El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, borró con el codo lo que hizo con la mano. Con su llegada a esa cartera, los gremios de las entidades promotoras de salud (EPS), integrantes del sector y expertos tenían la expectativa de que su amplio recorrido como médico y en política lo rodeara de un buen ambiente de diálogo para lo que le espera cuesta arriba con la reforma a la salud. Pero una afirmación suya que puso en duda la atención del covid-19 en el país torpedeó ese halo de confianza.
Sin presentar sustento y durante la discusión de la reforma a la salud en el Congreso, Jaramillo dijo que en el país “montaron un negocio con el covid-19, triplicaron las unidades de cuidado intensivo (UCI) y nadie dijo nada. Ahí estuvo uno de los más grandes negocios”. Y advirtió: “Me gustaría que miráramos, y lo voy a hacer, solamente por ejercicio, cuántos salieron vivos de esas unidades de cuidados intensivos”. Después intentó aclarar, pero lo que dijo fue aún más cuestionable: “lo más peligroso es tener una UCI sin tener la gente entrenada y capacitada para poder atender eso”.
El señalamiento se regó como pólvora, por lo que los grupos de interés en la salud y en la prestación de servicios médicos volvieron a llenarse de dudas, a las que se sumaron declaraciones de rechazo y molestia que hoy vuelven a poner al Ministerio de Salud bajo sospecha y con los reflectores encima requiriendo pruebas de lo que dijo su cabeza principal.
La adquisición de UCI en Colombia fue una de las mayores preocupaciones que tuvieron las autoridades de salud en los primeros meses de la pandemia del covid, en 2020, sobre todo cuando los contagios aumentaron exponencialmente, los enfermos críticos llenaron las urgencias de los hospitales y cuando aún la vacuna contra el virus era solo un sueño – en medio de una investigación apresurada para los científicos– y la población estaba en confinamientos obligatorios.
Entre junio y agosto de 2020, diciembre de 2020 y febrero de 2021, y entre abril y julio de 2021 el sistema de salud vivió su momento más crítico y retador, pues el país enfrentó tres olas de contagios que alcanzaron entre 18 mil y 30 mil casos diarios. Ese escenario tuvo los servicios de salud de las grandes ciudades saturadas y a los gobiernos locales implementando toques de queda y cuarentenas estrictas.
En ese sentido, la necesidad de adquirir UCI se volvió menester del Gobierno de entonces. Los análisis de situación en salud (ASIS) de los años 2019 a 2021 muestran que el país aumentó el número de estas unidades de 8.131 camas UCI a 9.313; mientras que el reporte de situación covid-19 en Colombia de la Organización Panamericana de la Salud señala que la cifra llegó hasta 10.767 en marzo de 2022.
Al respecto, el exministro de Salud de esos años, Fernando Ruiz Gómez, recordó que al inicio de la pandemia “partimos de 5.300 UCI y en el momento más crítico llegamos a tener 13.100, prácticamente más que duplicando el número con el que comenzamos”.
La inversión hecha para la compra de ventiladores, camas, camillas y monitores de signos vitales, entre otros, fue de $483.800 millones.
Necesidad en una emergencia
Memphis López es un sobreviviente del covid-19. En medio de la tercera ola de contagios, a mediados de 2021, y con una sola dosis de la vacuna, el virus entró a su cuerpo. La enfermedad casi se lo lleva, lo envió a una UCI en Neiva y estuvo dos meses internado, intubado, inconsciente, sin saber lo que pasaba a su alrededor.
Dos años después de eso, contó que salir de esa situación fue para él como empezar a vivir de cero otra vez. Tuvieron que hacerle trasplante de cadera –por tanto tiempo que estuvo acostado–, no podía hablar o caminar con facilidad y tenían que ayudarlo a hacer tareas básicas como ir al baño.
Armando Amórtegui, en Bogotá, también llegó a una UCI en el Hospital Méderi tras contagiarse con el virus. También fue intubado y estuvo tres semanas hospitalizado. De allí salió vivo y con una nueva rutina de terapias respiratorias que debía hacer para recuperar su sistema respiratorio después de la infección.
Estos casos son los que vivieron para contarlo, que fueron la mayoría de las personas que ingresaron a una UCI destinada para enfermos de covid-19. Así lo explicó el exministro Ruiz al mencionar que “cinco estudios de instituciones de salud y de la Organización Mundial de la Salud (OMS), muestran que la mortalidad dentro de una UCI estuvo entre el 20 % y máximo el 40 %; mientras que la mortalidad en hospitalización general estuvo entre 8 % y 10 %”.
De hecho, para los expertos y profesionales médicos que consultó este diario adquirir unidades de cuidado intensivo era un menester para salvar vidas en medio de una contingencia de talla mundial en la que, además, la ciencia ni las autoridades de salud tenían conocimiento previo sobre lo que se enfrentaba.
Así lo explicó un especialista en cirugía cardiovascular que trabajó en una unidad de cuidado intensivo en el departamento del Huila durante la pandemia y que pidió no ser citado. “La situación en ese momento implicaba tener más disponibilidad de UCI y por eso se abrieron las que más se pudieron. Sí murió mucha gente, pues nadie estaba exonerado de eso, pero se salvó mucha gente también. Si no se hubiera hecho ese esfuerzo, difícilmente se hubiera tenido los buenos resultados que tuvo el país”, aseguró.
¿Cuáles buenos resultados?, se preguntaría algún incauto o crítico acérrimo del sistema de salud en Colombia. Pues bien, a lo que este especialista se refiere es el buen comportamiento del manejo de la pandemia. La compañía Bloomberg realizó un ranking de resiliencia al covid-19 en el mundo y en este, el país suramericano que mejor quedó ubicado fue... sí: Colombia, con un puntaje de 76,7 sobre 100. Y por encima de Chile (76). El único del continente que lo superó fue Canadá (78,8) en una lista liderada por Corea del Sur (80,9), Emiratos Árabes Unidos (80,7) e Irlanda (80,5).
“Hubo que poner especialistas y que duplicar la mano de obra. Se abrieron UCI sin personal entrenado, pero porque era una emergencia en la que todos nos volcamos a ayudar”, añade el especialista.
Muestra de esa premura que se vivió en aquellos aciagos años es el relato de la enfermera Sandra González, quien lleva 16 años trabajando en el Hospital Regional de la Orinoquía en Yopal, Casanare. Dijo, con tono de protesta, “¡eso es falso!” cuando respondió el señalamiento del ministro Jaramillo sobre el supuesto “gran negocio” que se hizo con las UCI en la pandemia.
“Hubo muchas necesidades, muchas veces que no hubo abasto y más acá en Yopal adonde llegan todos los pacientes del departamento”, ratificó la enfermera.
Más adelante, ahondó con más indignación hacia el que hizo tal señalamiento y expresó sin filtró: “No saben ni dónde está parado. El que lo vive es el que lo siente y los que estuvimos acá sabemos que eso es falso, como cuando decían que en los hospitales se cobraba por paciente en UCI”.
Sin embargo, el especialista cardiovascular del Huila reconoció que “no habrá faltado quien hiciera negocio, como pasó con algunos casos de vacunación antes de tiempo. Pero desde lo que hizo el sistema de salud colombiano en la parte de asistencia final de pacientes con covid-19 no puedo decir que se usaron mal los recursos”.
A las respuestas contra Guillermo Jaramillo también se sumaron las de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo (AMCI), cuyo presidente, Camilo Pizarro, le envió una carta abierta en la que afirmó: “Decir hoy que murieron más pacientes en las UCI o en las áreas de expansión creadas, es como decir que haber abierto más camas UCI fue una decisión irresponsable que acarreó más muertes durante la pandemia. Los países que no generaron dicha ‘respuesta adaptativa’ tuvieron mayor mortalidad”.
Por otro lado, también sería impreciso decir que el manejo de recursos públicos para atender temas asociados a la pandemia fue totalmente transparente. A poco más de un año de haberse declarado la emergencia sanitaria, las autoridades de investigación penal, fiscal y disciplinarias tenían a su cargo cientos de investigaciones relacionadas con contrataciones que se hicieron en función del covid-19.
La Fiscalía General abrió 121 investigaciones por licitaciones, mientras que la Contraloría General hizo 185 indagaciones por malos manejos de recursos en alcaldías y gobernaciones, según reseñó Consejo de Redacción.
Confianza, otra vez en duda
Los señalamientos vehementes que hizo Jaramillo durante el debate de la reforma a la salud en el Congreso trajeron a la memoria del sector salud los que hacía su antecesora –Carolina Corcho– cuando dijo, por ejemplo, que las EPS “no curan, sino facturan”.
La investigadora y consultora en salud, Alejandra Taborda, expresó que “las formas que usa el Gobierno pueden llevarnos a escenarios no deseados porque, además de malintencionada y de carecer de cifras que lo sustenten, el propósito de esa frase es fragmentar un sistema que necesita confianza”.
Por su parte, la epidemióloga Claudia Vaca añadió que “el ministro tendría que salir a disculparse con la comunidad médica y rehacer las expectativas que en principio había generado”, pues sus declaraciones –que calificó como “novatada”– van a complicar aún más el debate de la reforma en lugar de tranquilizarlo”. Y agregó que es necesario “hacer un balance de cuáles fueron los recursos invertidos, que ayude a combatir la desinformación alrededor de eso y él debería liderarlo”.
A su vez, el investigador en salud de la Universidad de Harvard, Johnattan García, aseveró que la reforma a la salud es otra afectada por el traspié del ministro, ya que “ahora volvemos al punto en el que el debate no está construido en los cambios, sino que seguimos atados a discusiones del pasado”. Entre tanto, advirtió que el Ministerio debe ahora “recuperar la confianza” que minó en los prestadores de salud “para poder seguir avanzando con la reforma”.
Lo concreto es que estas salidas en falso refuerzan el dicho de que es más fácil destruir que construir, como la confianza y buen ambiente del que gozó brevemente Guillermo Jaramillo y ahora tendrá que recomponerla más allá del trino del presidente Gustavo Petro aclarando que “cuando se habla de corrupción por compra de ucis (sic) no se habla de corrupción de los médicos”.
La reforma a la salud avanza a paso lento en el congreso
Después de la salida de Carolina Corcho del ministerio, el Congreso retomó el debate de la reforma este jueves y el Gobierno logró un pequeño primer paso al aprobar tres artículos con el apoyo de los partidos Liberal y de La U, cuyo equipo técnico se ha reunido con el del Ministerio desde que llegó Guillermo Jaramillo.
La votación terminó con 14 votos por el “sí” y 6 por el “no”; hubo una abstención de la representante Mafe Carrascal, quien se retiró de la sesión por problemas de salud. De esta manera, la Comisión Séptima aprobó los artículos el 30, el 91 y el 103.
El 30 refiere a la creación de las comisiones intersectoriales departamentales, distritales y municipales determinantes de salud y salud pública; el 91 señala la participación ciudadana y social en el sistema de salud; y el 103 señala el principio de celeridad en el sistema de quejas y reclamos.
Jaramillo hizo su primera intervención como cabeza de la cartera de salud para reafirmar los postulados ideológicos del Gobierno que trasladan a esta reforma, así como para reiterar su disposición al diálogo con los partidos.
Así mismo, se autorizó la creación de una comisión accidental para que estudiara las 450 proposiciones que le hicieron al texto, que irá funcionando a medida de que avancen los debates y la votación de los artículos. A pesar de que Acemi –gremio de las EPS del régimen contributivo– dijo que las 450 se estudiarían en tres horas, miembros de esa comisión del dijeron a EL COLOMBIANO que las proposiciones no se estudiaron todas el jueves, sino que se estudiron algunas ese día y continuará mientras siga el debate en esa corporación.
