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¿Chuzadas ilegales?, un capítulo de nunca acabar
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La Revista Semana reveló que el general Nicacio Martínez fue apartado de su cargo a causa de la red de espionaje que supuestamente funcionaba en el Ejército. FOTO Edwin Bustamante
13 de enero de 2020
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Cada tanto, cuando el país cree que las chuzadas ilegales se superaron vuelven a aparecer como fantasmas. Cambia la entidad que las realiza pero ahí están. Parece un tema que está fuera de control.
Ni las promesas del Gobierno ni la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia han podido frenar a las agencias que en nombre de la seguridad nacional han violado la intimidad de los ciudadanos, interviniendo comunicaciones sin orden judicial.
El más reciente escándalo lo reveló este domingo la Revista Semana en una gruesa investigación en la que da cuenta de que el Ejército estaría chuzando, siguiendo y grabando a magistrados, políticos, defensores de derechos humanos y hasta periodistas, asunto que le habría costado el puesto al comandante del Ejército, general Nicacio Martínez.
Entre los afectados figuran el senador Roy Barreras, la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Cristina Lombana, que en un principio llevó la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe, y el exgobernador de Nariño Camilo Romero. Pero la denuncia va mucho más allá, no es una práctica exclusiva del Ejército sino de otras instituciones.
¿Manzanas podridas?
El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, aseguró que por instrucción del presidente Iván Duque se iniciarán “de inmediato las investigaciones internas correspondientes e hizo un llamado a las autoridades competentes para que adelanten de forma expedita las investigaciones a las que haya lugar, las cuales contarán con el total apoyo del Ministerio y de los mandos militares”.
Sin embargo, como ha sucedido en el pasado con casos que van desde ejecuciones extrajudiciales, escuchas ilegales hasta escándalos de corrupción, la búsqueda apunta a las “manzanas podridas”, sin plantear medidas de fondo.
“En caso de comprobarse la participación de miembros de la Fuerza Pública en hechos que no estén acordes a la Ley, los responsables deberán responder de manera individual ante la justicia colombiana”, señaló el comunicado del Ministerio.
Y agregó que “la presunción de inocencia y el debido proceso son derechos fundamentales de quienes han sido cuestionados y son las autoridades correspondientes las que deben realizar las investigaciones, determinar responsabilidades y tomar las decisiones en derecho”.
Inclusive el presidente Duque manifestó: “Tenemos unas Fuerzas Militares que se han destacado siempre por ser honorables y estar al servicio de los colombianos. Donde haya manzanas podridas llevarlos a que se les apliquen sanciones ejemplares”.
De acuerdo con el general (r) Jaime Ruiz, presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales Retirados (Acore), serán las investigaciones tanto de la Corte Suprema de Justicia como la del Ministerio de Defensa las que podrán determinar los niveles de mando y responsabilidad implicados.
“El comandante en jefe es el presidente de la República y él no puede ser responsable de todas las conductas que se den en instituciones castrenses; tampoco lo puede ser el ministro de Defensa, ni los comandantes de las fuerzas, las investigaciones deben señalar los niveles respectivos de responsabilidad”, señaló Ruiz.
Hablan los afectados
El senador Barreras aseguró que hace varios meses denunció públicamente y más tarde ante la Fiscalía que sus comunicaciones estaban intervenidas, por lo que no se sorprendió con las revelaciones.
Por su parte, el exgobernador de Nariño manifestó que más allá de ser víctimas de chuzadas ilegales “hay una nueva lógica de poder y una lógica de Gobierno que ni más ni menos ha secuestrado la democracia al servicio de particulares y de un partido”.
También se pronunció la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), ya que el artículo relata cómo el director de Semana, Alejandro Santos, y varios de sus periodistas han sido víctimas de interceptaciones, seguimientos y amenazas: “A pesar de que repetidamente las autoridades han negado las acciones de vigilancia contra periodistas, la realidad ha mostrado, con suficiente evidencia, que esta forma de agresión es constante. Las investigaciones de las autoridades también dan resultados suficientes, con los que se mantiene el ambiente de intranquilidad y desconfianza”.
Qué está permitido y qué no
“No hay ninguna posibilidad que pueda existir una intervención de una comunicación privada legal sin previa orden judicial”, explicó el coronel (r) Jhon Marulanda, consultor en seguridad y defensa.
El oficial retirado explicó que la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia permite el monitoreo (que es una acción pasiva de escucha o seguimiento físico), pero la intervención (que es activa, como hackeo, perturbación y chuzada) solo puede ordenarlo un fiscal o un juez.
Además, dijo que la ley es expresa en que el producto de los monitoreos e intervenciones debe entregarse únicamente a las agencias que requieren la información y tienen capacidad operativa para actuar sobre ella, a menos que esté explícito de otra forma en la orden de trabajo.
Agregó que aunque todas las fuerzas del orden tienen su sección de inteligencia, más la Dirección Nacional de Inteligencia, todas están coordinadas en la Junta Nacional de Inteligencia, que es la que asigna las tareas. Algo que no está funcionando.
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