El presidente Gustavo Petro no cuenta, por el momento, con evidencia judicial que respalde la atribución de hechos violentos a la supuesta Nueva Junta del Narcotráfico.
La fiscal general, Luz Adriana Camargo, desmintió la existencia de esa estructura, señalando que no hay pruebas que la respalden, a pesar de los intentos del ente acusador por comprobarla mediante distintos métodos investigativos.
“No hay ninguna evidencia, y nosotros hemos tratado de identificar, de acuerdo con los métodos investigativos que aplicamos, la existencia de una junta directiva del narcotráfico y no tenemos ninguna evidencia de que ella exista”, afirmó en entrevista con Blu Radio.
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Esta postura contradice el discurso que Petro ha sostenido desde su llegada a la Casa de Nariño. En diversos escenarios, el jefe de Estado ha señalado que dicha estructura estaría detrás de gran parte de los envíos internacionales de cocaína y que ejercería control sobre grupos como el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las Farc.
Incluso, el presidente ha sugerido que esta supuesta organización estaría vinculada a casos de sicariato de alto perfil, como el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay a través de la Segunda Marquetalia.
Un portafolio criminal
EL COLOMBIANO investigó qué hay detrás de las declaraciones del mandatario. El investigador Gerson Arias, asociado a la Fundación Ideas para la Paz, plantea una crítica de fondo a la idea de la llamada Nueva Junta del Narcotráfico, al señalar que no se trata de una estructura unificada ni jerárquica.
Según explica, esta narrativa no es nueva, circula desde al menos 2010, pero sigue siendo conceptualmente equivocada, pues asume la existencia de un órgano coordinado con roles definidos. En su lectura, aunque existen grandes articuladores del negocio, muchos de ellos son enemigos entre sí, lo que hace inviable pensar en una coordinación tipo “junta directiva”.
Más que una estructura cohesionada, lo que existe es un equilibrio pragmático basado en el “respeto mutuo” de los negocios para evitar conflictos directos.
En lugar de una organización vertical, Arias describe un modelo que denomina “portafolio de servicios criminales”. Bajo esta lógica, los actores no funcionan como miembros de un cartel único, sino como gestores que articulan distintos eslabones del negocio.
“Son personas con décadas de experiencia que conectan rutas, grupos armados y mercados”, en un esquema donde el portafolio incluye desde la exportación de cocaína hasta la gestión de laboratorios, oficinas de cobro y acuerdos para la compra de pasta base.
En ese entramado, cualquier actor que quiera operar debe necesariamente negociar con el Clan del Golfo, al que define como el principal articulador del narcotráfico en la actualidad. Y en otro plano, deben interactuar con las disidencias de las Farc.
Arias también identifica un rasgo clave del momento actual: el regreso de los llamados “viejos narcos”. Se trata de figuras que tuvieron protagonismo en décadas anteriores, fueron extraditadas o procesadas en Estados Unidos y han retornado al negocio con mayor sofisticación.
Estos actores, explica, combinan experiencia acumulada con redes internacionales, y suelen operar desde el exterior —en países como España, Turquía o Emiratos Árabes Unidos— para coordinar el negocio global.
En un documento conocido por EL COLOMBIANO, la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) cataloga a la Nueva Junta del Narcotráfico como una red criminal flexible que se habría reconfigurado desde 2017 con el regreso de antiguos narcotraficantes.
Entre sus principales articuladores aparecen Julio Lozano Pirateque, señalado como operador transnacional, y Luis Caicedo, cuyo asesinato en 2021 refleja las disputas internas del negocio.
También figuran Eduard Femey Rincón Pineda, con presencia regional y vínculos con estructuras armadas, y Juan Francisco Caicedo Velandia, quien asumió negocios tras la muerte de su hermano y fue asesinado posteriormente.
Alrededor de estos nombres son relacionados socios con funciones específicas, como Jorge Iván González Ramírez en rutas hacia Europa, Rutdy Alirio Zárate Moreno en comercialización internacional, y Luis Cortés con conexiones desde Dubái.
A esto se suman enlaces internacionales como Sebastián Marset, narco uruguayo recién capturado en Bolivia, y redes balcánicas, lo que muestra un negocio altamente globalizado.
Sin embargo, las muertes, rivalidades y alianzas cambiantes —incluyendo figuras como Pedro Orejas— evidencian que no se trata de una “junta” cohesionada, sino de un entramado fragmentado de actores que cooperan y compiten según sus intereses, más cercano a una red criminal que a una organización jerárquica.
Analogía con Cartel de los Soles
Otro punto central en el análisis de Arias es la brecha entre inteligencia y evidencia judicial.
Mientras los organismos de inteligencia, como la DNI o la UIAF, para el lavado de activos, pueden construir hipótesis a partir de relaciones, contextos e históricos, la Fiscalía necesita pruebas concretas de coordinación para configurar delitos como concierto para delinquir.
Arias cuestiona el uso político de esta narrativa por parte del presidente Petro.
A su juicio, la insistencia en la idea de una “junta” cumple una función discursiva: explicar los límites o fracasos de la política de “Paz Total” atribuyéndolos a poderes criminales ocultos.
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También cuestiona la persistencia de la noción de “narcoparamilitarismo” en los términos del pasado porque, según subraya, el motor actual del narcotráfico es principalmente económico y no político.
El investigador Gerson Arias recurre a la analogía del llamado Cartel de los Soles en Venezuela para explicar por qué considera un error conceptual —y también judicial— hablar de una “junta del narcotráfico” en Colombia.
A su juicio, esa comparación permite entender que no se está frente a una organización jerárquica con mando único, sino ante dinámicas mucho más fragmentadas y difíciles de encasillar en categorías tradicionales.
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A partir de esa analogía, Arias sostiene que en Colombia ocurre algo similar: no existe una “junta” con capacidad de dirección centralizada, sino un sistema de sistemas de corrupción, donde múltiples actores con poder —criminal, territorial o económico— operan de manera autónoma, aunque conectada.
Es decir, pueden coincidir en negocios, pero no obedecen a una estructura común ni a una cadena de mando unificada.
DNI no ha encontrado una “junta”
Una de las fuentes de información del presidente Petro, para insistir en la existencia de la llamada Nueva Junta del Narcotráfico, es la DNI.
EL COLOMBIANO habló con una fuente de ese entorno bajo reserva, quien indicó que la Dirección Nacional de Inteligencia ha sostenido reuniones e entrevistas directas con presuntos integrantes de la llamada Nueva Junta del Narcotráfico fuera del país, con el propósito de verificar la existencia real del grupo y comprender su dinámica operativa.
Inicialmente, estas reuniones se habrían realizado en Dubái, considerado un centro estratégico por los narcos, y luego se trasladaron a Europa, especialmente España y Turquía, tras dificultades tributarias y logísticas.
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Estas indagaciones permitieron a la DNI confirmar que se trata de un sistema basado en coordinación criminal y acuerdos puntuales, más que en una estructura centralizada.
La fuente señala que la red “no se trata de una pirámide de mando tradicional, sino de un modelo de negocios” con roles específicos y “narcos de manos limpias” que operan a través de terceros.
“Algunos habrían adquirido compromisos con agencias internacionales para no enviar cocaína a EE. UU., lo que explica la reorientación hacia Europa, Australia y Rusia”, identificando figuras como Julio Lozano Pirateque y alias Runcho (Rutdy Zárate).
Cuestiona a la Fiscalía por buscar un GDO (Grupo Delictivo Organizado), cuando la evidencia apunta a reuniones de coordinación y redes internacionales.
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