El exguerrillero, exparamilitar y narcotraficante, más conocido como “Otoniel”, fue trasladado a suelo estadounidense en cumplimiento de un pedido de extradición, el cual recibió el aval de la Corte Suprema de Justicia y la Presidencia de la República. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Dairo Antonio Úsuga David, alias “Otoniel”, nació hace 50 años en Turbo, Antioquia. Foto cortesía de la Policía.

La primera sanción impuesta por la Casa Blanca en contra de Úsuga data de 2010, cuando el Departamento del Tesoro lo incluyó en la Lista Clinton junto a otros líderes del Clan del Golfo (antes llamado “los Urabeños”), como “Don Mario”, “Mi Sangre”, “Gavilán” y su hermano Juan de Dios Úsuga David (“Giovany”).

El 4 de junio de 2015, la Corte del Distrito Sur de La Florida le formuló a él y a otros ocho cabecillas de su organización el cargo de conspiración para importar una sustancia controlada a Estados Unidos (expediente N° 15-cr-20403-WPD/LSS).

Según esta acusación, el tráfico ilegal habría comenzado en 2002 (cuando “Otoniel” todavía hacía parte de las Autodefensas paramilitares), por una ruta que además de Colombia involucraba a Panamá, Ecuador, Venezuela, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Nicaragua y México.

Trece días más tarde, el 17 de junio de 2015, la Corte del Distrito Oriental de Nueva York le abrió un nuevo expediente (N° 14-0635/S-2/DLI), que también afectaba a otros diez jefes del Clan del Golfo.

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Esta vez, el primer cargo fue por conformación de una empresa criminal, que se subdivide en tres violaciones al código penal estadounidense: conspiración internacional para fabricar y distribuir cocaína, conspiración para distribuir cocaína y conspiración para asesinar a rivales en el tráfico de drogas; el segundo cargo fue por uso de armas de fuego para fomentar el narcotráfico.

En el sistema de justicia estadounidense, estas acusaciones podrían generar una cadena perpetua; sin embargo, el tratado de extradición entre EE.UU. y Colombia especifica que la sentencia en el extranjero no puede superar la pena máxima contemplada en la legislación de nuestro país, es decir, 60 años.

Fuentes judiciales indicaron que, al parecer, el destino inicial de “Otoniel” es la cárcel de Brooklyn, para responder primero por las acusaciones de la corte neoyorquina.

En Colombia, “Otoniel” ya tiene una sentencia de 40 años de cárcel por la masacre de Mapiripán (Meta), perpetrada por el bloque Centauros de las Autodefensas. Además, la Fiscalía espera acusarlo por cerca de 500 crímenes cometidos durante su periodo en el Clan del Golfo (2007 – 2021).

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El Inspector.

La detención fue confirmada en la tarde de este sábado 23 de octubre, cuando comandos de la Policía y el Ejército llegaron hasta inmediaciones de una finca ubicada en un sitio conocido como el cerro del Yoki, en el corregimiento El Totumo del municipio antioqueño de Necoclí.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Este fue el momento en el que los comandos de la Policía y el Ejército sometieron a “Otoniel”, en un paraje de Necoclí, Antioquia. Foto de cortesía.

El general Luis Fernando Navarro, comandante de las FF.MM., detalló que el operativo –llamado Osiris– comenzó en la madrugada del viernes, insertando 500 uniformados en distintos puntos de la región, encargados de bloquear las posibles rutas de escape del objetivo.

Durante varias semanas, 50 expertos en inteligencia de señales venían analizando datos satelitales, para realizar un mapa de ubicación con los recorridos de Úsuga.

“Sabíamos que tenía al menos ocho anillos de seguridad, repartidos en tres kilómetros, entre cerro Yoki y cerro Azul, y que dormía a la intemperie”, narró el general Jorge Vargas, director de la Policía.

El seguimiento detallado les permitió saber a los agentes que “Otoniel” se estaba alimentando de guaguas, y que su salud había desmejorado por la falta de medicamentos para el dolor de espalda.

El asalto se ejecutó a las 3:00 p.m., según Navarro, “de manera sorpresiva, porque el bandido no tuvo tiempo de salir de la zona ni conectarse con sus redes de apoyo”.

El presidente Iván Duque calificó lo sucedido como “la captura más importante del siglo en Colombia, y quizá la más importante a nivel mundial en contra de cabecillas de un cartel narcotraficante”.

“Otoniel” fue trasladado en helicóptero a Bogotá y se le vio sonriente en las fotografías distribuidas por los comandos que lo esposaron.

En redes sociales comenzó a rodar el rumor de que tal vez se trató de una entrega acordada, como sucedió en 2018 con Carlos Tuberquia Moreno (“Nicolás”), el segundo al mando de la banda, pero el general Vargas reiteró que fue una “operación quirúrgica”.

Aunque no se reportaron enfrentamientos durante la aprehensión del capo, 24 horas antes, justo en el proceso de rodear el terreno, un anillo externo de seguridad atacó a un puñado de policías en un paraje rural de Turbo. Un francotirador le quitó la vida al intendente Edwin Blanco Báez, de 34 años y líder de un Escuadrón Móvil de Carabineros, impactándolo en el cuello y el tórax.

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“Otoniel” fue trasladado en helicóptero desde Urabá hasta Bogotá. Foto de cortesía.

EXPERTO EN REINCIDIR
La persecución contra “Otoniel” cobró relevancia en abril de 2009, cuando la Policía arrestó –también en Necoclí– a Daniel Rendón Herrera (“don Mario”), el cofundador de la organización criminal.

Los organismos de Inteligencia reportaron esa vez que “Otoniel”, junto a su hermano Juan de Dios Úsuga David (“Giovany”), quedó al frente de “los Urabeños”, como se le conocía en aquel entonces al Clan del Golfo.

Al quedar en el radar de las autoridades, la opinión pública conoció la historia de uno de los delincuentes más curtidos de Colombia. Úsuga nació el 15 de septiembre de 1971 en el municipio de Turbo, en una familia de 14 hermanos y padres campesinos.

A sus 15 años fue reclutado por la guerrilla del Epl, con la cual delinquió en la frontera de Antioquia con Chocó. En 1991 participó en su primera desmovilización, cuando esta estructura subversiva firmó la paz durante el gobierno de César Gaviria.

Sin embargo, “Otoniel” y “Giovany” regresaron a la delincuencia en las filas de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Úsuga fue enviado al bloque Centauros, en los Llanos Orientales, a órdenes de los comandantes Miguel Arroyave y “don Mario”, creando así los lazos que luego lo llevarían junto a ese último a liderar el Clan.

En 2005 se desmovilizó por segunda ocasión, en el marco de las negociaciones del presidente Álvaro Uribe con las Auc, pero al año siguiente se unió a “don Mario” y a otros exjefes paramilitares en Urabá, para continuar delinquiendo bajo otra bandera: la de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc).

En 2011, el Gobierno de Estados Unidos solicitó su extradición por cargos de narcotráfico transnacional, y posteriormente le asignó una recompensa de 5 millones de dólares, convirtiéndolo en el narco más buscado del país.

Al año siguiente la Policía dio de baja en Acandí (Chocó) a su hermano “Giovany”, con lo que “Otoniel”asumió totalmente las riendas, acompañado de un estado mayor de cinco comandantes.

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Dairo Úsuga, de 50 años, está recluido en un calabozo de la Dijín, a la espera de resolver su situación judicial. Foto cortesía de la Policía.

OPERACIÓN AGAMENÓN
El 2 de febrero de 2015 la Policía lanzó Agamenón, la operación más grande en la historia reciente de la nación contra una estructura de crimen organizado. Cuatro generales y 1.200 policías de grupos especiales, con el apoyo logístico y tecnológico de EE.UU., Europol y el MI6, se tomaron la subregión de Urabá para derrotarlo en un plazo de 70 días.

El plan inicial fracasó. El conocimiento del territorio por parte de “Otoniel”, adquirido desde sus días de guerrillero, le sirvió para eludir el embate de la Fuerza Pública.

Desde la clandestinidad lideró la expansión del cartel, llegando a establecer redes en 23 departamentos y células narcotraficantes en Panamá, Venezuela y España.

En ese proceso se fue a la guerra con el Eln, las Farc y sus disidencias, “los Rastrojos”, “los Paisas”, “Libertadores del Vichada”y otros grupos ilegales, instigando múltiples masacres y desplazamientos forzados masivos en Antioquia, Chocó, Norte de Santander, Nariño, Córdoba y Valle.

En el plano transnacional, “Otoniel” se asoció con carteles mexicanos, centroamericanos y europeos, usando como plataformas de exportación marítima de cocaína al Golfo de Urabá; los puertos de Buenaventura, Barranquilla y Cartagena; y playas clandestinas de las costas Caribe y Pacífica.

El Clan llegó a tener cerca de 6.000 integrantes, cuatro bloques y 23 frentes, sumando combatientes armados, redes de apoyo y bandas locales subcontratadas a modo de franquicias.

En respuesta a sus movimientos, el Gobierno transformó a Agamenón en una campaña militar y policial de largo aliento. Entre sus resultados más importantes estuvieron las bajas de varios integrantes del estado mayor del Clan, como “Guagua” (2016), “Gavilán” e “Inglaterra” (2017), “el Indio Aristides” (2018) y “Marihuano” (2021).

Entre las muertes en enfrentamientos con las autoridades, y las capturas, “Otoniel” ha perdido más de 20 familiares en su sangrienta carrera. En la actualidad, en la cárcel pernoctan algunos de sus hermanos, como “la Negra” y “Cuarentano”.

Pese a esto, Úsuga logró evadir su captura durante tres gobiernos: el de Uribe, el de Santos y parcialmente el de Duque.
En septiembre de 2017, con ocasión de la visita a Colombia del Papa Francisco, “Otoniel” apareció en un video, anunciando sus intenciones de iniciar conversaciones de paz con la Casa de Nariño, con miras a su sometimiento a la justicia.

El presidente Juan Manuel Santos confirmó los acercamientos y delegó para tal fin al vicepresidente Óscar Naranjo. No obstante, las reuniones se congelaron cuando Iván Duque llegó a la Presidencia.

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Estos son los miembros del estado mayor del Clan del Golfo, de donde saldría el sucesor de “Otoniel”. Cortesía.

RED DE CORRUPCIÓN
En sus últimos tres años de libertad, de acuerdo con fuentes de Agamenón, “Otoniel”cambiaba constantemente de guarida, entre la selva del Darién, la serranía de Abibe y el nudo del Paramillo.

Usualmente andaba a lomo de mula, con una escolta personal de tres hombres y un anillo externo de seguridad de otros 20. En ese tiempo hubo 12 incursiones en el monte para detenerlo, que fallaron porque se filtraba la información a última hora.

“El Clan del Golfo cuenta con una red de informantes dentro de las Fuerzas Militares y de Policía, conformada por oficiales de alto grado, de capitanes para arriba”, le reveló un integrante de Agamenón a El Colombiano el año pasado.

Según fuentes de la Fiscalía, en los últimos cinco años han sido judicializados cerca de 200 integrantes de la Policía y las Fuerzas Militares, por presuntos nexos con el Clan.

Entre los casos más conocidos están el del mayor Adrián Torres, subcomandante de la Policía de Buenaventura (Valle), capturado en 2019; y el del mayor Héctor Murillo, jefe del Modelo de Cuadrantes de la Policía Antioquia, condenado a seis años en 2018.

Ahora que “Otoniel”tendrá que rendir cuentas ante la justicia, los investigadores esperan su colaboración para desmantelar la red de corruptos que lo protegía.

POSIBLES SUCESORES
Tal cual ocurrió cuando fue capturado “don Mario”, lo más probable es que el sucesor de “Otoniel”salga del estado mayor de la organización.

En ese sentido, según los dosieres policiales, la lista de candidatos comienza con Jobanis de Jesús Ávila Villadiego (“Chiquito Malo”), desmovilizado del bloque Bananero de las Auc, pedido en extradición por EE.UU. y considerado el número dos del cartel.

Le sigue Wilmar Antonio Giraldo Quiroz (“Siopas”), exguerrillero de los frentes 5° y 58 de las Farc, y actual comandante del bloque Pacífico del Clan, con influencia desde Chocó hasta Nariño.

Y José Gonzalo Sánchez Sánchez (“Gonzalito”), primo de crianza de “Otoniel”, desmovilizado del bloque Catatumbo de las Auc y cabecilla del bloque Roberto Vargas Gutiérrez del Clan, que opera en Córdoba, Sucre y Bajo Cauca.

Las fuentes de Inteligencia precisaron que ninguno tiene la capacidad de aglutinar que caracterizaba a “Otoniel”, por lo que prevén disputas internas y divisiones por el poder.

En ocasiones pasadas, cuando murieron cabecillas del Clan en operaciones de la Fuerza Pública, la reacción de la estructura mafiosa fue promover paros armados y planes pistola contra la Policía en sus áreas de influencia, situación que prende las alarmas por el encarcelamiento de “Otoniel”.

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ANEXO: LA SITUACIÓN JUDICIAL DE “OTONIEL”
Según la Fiscalía, “Otoniel”tiene 122 órdenes de captura y siete medidas de aseguramiento (en calidad de reo ausente) de diferentes despachos judiciales, por cargos de homicidio, concierto para delinquir, terrorismo, secuestro extorsivo y narcotráfico, entre otros.

También tiene seis sentencias condenatorias vigentes, entre ellas una de 40 años de prisión por la masacre de 49 personas en Mapiripán, Meta, durante sus días de paramilitar en 1997.

A esto se suman los pedidos de extradición de tres cortes federales de EE.UU., por conspiración para exportar y distribuir cocaína en ese país. 

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El Inspector.

Hasta ahora, los cabecillas de “los Chatas”, “los Triana” y “los Urabeños” (Clan del Golfo) han manifestado deseos de pactar acuerdos con el Gobierno, pero solo en el último caso hay avances. Este es un informe realizado por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Juan Carlos Mesa Vallejo, alias “Tom”, es investigado por la DEA, por sus presuntos negocios de narcotráfico transnacional. Foto cortesía de la Policía.

Junto al Clan del Golfo, “los Chatas” y “los Triana” se convirtieron en las primeras organizaciones criminales en manifestar el deseo de acordar con el Estado un sometimiento a la justicia de sus integrantes.

La voluntad del Clan del Golfo, una estructura narcoparamilitar que nació en 2007 en Urabá y que hoy extiende sus redes en 20 departamentos del país, fue expuesta a la opinión pública en septiembre del año pasado, por medio de un video en el que apareció su máximo líder, Dairo Antonio Úsuga David (“Otoniel”).

Los acercamientos con el Gobierno se aceleraron desde el anterior 9 de julio, cuando el presidente Juan Manuel Santos firmó la Ley 1908 de 2018 para el sometimiento de organizaciones criminales.

Una semana después, llegó a la Fiscalía General de la Nación una solicitud de Elkin Fernando Triana Bustos, alias “el Patrón”, máximo líder de la banda “los Triana”, quien está preso en la cárcel La Picota desde marzo.

Esta estructura delincuencial actúa en el norte de Medellín y en el corregimiento San Antonio de Prado, al igual que en los municipios de Bello, Itagüí, Caldas, Guarne, Amagá, Ebéjico, Granada y Heliconia.

En su propuesta, Triana Bustos ofreció indemnizar a varias víctimas de su organización, devolver viviendas despojadas, entregar un arsenal y ser el mediador para el sometimiento de otros integrantes. A cambio, pidió que esta colaboración le fuera retribuida con una rebaja en su eventual condena, por el cargo de concierto para delinquir agravado.

Luego se conoció una carta de Juan Carlos Mesa Vallejo (“Tom”), cabecilla de “los Chatas” y “la Oficina”, en la cual hizo pública su intención de contribuir al sometimiento a la justicia de otros delincuentes.

“Los Chatas” nacieron en Bello y se extendieron a las localidades vecinas de Girardota, Copacabana y Barbosa. También tienen redes en El Retiro y La Ceja, al tiempo que están conectados con el tráfico transnacional de drogas.

De esta manera, su jefe se ganó un sitial en la cúpula de “la Oficina”, la confederación que agrupa al 65% de los combos del área metropolitana.

En la misiva, sin embargo, “Tom” dijo que no estaba metido en actividades de narcotráfico y que no sigue dando órdenes desde la cárcel La Picota, en respuesta a los constantes señalamientos de la Fiscalía, la Policía y la Alcaldía de Medellín.

Aseguró estar dispuesto a reparar a las víctimas, gestionar el desarme de las bandas del Valle de Aburrá y entregar material bélico.

De las tres bandas interesadas en lograr acuerdos con la justicia, solo el Clan del Golfo tiene a sus líderes en libertad (“Otoniel”, “Nicolás” y “Chiquito Malo”), mientras que “el Patrón” y “Tom” están tras las rejas, situación que podría restarles margen de negociación.

El año pasado, cuando todavía no existía la ley de sometimiento, la banda “la Terraza”, también de Medellín, intentó acercarse al Gobierno para pactar un acuerdo de desarme. No obstante, la iniciativa quedó sepultada con las capturas de su delegado Julio Perdomo (“el Viejo”) y del entonces secretario de Seguridad de la ciudad, Gustavo Villegas, quien apoyaba la propuesta (ver la NOTA RELACIONADA: Las reuniones que enredaron al secretario Villegas).

Con ese antecedente, es probable que “la Terraza” trate de nuevo de concretar un pacto con la justicia, y que en esa idea la acompañe la organización ilegal de “Robledo”.

Esto debido a que sus principales líderes, José Leonardo Muñoz Martínez (“Douglas”) y Freyner Ramírez García (“Carlos Pesebre”), respectivamente, son socios en la actualidad. Los dos están presos en las cárceles de Cómbita y Valledupar, y los grupos bajo su mando podrían sumar más de 500 integrantes.

LA CASA DE NARIÑO DECIDIRÁ
El alcalde de Medellín Federico Gutiérrez sostuvo ayer un encuentro en Bogotá con el presidente electo Iván Duque. En la cita, el mandatario local le explicó el contexto criminal en la metrópoli antioqueña y expuso su postura frente a estas peticiones de los “peces gordos” de la mafia.

Al término de la cita, señaló: “seguiremos con el combate a estas estructuras, si esto hubiera sido un jardín de rosas para ellos, no estarían hablando en estos términos”.

Al ser preguntado por la carta de “Tom”, indicó que los que deben responder y formular las pautas sobre el tema son el Gobierno Nacional y la Fiscalía, “yo como alcalde espero instrucciones”.

Recordó que en el Valle de Aburrá delinquen cerca de 350 bandas, con cerca de 5.000 integrantes, por lo que este sometimiento no debe ser un asunto individual, sino colectivo, para sacar a estos grupos de circulación de una vez por todas.

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El Inspector.

Aunque se cree que puede haber más víctimas en este caso, las autoridades apenas están atando los cabos. La historia quedó expuesta en una investigación periodística de El Colombiano, cuyo título original es “Un botín de la mafia deja su rastro de víctimas”. Por considerarlo de interés para sus lectores, Revelaciones del Bajo Mundo reproduce el reportaje a continuación.

De un apartamento de la urbanización Trigales, en El Poblado, robaron el tesoro de la organización Clan del Golfo o “los Urabeños”, en octubre de 2017. Foto de Róbinson Sáenz.

El vigilante hacía el aseo en la portería del edificio Trigales, en El Poblado, cuando con el rabillo del ojo captó algo extraño en el monitor de las cámaras de seguridad. Desconocidos salían del apartamento 610, cargando unas cajas de cartón. Eran las 00:44 del 15 de octubre de 2017, por lo que era improbable que se tratara de un trasteo. Por radio le ordenó al rondero que subiera a averiguar qué pasaba, y cuando pretendía informar a la empresa de vigilancia, un hombre irrumpió en el recinto, le apuntó con un revólver y le dijo que se encerrara en el baño.

Ajeno a la situación, el rondero caminaba hacia el ascensor. Le llamó la atención que en el parqueadero había una camioneta gris de vidrios polarizados, obstruyendo la salida. En ese instante se abrió la compuerta del elevador. “No se haga matar, que esto no es con usted”, le advirtió un delincuente, empuñando una pistola con silenciador. Pálido del susto, observó que cinco personas, incluida una mujer, abordaban la camioneta, llevando cajas repletas de dinero.

Después de cinco minutos interminables, el vigilante abrió la puerta del baño. Ya no estaba el hombre armado, pero se había llevado el radio portátil y el DVR con la grabación de las cámaras. Recordó que en el 610 vivía hacía dos meses el inquilino Jhon James Palacio Madrid, de 39 años, quien nunca salía del apartamento. Algo grave había pasado.

El reporte preliminar de las autoridades señaló que los patrulleros encontraron la puerta entreabierta, un equipo de sonido encendido y algunos billetes regados en el suelo. En el baño yacía el cadáver de Palacio, con cuatro heridas de puñal en la cabeza.

El general Óscar Gómez, comandante de la Policía Metropolitana, confirmó en ese entonces que en el lugar había una importante suma de dinero, que fue robada, sin dar más detalles.

Fuentes judiciales, que solicitaron la reserva de la identidad por tratarse de una investigación en curso, explicaron a este diario que el apartamento escondía una caleta de la organización narcotraficante Clan del Golfo, con un botín estimado de 20.000 millones de pesos.

El paradero de la fortuna ilícita se desconoce, pero la codicia por ese tesoro de la mafia está dejando una estela de sangre en las calles de Medellín. El Colombiano conoció que las autoridades investigan cuatro asesinatos, entre ellos el de Jhon Palacio, que al parecer estarían relacionados con el incidente de la caleta.

UNA CITA FATAL
El 6 de abril de 2018 el comerciante Carlos Andrés González Gómez, de 32 años y nacido en el municipio de Ciudad Bolívar, recibió una llamada que lo dejó perplejo. Un tal Darío le dijo que tenía que rendir cuentas por un atentado ocurrido en Las Palmas y lo citó a una reunión en el edificio Moderatto, ubicado en el barrio Conquistadores de Medellín.

Comerciante Carlos Andrés González, asesinado en abril de 2018. Cortesía.

Según el informe oficial del caso, González llegó en automóvil a las 7:30 p.m. de ese día, portando un morral con 3’450.000 pesos en billetes de $50.000. Le pidió a su cuñado que lo esperara con el motor encendido, mientras entraba a la recepción a preguntar por Nando, al parecer la mano derecha de Darío. Ingresó a la edificación, anunció su llegada y a los pocos segundos arribaron dos hombres en una motocicleta Yamaha negra.

El parrillero, cubierto con el casco, se bajó con una pistola 9 milímetros y persiguió al comerciante hasta el parqueadero, donde le quitó la vida a balazos. Cuando quería huir, el cuñado de la víctima embistió la motocicleta con el carro, y no le dejó más opción que correr junto a su compinche.

La moto abandonada la incautó el CTI. Al verificar la placa en la base de datos judicial, los investigadores hallaron una coincidencia. El año pasado (09/9/17) la Policía había detenido a un presunto sicario con esa moto: Kevin Samir López Mejía, con antecedentes por porte ilegal de armas y de estupefacientes.

El mismo muchacho, de 27 años, está implicado en otro homicidio ocurrido el pasado 18 de febrero en Barranquilla. El finado fue Juan de Dios Perdomo Bonilla, de 52 años y quien posaba de agente deportivo; solía andar con carnés y tarjetas fraudulentas de la Federación Colombiana de Fútbol y el Consulado de la República de Malta.

Lo abalearon en plena vía pública y en la reacción policial fue capturado Kevin López, con dos pistolas, tres proveedores y un silenciador. El general Mariano Botero, comandante de la Policía de Barranquilla, indicó a los medios locales que el detenido había sido enviado desde Medellín por una oficina de cobros sicariales, que ordenó la muerte de Perdomo por un negocio que salió mal en la capital antioqueña, aunque sin precisar de qué tipo.

De acuerdo con fuentes de la Fiscalía, el comerciante Carlos González hacía parte de una investigación preliminar por su supuesta participación en el hurto de la caleta de El Poblado, aunque a la fecha de su muerte no le habían expedido orden de captura. Lo que sucedió después de su partida al más allá, arrojó mayores intrigas a este expediente.

Juan Perdomo, asesinado en Barranquilla, se identificaba con este carné falso de la Federación Colombiana de Fútbol. Cortesía.

CAZADORES DEL TESORO
Al mismo tiempo que los técnicos del CTI inspeccionaban la escena del crimen, en la que quedó el cuerpo de González, un hecho inusual se presentaba en su apartamento del edificio Azure, a seis cuadras de distancia, en el mismo barrio Conquistadores.

Testigos narraron a los agentes que un grupo de personas entró con llaves al apartamento 801 y extrajo varias cajas de cartón y bolsas negras de basura. Las guardaron en dos camionetas y se fueron. La hipótesis del caso apunta a que allí estaba guardado el tesoro del Clan del Golfo y que lo trasladaron a otro escondite.

A los seis días, a las 3:47 p.m. del 12 de abril de 2018, cinco hombres llegaron a la entrada de Azure. Tocaron el timbre del citófono, mas nadie les abrió. Tal cual consta en las grabaciones de las cámaras de seguridad, de sus mochilas sacaron chaquetas y gorras con los emblemas de la Policía, pero los tatuajes y corte de cabello de uno de los ellos, hacen dudar de que en verdad se tratara de servidores públicos.

Permanecieron 16 minutos ante la puerta de la edificación, con el aparente propósito de simular un allanamiento, y luego se fueron. Se presume que querían subir al apartamento de González y esa idea está respaldada por los hechos de la noche siguiente.

A las 10:33 p.m. del 13 de abril de 2018, las cámaras de Azure captaron a dos hombres que se aproximaron a la puerta levadiza del garaje. Intentaron levantarla a la fuerza, pero no pudieron. Cinco minutos más tarde regresaron con refuerzos, y entre seis personas la alzaron parcialmente, rompiendo el mecanismo de seguridad conectado al motor de la puerta.

Mientras unos cómplices vigilaban afuera, arrimaron en reversa un automóvil Nissan March gris a la rampa de acceso al garaje, para encubrir lo que hacían, y taparon la placa con una chaqueta. Una mujer que hablaba por celular les transmitía las órdenes a los demás, que se pusieron guantes de látex para no dejar huellas y abordaron el ascensor hacia el octavo piso.

Los hombres con atuendo de policías que intentaron ingresar al edificio Azure. Cortesía.

Allí se toparon con una sorpresa: la puerta del apartamento 801 era blindada. Fracasaron forzando la chapa con una barra metálica y como último recurso le dispararon varias veces, sin lograr abrirla. La bulla alertó a los vecinos del 802, que se asomaron y fueron encañonados por los invasores.

El asalto estaba durando más de lo pensado y la banda al parecer se sintió expuesta cuando a la entrada del edificio llegó un domiciliario a las 10:53 p.m. El joven timbraba y nadie le respondía, así que decidió esperar.

Seis minutos más tarde apareció una patrulla motorizada de la Policía. Uno de los uniformados entabló conversación con el domiciliario, al tiempo que su compañero hacía algo que los detectives consideran sospechoso: encendió las luces de sirena de la moto por cinco segundos y luego las apagó. Se cree que era una señal en clave, porque en breve empezaron a salir los asaltantes por el estacionamiento.

Uno de los policías requisó a dos y el colega intentó perseguir a otro, pero todos se evadieron del lugar y se llevaron el carro sin mayor dificultad. Los patrulleros quedaron solos, y apenas en ese instante, a las 11:05 p.m., ingresaron al garaje y reportaron a la central que hubo un intento de robo (para ver los videos de este cas0, HAGA CLICK AQUÍ).

A varias cuadras de distancia, otra patrulla arrestó a dos hombres que tenían una actitud misteriosa, pero tiempo después quedaron en libertad, pues no se corroboró que estuvieran ligados al incidente.

Los desconocidos fallaron de nuevo en la búsqueda del botín, aunque esta trama tendría reservado un episodio más de violencia.

DAÑOS COLATERALES
En el apartamento 802 de Azure, vecino del comerciante González, vivía un ingeniero civil de 40 años, directivo de una firma constructora. El profesional se recuperaba de las heridas sufridas en un ataque a bala ocurrido el anterior 3 de abril en el barrio La Castellana, y aún estaba convaleciente en la noche del día 13, cuando fue encañonado junto a sus familiares por los invasores que trataron de penetrar la puerta acorazada del 801.

El conductor Wilman García fue asesinado en la entrada del edificio Azure, en el barrio Conquistadores. Cortesía.

Desde el atentado, su empresa enviaba con frecuencia al edificio al conductor Wilman Andrés García Correa, de 40 años, para que le entregara los medicamentos que recetó el doctor.

A las 6:30 p.m. del 18 de abril de 2018, cinco días después de la incursión de la banda a la edificación, el chofer llegó al lugar en una camioneta, llevando los remedios como de costumbre. Caminó hasta la entrada de Azure y justo allí fue asesinado a tiros por un joven que lo sorprendió por la espalda.

Para los investigadores, esta muerte podría relacionarse con la del comerciante y analizan si el atentado sufrido por el ingeniero es el mismo por el cual citaron a rendir cuentas a González, en la fecha de su ejecución. Tampoco se descarta que el homicidio de Barranquilla esté ligado con esta historia, por la conexión del supuesto sicario con la moto incautada en el barrio Conquistadores.

Por lo pronto, el caso está repartido en cuatro despachos de la Fiscalía. Lo grave es que el tesoro del Clan del Golfo sigue rodando por la ciudad. Su paradero es una incógnita para las autoridades, que lo persiguen atando los cabos de los muertos que deja a su paso.

NOTA RELACIONADA: Capturan 6 policías por robo de caleta a “los Urabeños”.

El Inspector.

La decisión fue tomada por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia, en contra de este exparamilitar que también ha sido señalado como uno de los cabecillas de la banda “los Urabeños” en el Valle de Aburrá.

Octavio Cartagena Benítez (“Gabriel Paraco”) fue capturado en 2015 en una finca de Betulia, Antioquia. Foto cortesía de la Policía.

La Fiscalía informó que la sentencia contra “Gabriel Paraco”, de 61 años, está relacionada con la muerte del campesino Fidelino Puerta, ocurrida el 15 de noviembre de 1998. Según el expediente, un grupo paramilitar interceptó el bus de servicio público en el que viajaba la víctima, en el municipio de Dabeiba (Antioquia); lo golpearon, ajusticiaron con disparos y después lo descuartizaron, para abandonar sus restos en la vía.

En ese entonces, Cartagena Benítez pertenecía al bloque Noroccidente de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), y delinquía en las subregiones del Norte y Occidente de Antioquia (ver la NOTA RELACIONADA: “Gabriel Paraco” cayó posando de campesino).

Fue capturado en 2015 y la condena pudo ser mayor, pero el sexagenario finalmente llegó a un preacuerdo con la Fiscalía, aceptando la culpa por los cargos de homicidio agravado, secuestro simple agravado y tortura. El monto de la pena, sin embargo, parece no ser muy importante, pues debido a su edad, es probable que no pase ni siquiera la mitad de esos  años en la cárcel.

“Gabriel Paraco” se desmovilizó en 2005 y, según las autoridades, volvió a delinquir después en la banda “los Urabeños”. Esta organización narcotraficante le habría asignado la comandancia en San Pedro de los Milagros, Belmira, Entrerríos y San José de la Montaña.

También era el delegado de esta estructura para la alianza con “la Oficina” en el Valle de Aburrá, en particular con Juan Carlos Mesa Vallejo, alias “Tom” (ver la NOTA RELACIONADA: Alianza mafiosa amenaza a la zona Norte).

Por este motivo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo incluyó en la Lista Clinton en 2015, congelando sus transacciones financieras (ver la NOTA RELACIONADA: “Natilla”, “don Gabriel” y los Gallón Henao caen a la Lista Clinton).

A pesar de estos indicios, las investigaciones contra Cartagena Benítez, por su presunta militancia en “los Urabeños” y los nexos  con “la Oficina”, no han prosperado, están en la impunidad.

NOTA RELACIONADA: “Gabriel Paraco” se declaró inocente en la indagatoria.

El Inspector.

Los videos, en los cuales el personaje hace un llamado de paz, empezaron a circular desde esta mañana, cuando el presidente Juan Manuel Santos informó que la estructura delictiva expresó su deseo de someterse a la justicia. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

En la primera grabación, “Otoniel” aparece de pie leyendo un comunicado. Explica que su organización está “más unida que nunca” y que respeta los procesos de paz que se han acordado y los que están en marcha.

“Queremos hacer parte del fin del conflicto para llegar al desarme total (…). En repetidas ocasiones hemos expresado nuestra intención de lograr una salida digna y voluntaria, una vez estén dadas las condiciones estamos dispuestos a suspender todas las actividades ilegales de la organización”, reitera.

En el segundo video, el hombre aparece sentado y lee una carta dirigida al papa Francisco, quien esta semana vendrá de visita a Colombia.

Al Sumo Pontífice le dice: “somos hombres de Dios respetuosos de la ley divina”, y le pide que rece para lograr un acercamiento entre la banda y el Gobierno. “Creemos que con sus oraciones podemos salir adelante en nuestro propósito de dejar las armas”.

Ambos videos, cuya duración individual no supera el minuto y medio, habrían sido grabados en agosto de 2017, según el propio presentador. La Fiscalía y la Policía está analizando su autenticidad, para confirmar si en realidad se trata de “Otoniel” y un comunicado original de su organización.

“Los Urabeños” o “Clan del Golfo” delinquen desde 2007, después de la negociación de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Están conformados por antiguos mandos medios de las Auc y narcotraficantes, con influencia y redes delincuenciales en 22 departamentos del país, España, Venezuela y cuatro continentes.

Las autoridades les atribuyen masacres, desapariciones forzadas, reclutamiento de menores, abusos sexuales, extorsiones y desplazamientos, entre otros delitos (ver la NOTA RELACIONADA: De la bonanza cocalera a un infierno peor).

Alias “Otoniel” es el narcotraficante más buscado de Colombia, después de haber sido paramilitar y guerrillero del Epl. El gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que lleve a su captura.

NOTA RELACIONADA: “Los Urabeños” desataron plan pistola en Antioquia.

El Inspector.

Fuentes judiciales informaron que fue detenido en la mañana de este jueves 18 de mayo en la ciudad de Armenia, y será trasladado a la capital antioqueña para que responda en un proceso penal por los cargos de concierto para delinquir agravado, dos desplazamientos forzados y acceso carnal violento agravado, por el ultraje a una menor de edad en el barrio El Picacho.

Esta es la reseña del caso, elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

En esta esquina de El Raudal se presentó el ataque con granada en 2014; en el recuadro aparece el sospechoso de ordenarlo, alias “Mono Picacho”. Fotos de cortesía.

“Mono Picacho” fue capturado por agentes de la Sijín de Medellín, que viajaron al Eje Cafetero y lo sorprendieron en una urbanización residencial. Estaba en uno de los apartamentos, junto a su mujer y una hija pequeña.

Mira Taborda se convirtió en un objetivo de la Fuerza Pública en 2014. En aquel entonces hubo una rebelión interna en la “Odín Picacho” (Organización Delincuencial Integrada al Narcotráfico), la confederación que agrupa a combos de las comunas 5, 6 y 10, también denominados “convivires”.

Los informes policiales señalaron en su momento que “Mono Picacho” se enfrentó a su líder Julián Andrés Agudelo Ramos, alias “Diadema”, por el control de algunos territorios en el Centro, que significaban jugosas ganancias ilegales en materia de extorsión, tráfico de drogas y cobro de vigilancia informal.

La disputa provocó tiroteos entre “convivires”, en especial los que delinquían en Barrio Triste y El Chagualo. El 5 de julio de 2014 hubo un atentado con una granada en el sector de El Raudal, que dejó una mujer muerta y 29 heridos; cinco días después hubo otro ataque con explosivo en Barrio Triste, en el que falleció un mecánico y tres personas más quedaron lesionadas.

Las retaliaciones se incrementaron cuando cada bando ofreció 100 millones de pesos por la cabeza de “Mono Picacho” y “Diadema”.

Viéndose superado por sus antiguos aliados, “Mono Picacho” habría pedido ayuda a la banda narcoparamilitar “los Urabeños”. Este grupo le dio abrigo y en primera instancia le asignó la coordinación de una facción en el municipio de Barbosa, encargada de obtener ganancias de la minería ilegal de oro.

Para el año 2015 poco se hablaba de las acciones de este cabecilla en Medellín, por lo que se especuló que había sido asesinado; sin embargo, seguía activo fuera de Antioquia.

NOTA RELACIONADA: Cae “Diadema”, presunto cabecilla de combos del Centro.

El Inspector.

Ocurrió a las 9:20 p.m. de este miércoles 3 de mayo, en la vereda El Pajarito, cuando los patrulleros Henry Tobón Agudelo y Juan Carlos Garzón Rodríguez salieron a atender un llamado a la Línea 123, que advertía sobre la presencia de traficantes de droga en una esquina.

En el trayecto, según la información preliminar, les arrojaron un artefacto explosivo dentro de la patrulla, una camioneta Duster, que quedó incinerada tras el estallido. Los uniformados sobrevivieron, pero Garzón perdió una pierna y Tobón quedó con la mano izquierda fracturada y esquirlas por todas partes. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Así quedó la patrulla de la Policía, luego del ataque con un explosivo en el corregimiento San Cristóbal, de Medellín. Foto de cortesía.

“Quien hace esto es un cobarde. Ya se activó una burbuja de Inteligencia por los organismos de seguridad, hay muchas hipótesis, todavía no se puede descartar ninguna”, dijo el alcalde Federico Gutiérrez, y anunció una recompensa de $50 millones por información.

El Colombiano conversó con investigadores de la Policía y Fiscalía, que hablaron bajo reserva de identidad por tratarse de indagaciones en curso, acerca de los posibles autores del ataque. Las sospechas recaen sobre “los Urabeños” (también llamados “Clan del Golfo”), las bandas locales que actúan en San Cristóbal y la guerrilla del Eln.

LA VENGANZA
El pasado martes 2 de mayo, un comando de la Policía allanó una finca en el corregimiento Guadual, del municipio de Arboletes. Allí estaba Uldar Cardona Rueda, alias “Pablito”, uno de los presuntos cabecillas de “los Urabeños” en Córdoba, Bajo Cauca y Meta, celebrando el cumpleaños de su hijo.

Hubo un enfrentamiento con el anillo de seguridad y murieron Cardona y tres miembros de su escolta personal; otros tres quedaron lesionados y fueron capturados.

“Por fuentes nos enteramos que posterior a la muerte de ‘Pablito’ salió la orden de atentar contra la Policía”, precisó uno de los investigadores.

La retaliación, según esta teoría, comenzó la noche del miércoles, con el atentado en Medellín, y continuó en la tarde del jueves 4 de mayo en el municipio de Carepa. Los patrulleros Carlos López Gómez y Adrián Gómez Almanza recorrían el barrio Gaitán a bordo de su moto, cuando sicarios motorizados les dispararon por la espalda.

Uldar Cardona Rueda, alias “Pablito” o “el Águila”. Cortesía.

Falleció López, quien era padre de tres hijos y oriundo de Corozal (Sucre), mientras que Gómez se salvó con una herida en el pómulo derecho.

“El caso de Medellín está bajo investigación, pero en el de Carepa sabemos que fue el ‘Clan del Golfo’, por la muerte de ‘Pablito’”, indicó el general Carlos Rodríguez, comandante de la Región N°6 de Policía. Añadió que este año han sido dados de baja 9 miembros de ese grupo, incluidos cabecillas como “Ramiro Bigotes” y “Cobra 2”, mientras 120 fueron detenidos.

Dos horas después del episodio en Carepa, la banda mató a otro uniformado, esta vez en el barrio Prado, de Chigorodó. El subintendente Elkin Echeverry López recibió un disparo en la cabeza cuando escoltaba un camión de gaseosas de una empresa amenazada por la facción; su compañero, el patrullero Wilder Barrios Martínez, salió herido con un tiro en la ingle.

El plan pistola, como retaliación contra las bajas de sus integrantes es una conducta que “los Urabeños” vienen aplicando desde hace años (ver el anexo).

En el Valle de Aburrá, esa estructura cuenta con grupos aliados en los sectores periféricos, que le prestan sus servicios delictivos cada vez que se requieran (ver el mapa).

Un ejemplo de esto sucedió el 1 de abril de 2016, cuando “los Urabeños” impusieron un paro armado nacional y algunos combos de Medellín, como “Limonar 1”, “Barrio Bolsa” y “Altavista”, cometieron actos terroristas en la capital antioqueña, que incluyeron cierres obligados al comercio, parálisis de las rutas de buses y la incineración de un vehículo alimentador del Metroplús (ver la NOTA RELACIONADA: Las huellas que dejó el paro terrorista de “los Urabeños”).

SITUACIÓN EN SAN CRISTÓBAL
En el corregimiento San Cristóbal hay influencia de bandas que operan en alianza con “los Urabeños”, para asegurar un corredor estratégico que conecta a Medellín con las regiones de Occidente y Urabá.

Según la Policía y la Fiscalía, también actúan nueve combos locales que sirven a la “Odín Robledo” (Organización Delincuencial Integrada al Narcotráfico), a la “Odín Picacho” y a otras bandas de la comuna 13, es decir, a facciones del margen occidental del río Medellín que pretenden extender sus redes hacia las áreas semirurales de la ciudad.

“Por el tipo de atentado, con una granada, podría ser la ‘Odín Robledo’, porque la Policía actúa contra ellos”, señaló Claudia Carrasquilla, directora de Fiscalías de Medellín.

La presencia de estas bandas tiene en ascuas a la gente de San Cristóbal, pues se dedican al tráfico de estupefacientes, desplazamientos forzados y asesinatos. Según la Secretaría de Seguridad de la Alcaldía, este año han ocurrido 16 homicidios, ubicando al corregimiento como la tercera zona más violenta de la metrópoli; la segunda es su vecina, la comuna de Robledo, con 17 casos, y el listado lo encabeza Candelaria (el Centro), con 23.

La segunda hipótesis del atentado en San Cristóbal apunta a que fue cometido por alguno de estos grupos locales, quizá para contrarrestar algún operativo. El caso más reciente ocurrió el pasado 17 de febrero en la comuna 8, cuando el patrullero Juan Carlos Herrera Londoño murió en medio de un tiroteo entre los combos “la Libertad” y “San Antonio” (ver la NOTA RELACIONADA: Tiroteo entre combos y policías dejó dos muertos y cinco heridos).

OTRAS PISTAS
La hipótesis con menor fuerza, pero que no se descarta, es que el autor fue el Eln, guerrilla que en el último mes incrementó su accionar delictivo y asesinó uniformados en Cauca y Norte de Santander.

El lunes 1 de mayo arrestaron en el municipio de Sopetrán a Eduin Londoño Arango (“Albeiro” o “Chispas”), supuesto coordinador de milicias del Eln en el Occidente. Portaba gran cantidad de explosivos y, según el informe de la Fiscalía, “había sido designado para materializar una acción terrorista en Medellín”.

El general Rodríguez manifestó que sus unidades ya estaban alertadas y que se imponen medidas de autocuidado, que no detalló por razones de seguridad. Dijo que “los bandidos creen que así nos van a frenar, pero no lo conseguirán, las investigaciones siguen avanzando”.

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ANEXO: ATAQUES A LA FUERZA PÚBLICA EN 2016
El año pasado, “los Urabeños” ordenaron a sus sicarios la ejecución de tres planes pistola contra la fuerza pública.
- El primero fue el 23 de marzo, luego de la muerte en un operativo de Jairo Durango Restrepo (“Guagua”), miembro del estado mayor del grupo. Durante las dos semanas siguientes, murieron ocho policías y dos militares en Cartagena, Antioquia, Chocó y Nariño.
- En mayo ordenaron atentados contra un teniente y una fiscal de la Operación Agamenón, pero el plan fue frustrado con el arresto de tres personas en Necoclí, Medellín y Bello.
- Y en noviembre, tras una operación que casi acaba con la captura de “el Indio”, otro miembro del estado mayor, mataron a tres policías en Antioquia, Córdoba y Bolívar.

El Inspector.

Jairo César Ramírez Vera, alias “Comando”, “Julián” o “Aquiles”, es acusado de coordinar a los contactos del Ejército, la Policía y la Fiscalía que durante al menos cuatro años se habrían prestado para las tareas clandestinas, a cambio de sobornos.

Jairo César Ramírez Vera, alias “Comando” o “Julián”, en el momento de su captura. FOTO: cortesía de la Fiscalía.

La información se ha venido destapando de forma paulatina en las audiencias de control de garantías, que comenzaron este fin de semana y todavía continúan en el Palacio de Justicia de Medellín.

Ramírez Vera tiene 38 años. Es oriundo de Pamplona, Norte de Santander, e hizo el curso de detective en el año 2000, incorporándose al DAS en Antioquia. De acuerdo con fuentes judiciales, se destacó como investigador del Gaula Militar, en el que formó equipo con unidades de su institución y del Ejército, hasta su desvinculación en 2007.

Según la Fiscalía, en aquella época habría entablado relaciones con Freyner Alfonso Ramírez García, alias “Carlos Pesebre”, uno de los líderes de “la Oficina” y coordinador de esa facción en el occidente del Valle de Aburrá (ver la NOTA RELACIONADA: Fiscalía les dio voz a las víctimas de “Carlos Pesebre”).

Este cabecilla se beneficiaba de su cercanía con oficiales de la Policía y el Ejército, lo cual le permitía actuar con relativa impunidad y hasta celebrar reuniones en un apartamento vecino a la sede de la Cuarta Brigada, en Medellín. En dichos contactos, presuntamente, uno de los enlaces sería “Comando”.

Sin embargo, el vínculo entre este último y “Carlos Pesebre” se rompió en 2013, cuando el cabecilla fue capturado en una finca de Urrao, Antioquia. Las autoridades tratan de confirmar si es cierta una versión, según la cual hubo un atentado contra “Comando” de parte de la misma organización, que terminó por distanciarlos.

A pesar del incidente, la red de corrupción siguió activa y al servicio de “la Oficina”, solo que ahora este grupo le rendía cuentas a otros líderes de la estructura: Juan Carlos Mesa Vallejo (“Tom” o “Carlos Chata”) y Félix Isaza Sánchez (“Beto”).

Por intermedio de “Tom”, la red comenzó a prestarle servicios a la banda aliada “los Urabeños”, también llamada “Clan del Golfo” (ver la NOTA RELACIONADA: Alianza mafiosa amenaza a la zona Norte).

LOS SERVICIOS ILEGALES
Según el informe de la Fiscalía, entre el portafolio de servicios que ofrecía la red liderada por “Comando” estaba el cobro de deudas de la mafia, extorsiones, sicariato, tráfico de armas y droga, al igual que la venta de información clasificada.

“Esta es una organización encargada principalmente del transporte de cocaína dentro y fuera del país, con el apoyo de funcionarios infiltrados dentro de las instituciones gubernamentales como el Ejército, la Policía y la Fiscalía General de la Nación”, señaló el ente acusador en su reporte del caso.

La investigación preliminar arroja que el grupo actuó, por lo menos, entre 2012 y 2016. Para el transporte de armas y drogas de las citadas bandas, facilitaba el paso de la mercancía por las vías Medellín-Bogotá y Medellín-Costa Atlántica, en particular en el tramo Yarumal-Puerto Valdivia (norte de Antioquia).

Por pagos de hasta un millón de pesos, los miembros de la red escoltaban los cargamentos de cocaína. Sobre esto, la Fiscalía documentó siete casos en los últimos cuatro años, que suman siete toneladas incautadas del alcaloide.

En cuanto al transporte de arsenal, uno de los hechos que les atribuyen es el movimiento de 52 granadas de fragmentación por la autopista Medellín-Bogotá. Soldados de la Cuarta Brigada interceptaron un automóvil Renault Symbol el pasado 4 de abril, a la altura del sector Potrerillos, en el municipio de El Santuario, Antioquia.

El carro, conducido por alias “Yeison”, de 33 años, tenía un compartimento secreto en los bafles traseros, donde además de los artefactos explosivos, había un uniforme camuflado de uso privativo de las Fuerzas Armadas. En esa ocasión, el Ejército informó que los elementos decomisados iban dirigidos a “los Urabeños”.

Los integrantes de la red clandestina también estarían involucrados en el cobro de microextorsiones en el municipio de La Estrella y el sector El Hueco, del centro de Medellín.

PRESUNTOS MIEMBROS DE LA RED
La investigación lleva varios años, liderada por la Dirección de Fiscalías Antinarcóticos, el Gaula Militar Antioquia y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, con apoyo de la DEA.

Los uniformados propinaron el golpe entre el 22 y el 23 de noviembre pasados, logrando 14 capturas en las ciudades de Medellín, Bogotá, Cartagena y Cali.

Entre los detenidos están “Comando” y su mano derecha Hernán David Mejía Franco, apodado “KB”. A juicio de Luis Miguel Martínez, director Nacional de Articulación de Policías Judiciales Especializadas, alias “KB” era el delegado para buscar y reclutar a los servidores públicos.

En la lista también están José Gregorio Vergara López y Carlos Andrés Rueda Hoyos, integrantes del CTI Seccional Medellín, al parecer implicados en un plan para asesinar a un testigo protegido de la Fiscalía, por orden de “la Oficina”. Según Álvaro Osorio, director Nacional de Articulación de Fiscalías Nacionales Especializadas, estos agentes iban a suministrar a la banda la ubicación reservada del testigo.

Los demás capturados son: Daniel de Jesús Agudelo, sargento activo del Ejército Nacional y quien fue jefe de armamento de una guarnición militar, de la cual al parecer sacaban armas para venderlas al crimen organizado; Leonardo González Soto, sargento (r) del Ejército; el soldado John Alexánder Montoya Cano; soldado (r) Iván Armando Ceballos González; Rubén Darío Cossio Rodríguez, subintendente activo de la Policía Nacional en Palmira, Valle, y quien supuestamente traficaba información reservada; y los civiles Juan Eliécer Ceballos González, Carlos Enrique Areiza Monsalve, Juan Carlos Osorio Obando, Fernando Mendoza Ortiz y Gustavo Rodríguez Arias.

En las audiencias de control de garantías, la Fiscalía les imputó cargos por tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir agravado; a los dos investigadores del CTI, les añadió las conductas de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio y cohecho propio.

El juzgado ya legalizó las 14 detenciones, mientras avanzan las diligencias para establecer las medidas de aseguramiento.

Osorio declaró que “lo más preocupante para la Fiscalía es que haya un compromiso de personas vinculadas con las instituciones del Estados. Vamos a reaccionar muy fuertemente en contra de esta infiltración. ¡Cero tolerancia con la corrupción”.

NOTA RELACIONADA: Agente de Interpol filtraba información a “los Urabeños”.

El Inspector.

Este hombre fue capturado el pasado 14 de agosto en su finca de Betulia, Antioquia, en un operativo conjunto del CTI y la Policía. Las autoridades lo señalan de ser el presunto cabecilla de la banda “los Urabeños” en la zona lechera del departamento y en el Valle de Aburrá, así como el enlace de dicha agrupación con “la Oficina” para fines criminales.

Este es el seguimiento del caso, elaborado por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Octavio Cartagena fue detenido en su finca de Betulia, en el suroeste antioqueño. Cortesía Fiscalía.

El gobierno de Estados Unidos también lo busca y su Departamento del Tesoro le aplicó sanciones económicas el pasado junio, al incluirlo en la Lista Clinton y considerarlo un patrocinador de las dos citadas estructuras ilegales.

En 2005 se desmovilizó como combatiente raso del bloque Noroccidente de las Autodefensas Unidas de Colombia, pese a que fungió como cabecilla financiero, según las pesquisas de la Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía.

La orden de captura en su contra era por un crimen del 15 de noviembre de 1998, cometido en la vereda Cruces del corregimiento San José de Urama, en el municipio de Dabeiba.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía 90 de la Dirección de Derechos Humanos, aquel día un grupo paramilitar detuvo un vehículo de servicio público tipo chiva y raptó al agricultor Fidelino Puerta, a quien los delincuentes acusaban de tener vínculos con la guerrilla.

Su cadáver desmembrado fue encontrado después, con visibles señales de tortura.

Pese a todos los indicios, Cartagena Benítez, de 58 años, se ha declarado inocente. En la indagatoria del fin de semana pasado, ante los investigadores y la fiscal que lo acusa, negó los cargos.

“Gabriel Paraco”, quien asegura ser un humilde labriego y dueño de una finca campesina, fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, a la espera de que le resuelvan la situación jurídica.

UN VISITANTE DE HOLANDA
Otra situación que ha llamado la atención durante esta investigación, ocurrió en el allanamiento en el que se produjo la captura del sospechoso.

Los uniformados lo sorprendieron con dos hombres: uno que trabajaba operando una retroexcavadora, con la cual le estaban haciendo una carretera a la finca; y otro de origen holandés, procedente de la isla de Curazao.

Cartagena Benítez les pidió a los investigadores que lo dejaran tranquilo, “porque solo vino de vacaciones”; sin embargo, a las autoridades no les quedó claro qué hacía en ese sitio, pues sus explicaciones sobre la forma en que habría conocido al procesado no fueron muy claras.

A estas dos personas las dejaron en libertad, pues no había orden de captura para ellos y carecían de antecedentes penales.

NOTA RELACIONADA: “Gabriel Paraco” cayó posando de campesino.

El Inspector.

Según la información preliminar de las autoridades, la detención se produjo en el sitio Pinguro, limítrofe de los municipios de Urrao y Betulia, en la subregión del Suroeste. Esta es la reseña del caso, elaborada en equipo por El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo.

El exparamilitar Octavio Cartagena no tuvo tiempo de reaccionar y fue arrestado en su finca de Betulia, Antioquia. Cortesía Fiscalía.

El operativo de captura comenzó a ejecutarse a las 0:00 horas del 14 de agosto, por parte de los investigadores del CTI, la Sipol Antioquia y el Comando de Operaciones Especiales (Copes). Los uniformados aprovecharon la oscuridad para subir al cerro donde se localiza la finca de “los Cartagena”, como le dice la comunidad.

Minutos antes de las 6:00 a.m. se concretó la captura, cuando los comandos allanaron la propiedad, una sencilla vivienda campesina, con vacas y gallinas. “Gabriel Paraco” estaba vestido con atuendo de labriego, sombrero y botas pantaneras, y quedó impávido apenas vio los fusiles apuntándole y a los policías sometiendo en el suelo a sus trabajadores.

“Déjenlos que ellos son gente trabajadora”, pidió, y dirigiéndose a los funcionarios, añadió: “Relájense, que aquí no hay nada grave”.

En la inspección a la finca no se encontraron armas ni droga. El hombre de 58 años, nacido en Urrao, se presentó como un humilde campesino que no sabía leer. Los investigadores, sin embargo, tenían claro que habían capturado a un pez gordo.

PASADO PARAMILITAR

La Fiscalía informó que la orden de arresto fue emanada de la Dirección de Derechos Humanos y DIH de Medellín, que lo investiga por la muerte de Fidelino Puerta, un campesino que fue asesinado y desmembrado por las Auc en Dabeiba (15/11/98). También “es requerido por la Unidad Seccional de San Pedro de los Milagros, en otro proceso por desplazamiento forzado”, indicó el ente judicial.

Octavio Cartagena, alias “Gabriel Paraco”. Cortesía.

El pasado delincuencial de Cartagena Benítez está reseñado en las investigaciones de la Fiscalía 20 adscrita a la Dirección Nacional de Justicia Transicional. En sus expedientes reposa que comenzó a delinquir en 1997 en el bloque Noroccidente de las Auc, en Cañasgordas, Dabeiba y Uramita.

En esos días le decían “Costalejo”, “Gringo” o “Guineo”, y en 1999 registra su primera captura, cuando iba en un bus llevando $4.5 millones de una supuesta extorsión. Además era investigado por su presunta participación en el homicidio de la Inspectora de Cañasgordas, Ana Durango, cometido ese mismo año.

Al regresar a la libertad en 2003, las Auc lo enviaron a Sopetrán y luego a la zona lechera de Antioquia, donde fungió como cabecilla financiero en Entrerríos, San Pedro de los Milagros y Belmira. Allí sus víctimas empezaron a decirle “Gabriel Paraco” y “don Gabriel”.

El 11/9/05 se desmovilizó y fue incluido en la lista de los postulados a los beneficios de la ley de Justicia y Paz; no obstante, en enero de 2011 se presentó a la Fiscalía indicando que no tenía nada que confesar, salvo los delitos básicos de porte de armas y uniformes de uso privativo y concierto para delinquir.

Cinco meses después le realizaron la diligencia de no ratificación, en la que se archivó su proceso en la Unidad de Justicia y Paz y las autoridades le perdieron el rastro.

“LOS URABEÑOS” Y “LA OFICINA”
Su alias volvió a flote de la mano de la banda “los Urabeños”, que lo habría asignado como cabecilla en la zona Norte del departamento, y como uno de los coordinadores de la alianza con “la Oficina” en el Valle de Aburrá.

Su principal enlace con esa estructura sería Juan Carlos Mesa Vallejo, alias “Tom”, el líder de la banda “los Chatas”, cuya base de operaciones es el municipio de Bello. Ambos estarían coordinando actividades de narcotráfico y extorsiones en sus áreas de influencia (ver la NOTA RELACIONADA: Alianza mafiosa amenaza a la Zona Norte).

Los dos personajes no solo están en la mira de las autoridades colombianas, sino de E.U. El Departamento del Tesoro los incluyó en la Lista Clinton, sancionándolos con la congelación de sus finanzas (ver la NOTA RELACIONADA: “Natilla”, “don Gabriel” y los Gallón Henao caen a la Lista Clinton).

El informe de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de esa entidad, señala que Cartagena es el enlace de “los Urabeños” con “la Oficina”, y ratifica que participó en el pacto entre ambas bandas en 2013, mediante el cual se repartieron el negocio en Medellín y el Valle de Aburrá y redujeron los enfrentamientos armados.

Con esta detención, “los Urabeños” se quedaron sin cabecillas visibles en Medellín, pues el año pasado las autoridades habían arrestado a sus predecesores, alias “don Daniel” y “Benavidez”.

NOTA RELACIONADA: “Los Urabeños” se quedaron sin cabecillas en Medellín.

El Inspector.

En su afán de ayudarle a John Fredy Manco Torres, alias “El Indio” o “Alberto”, cayeron en el oprobio el Director Seccional de Fiscalías de Medellín, un importante empresario paisa y hasta un juez de la República. Esta es la historia.

Este es John Fredy Manco Torres, alias "El Indio", tras su arresto en el aeropuerto de Río de Janeiro, el 31 de mayo de 2013. Cortesía Policía Nacional.

El apodo de “El Indio” comenzó a popularizarse en 2008, cuando el CTI lo capturó junto a su primo, el narcotraficante Camilo Torres Martínez, alias “Fritanga”, y el empresario antioqueño Felipe Sierra, dueño de la empresa de vigilancia Control Total y contratista del Estado en temas de seguridad.

Los tres estaban implicados en una investigación por lavado de activos en contra de la banda transnacional “los Urabeños”, adelantada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que los incluyó en la Lista Clinton, congelando sus bienes.

Las indagaciones tomaron un nuevo curso cuando ese mismo año fue arrestado Guillermo León Valencia Cossio, exdiputado de Antioquia, miembro de uno de los clanes políticos más importantes del país y entonces director de Fiscalías de Medellín. De acuerdo con las acusaciones, este servidor público había conspirado con Felipe Sierra para que la Policía excluyera del organigrama de “los Urabeños” a Manco Torres.

A juicio de Valencia Cossio y de Sierra, “El Indio”, desmovilizado del bloque Élmer Cárdenas de las Autodefensas, era un importante coordinador de los reinsertados en Urabá y líder de varios proyectos productivos. La conspiración dio resultado y la Fuerza Pública lo excluyó del organigrama en un consejo de seguridad, pese a que había información según la cual siguió delinquiendo tras su desmovilización (2006), en la banda “Héroes de Castaño”, que luego dio origen a “los Urabeños” o Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

Cuando el escándalo salió a la luz pública, le costó el cargo al general Marco Antonio Pedreros, quien era el comandante de la Región 6 y de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, es decir, el primer responsable de perseguir a “los Urabeños” en su principal área de influencia (departamentos de Chocó, Antioquia y Córdoba).

Valencia Cossio terminó condenado a 15 años de cárcel por la Corte Suprema de Justicia (en marzo de 2011), por concierto para delinquir en la modalidad de promover grupos armados ilegales, ocultamiento de documento público y enriquecimiento ilícito, pues se comprobó que recibió pagos de la mafia por sus actuaciones.

En mayo de 2011 el CTI ocupó dos propiedades suyas, avaluadas en 900 millones de pesos, con fines de extinción de dominio: la finca La Elvia, de 157 hectáreas, en el municipio antioqueño de Caucasia, y un lote de 1.500 metros cuadrados en el exclusivo barrio La Aguacatala de Medellín.

El juicio al exdirector de Fiscalías terminó incluso salpicando al gobierno del presidente Álvaro Uribe, toda vez que su hermano, Fabio Valencia Cossio, era el Ministro del Interior de la época.

Por su parte, Felipe Sierra fue sentenciado a 5 años de prisión por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia, por concierto para delinquir (había sido liberado por vencimiento de términos y luego se entregó). Su caso puso en la palestra a la alta sociedad de Medellín, pues al igual que Guillermo León, era integrante de una reputada familia.

De otro lado, por esos azares insólitos de la justicia, “Fritanga” y “El Indio” fueron dejados en libertad en 2009, al interponer un recurso jurídico de habeas corpus por vencimiento de términos. El primero fue recapturado en la Isla Múcura (Cartagena) el 2 de julio de 2012, y recientemente extraditado a E.U. por cargos de narcotráfico.

“El Indio” logró escapar del país, mientras que al juez que lo liberó lo condenaron a 2 años y 10 meses de cárcel por prevaricato, al comprobar que con sus decisiones quiso favorecerlo a él, a “Fritanga” y a Felipe Sierra, aprobándoles el habeas corpus. Se trata de Luis Eduardo Beltrán Farías, quien en aquel momento era el juez Quinto Penal Municipal de Bogotá.

PERSECUCIÓN INTERNACIONAL

El informe de la Policía Nacional detalla que fue expedida una Circular Roja de Interpol en contra de Manco Torres, dado que este se movilizaba en el extranjero con una identidad falsa, a nombre de Iván Darío Gallego González. Obtuvo un pasaporte de la Unión Europea y andaba tranquilo por Panamá, Roma (Italia) y París (Francia), “lugares desde donde dirigía actividades de narcotráfico”, según el expediente.

La pista se hizo más clara cuando los agentes ubicaron a su compañera sentimental, quien viajó a reunirse con él en Madrid (España) el 22 de mayo de 2013. Desde allí partieron el 31 de mayo hacia Río de Janeiro, Brasil. Los investigadores colombianos notificaron del movimiento a sus pares de la Policía Federal de ese país, quienes capturaron a “El Indio” el pasado viernes, en el aeropuerto Antonio Carlos Jhobin.

Le decomisaron el pasaporte falso de la Unión Europea, en el que figuraba con una ciudadanía española fraudulenta, y 30.000 euros. Ahora el gobierno colombiano espera su deportación.

De acuerdo con los archivos de la Fiscalía, en nuestro territorio le esperan procesos judiciales por hechos ocurridos cuando fue paramilitar del bloque Élmer Cárdenas: el homicidio del activista de la Unión Patriótica,  Marco Aurelio Osorio, perpetrado el 24 de julio de 2002 en la localidad antioqueña de Dabeiba; y el secuestro de cuatro personas de una comunidad de paz en Riosucio, Chocó, retenidas por dos semanas desde el 7 de julio de 2003.

Según la Policía, Manco Torres también está vinculado a investigaciones por ser el supuesto testaferro del socio exparamilitar de la Casa Castaño, Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias “Monoleche”; por sus supuestos nexos con Ericson Vargas Cardona (“Sebastián”), el capturado líder de “la Oficina”; y por integrar presuntamente la red de narcotráfico del capo Daniel Rendon Herrera (“don Mario”), el fundador de “los Urabeños”, hecho por el cual lo persiguen en E.U.

“El Indio” está sindicado del “envío de estupefacientes a Estados Unidos y México, con su socio y primo Camilo Torres. Como sectores de influencia están el Urabá antioqueño, donde tiene sus laboratorios de cocaína, la que posteriormente es enviada desde los municipios de Carepa, Chigorodó, San Pedro y Necoclí (en la Costa Pacífica), a través de lanchas o vía aérea rumbo a Centroamérica, con destino final a México, E.U., Alemania y España, donde fueron capturados varios de sus enlaces para el tráfico del alcaloide”, reza el documento policial.

Al dejar al descubierto esta ruta, lo más posible es que Manco Torres sufra el mismo destino de “Fritanga” y sea extraditado. Pero, ¿qué pasará con sus crímenes en Colombia? Y, sobre todo, ¿qué ocurrirá con era red de corrupción que le permitía moverse por tres continentes, usando documentos falsos, y exportar droga por las áreas más vigiladas de la Costa Pacífica? Todo apunta a que Sierra, el juez Beltrán y Valencia Cossio son apenas la punta de ese iceberg que parece proteger a “los Urabeños” dentro de la Fuerza Pública y el sistema de justicia.

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El Inspector.

En la acción ilegal murieron dos servidores públicos y otros dos quedaron heridos, uno de ellos de gravedad.

De izquierda a derecha, los fallecidos intendente García y patrullero Castrillón, y los heridos patrulleros Carrasquilla y García. Fotos de cortesía.

El hecho sucedió a las 3:00 p.m. de hoy (febrero 4) en la vía a Urabá, a la altura del municipio de Giraldo. Según la información preliminar, los mercenarios sorprendieron a los policías con varias ráfagas de fusil. Después los remataron arrojándoles granadas de fragmentación.

Las víctimas eran integrantes de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) del Departamento de Policía Antioquia, adscritos al Distrito Santa de de Antioquia, con jurisdicción en la subregión del Occidente. Adelantaban pesquisas contra la organización narcoparamilitar “Los Urabeños” y el corredor que la conecta desde Urabá hasta Medellín.

Los occisos fueron el subintendente Edward Antonio García Castro, de 40 años, 17 de ellos dedicado a su institución, casado y padre de dos niños; y el patrullero Jhony Alejandro Castrillón Valencia, de 28 años y siete en el servicio, soltero y con un hijo. Los sobrevivientes son los patrulleros Jairo Alonso Carrasquilla Uribe (pronóstico reservado) y William de Jesús García Benítez.

Aún no se ha determinado quién perpetró el ataque, las sospechas pasan por “Los Urabeños” y la guerrilla de las Farc. En los últimos cuatro días han asesinado a tres policías en Antioquia, lo que se suma a una escalada contra los uniformados en otras regiones del país, donde en un mes murieron tres policías en La Guajira, uno en Huila, otro en Bogotá y dos fueron secuestrados en Valle.

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El Inspector.

Al parecer este medellinense de 41 años estaba en compañía de otras personas cuando lo arrestaron hoy martes, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. En territorio colombiano tiene procesos por tráfico de drogas, terrorismo, tráfico de armas, utilización ilegal de equipos de radiotransmisión y concierto para delinquir.

Así fue reseñado alias 'Mi Sangre' por la Fiscalía, después de su desmovilización. Cortesía.

De acuerdo con fuentes policiales, este hombre se inició en la ilegalidad en los años noventa, cometiendo acciones de delincuencia común en los barrios Boston y Buenos Aires del oriente de Medellín. Pasó al crimen organizado de la mano del capo Diego Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, y así tuvo los primeros contactos con la mafia de ‘La Oficina’.

Pero adquirió enemigos dentro de esa cofradía, así que tuvo que partir de Medellín, donde además le mataron un hermano en Robledo. Se convirtió en paramilitar e ingresó al bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia, con influencia en los Llanos Orientales. En esta facción conoció a otro capo antioqueño, también futuro enemigo de ‘La Oficina': Daniel Rendón Herrera, apodado ‘Don Mario’.

Cuando el bloque se desmovilizó en 2005, ‘Mi Sangre’ ya estaba anclado en actividades de narcotráfico. En 2007 su nombre salió a la palestra pública por unas conversaciones telefónicas interceptadas, en las que hablaba con el entonces senador Ciro Ramírez. La investigación pretendía desenredar una red de narcotráfico que desde Colombia pasaba por Ecuador y tenía como destino final a la ciudad de Amsterdam, en Holanda.

El congresista fue condenado luego a siete años y seis meses de cárcel, pero no por narcotráfico, sino por ‘parapolítica’, al confirmarse que tuvo apoyo de las Auc en las elecciones de 2002. En el proceso, un juzgado absolvió a López por el tráfico de drogas.

‘Don Mario’ contactó otra vez a ‘Mi Sangre’ y lo convirtió en socio de su nueva banda: ‘Los Urabeños’, que nació en 2007 con apenas 75 hombres en Antioquia y Chocó, y ahora tiene cerca de 2.000 militantes, poderío en 17 departamentos de Colombia y canales de tráfico de drogas, dinero y armas con Centroamérica, Estados Unidos, México y Europa.

Cuando era presidente, Álvaro Uribe Vélez ordenó a las Fuerzas Armadas la captura de este personaje y a principios de 2012 su rostro apareció en la lista de los presuntos narcotraficantes más buscados del país, junto a otros que ya están en la cárcel (‘Valenciano’, ‘El Loco Barrera’ y ‘El Doctor’) o muertos (‘Giovanny’ y ‘Mincho’). Por eso emigró a Argentina, una nación que en los últimos años se ha convertido en el refugio de los cabecillas colombianos.

Pese a la lejanía, ‘Mi Sangre’ tenía una “espina clavada”: cobrar venganza contra aquellos de ‘La Oficina’ que lo expulsaron de Medellín años atrás. Por eso, según la Policía, comenzó una incursión silenciosa en el Valle de Aburrá, patrocinando combos locales que pelean contra la gente de ‘Sebastián’ en Itagüí, Caldas y Medellín. En la capital, ‘Los Urabeños’ lograron el apoyo de pandillas en las comunas 8 (Villahermosa), 13 (San Javier) y 16 (Belén), y en los corregimientos San Antonio de Prado, San Cristóbal y Altavista.

El general Yesid Vásquez Prada, comandante de la Policía Metropolitana, dijo hace meses que el objetivo de ‘Mi Sangre’ era tomarse a Medellín. Fue precisamente en esta metrópoli donde los uniformados capturaron en mayo a dos hombres de confianza de López: los extraditables John Fernando Giraldo Úsuga, alias ‘Simón’, quien cayó en El Poblado; y Édison Gómez Molina, ‘El Contador’, apresado en la Loma de Los Bernal.

El arresto de ‘Mi Sangre’ es un duro golpe para ‘Los Urabeños’, aunque se ha visto que esta organización continúa en expansión aún con las aprehensiones de otros líderes importantes como su fundador ‘Don Mario’, ‘Fritanga’, ‘El Flaco’, ‘La Maquinita’, ‘Belisario’, y las bajas de ‘Arboleda’, ‘Giovanny’ y ‘El Míster’. En la cúpula de la banda continúan los jefes ‘Otoniel’, ‘Marcos Gavilán’ y ‘El Negro Sarley’, también desmovilizados de las Autodefensas.

El Inspector.

Aunque las autoridades le seguían la pista desde 2008, su captura al parecer fue cuestión de suerte, en el barrio San Bartolo del corregimiento San Antonio de Pereira, en el municipio de Rionegro.

Asi fue trasladado 'Beto' en la tanqueta, desde la Sijín hasta el Palacio de Justicia. Foto de Esteban Vanegas.

En la mañana del pasado jueves 24 de mayo, la Policía Antinarcóticos recibió una información de fuente humana, según la cual alias ‘El Tigre’ se escondía en una casa de dos pisos, en la carrera 55EA con la calle 16B. Este personaje, llamado Wálter Alonso Román Jiménez, tiene una orden de captura en el marco de una investigación contra una banda que trafica drogas hacia España, Centroamérica y Estados Unidos, según la Fiscalía.

La pierna ortopédica de 'Beto' tiene grabada una foto familiar.

Con ese objetivo se tramitó la orden de allanamiento, pero cuando los uniformados entraron a la vivienda a las 7:00 p.m. del mismo día, no lo encontraron. Solo estaban la mujer y un sujeto de 46 años a quien le faltaba la mitad de la pierna izquierda. Se identificó como Óscar Oswaldo Calle Calle y presentó una cédula y una licencia de conducción.

En el registro, los policías encontraron una pistola Glock calibre 9 milímetros en el bolsillo de un sillón. El minusválido dijo que no tenía salvoconducto y a los pocos minutos, viéndose sorprendido, confesó que los documentos eran falsos y que su nombre real era Félix Alberto Isaza Sánchez.

En el lugar se hallaron dos equipos de comunicación Avantel, cuatro blackberrys y un computador portátil. En una caja fuete dentro del closet había 10 millones de pesos y cuatro relojes, mas este contenido no fue incautado.

Una vez en la sede de la Sijín, un análisis de las huellas digitales confirmó la identidad del personaje: en efecto era Félix Isaza, alias ‘Beto’, uno de los máximos cabecillas de la banda criminal ‘La Oficina’.

La pierna la perdió el 20 de septiembre de 2000, en la urbanización Mangazul del municipio de Envigado. Allí se desató un tiroteo entre sicarios de ‘La Terraza’ y ‘La Oficina’, donde dos personas fueron asesinadas y ‘Beto’ recibió un disparo de fusil en la extremidad. A raíz del hecho comenzó a ser apodado también ‘El Mocho’ y ‘Robocop’ (por los aparatos ortopédicos).

Extrañamente, pese a que los implicados en la balacera se enfrentaron a la Policía, hubo dos muertos y les incautaron un arsenal, chalecos antibalas y municiones, Isaza Sánchez no pagó ninguna clase de condena. Al contrario, ascendió en la estructura de ‘La Oficina’, gracias a la confianza que le tenía el patrón Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’.

‘Beto’ se convirtió en el enlace de la mafia con los funcionarios corruptos de la Policía y las alcaldías del Valle de Aburrá. Cuando a ‘Don Berna’ lo extraditaron el 13 de mayo de 2008, era uno de los principales candidatos a quedarse con el trono, junto a Maximiliano Bonilla Orozco (‘Valenciano’) y Ericson Vargas Cardona (‘Sebastián’).

La pistola incautada tenía adaptado un proveedor para 30 proyectiles.

La guerra por la corona fue inevitable y, unidos, Isaza y Vargas derrotaron a las fuerzas de ‘Valenciano’, quien para rematar fue capturado el año pasado en Venezuela y extraditado a Estados Unidos (ver la NOTA RELACIONADA:  El capo ‘Valenciano’ fue detenido en el extranjero).

La audiencia de control de garantías se realizó ante el Juzgado Primero Penal Municipal Ambulante de Antioquia, en el Palacio de Justicia de Medellín, adonde llegó ‘Beto’ protegido en una tanqueta de la Policía.

En el estrado ubicó las muletas contra la pared y escuchó a la Fiscalía imputarle los delitos de falsedad en documento público y porte ilegal de armas. Por esas conductas, su estadía en prisión sería muy corta, pero el ente acusador tenía un as bajo la manga.

En plena diligencia le notificaron nuevas órdenes de captura por homicidio agravado y concierto para delinquir. El procesado negó todas las sindicaciones y al finalizar la audiencia, a la 1:00 a.m. de hoy, fue conducido a la cárcel El Pedregal de Medellín, como medida de aseguramiento preventiva.

Esta captura es un golpe muy importante contra ‘La Oficina’, pues el otro jefe, ‘Sebastián’, está fuera de la ciudad y arrinconado por la persecución de las autoridades. Sus negocios estaban siendo manejados por su hermano ‘Frank’, a quien también arrestaron en febrero (ver la NOTA RELACIONADA: Cayó ‘Frank’, con armas, millones y mucho sigilo).

El control de la organización sobre los demás combos del Valle de Aburrá parece amenazado, sobre todo en momentos en que la banda criminal ‘Los Urabeños’ ejerce la hegemonía del bajo mundo en la mayoría de municipios de Antioquia y está tejiendo redes hacia la capital paisa.

Hay otros cabecillas con poder relativo en la estructura de ‘La Oficina’, aunque es claro que tienen una capacidad inferior a sus antecesores para agrupar a todos los combos y dominar las rutas. Entre esos están ‘Fredy Colas’, ‘Kilin’ y ‘Diego Chamizo’ (bandas de Villahermosa y Buenos Aires); ‘Mateo’, ‘Helenita’ y ‘El Indio’ (Envigado); ‘Camilo Chata’ o ‘Ton’ (Bello); ‘Adiel’ y ‘Chicho’ (Popular, Manrique y Aranjuez), ‘Don Pepe’ y ‘Tuto’ (Itagüí y La Estrella); ‘Morro’ (Guayabal); ‘El Montañero’ (Doce de Octubre y Candelaria), ‘Carlos Pesebre’ y ‘Maicol’ (San Javier, La América y Robledo); ‘Pichi’ y ‘Barny’ (Candelaria y Aranjuez); ‘Chichón’, ‘Curramba’ y ‘El Loco’ (Castilla); y otra cantidad de malvivientes que para contarlos no bastan los dedos de las manos y los pies.

Según algunos investigadores que he consultado, la eventual captura de ‘Sebastián’ significaría el fin de ‘La Oficina’ en su cuarta generación, a menos que los cabecillas que estén en la cárcel o en fuga (como alias ‘Duncan’) logren reagrupar el clan. Otra posibilidad es que ‘Los Urabeños’ absorban lo que queda, como lo han hecho en el resto de Antioquia con ‘Los Paisas’ y ‘Los Rastrojos’, bien sea mediante la negociación, la compra de la franquicia o el sometimiento armado.

Si se da esta última opción, estaríamos ante el surgimiento de una nueva versión del cartel de Medellín. Esperemos que las autoridades logren anticipar este escenario prospectivo.

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El Inspector.