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Bombardeo abrió otro debate en el país

  • En el operativo incautaron 7 fusiles, 1 lanzagranadas,12 computadores portátiles y varios cartuchos. FOTO ejército

    En el operativo incautaron 7 fusiles, 1 lanzagranadas,12 computadores portátiles y varios cartuchos. FOTO

    ejército

Bombardeo abrió otro debate en el país
Publicado el 11 de marzo de 2021

Presentamos las diferentes caras del operativo militar en el departamento de Guaviare. Opinan analistas.

El pasado 2 de marzo, las Fuerzas Militares anunciaron una operación en la vereda Buenos Aires, en Calamar, Guaviare en la que murieron 12 personas, hubo tres arrestadas y encontrados dos menores de edad (no precisaron las edades), quienes fueron llevados a Bienestar Familiar, según lo registró el ministerio de Defensa.

El jefe de esa cartera, Diego Molano, dijo que tocaba ir “sin tregua contra narco-criminales que le roban la tranquilidad a los colombianos”, y añadió que los muertos hacían parte de la disidencia de las Farc comandadas por ‘Gentil Duarte’, uno de los exjefes guerrilleros que abandonó el proceso de paz y por el que el Gobierno hoy ofrece $2.500 millones al ser declarado uno de los hombres más buscados del país.

El exconcejal de Bogotá Hollman Morris dijo que en la operación habrían muerto siete menores de edad y quedaron otros heridos (aún sin precisar) que están en el hospital de San José del Guaviare.

Las cifras no cuadran. Mientras Medicina Legal reportó ayer que la seccional Villavicencio registró la recepción el 4 de marzo de 10 cadáveres, las Fuerzas Militares registraron 12 muertes el pasado 2 de marzo. Ayer, el Ministerio de Defensa, en un comunicado citó que “en desarrollo de la operación militar perdieron la vida 10 integrantes de esa estructura criminal, cuyas identidades revelará el Instituto de Medicina Legal”.

En redes sociales y medios de comunicación sectores políticos y sociedad civil manifestaron preocupación frente a que hubieran muerto menores de edaden el operativo, pues habría sido una violación a los derechos humanos e infringir el Derecho Internacional Humanitario.

Según Pablo Angarita, profesor de la Universidad de Antioquia, experto en Derecho Internacional Humanitario (DIH), existe una regulación en las guerras que deben cumplir los combatientes: un integrante de un grupo ilegal o legal es mayor de edad a los 15 años y en caso que se compruebe que los que murieron en el bombardeo eran niños (menores de 15 años), sería una infracción al DIH, porque “no se consideran combatientes sino víctimas”.

El debate se calentó con las declaraciones de Molano, quien dijo que quienes estaban en el campamento de la vereda Buenos Aires eran miembros de la estructura delincuencial; y que ‘Gentil Duarte’ es un criminal que convierte a jóvenes en máquinas de guerra.

Para el abogado Rafael Nieto, la responsabilidad frente a los presuntos menores de edad bombardeados es de quienes los reclutaron: “La respuesta del ministro Molano es correcta, las Fuerzas Militares atacaron un objetivo militar”. Según Nieto, si habían menores de edad en el campamento, “esos muchachos ya no eran civiles, eran combatientes”.

Un delito que no frena

Al debate se suman las últimas alertas de la Defensoría del Pueblo que señalan que regiones como Guaviare, Putumayo, Nariño, Norte de Santander, Chocó y Antioquia se convirtieron durante el confinamiento de la pandemia en las zonas más asediadas por los grupos ilegales para llevarse menores de edad a sus filas.

El reclutamiento es una de las prácticas más realizadas por los grupos ilegales. Según la Unidad para las Víctimas, desde 1990 a diciembre de 2020, fueron reclutados 8.433 niños; y la Defensoría reportó solo el año pasado, 83 casos

Infográfico

Contexto de la Noticia

radiografía Las autoridades en calamar

Édgar Bustos, del despacho de la Secretaría de Gobierno, dijo no tener conocimiento del bombardeo. “No tenemos conocimiento de nada, el batallón no nos lo ha informado”. La pobreza multidimensional en los hogares de Calamar, que mide niveles de educación, salud y calidad de vida, según cifras del Dane, en su mayoría está entre el 40 y el 80 %. La situación se complica en la zona rural. Para Burgos, incluso, en las veredas todo está más alejado porque no hay vías de conexión con ellos, y es rara la vez que pueden ir.

Carlos López

Soy comunidador social y periodista. Me interesan, entre muchas cosas, temas de conflicto armado, medio ambiente y derechos humanos.


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