El 28 % de la población colombiana está localizada en áreas susceptibles a inundarse, principalmente en departamentos como Valle del Cauca, Atlántico, Cundinamarca, Magdalena, Antioquia, Córdoba, Cesar, Cauca y Meta. Además, el 29 % está ubicada en zonas de amenaza alta y muy alta de deslizamientos.
Así lo reveló Simón Gaviria, director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), quien advirtió que aunque la ocurrencia de La Niña para el último trimestre del año se redujo al 61 %, no se puede bajar la guardia, señalando que los mandatarios locales deben priorizar las intervenciones para reducir la vulnerabilidad frente a desastres asociados a fenómenos naturales.
En ese sentido, Gaviria reveló que los departamentos con mayor área expuesta a deslizamiento son Boyacá (74 % de su territorio), Cundinamarca (65 %), Risaralda (61 %) y Caldas (59 %).
“Aunque en general las autoridades identifican los impactos de los desastres, muchos no son conscientes de su responsabilidad frente a la generación, reducción y control de los mismos. Los procesos de ocupación del territorio sin una debida planificación, una gestión ambiental y un ordenamiento territorial insuficiente, inciden en la construcción del riesgo”, explicó.
Gaviria manifestó que, en un posible escenario de La Niña de carácter fuerte y basado en el ocurrido entre 2010-2011, o ante la temporada de lluvias que tendrá lugar entre septiembre y diciembre, se pueden ver afectados con mayor intensidad estos 21 departamentos y agregó que el 40 % del territorio nacional podría verse ampliamente afectado por anomalías de las lluvias.
Sin dolientes
Explicó que la proyección se basó en información del Ideam y en las regiones y pérdidas registradas en la pasada Niña 2010-2011, “el evento desastroso que ha generado los mayores impactos económicos registrados en la historia del país, con pérdidas por 11,2 billones de pesos, lo cual corresponde al 2 % del PIB”.
El funcionario subrayó que este tipo de impactos negativos pueden mitigarse a través de los planes de ordenamiento que responsabilidad de los alcaldes. “Hay que fortalecer la institucionalidad, pues todos los departamentos y municipios de más de 250.000 habitantes deben tener una entidad de gestión del riesgo”, explicó Gaviria y denunció que 18 gobernaciones no cumplen con este tipo de dependencia. A lo que se le suman 11 capitales que tampoco cuentan con oficinas encargadas de la gestión del riesgo.
Entretanto, Silvia Calderón, subdirectora de Ambiente del DNP, recordó que sobre el ordenamiento ambiental son las corporaciones autónomas las responsables de la elaboración de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas, los cuales deben ser tenidos en cuenta por los alcaldes en la formulación de sus POT.
“Las pérdidas y daños asociados a la ocurrencia de La Niña son el resultado de condiciones de riesgo que se han construido en el pasado. En ese sentido, los desastres que ocurran en el futuro se derivan de las acciones y las decisiones que se tomen en la actualidad”, dijo Calderón.
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