Un Juez Penal del Circuito de Bogotá condenó al excongresista Julio Eugenio Gallardo Archbold y lo declaró responsable del delito de cohecho por dar u ofrecer por hechos relacionados con el ‘Cartel de la Toga’.
Por este delito, la Fiscalía solicitó imponer al exrepresentante a la Cámara de San Andrés, una pena de seis años de prisión (72 meses) sin beneficios judiciales.
Sobre los hechos, el ente investigador estableció que el excongresista sostuvo reuniones con el abogado Luis Gustavo Moreno Rivera, entre 2014 y 2015, y le entregó 200 millones de pesos para que intercediera y buscara la forma de favorecerlo en un proceso penal que se seguía en su contra.
En el curso de la investigación se conoció que el dinero fue repartido entre el abogado Moreno Rivera y el entonces magistrado de la Corte Suprema de Justicia José Leonidas Bustos Martínez, con la promesa de que se tomarían decisiones en favor del exrepresentante a la Cámara y garantizaría el archivo del expediente en el Alto Tribunal.
¿Qué ha pasado con los demás involucrados?
El exfiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno Rivera fue condenado a 4 años y 6 meses de prisión y al pago de una multa de 143,74 salarios mínimos legales mensuales en 2018. Morena Rivera ya pagó una pena de más de tres años en una cárcel de Estados Unidos, por el delito de lavado de activos.
Por su parte José Leonidas Bustos Martínez, la otra ficha de esta historia, fue llamado a juicio penal el pasado 13 de diciembre, luego de que el Senado lo acusara por los delitos de concierto para delinquir, tráfico de influencias y cohecho propio. El expediente de la acusación llegó a la Corte Suprema de Justicia por parte de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
El congreso, en junio pasado, declaró a Bustos como indigno tras acoger la tesis esgrimida en el escrito de acusación presentado por los congresistas investigadores e instructores, en la que se señala a Bustos como el “cerebro” de una “empresa criminal” que se había conformado en el alto tribunal para torcer procesos judiciales a cambio de millonarias sumas de dinero.
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