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Al Gobierno no le sonó la propuesta de Barbosa

  • El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, entregó sus propuestas para hacer frente a la pandemia en las cárceles. FOTO Colprensa

    El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, entregó sus propuestas para hacer frente a la pandemia en las cárceles. FOTO

    Colprensa

Por OLGA PATRICIA RENDÓN M. | Publicado el 07 de abril de 2020

La ministra de Justicia, Margarita Cabello, aseguró que la propuesta de utilizar bienes de la SAE como cárceles no se puede ejecutar de inmediato.

El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, entregó ayer al Gobierno Nacional y a las altas cortes las observaciones al borrador de decreto formulado por el Ministerio de Justicia, que pretende facilitar la prisión domiciliaria transitoria y descongestionar las cárceles como una medida para prevenir el contagio del coronavirus en las prisiones.

En el documento, de 17 páginas, que más parecen objeciones que observaciones, el fiscal explica que tras un detallado análisis en un comité de alto nivel interno en el que se consideró el borrador y las experiencias comparadas con otros países también afectados por la pandemia, se puede evidenciar que el borrador busca solucionar más un problema estructural en el sistema penal que prevenir la propagación del virus.

Por eso enumeró varias propuestas que implican la implementación de las leyes con las que ya cuenta la Nación para otorgar libertades, libertades condicionales y detenciones domiciliarias con el cumplimiento de algunos requisitos, garantizando la protección y el monitoreo de los reclusos y la ubicación de nuevos centros de detención transitorios que podrían ser ubicados incluso en bienes cuya administración están bajo la Sociedad de Activos Especiales. (Ver recuadros)

Sin embargo, estas propuestas no calaron en el Gobierno y la ministra de Justicia, Margarita Cabello, insistió en que es prioritario deshacinar las cárceles como un gesto humanitario con los reclusos, pero también con la guardia y el personal administrativo.

El cara a cara

Tanto el fiscal como la ministra asistieron a una sesión virtual de la Comisión de Paz del Senado en la que, en medio de un debate de control político, explicaron sus posiciones.

Tras escuchar a Barbosa, Cabello aseguró que no es cierto que la Uspec no haya ejecutado solo el 7 % de los recursos de inversión, sino que en el último semestre de 2019 se ejecutó y comprometió el 87 % del presupuesto asignado para toda la vigencia.

Además, la ministra aclaró que “si la SAE me tiene inmuebles y me los entrega disponibles y en situaciones que me aseguren salud y seguridad para los privados de la libertad, bienvenida sea la propuesta. A mí todo lo que me puedan dar para solventar junto con el Inpec y la Uspec esta problemática que nos angustia estamos totalmente agradecidos. Hasta ahora los dos inmuebles que nos ofrecieron, no reúnen las condiciones, incluso uno era un famoso prostíbulo del centro, que no reúne condiciones ni cuenta con sanidad, tocaría reestructurarlos y eso nos llevaría mucho tiempo. Esa posibilidad no existe”.

Ante la molestia de la alta funcionaria, el fiscal respondió: “Nosotros no hacemos ese decreto ni vamos a cargar con la responsabilidad de lo que suceda con este documento de aquí en adelante. Toda la responsabilidad estará en cabeza del Ministerio de Justicia”.

Desde la Contraloría

A la Comisión de Paz también fue invitado el contralor general Carlos Felipe Córdoba, quien estuvo a favor de la propuesta del fiscal: “Vemos con gran aceptación el hecho de que le presten ayuda a todas las cárceles con bienes de la SAE, que puedan extenderse a más de 40.000 presos que lo requieren. Bajo la administración de la SAE hay 43 hoteles que podrían ayudar a mantener a los reclusos, y otros bienes que pueden servir para la resocialización mientras se determina el futuro de los bienes en los procesos penales”.

En lo que todos están de acuerdo es en que hay que deshacinar las cárceles y hay que hacerlo pronto, porque esta es una emergencia que no da tregua ni tiempo para grandes planes.

en definitiva

El fiscal Francisco Barbosa entregó al Ejecutivo sus observaciones sobre el borrador del decreto que busca deshacinar las cárceles, y no fue bien recibido por el Ministerio de Justicia.

Contexto de la Noticia

Agilizar medidas legales de libertades

El fiscal aseguró que hay herramientas contempladas en la legislación colombiana que pueden ayudar a afrontar la crisis como la reclusión domiciliaria y hospitalaria por enfermedad grave, y la sustitución de la detención preventiva por estado grave, que podrían flexibilizarse y extenderse a quienes sean los más vulnerables ante el covid-19. Así mismo, propuso la agilización de los beneficios y subrogados penales que no han sido aplicados por falta de personal, sea del Inpec o de la justicia, lo que podría impulsarse con la creación de más juzgados de ejecución de penas que descongestionen las solicitudes de quienes ya cumplieron los requisitos para la sustitución de la medida intramural, sea para prisión domiciliaria, libertad condicional o libertad definitiva.

Garantizar la seguridad alimentaria

El fiscal propone utilizar recursos de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) para proveer seguridad alimentaria a quienes sean enviados a la detención o prisión domiciliaria, ya que la mayoría de los internos llegarán a sus casas sin tener garantizado el mínimo vital que recibían en la cárcel y sin ningún tipo de ingresos que, sumado a las condiciones precarias de su entorno familiar, se podrían ver obligados a reincidir, no solo violando su medida de aseguramiento, sino causando problemas de seguridad y orden público. De acuerdo con el documento, la Uspec destinó para 2020, 490.873 millones de pesos para garantizar la alimentación de todos los privados de la libertad en Colombia.

Crear centros de reclusión transitorios

Según la propuesta de la Fiscalía, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios cuenta con un presupuesto para la vigencia 2020 de 1,2 billones de pesos, de los cuales el 68 % corresponden a funcionamiento y el resto a recursos de inversión para el mejoramiento y la ampliación de la infraestructura carcelaria. “Un elemento importante para considerar es que la Uspec ha tenido problemas en la ejecución presupuestal, lo que significa que hay espacio para aplicar dichos recursos”, dice la propuesta, y advierte que en 2019 solo se ejecutó el 7,1 % de los recursos destinados a inversión en cinco proyectos. Lo que demostraría la capacidad financiera para crear nuevos cupos para paliar la emergencia por coronavirus sin sacar a tantas personas de prisión.

utilizar bienes de la SAE

La Sociedad de Activos Especiales (SAE)_administra los bienes objeto de la acción de extinción de dominio y los que han sido afectados con medidas cautelares. Actualmente, la SAE tiene 302 inmuebles en todo el país (96 son predios rurales, 191 son predios urbanos y 15 están por determinar), que cuentan con vocación de ser utilizados para atender, según el fiscal Barbosa, la crisis generada por la pandemia. “En estos bienes se podrían generar centros de reclusión temporal y especial, para la población privada de la libertad que mayor riesgo tenga frente al covid-19 o aquella que en el futuro resulte contagiada bajo la administración y supervisión del Inpec”. Los bienes tendrían que ser adecuados con recursos de la Uspec.

Olga Patricia Rendón Marulanda

Soy periodista egresada de la Universidad de Antioquia. Mi primera entrevista se la hice a mi padre y, desde entonces, no he parado de preguntar.


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