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Caso Pizano vuelve a empezar, no se sabe el motivo de su muerte
La principal tesis de la Fiscalía y Medicina Legal, que afirmaba que había sido por causa natural, queda en entredicho. Juez decretó ilegales las pruebas recolectadas.
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El 27 de noviembre, el director de Medicina Legal, Carlos Valdés, había afirmado que había muerto de un infarto. FOTO colprensa
Para volver a barajar. Así quedó el caso judicial (y político) más importante del año. Esto, luego de que el director de Medicina Legal, Carlos Valdés, afirmara que no puede asegurar que el excontroller (auditor) de la Ruta del Sol II, Jorge Enrique Pizano, no fue asesinado.
Sumado a esto, el Juzgado Penal del Circuito de Funza, Cundinamarca, decretó ilegales las pruebas recolectadas por la Fiscalía, igual que lo había señalado la Procuraduría y un juez de El Rosal. La decisión se dio porque las pruebas se recogieron entre el 17 y 18 de noviembre en la finca de Pizano, y la audiencia fue el 23, es decir, se hizo por fuera del tiempo establecido por la ley.
En un primer momento, en una rueda de prensa, el 27 de noviembre, acompañado por el fiscal Luis González, Valdés afirmó que la muerte se debió a un infarto (natural).
Incluso, refirió el cotejo de muestras de sangre dejadas en una toalla de Pizano y la necropsia. La conclusión: “muerte natural, no hay manos criminales”.
Ahora, su versión cambia. Asegura que los peritos solo pueden decir que no había cianuro, pero no que no fue envenenamiento. “Tenemos la certeza de que no se halló cianuro. Medicina Legal no hizo la necropsia, se enteró de la muerte días después con el cuerpo incinerado. No damos fe de la causa”.
Las dudas se sembraron cuando de 20 funcionarios del sindicato de Medicina Legal expidieron un documento en el que señalaban dudas por la forma cómo se concluyó que no había envenenamiento, pues “no se ajusta al Procedimiento Estandarizado de Trabajo”, de la entidad.
El proceso
Este caso, como novela policiaca, tiene en su argumento un millonario escándalo de corrupción para quedarse con un contrato de obra pública encabezado por la firma brasileña Odebrecht y su socio Episol (se declararon víctimas en el proceso), que forma parte del conglomerado del empresario Luis Carlos Sarmiento y, al fiscal Néstor Humberto Martínez, quien era abogado de Sarmiento. Se le acusa de que, gracias a esa relación, no habría investigado a fondo el entramado de corrupción.
El asunto es así. Pizano, en su trabajo como auditor, fue documentando el pago de presuntos sobornos para la aprobación de un otrosí para el tramo Ocaña–Gamarra. Con pruebas en mano, le contó al entonces abogado Martínez. El tema detonó cuando Pizano muere y deja en manos de Noticias Uno una grabación en la que, calculando que podía ser asesinado, señala al fiscal de no investigar y ser, en alguna medida, cómplice. La grabación dejó en mala posición al fiscal, pues aún retumba en la opinión su frase: “Esto es una coima marica ¿Cuánto vale?”.
La magnitud del hecho dio para un debate de control político. Se enfrentaron los argumentos de los senadores Jorge Robledo, Gustavo Petro y Angélica Lozano contra los de Martínez. En evidencia quedó que el Fiscal sí conocía las denuncias, que la investigación iba lento y los colombianos conocieron el mapa de relaciones políticas, judiciales y económicas detrás de la obra.
Martínez se defendió con contundencia. Presentó un documento de 2018, su prueba reina: la indagación que le hizo la Fiscalía a Pizano sobre este caso. Con este argumento demostraba que sí había avances en la investigación. En ese momento, de forma irónica, Martínez dijo “Dios existe, porque yo no soy ateo, anoche me hizo llegar unos audios en los que él (Pizano) me dice que no sabía de delitos”.
Los tiempos de la justicia no son los mismos de la política. En el caso Pizano, tras conocer las pruebas que dejó los indicios apuntaban a que había sido asesinado. Tesis que se fortalecía con el fallecimiento de su hijo, Alejandro Pizano, luego de tomar una botella de agua del escritorio de su padre, con cianuro.
Precisamente, lo que tumbó esa teoría fue la rueda de prensa del director de Medicina Legal (ver foto), afirmando que había sido por un infarto. Hoy, el caso judicial que tiene en expectativa al país se vuelve a barajar. Con un agravante, el Fiscal es el jefe del director de Medicina Legal, al punto que, en el Presupuesto General de la Nación, los gastos de funcionamiento de la entidad forense dependen de la Fiscalía.
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