar armas).

La investigación, que está en etapa de indagación preliminar en la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía y la Contrainteligencia Militar, puso la lupa en la Dirección de Control Comercio de Armas (DCCA) y la Cuarta Brigada, por hechos ocurridos en 2016 y 2017. Una de las hipótesis de las agencias de seguridad es que en esa red estarían involucrados establecimientos de tiro deportivo y polígono, al parecer favorecidos con permisos y licencias firmados por los uniformados sospechosos. Fue en ese contexto en el cual las fuentes de los investigadores mencionaron a El Viejo Oeste.

Para el momento de esos hechos, la empresa ubicada en el barrio Los Colores de Medellín, a una cuadra del comando de la Cuarta Brigada, pertenecía a dos socios: Andrés Cadavid y Alexánder Giraldo Santa.

La compañía apareció de nuevo mencionada en una investigación judicial el 22 de mayo de 2018, cuando en las afueras del local unos sicarios hirieron a bala a Mauricio Zapata Orozco (“Chicho”), cabecilla “la Terraza” y uno de los perjudicados con el decomiso de bienes en la reciente Operación Amoret. En ese ataque, una esquirla de proyectil lesionó en un pie a un administrador del polígono (ver la NOTA RELACIONADA: Ataques contra cabecillas agitan el bajo mundo de Medellín).

Y el siguiente 12 de agosto en el municipio de Bello, mataron a los dos escoltas de Giraldo Santa, el socio de El Viejo Oeste. A raíz de lo sucedido, él le vendió sus acciones a Cadavid y salió de la ciudad.

En entrevista con El Colombiano, el pasado 29 de julio, el futbolista declaró: “Yo no conozco a ese señor (‘Chicho’). Esos hechos no fueron adentro del negocio, por eso a mí ni siquiera me llamaron de la Fiscalía esa vez”.

Añadió que los militares nunca le pidieron sobornos para tramitar las licencias de funcionamiento de la empresa y reiteró: “Yo soy un hombre de bien. Mis actuaciones están a la vista de la gente, todos saben lo que hago, cuándo entreno, cuándo viajo. En ningún momento me han llamado de la Fiscalía, pero no tengo nada que esconder”.

Respecto a la indagación preliminar sobre la trama de corrupción de los militares, el abogado Beltrán precisó que el ente acusador no ha vinculado a su cliente como persona natural, “eso está cerrado, él no está involucrado ni como imputado ni como testigo. Pero la Fiscalía quiso tomar esas medidas cautelares sobre la sociedad comercial, mientras avanza en el caso”.

Luego del embargo de los dos vehículos y del establecimiento, la Fiscalía tiene seis meses para decidir si interpone o no una demanda de extinción de dominio ante un juzgado. “Andrés tiene derecho al debido proceso, vamos a demostrar que esos bienes los consiguió de manera legal con el dinero que ha ganado como futbolista”, acotó Beltrán.

El jurista también emitió un comunicado en el cual reiteró que en las bases de datos de la Fiscalía no figuran anotaciones ni procesos penales contra el deportista y le solicitó al Alcalde de Medellín “que rectifique la información fuera de contexto que entregó a los medios de comunicación, donde señaló a mi cliente como parte de una estructura criminal y testaferro de la misma, además de mencionar que se encontraba capturado”.

Hasta el momento Cadavid no se ha pronunciado acerca de esta situación. Está en concentración para el primer partido de la final de la Copa Colombia, este sábado, contra el Deportivo Cali.

NOTA RELACIONADA: “Guasón” salió de las sombras y cayó a prisión.

El Inspector.

Los detenidos fueron alias “Monopepe”, de la banda “la Raya”,  y “Talo”, de “el Diamante”; mientras que la muerte llegó por “Chelmur”, antiguo integrante de “la Terraza” y “el Desierto”.

Alias “Monopepe” y su presunto secuaz, capturados por porte ilegal de armas. Foto cortesía de la Policía.

El caso más reciente sucedió a las 8:00 p.m. de este miércoles 16 de octubre en el sector La Raya, en límites de la comuna medellinense de Guayabal con el barrio San Fernando de Itagüí. De acuerdo con las versiones preliminares, en un callejón se estaba llevando a cabo una reunión de varios integrantes de la banda “la Raya”.

En esos momentos llegó una patrulla de la Policía y todos los presentes salieron corriendo. Los uniformados lograron arrestar a dos: Jhony Alexánder Vanegas Corrales y Wilson Ríos López (“Monopepe”).

En el lugar encontraron dos granadas de aturdimiento, un proveedor para subametralladora y 10 municiones para fusil calibre 7,62. Por esta razón, los detenidos fueron procesados por el cargo de porte ilegal de armas y municiones.

Aunque “Monopepe” es mencionado en las investigaciones judiciales desde hace más de 10 años, no contaba con orden de captura. Tampoco había aparecido en los carteles de los más buscados, debido al bajo perfil que suele manejar.

“La Raya” es liderada, según la Policía, por el clan familiar de los hermanos Ríos López: Didier (“Tuto”), Luis Yefri (“el Burro”), Eduar y “Monopepe”. En la actualidad hay una pugna interna entre ellos, al parecer relacionada con la distribución de las ganancias del narcotráfico y las extorsiones (ver la NOTA RELACIONADA: Monitoreo a 78 teléfonos públicos llevó a la caída de “Tuto”).

El cobro le salió caro a “Talo”

El pasado 8 de octubre fue capturado Carlos Andrés Bolívar Londoño, alias “Talo”, cabecilla de la banda “el Diamante”, que delinque en la comuna de Robledo. Se movilizaba en un carro por el barrio San Germán, cuando una patrulla policial lo interceptó. En su contra había una orden de captura por concierto para delinquir agravado y extorsión agravada.

La Fiscalía señaló que los hechos que motivaron su detención ocurrieron el 30 de abril de 2018 en Robledo. “Alias ‘Talo’ y otros hombres fueron hasta la vivienda de los papás de un supuesto integrante de la estructura criminal, a quienes les habrían exigido la suma de $1’200.000 porque su hijo se había descuadrado con el dinero de la venta de estupefacientes; de lo contrario atentarían contra ellos. La familia entregó la suma de $200.000″, informó el ente acusador.

Bolívar Londoño también es investigado por ser el presunto coordinador de las plazas de vicio y de las extorsiones a las rutas de buses en el barrio El Diamante. Las vacunas perjudican igualmente a los ciudadanos, a quienes les exigen dinero para poder estacionar sus vehículos en la calles.

“Talo” no aceptó los dos cargos imputados y el Juzgado 24 Penal Municipal de Medellín le dictó medida de aseguramiento en la cárcel.

El secretario de Seguridad, Andrés Tobón, recordó que Bolívar es el cuarto cabecilla capturado en la línea de mando de “el Diamante” en los últimos tres años. Antes habían arrestado a “Duque”, “Mi Sangre” y “Chicha”. El funcionario declaró que “‘Talo’ es de la línea histórica de esta organización, tenía la tarea de recomponerla después de los golpes que le hemos dado”.

En la actualidad ese grupo hace parte de la confederación que la banda “Picacho”, al mando del capturado “Soto”, tiene en el noroccidente de la capital antioqueña. En el pasado fueron de la coalición de “Robledo” y recibían órdenes de “Carlos Pesebre” (ver la NOTA RELACIONADA: Capturan a “Duque”, el expolicía que coordinaba una banda).

El fin de “Chelmur”

El 27 de septiembre anterior, en el barrio San Pío del municipio de Itagüí, los sicarios asesinaron a Juan Camilo Pineda Vélez, quien en el mundo delincuencial era apodado “Chelmur”, “la Mierda” o “Róbinson”.

Camilo Pineda, alias “Chelmur”, asesinado en Itagüí. Cortesía de la Policía.

A las 8:00 a.m. de ese día, el hombre de 40 años estaba sentado en una acera del vecindario, cuando aparecieron dos desconocidos en una motocicleta Pulsar verde, según los testigos. El pasajero portaba una pistola 9 milímetros y le disparó más de 10 veces. Los agresores escaparon y su víctima fue trasladada a la Clínica Antioquia, donde falleció.

De acuerdo con los registros de la Policía, Pineda Vélez fue integrante de la organización criminal “la Terraza”, que actúa en el nororiente de Medellín. En 2009, cuando se desató la guerra interna entre las estructuras de “la Oficina”, él eligió el bando del capo “Valenciano”, traicionó a sus antiguos socios de “la Terraza” y se unió a la banda “el Desierto”.

La disputa entre las dos facciones dejó decenas de muertos en las comunas de Manrique y Aranjuez. En 2010 la Policía capturó a “Chelmur”, quien estaba implicado en una investigación penal por tentativa de homicidio y tráfico de armas.

Cuando salió de la cárcel trató de mantener un bajo perfil. No pudo regresar a Manrique, pues el combo “el Desierto” fue derrotado y sus integrantes desterrados.

Se radicó en el barrio La Nubia y trató de ganarse la vida como comerciante de ropa. Con frecuencia iba al barrio San Pío de Itagüí, donde algunos vecinos aseguran que consumía estupefacientes en el mismo lugar en el que fue tiroteado.

Sobre las causas del homicidio, la hipótesis que tienen las autoridades es que podría relacionarse con una venganza por la muerte de un miembro de “la Terraza”, perpetrada un par de meses atrás.

NOTA RELACIONADA: Con una matanza retornó la desdicha a Santa Inés.

El Inspector.