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Acusan a Roy Barreras de liderar ‘carrusel’ de contratación en el Congreso

Aurelio Suárez señaló a Barreras de adjudicar 800 contratos en cuatro meses; la Fiscalía le puso lupa al caso.

  • Barreras desacreditó la denuncia. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
    Barreras desacreditó la denuncia. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
19 de diciembre de 2022
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La contratación que se ha dado durante la presidencia de Roy Barreras en el Congreso de la República está en la lupa de la Fiscalía. Si bien el ente investigador no tiene competencia para procesar al congresista, decidió abrir noticia criminal por la denuncia del analista político Aurelio Suárez, excandidato a la Alcaldía de Bogotá, sobre supuestos sobrecostos en contratos adjudicados en el Senado.

En un correo electrónico firmado por el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, se confirmó la apertura de una noticia criminal para que un fiscal –pendiente por asignar– indague sobre los señalamientos hechos contra Barreras por presuntas irregularidades en contratación.

Este procedimiento se inició después de que Suárez denunció en una columna, en la revista Semana, que entre el 26 de julio y el 5 de septiembre la directora administrativa del Senado, Astrid Salamanca Rahin, firmó al menos cuatro convenios con supuestos sobrecostos y beneficios para fichas del senador Barreras.

Tras esta primera denuncia, Suárez publicó una nueva columna en el mismo medio en la que hizo nuevos señalamientos contra el Presidente del Congreso, a quien acusó de haber adjudicado 800 contratos en cuestión de cuatro meses, entre el 1 de agosto y el 9 de diciembre.

“Hablar de ‘nóminas paralelas’ guarda relación con los contratos adjudicados del 1 de agosto al 9 de diciembre, que suman 800, exceptuando los de personas jurídicas o empresas, casi a golpe de diez diarios por 92 días hábiles, una fábrica, y más en septiembre, cuando fueron 406 y, pese a que los empleados de carrera allí son 239”, expuso el columnista.

Entre los contratos más controvertidos, Suárez denunció el que se le adjudicó a Catalina Mesa Ramírez, esposa del director del Dapre, Mauricio Lizcano, por valor de 13,3 millones de pesos; y otro a Luz Adriana Marín, relacionado con el presidente del Partido Conservador, Carlos Trujillo, por 30 millones de pesos.

Barreras decidió no pronunciarse frente a esta nueva denuncia, pero sí lo hizo tras la primera, a la que desacreditó asegurando que no ha firmado ningún contrato y apuntó que tres de los cuatro contratos en cuestión vienen desde la Presidencia del exsenador conservador Juan Diego Gómez, su antecesor.

“La Presidencia del Senado de la República no tiene nada qué ver con la parte administrativa, que cuenta con separada estructura y autonomía”, respondió Barreras.

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