Un grupo de 6.000 campesinos de la región del Cañón del Micay (Cauca) adelantan una jornada de movilización en rechazo a la incursión de los actores armados en sus territorios. La comunidad también planea plantear una serie de peticiones al Gobierno nacional para mejorar las condiciones de la calidad de vida de los habitantes de esa región.
“Como congresista de la paz, acompañamos a las comunidades que se movilizan en este momento en este municipio, para buscar la forma de que el Gobierno Nacional escuche a estos campesinos y encontrarle una salida pacífica a la confrontación que hay entre estos pobladores y el Ejército”, señaló Juan Pablo Salazar, representante a la Cámara por la circunscripción para la Paz del Alto Patía y Norte del Cauca.
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Es que la región del Cañón del Micay, precisamente, fue escenario de tensión durante el pasado fin de semana con la retención de 57 uniformados del Ejército por parte de la comunidad que, al parecer, estaban siendo instrumentalizados por las disidencias de las Farc.
“Como persona víctima del conflicto, buscamos que se dejen atrás esos señalamientos y estigmatizaciones contra campesinos que llevan años esperando la inversión social en sus territorios”, añadió el representante.
Es que en medio de la operación de rescate de los militares fueron capturadas 16 personas –entre ellas tres menores de edad– señalados como aparentes responsables de promover la asonada contra la Fuerza Pública. Cuando fueron entregados a la Fiscalía, el ente acusador desistió de iniciar un proceso porque no encontró pruebas suficientes.
“El control de legalidad previo que le corresponde realizar a la Fiscalía General de la Nación no permitió establecer las circunstancias exactas de modo, tiempo y lugar necesarias para sustentar que las 16 personas capturadas fueron efectivamente sorprendidas en flagrancia”, señaló la Fiscalía.
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La comunidad que, afirma, está siendo estigmatizada, salió desde la mañana del 25 de junio con destino a la cabecera municipal de El Tambo. Su petición principal es que cesen las declaraciones de las cabezas de las instituciones donde los vinculan con los armados. Pero los choques, al menos verbales, continuaron.
“Sí Fueron dejados en libertad, pero que no se les olvide que el proceso continúa. Entonces, hoy están haciendo esa gran movilización, donde van a quedar perfectamente referenciados los vehículos en que se están moviendo y las placas y los logos de estos automotores y de las empresas a las cuales pertenecen, pues van a ser judicializados sus conductores y propietarios”, señaló el brigadier general Federico Mejía, comandante de la Tercera División del Ejército.
Los campesinos aseguraron que permanecerán en la cabecera municipal hasta que exista una reivindicación de su imagen por parte del Gobierno y las Fuerzas Militares.
“Acá estamos, como campesinos, cansados de la guerra, de las explosiones y los ametrallamientos que nos da el Gobierno con la operación Perseo. No más guerra, que los militares y los grupos armados se vayan a pelear a otro lado. Lo que queremos es que a nuestro territorio lleguen las inversiones, las carreteras, los colegios, los puestos de salud y no la militarización de nuestras veredas y corregimientos”, manifestó uno de los campesinos que tomó la palabra en el parque principal de El Tambo.
Gabriel Rondón, viceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos, afirmó que la instrucción del presidente es enviar una comisión hasta el Cauca para adelantar conversaciones con los líderes y representantes de las comunidades del Cañón del Micay.
Solo en el corregimiento de El Plateado hay 13.000 hectáreas de hoja de coca cultivadas. De hecho, el propio presidente había propuesto en octubre del año pasado la posibilidad de que el dinero del Estado se destinara a comprar la cosecha de estos cultivos ilícitos en el Micay.
