Todos los terceros civiles que estén siendo procesados por la justicia ordinaria por hechos ocurridos en el marco del conflicto, solo podrían acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, de forma voluntaria.
Esta es la propuesta que se presentó en la Corte Constitucional por parte del magistrado Luis Guillermo Guerrero, que será debatida y decidida por la Sala Plena del alto tribunal en los próximos días.
Este cambio implica inmediatamente que la JEP no podrá llamar a responder a ningún civil de forma obligatoria por lo que hayan hecho durante el conflicto, sino que tienen que aceptar ir.
No es el único cambios que resalta la ponencia de Guerrero. También enfatizó en la necesidad de establecer una norma jurídica que le de rango legal a las sanciones que pondría la JEP.
El magistrado señalo que los 5 u 8 años de restricción efectiva de la libertad, o las penas de 20 años privativas de la libertad que se consignan en el Acuerdo Final no las deja establecidas en la ley que le dio vida a la Justicia Especial para la Paz (Acto 01 del 2017).
En otras secciones de la ponencia, queda avalada la participación en política de las Farc, pues se deja intacto del artículo 20 del acto legislativo que dice: “la imposición de cualquier sanción de la JEP no inhabilitará para la participación política ni limitará el ejercicio de ningún derecho activo o pasivo de participación política”.
Esta norma cobró importancia esta semana con el anuncio de las Farc que nombraba a su jefe máximo, Rodrigo Londoño “Timochenko”, como candidato del nuevo movimiento político para las elecciones presidenciales del 2018.
Además, enfatiza en la necesidad de hacer dos modificaciones importantes: darle a la Corte Constitucional la responsabilidad sobre las tutelas y los conflictos de competencia ante las actuaciones de la JEP.
Frente a las tutelas, se consigna que deben ser presentadas al Tribunal de Paz y que los fallos podrán ser revisados por la Corte Constitucional.
Y sobre los conflictos, se crea una sala compuesta por tres magistrados de la Corte Constitucional y otros tres magistrados de la JEP.
De ser aprobada la ponencia de Guerrero, se eliminarían esos dos aspectos mencionados y los casos en discusión pasarían directamente a competencia del alto tribunal.
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