A pocos días de que venza el contrato entre la Cancillería y la multinacional Thomas Greg & Sons, persiste la incertidumbre sobre la continuidad en la expedición de pasaportes en Colombia. El actual acuerdo finaliza este domingo 31 de agosto sin que hasta el momento se haya firmado un nuevo contrato definitivo.
La canciller Rosa Villavicencio intentó enviar un mensaje de calma, al afirmar que el proceso avanza dentro de los tiempos previstos. “Estamos en el proceso. Lo informaremos ampliamente una vez esté ya todo firmado, tramitado, con la transparencia que siempre hemos tenido”, señaló la ministra.
La funcionaria aclaró que aún se encuentran “en un momento de negociación” y que, por la naturaleza del trámite, se requiere “prudencia y confidencialidad” en los detalles.
Lo que genera mayor atención es que, pese a esta falta de definición contractual, desde la semana pasada el Ministerio de Relaciones Exteriores anunció la declaratoria de urgencia manifiesta. Se estima que con esta medida, el Gobierno garantice la continuidad del servicio de expedición de pasaportes en el país, que seguirá en manos de Thomas Greg & Sons durante los próximos meses.
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De acuerdo con la resolución firmada por la Cancillería, la urgencia manifiesta empezó a regir el 11 de agosto de 2025 y se extenderá hasta el 30 de abril de 2026. En ese lapso, la entidad podrá adelantar un proceso de contratación directa bajo precios unitarios fijos y sin fórmulas de reajuste, lo que permite mantener la personalización, custodia y elaboración de las libretas mientras se implementa el nuevo esquema.
“Declárase la urgencia manifiesta desde el 11 de agosto del 2025 hasta el 30 de abril de 2026 para adelantar la contratación directa del servicio de personalización, custodia y distribución de libretas de pasaportes”, se lee en el documento oficial.
La medida funciona como un puente hacia el nuevo modelo de producción de pasaportes que impulsa el gobierno de Gustavo Petro, y que quedará en manos de la Imprenta Nacional a partir de mediados del próximo año. Según la resolución, la entidad estatal asumirá de forma gradual la operación para reemplazar a la multinacional privada que ha manejado este proceso por más de una década.
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De esta manera, aunque el vencimiento del contrato actual genera expectativa y dudas en los ciudadanos que requieren el documento, la declaratoria de urgencia manifiesta garantiza que no habrá interrupción inmediata en el servicio.
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