Una organización criminal asentada en España utilizó rutas desde Colombia y Panamá para introducir cocaína en Europa y convirtió el negocio inmobiliario en una plataforma para ocultar sus ganancias.
La investigación, que comenzó con cargamentos incautados en el país centroamericano, terminó con 27 capturas, más de 1,3 millones de USDT criptoactivos bloqueados y decenas de propiedades, vehículos y sociedades intervenidos.
La cocaína cruzaba el Atlántico escondida en contenedores y terminaba alimentando a organizaciones criminales asentadas en Europa. Pero el verdadero tamaño de la estructura comenzó a aparecer cuando los investigadores siguieron la ruta del dinero.
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En España encontraron el segundo eslabón de una maquinaria que no solo se dedicaba a recibir y distribuir cargamentos de droga. La organización había levantado un entramado empresarial e inmobiliario para convertir las ganancias del narcotráfico en propiedades, urbanizaciones y fincas de lujo en algunos de los lugares más exclusivos del país.
Y había dado un paso más: utilizar esa misma infraestructura para ayudar a otras organizaciones criminales a lavar sus ganancias.
La operación conjunta de la Policía colombiana y la Guardia Civil, coordinada por EUROPOL, terminó con 27 personas detenidas: 26 en España y una en República Dominicana. Dos de ellas fueron catalogadas como objetivos de alto valor por esa policía internacional.
A los capturados se les atribuyen, de manera provisional, los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y blanqueo de capitales.
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La investigación estuvo dirigida por la Plaza Judicial 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Especial Antidroga, en España.
El rastro comenzó con cocaína procedente de Colombia
La investigación arrancó en septiembre de 2023, cuando los investigadores analizaron comunicaciones intercambiadas a través de plataformas de mensajería encriptadas.
Ese seguimiento permitió identificar una red dedicada a coordinar envíos de droga con destino a Europa y relacionarla con cuatro incautaciones de cocaína en Panamá, que en conjunto superaron los 1.500 kilos.
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A partir de ahí apareció la conexión con una estructura de mayor tamaño.
Las pesquisas establecieron que el entramado investigado en España formaría parte de una rama de una organización criminal vinculada con destacados referentes del narcotráfico internacional, con capacidad para mover droga, administrar grandes cantidades de dinero y operar simultáneamente en distintos países.
En el centro de esa estructura estaba una ruta que tenía a Colombia y Panamá como puntos de procedencia de la cocaína y a España como uno de sus principales destinos y centros de operación.
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Entre 2020 y 2021, según la investigación, la organización estableció rutas para introducir cocaína procedente de ambos países mediante contenedores marítimos.
Para hacerlo recurría a las modalidades conocidas como “gancho ciego”, “rip off” o “preñado”, utilizadas por organizaciones dedicadas al tráfico internacional para esconder cargamentos de droga dentro de contenedores que forman parte del comercio legal.
De esta manera, la estructura habría conseguido mantener un abastecimiento constante de cocaína para importantes organizaciones criminales asentadas en España.
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La investigación dejó así reconstruido un corredor criminal que partía de Sudamérica, pasaba por la cadena logística marítima internacional y desembocaba en el mercado europeo. Pero mientras la cocaína encontraba compradores, el dinero necesitaba una vía para desaparecer.
El negocio del narcotráfico terminó convertido en ladrillos
Fue entonces cuando los investigadores encontraron la otra cara de la estructura. Los beneficios obtenidos de las operaciones de droga eran canalizados a través de sociedades mercantiles y negocios inmobiliarios, especialmente en Ibiza, Marbella y Madrid.
La fórmula permitía transformar dinero de origen presuntamente ilícito en activos aparentemente legales.
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La organización habría utilizado empresas dedicadas a la promoción inmobiliaria para invertir grandes cantidades en urbanizaciones completas, promociones de vivienda y villas de lujo, dificultando establecer quién era el verdadero propietario de los bienes y cuál era el origen del dinero utilizado para adquirirlos y desarrollarlos.
El mercado inmobiliario se convirtió así en una suerte de segunda infraestructura criminal. Ya no se trataba únicamente de mover la droga que llegaba desde Colombia y Panamá. Había que mover también las ganancias que dejaba ese negocio.
Las pesquisas permitieron localizar numerosas sociedades y activos vinculados con los investigados y detectar estructuras empresariales que, de acuerdo con los investigadores, habrían sido creadas o utilizadas para ocultar la titularidad de los bienes e introducir los beneficios del narcotráfico en la economía legal.
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La respuesta de las autoridades fue también patrimonial: se acordó la prohibición de embargar 70 inmuebles y 16 villas de lujo, como le dicen a las fincas en España.
La estructura que cobraba por lavar el dinero de otras mafias
El expediente reveló un elemento todavía más sofisticado. La infraestructura de blanqueo construida para esconder las ganancias propias habría terminado convirtiéndose en un servicio para otras organizaciones criminales.
De acuerdo con lo informado desde España, ese modelo es conocido como “crime as a service”: una organización pone a disposición de terceros su capacidad logística, financiera o empresarial para facilitar actividades delictivas.
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En este caso, según la investigación, el servicio consistía en ofrecer mecanismos para adquirir, ocultar y canalizar bienes y dinero procedente de otras actividades de narcotráfico.
La estructura habría pasado entonces a obtener ingresos por dos vías. Una provenía directamente del tráfico de cocaína procedente de Colombia y Panamá. La otra, de las comisiones cobradas a otras organizaciones criminales por los servicios de blanqueo.
Así, el lavado de activos dejó de ser una necesidad interna del grupo y se convirtió en una línea de negocio propia.
Criptomonedas, cuentas en Luxemburgo y más de cien sociedades
La dimensión financiera del entramado quedó expuesta durante los 38 registros practicados de manera simultánea.
Las autoridades bloquearon más de 1.300.000 USDT en criptoactivos y 26 cuentas bancarias, tres de ellas domiciliadas en Luxemburgo. También fueron afectadas más de 100 personas jurídicas vinculadas con los investigados. En efectivo fueron intervenidos 271.521 euros, 76.425 dírhams de Emiratos Árabes Unidos y 1.175 dólares.
Ese mosaico financiero muestra la dimensión internacional de una estructura que, según los investigadores, no dependía de un solo mecanismo para mover o esconder el dinero.
La organización había diversificado sus vehículos: sociedades, inmuebles, cuentas bancarias, vehículos, embarcaciones y ahora también criptoactivos.
El despliegue policial permitió intervenir además seis armas de fuego, entre ellas un arma de guerra, un silenciador y diversas armas prohibidas, como puños americanos, táseres, defensas eléctricas y extensibles y puñales.
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También fueron encontrados más de 800 cartuchos. Los agentes incautaron 40 vehículos de alta gama y dos embarcaciones. La operación tuvo además un componente internacional clave.
Uno de los principales responsables fue localizado en República Dominicana, donde fue capturado dentro de una finca lujosa. Para ejecutar esa actuación viajaron al país representantes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, quienes trabajaron de manera conjunta con la Dirección Nacional de Control de Drogas de República Dominicana.
La escena condensaba la transformación del dinero de la droga: la cocaína tenía su origen en el corredor latinoamericano y las ganancias terminaban convertidas en patrimonio de lujo al otro lado del Atlántico.
El golpe llegó al patrimonio de la red Durante la fase de explotación se practicaron 38 registros en España, distribuidos entre Madrid, Ibiza, Almería, Málaga, Albacete, Mérida y Pontevedra. Además del dinero y las armas, las autoridades bloquearon 200 bienes muebles y 95 inmuebles vinculados con los investigados.
La operación dejó 27 capturas, pero el expediente todavía no está cerrado. Las autoridades han tramitado cinco órdenes internacionales de detención y mantienen abierta la investigación, por lo que no descartan nuevas actuaciones y capturas.
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El caso expone, por ahora, una cadena criminal que conecta la producción y salida de cocaína desde Colombia y Panamá con las redes de distribución en Europa y con sofisticados mecanismos para blanquear sus ganancias.
La droga cruzaba fronteras en contenedores. El dinero cambiaba de forma en sociedades, cuentas, criptomonedas y propiedades. Y el salto más rentable para la organización, según los investigadores, estuvo precisamente ahí: convertir el negocio de la cocaína en un negocio paralelo de lavado de dinero para otras mafias.
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Bloque de preguntas y respuestas:
- ¿De dónde salía la cocaína que llegaba a esta red criminal en Europa?
- Según la investigación, la cocaína procedía de Colombia y Panamá y era enviada hacia Europa mediante contenedores marítimos.
- ¿Cómo entraba la cocaína a Europa?
- La organización habría utilizado contenedores de comercio legal para ocultar los cargamentos mediante modalidades conocidas como “gancho ciego”, “rip off” o “preñado”.
- ¿Cómo comenzó la investigación contra esta red criminal?
- Las pesquisas comenzaron en septiembre de 2023, a partir del análisis de comunicaciones en plataformas de mensajería encriptadas. Ese trabajo permitió relacionar la estructura con cuatro incautaciones de cocaína en Panamá que superaron los 1.500 kilos.