A 12 días de que los colombianos elijan presidente en segunda vuelta, los jefes de las tres altas cortes aprovecharon un mismo escenario para mandarle un mensaje a quien llegue a la Casa de Nariño: “un gobernante puede estar en desacuerdo con un fallo, pero no puede desconocerlo”.
Lo dijeron este martes, 9 de junio, en Bogotá, en un foro que la Procuraduría General de la Nación montó justo en medio del pulso entre el presidente, Gustavo Petro, y la justicia.
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El escenario fue la I Cumbre Internacional de Instituciones Autónomas y de Control, organizada por la Procuraduría, cuyo eje central fueron los controles al abuso del poder en las democracias modernas. En el panel principal participaron Paola Meneses Mosquera, presidenta de la Corte Constitucional; Iván Mauricio Lenis Gómez, presidente de la Corte Suprema de Justicia, y Alberto Montaña Plata, presidente del Consejo de Estado.
Montaña fue el más explícito sobre el deber del jefe de Estado. Empezó por reconocer que cualquiera tiene derecho a estar en desacuerdo con una decisión judicial, incluido el presidente, porque eso hace parte de la libertad de expresión. Pero marcó de inmediato un límite.
“Constitucionalmente el Presidente de la República y el Gobierno no tiene el deber de estar de acuerdo con las decisiones, pero sí tiene el deber de acatarla”, afirmó el Presidente del Consejo de Estado.
Para el magistrado, el problema aparece cuando la crítica se deforma. “Una cosa es criticar, una cosa es tener desacuerdos, y otra cosa es desafiar la institucionalidad”, dijo. También admitió una tarea pendiente del propio poder judicial: explicarle mejor sus fallos a la gente, hacer lo que llamó “pedagogía de la decisión”, porque ahí, reconoció, puede haber un déficit de democracia.
El magistrado extendió esa responsabilidad a toda la ciudadanía. En épocas de alta polarización y desinformación, planteó, todos tienen el deber de hacer comentarios ponderados, fundados en la verdad y que no alimenten la confrontación, sobre todo en un país con una larga relación con la violencia. La justicia, dijo durante su intervención, debe ser un garante sereno del orden constitucional, y la defensa de la democracia no depende de un solo actor.
Meneses fue quien conectó el mensaje con las elecciones de forma más directa. Dijo que la expectativa de la rama judicial será la misma sin importar quién gane: que respete y acate los fallos y que garantice la separación de poderes y los derechos fundamentales.
Enseguida enumeró lo que la justicia espera en concreto del próximo gobierno: un presupuesto adecuado, competencias que no puedan ser intervenidas y condiciones estables para los jueces, desde el salario hasta el régimen disciplinario.
Y cerró con una frase dirigida a quien gobierne: “la verdadera fuerza de un gobernante no se demuestra desafiando o debilitando los contrapesos institucionales, sino (...) con la grandeza de acoger y de actuar en el marco de la Constitución Política y de la ley”. Antes había recordado que, al final, “en las urnas deciden los ciudadanos”.
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Bloque de preguntas y respuestas:
- ¿Por qué las altas cortes le pidieron al próximo presidente respetar los fallos judiciales?
- Los presidentes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado hicieron este llamado durante un foro organizado por la Procuraduría. Los magistrados señalaron que cualquier mandatario puede expresar desacuerdos frente a una decisión judicial, pero tiene la obligación constitucional de acatarla y respetar la institucionalidad del país.
- ¿Qué dijeron las altas cortes sobre la relación entre el presidente y la justicia en Colombia?
- Durante el encuentro, los presidentes de las tres corporaciones insistieron en que el jefe de Estado debe actuar dentro de los límites de la Constitución y respetar las decisiones de los jueces, incluso cuando no comparta sus argumentos o conclusiones.
- ¿Qué papel cumple la separación de poderes según las altas cortes?
- Los presidentes de las corporaciones judiciales señalaron que la fortaleza de la democracia depende de que cada rama del poder público actúe de manera independiente. Por eso insistieron en que el próximo mandatario debe respetar los controles institucionales y las decisiones de los tribunales.
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