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Según el último conteo que conocieron los magistrados de la Sección con Reconocimiento del Tribunal para la Paz, habían recibido un poco más de 80 solicitudes para la aplicación y verificación de los Trabajos, Obras y Acciones con Contenido Reparador (Toar).
Estas son acciones que permiten que los comparecientes paguen la sanción que les será impuesta una vez termine su proceso judicial ante la JEP, para lo que todavía falta un largo tiempo.
“Para hablar de Toar hay que hablar de la sanción, en la JEP hay tres tipos: una propia, otra alternativa y ordinaria. La sanción propia es la que se impondrá a los comparecientes que aporten verdad plena, detallada y exhaustiva y que además reconozcan su responsabilidad en los crímenes más graves y representativos”, le explicó a EL COLOMBIANO el magistrado Camilo Suárez.
Es precisamente en esas sanciones propias que fueron incorporados los Toar, tal y como quedó contemplado en la Ley Estatutaria de la JEP.
El magistrado explicó que desde el siglo XVIII estamos acostumbrados a que el Estado responde al delito con una pena de prisión, pero ese modelo deja por fuera a las víctimas y sus derechos.
“Este modelo es restaurativo y en el centro están las víctimas, lo fundamental es garantizar sus derechos. El compareciente también requiere opciones para reincorporarse a la sociedad, debe servirle para tener otra oportunidad de ser un ciudadano de bien”, dijo el togado.
Así las cosas, las sanciones propias de la JEP que apenas están en formulación, tienen dos componentes: el retributivo y el restaurador.
Para ello el artículo 141 de la Ley 1957 establece que las restricciones efectivas de la libertad consistirán en la restricción a la movilidad en un espacio geográfico establecido y a la realización de trabajos y acciones encaminadas al cumplimiento del Acuerdo de Paz, para las que “se tendrán en cuenta los daños ocasionados a menores, mujeres y otros sujetos afectados”.
De momento los magistrados están revisando cómo conjugar dichas acciones con los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, para lo que ya se han reunido con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización y con el consejero para la Estabilización, Emilio Archila.
La idea, anotó el magistrado Suárez, es que los Toar sean en reforestación, desminado, recuperación de ríos, construcción de escuelas, carreteras y hospitales, todo con énfasis en el daño que hicieron.
“Cuando una persona se somete a la JEP tiene que presentar un plan detallado de cómo repararía a las víctimas, esas personas sin que tengan una sentencia podrían empezar a hacer Toar y si cumple los requisitos podría servir como descuento de la sanción. Debe ser monitoreado y certificado por la Secretaría Ejecutiva de la JEP en convenio con la ONU y una verificación que hace posteriormente la Sección”.
Por ahora han llegado 80 propuestas, que no necesariamente van a ser aceptadas, pero que ya van encaminando el trabajo de los comparecientes frente a las víctimas.