No cesan las repercusiones tras las declaraciones que hace unos días entregó el expresidente Juan Manuel Santos, en el sentido de que solicitó impunidad diplomática a favor del también expresidente Álvaro Uribe para evitar que respondiera ante tribunales de Estados Unidos.
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“Cuando asumí la presidencia, me llamó el embajador en Washington, Gabriel Silva, y me dijo aquí hay una serie de organizaciones de derechos humanos que van acusar al entonces expresidente Uribe, ante muchas cortes estatales por violación de derechos humanos”, dijo Santos, a Canal Capital.
Desde entonces se han generado varios tira y afloje y el expresidente Uribe respondió con todo. Por ejemplo, llamó a Santos “mentiroso” y además le sacó los trapos al sol, recordándole la investigación por Odebrecht y diciéndole que quien está buscando inmunidad es él.
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Al respecto también se pronunció el exembajador Gabriel Silva Luján, mencionado por Santos, quien en una columna publicada en la Revista Cambio contó cómo –según él– fueron los hechos.
Cómo se originó
Silva, quien representó al país ante la Casa Blanca entre 2010 y 2012, aceptó que atendió el caso en cuestión. En lo que describe como “la verdadera historia de lo ocurrido”, dice que en su momento encontró que “existían varios intentos de relacionar directa o indirectamente al expresidente Uribe en procesos relacionados con situaciones de asesinatos o actuaciones violatorias de los derechos humanos”.
Para la época, comenta, Uribe vivía en Washington, y tras buscar a fondo en los rumores encontró que había “un intento de expedirle una citación [subpoena] para forzarlo a aparecer como testigo en un caso que aparentemente tenía que ver con el asesinato de varios sindicalistas que trabajaban para la Drummond”.
Cuenta que llamó al entonces presidente Santos, quien le pidió analizar la situación y luego recomendarle qué hacer; también, que no era la primera vez que un tribunal gringo iba a obligar a un expresidente colombiano a comparecer.
Sobre la “inmunidad”
Tras analizar antecedentes similares se apeló a la protección del fuero constitucional de los expresidentes y otros altos dignatarios como “una obligación en Colombia o en el exterior”.
Entre otras cosas, argumenta, “permitir que otra potencia o gobierno extranjero perfore la soberanía jurídica del país es altamente inconveniente”.
Así se avanzó con el plan, dice Silva, aunque esto no exime a ningún mandatario de responder ante la justicia de su país o ante la Corte Penal Internacional.
Según el exembajador, “los personajes públicos en particular los expresidentes son vulnerables a persecuciones políticas disfrazadas de causas judiciales”.
Ante esto, continuó, Santos hizo valer la protección que le corresponde a un Jefe de Estado y en ese sentido Silva se reunió con Harold Hongju Koh, la principal autoridad legal del Departamento de Estado.
Hongju Koh no compartió la postura colombiana en un principio, y por eso el entonces embajador decidió acudir directamente a Casa Blanca, planteando que era inconveniente para la relación de ambos países no conceder esa inmunidad para expresidentes.
Luego hubo una situación favorable y es que al expresidente estadounidense George W. Bush también le aparecieron procesos penales en otros territorios que le hicieron desistir de algunos viajes, lo que la delegación colombiana puso de ejemplo para visibilizar la importancia de proteger a exmandatarios.
Finalmente, el Departamento de Estado comunicó que aceptaría la solicitud de inmunidad hacia Álvaro Uribe. Una vez se surtieron los trámites, añade, se le entregó una carta a Uribe informándole de ese estatus.
