La tensión en el Legislativo sigue creciendo gracias a que Misael Rodríguez, magistrado ponente de la Corte Suprema de Justicia del caso del saqueo a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), le ha dado celeridad y mano dura al proceso a su cargo. Tras la captura de Wadith Manzur (Partido Conservador) y Karen Manrique (representante de curules de paz), la Corte anunció que otro congresista será investigado: se trata de John Fredy Núñez, quien también ocupa una curul de paz.
Núñez hace parte de las comisiones económicas, es decir, de la tercera y cuarta. Aquellos dos selectos grupos del Congreso se encargan de tramitar en primer debate proyectos de ley sobre hacienda, crédito público, presupuesto nacional (557 billones de pesos para 2026), impuestos, regulación económica y control fiscal financiero.
Pero, ¿cómo terminó Núñez envuelto en la investigación por el saqueo a la UNGRD? El representante de las curules de paz es señalado de haber presionado para que se aprobaran reformas del Gobierno a cambio de obtener favores burocráticos y contratos con el Ministerio de Hacienda y la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.
El testimonio que lo envuelve en este lío es el de María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda (cuando estaba Ricardo Bonilla) y testigo clave en el caso. Ella habría sido el enlace entre el Congreso y el Ministerio para lograr favores políticos. Ahora rinde testimonio ante la justicia a cambio de recibir inmunidad total.
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Todo se remontaría a 2023, cuando inició un proceso que, con el tiempo, terminó en un acuerdo que implicaba una “promesa de pago”, la cual comprometía el papel que tenían como congresistas dentro de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.
Benavides le dijo a la Corte Suprema de Justicia que, desde el inicio de la propuesta, estaba incluido el representante Núñez Ramos. Incluso aseguró que fue uno de los congresistas que más insistió en que se aprobara el proyecto que le interesaba.
La exasesora del exministro Ricardo Bonilla explicó que dejó en manos de su jefe la posible aprobación de 10 proyectos que beneficiarían al representante Núñez. También afirmó que, en enero de 2024, el propio Bonilla se reunió con Núñez para manejar la presión que, según ella, el congresista estaba ejerciendo para que se aprobaran esos contratos.
Todo eso estaría consagrado en conversaciones de WhatsApp que Benavides le habría entregado ya a la Corte. Allí, el alto Tribunal evidenció “múltiples interacciones” entre ella y Núñez que evidenciarían la insistencia y presión que el representante habría tenido en relación a los proyectos. Ahora, el magistrado Rodríguez ordenó investigar si todo es como Benavides testifica y cómo se enmarca aquello en el caso del saqueo a la UNGRD.
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