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Las seis personas capturadas en Medellín por el atentado al aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta –perpetrado el 14 de diciembre de este año– irán a cárcel de alta seguridad por petición de la Fiscalía. La medida de aseguramiento privativa de la libertad se realizará en ciudades distintas a Medellín y Cúcuta, según informó el ente investigador.
Las capturas de estos presuntos implicados se dieron entre el 27 y 29 de diciembre. Las primeras cinco personas retenidas fueron localizadas en el corregimiento Santa Helena y los barrios Jesús, Robledo Miramar y Brasilia, en medio de allanamientos simultáneos entre la noche del lunes y la madrugada del martes. Los tres hombres y dos mujeres fueron llevados de inmediato a Cúcuta para las audiencias de control de garantías.
La sexta captura se presentó este miércoles en un centro comercial de Rionegro, Oriente antioqueño. El arresto de Diego Alejandro Carrascal Benítez se sumó a los de Sebastián Moreno Maya, alias Sebas, Nayibe Alexandra Londoño Carrillo, Adrián Kaled Guzmán, Yuly Mileidy Mazo y Diego Felipe Maya González.
La operación terrorista fue atribuida al frente 33 de las disidencias de las Farc, que sería comandado por “Jhon Mechas” desde Venezuela. Por información que permitiera aclarar el caso, el Gobierno ofreció 100 millones de pesos que serán pagados “inmediatamente se cumplan los requisitos”, según confirmó el ministro de Defensa, Diego Molano, quien le afirmó a EL COLOMBIANO que la ayuda suministrada por terceros fue “vital”.
De acuerdo con lo comunicado por el ente investigador, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales presentó abundante material probatorio que demostraría que los procesados habrían viajado de Medellín a Cúcuta, con el único propósito de ejecutar el atentado que cobró la vida de dos técnicos antiexplosivos de la Policía Nacional.
Así mismo, Molano le dijo a EL COLOMBIANO que los presuntos implicados en el atentado “se movían en barrios de Medellín y, posteriormente, fueron contratados, entrenados y preparados para uso de explosivos en Catatumbo y Venezuela para perpetrar este atentado terrorista”.
Molano aseguró que el objetivo de la operación terrorista era una aeronave de la Fuerza Aérea que estaba en el aeropuerto Camilo Daza y que la información inicial, que aún es materia de investigación judicial, plantea que hubo un pago de 120 millones de pesos para cada presunto implicado.
Por estos hechos, la Fiscalía imputó los delitos de homicidio y tentativa de homicidio agravados, terrorismo y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.