La Superintendencia de Sociedades formuló pliego de cargos en contra de la familia Alvear, propietaria de la Fundación Universidad San Martín.
Los cargos incluyen a Mariano Alvear y a sus hijos Martín Eduardo y a José Antonio, por no haber solicitado la inscripción del grupo empresarial de las sociedades Inversiones Alvear Orozco, Inversiones Orozco Alvear, Prodomed y Gráficas San Martín.
Las investigaciones también incluyen al representante legal de la sociedad Gráficas San Martín y a Juan Carlos Mahecha Cárdenas como representante legal de la sociedad Inversiones Orozco Alvear Ltda. en liquidación.
Antes de ordenar el sometimiento a control, el superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, ordenó la práctica de investigaciones administrativas sobre las anteriores entidades con el propósito de establecer el cumplimiento de las normas legales relativas a la organización de las sociedades, sus prácticas contables, sus libros y archivos y de identificar si existen irregularidades en su funcionamiento.
Una vez practicadas las mencionadas visitas, un amplio grupo de expertos de la Superintendencia pudo establecer el acaecimiento de irregularidades tales como la falta de una sede de administración, la imposibilidad de identificar los libros de contabilidad o estados financieros e incluso la ausencia de funcionarios de representación legal que pudieran dar explicaciones satisfactorias sobre los mencionados hechos.
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