Nancy Martínez Salazar, de 58 años, asegura que se siente ansiosa. Desde hace tiempo convive con cáncer, diabetes e hipertensión; sin embargo, lo que la mantiene tensa no son sus diagnósticos, sino el silencio e inacción de Nueva EPS, la entidad de salud que debería garantizar su tratamiento. Su situación no es única: según la Superintendencia de Salud, las quejas de aquella EPS pasaron de 358.326 en 2024 a 518.196 en 2025.
Desde hace seis meses, Martínez espera que la atiendan para realizarse una resonancia de mama. La respuesta es la misma desde que le dieron la autorización: “no hay agenda”. La preocupación crece con el tiempo, y es que Nancy vive en Popayán. En aquel municipio no tienen los equipos para realizarse el examen.
Para poder tomarlo debe ir hasta Cali. Su caso es crítico: necesita saber si tiene un residuo tumoral. “Las células cancerígenas son de rápida proliferación. Necesito un diagnóstico concreto, sin eso no me pueden atender”, narró en diálogo con EL COLOMBIANO.
Para completar el preocupante panorama, Martínez comenta que tampoco le han entregado sus medicamentos: “no hay”, le dicen.
Según su fórmula médica, debería tener las dosis de tres meses para los siguientes medicamentos: Letrozol 2.5 mg en tabletas; metformina 1000 mg combinada con sitagliptina 50 mg en tabletas de liberación prolongada; y enalapril 20 mg. La única razón por la que ha podido tomarlos es porque ha sacado dinero de su bolsillo para comprarlos, pero el golpe económico es duro: en total debe pagar 410.000 pesos, y la medicina solo le dura un mes.
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Lo peor, asegura, es la falta de comunicación entre la EPS, los dispensadores de medicamentos y ella. “Cuando uno es paciente oncológico uno no tiene la fuerza ni la energía para ir de aquí para allá. Yo estoy cansada, mucho. Uno queda muy quemado después de las quimioterapias y las farmacéuticas nunca son capaces de llamar a avisar si el medicamento que necesito ya llegó, o si no ha llegado, no. Uno tiene que ir allá a hacer colas enormes y adivinar si hay medicamentos”, contó.
De hecho, en Popayán, aquellas largas filas no son protagonistas, pero solo porque se ven opacadas por una imagen más desgarradora: en las calles aledañas a las farmacéuticas pacientes instalaron carpas o durmieron en sillas, todo con la esperanza de garantizar ser los primeros en poder pedir los medicamentos y, con suerte, llevarse las pocas unidades que hayan.
Martínez no se ha quedado callada. Asegura que ha puesto varias quejas en la Superintendencia de Salud, pero ninguna ha sido respondida. Lo mismo aseguraron decenas de pacientes que, hartos de la situación, decidieron realizar un plantón pacífico frente a la sede de la Nueva EPS en Bogotá. Todos hacen parte de Pacientes de Alto Costo, una iniciativa ciudadana que lucha por la garantía de los derechos de salud de quien lo necesite.
Su presidente, Néstor Álvarez, habló con EL COLOMBIANO. En la entrevista, aseguró que el silencio de la Superintendencia —organismo encargado de inspeccionar, vigilar y controlar el sistema de salud, dirigido por Bernardo Camacho—es uno de los puntos más preocupantes: “Está totalmente callado. La superintendencia tiene que manifestarse, nadie la conoce. Solamente hemos recibido un correo diciendo que han notificado las quejas y ya. No se ha abierto una sola investigación”.
Ese no es el único silencio institucional. Como parte de su activismo, la organización creó la “Mesa por la Vida”, un espacio en el que, se supone, habría un diálogo directo con Nueva EPS, la Superintendencia y la Defensoría del Pueblo.
A hoy, el interventor de Nueva EPS, Luis Óscar Galves, no ha asistido a las reuniones. ”Una vez bajó a hablar con nosotros porque dijimos que si no lo hacía iba a haber un problema. Ahí se comprometió a mejorar pero mintió. Nunca más volvió a aparecer, siempre dicen que no está”, dijo Álvarez.
El líder de la ORG aseguró que, pese a los diálogos con la Defensoría, la situación es cada vez más crítica. Según los registros de Pacientes de Alto Costo, antes el 90% de los pacientes recibía sus medicamentos. Actualmente, solo el 40% de ellos los recibe. Álvarez asegura que en municipios de la Costa Caribe, la estadística es cero.
”Lo único que queremos es que la Defensoría, Supersalud, la EPS, el Gobierno, todos comprendan que se está violando un derecho humano. A diario matan a cientos de líderes sociales, pero hay que recordar que a diario mueren pacientes. Cuando alguien muere de cáncer nadie dice que se murió porque le faltaron medicamentos, pero en Colombia sucede. Necesitamos que la agenda de salud sea la principal”, explicó.
El panorama general
Según la Superintendencia de Salud, durante 2025 se presentaron 2’048.435 quejas por asuntos que van desde la falta de medicamentos, líos en materia de atención y prestación del servicio, o brechas para el acceso oportuno a tratamientos.
Las estadísticas son dicientes: en promedio, durante el año pasado, cada día se radicaron al menos 5.612 quejas. Es decir, 233 cada hora o 3 cada minuto. Frente a 2024, cuando se contaban 1’604.965, las cifras indican que el año pasado hubo 443.470 quejas más.
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Los números indican además que más de 1,9 millones de reclamos fueron por barreras en el acceso a tecnologías y servicios de salud; es decir, citas médicas y medicamentos.
Además, 114.206 por insatisfacción con el proceso administrativo; 29.618 por insatisfacción relacionada con la atención de salud, e insatisfacción con la infraestructura y logística (1.228).
En el caso de Nueva EPS, las quejas aumentaron exponencialmente tras la intervención del Gobierno en 2024 (ver gráfico). El Gobierno aseguró que aquella maniobra solucionaría los problemas, sin embargo, la situación se volvió crítica para pacientes con enfermedades graves como cáncer, VIH, diabetes, entre otras.
Se supone que la atención de aquellos pacientes está cubierta por la Unidad de Pago por Capitación (UPC), pero los recursos no se ven. “¿A dónde van a parar?”, dice Álvarez. El Gobierno no ha respondido.
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